Programa PODEMOS

Políticas de Inclusión Social

Replantear el concepto de familia con el que trabaja el actual ejecutivo vasco, incorporando la realidad de los nuevos modelos familiares y haciendo que todas y cada una de estas medidas sean extensibles, accesibles y oportunas para todas ellas, respetando la intimidad y la dignidad de las personas.

Impulsar la labor del Observatorio de Infancia y Adolescencia. Queremos avanzar en la elaboración de un diagnóstico completo y preciso de la situación de la infancia y adolescencia en Euskadi que permita articular las políticas y medidas adecuadas. En este diagnóstico, entendemos fundamental incorporar indicadores de seguimiento estadístico desglosados que ayuden a visibilizar a los colectivos más invisibles, y dar un mayor impulso al Observatorio de Infancia y Adolescencia, incrementando sus competencias e implantando nuevos servicios (estudios específicos en materia de nutrición infantil, seguimiento y evaluación en los centros educativos de las pautas alimenticias en la infancia y adolescencia…). Apostamos por la elaboración de estadísticas e informes a nivel autonómico relacionados con los principales problemas que afectan a la infancia, de cara a tener un conocimiento real y exhaustivo de la situación de la infancia en Euskadi así como informes de impacto sobre la vida de las niñas y los niños de todas las medidas legislativas que se promuevan, del mismo modo que se analiza el impacto medioambiental y el impacto de género. Este mismo órgano, será el encargado de establecer indicadores concretos de seguimiento de la pobreza y cómo afecta ésta a la infancia, así como de la desigualdad en distintas dimensiones.

Fomentar la adopción de políticas centradas en la prevención y fomento del bienestar infantil dirigidas a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Revisar el modelo social de apoyo a la infancia.

Revisar la prestación económica a las familias por hijo o hija a cargo. Incorporar con carácter vinculante un Informe de Impacto sobre la Infancia en todas las disposiciones normativas, (como marca la Ley de protección jurídica del menor), a semejanza del Informe de Impacto de Género.

Compromiso de mantener o incrementar los recursos económicos destinados a las políticas de infancia y adolescencia existentes, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Realizar en la sociedad diferentes campañas de concienciación y sensibilización sobre las diferentes tipologías de familia. Creación de Comisión de Infancia y Adolescencia en el Parlamento Vasco.

Garantía de un trabajo enfocado a la prevención de la situación de vulnerabilidad o exclusión social y no centrados en la reparación.

Incidencia en el acompañamiento y valoración de los servicios sociales en procesos de suspensión de prestaciones económicas, incumplimiento de requisitos o cese del beneficio sobre un determinado bien o servicio, primando el bienestar superior de las personas menores.

Impulso de políticas de conciliación de la vida laboral y personal. Apostamos por favorecer el acceso a recursos y servicios de las personas con hijos e hijas menores a su cargo, con especial atención a las familias con ambos progenitores desempleados.

Impulsar campañas de sensibilización social por la igualdad y programas de corresponsabilidad parental.

Establecer incentivos fiscales para aquellas empresas que respeten y favorezcan la conciliación laboral y familiar real a través de medidas que permitan una mayor flexibilidad.

Reforzar el enfoque inclusivo del sistema educativo avanzando hacia la universalización de una educación pública de 0 a 3 años de calidad y gratuita.

Garantizar el apoyo escolar y las becas al alumnado que lo necesite y en general eliminar cualquier barrera que obstaculice la igualdad de condiciones en el acceso a estos servicios y recursos por parte de los niños, niñas y adolescentes.

Fortalecer mecanismos de detección y protección de la violencia contra la infancia por parte de los sistemas de protección como parte de una Estrategia Integral frente a la Violencia contra la infancia en la que participen los diversos sistemas (con especial atención en educación).

Establecer unos servicios de protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, a fin de garantizar su seguridad.

Potenciar la mediación familiar en Euskadi, ampliando la cobertura de los servicios públicos existentes.

Desarrollar órganos estables de participación infantil y el fomento del tejido asociativo infantil y juvenil.

Valorar el funcionamiento de la red de puntos de encuentro en Euskadi, su demanda y, en su caso, su ampliación o modificación teniendo en cuenta mecanismos de participación ciudadana.

Regular y ampliar los equipos psicosociales (multidisciplinares) en los servicios sociales de atención primaria y secundaria.

Fomentar los programas preventivos de violencia machista e intrafamiliar garantizando la existencia de equipos multidisciplinares.

Revisar la legislación y los procedimientos de adopción y protección de las niñas, niños y adolescentes bajo tutela pública, primando en todo caso el bienestar y la cercanía a un entorno saludable para ellas y ellas, así como un diálogo y apoyo a las familias que lo requieran tanto en el proceso de adopción, como en los de riesgo o desprotección de las niñas, niños y adolescentes.

Establecer un Plan de Lucha contra la Pobreza que de un paso más allá de las políticas de garantía de ingresos actualmente existentes y, realice una apuesta por el bienestar de las personas desde una perspectiva integral y coloque a las personas en el centro, primando la prevención a la reparación.

Implantación de normativa que garantice el acceso a los suministros de gas y electricidad de los hogares en función de la renta de sus miembros.

Interceder ante las empresas suministradoras para acabar con los cortes de luz y gas en los hogares por causa de impagos que tengan que ver con la situación económica de las personas y siempre que se trate de la vivienda habitual.

Estudio de la posibilidad de llegar a acuerdos con cooperativas energéticas vascas para garantizar el derecho de las personas residentes en Euskadi a disponer de unos suministros garantizados y con una mirada sostenible.

Garantizar el derecho y acceso al agua para todos como un derecho humano básico. Prohibir que las empresas suministradoras de agua interrumpan el suministro a los hogares por causa de impagos que tengan que ver con la situación socioeconómica de las personas y siempre que se trate de la vivienda habitual.

Establecimiento de un Indicador de consumo mínimo vital, estableciendo rebajas progresivas a los hogares con rentas bajas.

Creación de recursos específicos para los primeros años de la edad adulta para jóvenes de especial vulnerabilidad, como herramienta preventiva.

Reformar el Sistema de Garantía de Ingresos (Ver derecho a la garantía de ingresos).

Creación de un Observatorio de Delitos de Odio, garantizando un estudio adecuado de las situaciones de discriminación que tienen lugar en Euskadi y, ayudando a erradicarlas.

Garantizar el acceso al empadronamiento para la población como la llave de acceso a la cobertura de derechos. Se facilitará el acceso de la población residente en Euskadi al empadronamiento, garantizando la puesta en marcha de procedimientos que garanticen el registro de las personas en situación de sinhogarismo. En ese sentido, será necesario revisar, en coordinación con la Asociación de Municipios Vascos- EUDEL los criterios de acceso, renovación, y mantenimiento del empadronamiento con una mirada intercultural y orientada a la garantía de derechos.

A pesar de ser innecesario si el punto anterior se pusiera en marcha, apostamos por eliminar el criterio de antigüedad en el empadronamiento en el acceso a la valoración de la exclusión social así como en el acceso a recursos específicos de atención y protección a personas en riesgo o en situación de exclusión social.

Crear una estrategia vasca para erradicar en 5 años el sinhogarismo en Euskadi mediante medidas de innovación social para el acceso a la vivienda como el housingfirst, u otras herramientas en función de la viabilidad y la pertinencia y, en todo caso, en un espacio de coordinación entre la sociedad civil, entidades sociales e instituciones y las personas afectadas.

Desarrollo y puesta en marcha de una estrategia de sensibilización vasca sobre los derechos de las personas sin hogar.

Garantizar el acceso al Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide a las personas en situación o riesgo de exclusión social y, concretamente, a las personas en situación de sinhogarismo o sin medios de vida según los actuales baremos.

Garantizaremos el acceso de las personas en situación de exclusión social severa al conjunto de recursos y servicios públicos de Euskadi, los cuales han de tener una mirada particular y unos servicios y recursos adaptados a las necesidades y particularidades del colectivo.

Puesta en marcha de programas de empleo adaptados que faciliten la adquisición de las herramientas y habilidades necesarias para la adaptación, progresiva y centrada en la persona, al mundo laboral normalizado.

Promoción de las Empresas de Inserción, así como la introducción de cláusulas sociales en las contrataciones públicas, que les permitan competir por las obras y servicios como herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Garantía de acceso a las ayudas de emergencia social como un derecho subjetivo equiparable a la Renta de Garantía de Ingresos y atendiendo a dichas situaciones de emergencia valoradas por profesionales con la cualificación adecuada, y no a una valoración subjetiva o arbitraria o a la ausencia de presupuesto.

Eliminación del requisito de no tener deudas por imposibilidad de pago con las administraciones públicas para poder acceder a los fondos de los servicios sociales. Convertir las ayudas de emergencia social en fondos o derechos inembargables y paralizar los embargos o cobros sobre cualquier tipo de prestación de este tipo. Asimismo, matizar que cuando hablamos de imposibilidad de pago hablamos de realizar una valoración por parte del servicio competente en la material sobre los motivos que han llevado a no realizar el pago y, de ser posible, se realizaría un plan de devolución ajustado a las posibilidades de las personas.