Programa PODEMOS

Reforma del Sistema de Garantía de Ingresos

Defenderemos el derecho subjetivo a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la ciudadanía vasca como un pilar fundamental del sistema de garantía de ingresos y, apostamos porque el acceso a ese derecho subjetivo pueda ejercerse y se garantice el acceso de la totalidad de la ciudadanía que no tiene cubiertos unos mínimos claramente definidos.

Desvincularemos el acceso a la garantía de ingresos del empleo y de los servicios sociales entendiendo que la garantía material de las personas está por encima de ser “empleable” y/o encontrarse en situación o riesgo de exclusión social. Crearemos un SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS como existe en la actualidad Osakidetza, Etxebide o Lanbide, centrado cada uno en aquello que le es característico, y optimizando así la gestión y utilizando el actual registro general de Gobierno Vasco - Zuzenean porque se trata de un mero trámite administrativo, y derivaremos la atención específica a los recursos existentes (Osakidetza, educación, vivienda, servicios sociales, etc.).

Realizaremos una campaña informativa sobre la prestación que garantice el derecho de la ciudadanía de Euskadi a estar informada.

Garantizaremos un cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Protección de Datos evitando poner en manos privadas datos de la población vasca y garantizando los derechos de la ciudadanía.

Individualizaremos la percepción de RGI, bajaremos la edad a 18 años (y menores emancipadas) y eliminaremos el requisito de constituir un año de independencia de la unidad de convivencia. Que puedan cobrarla personas solas y no fomentemos la dependencia económica de las mujeres o de las personas jóvenes y/o dependientes para las que, el apoyo familiar, se convierte en una condena que impide su emancipación y las condena a la dependencia.

Eliminaremos el requisito de 3 años de antigüedad en el padrón y pasaremos a 1, como antes de la reforma del año 2011. Esto supondría que las personas que lleven más de un año empadronadas aquí, ejerzan su ciudadanía y tengan garantizados sus derechos como el resto de la población.

Eliminaremos el límite de 2 prestaciones por vivienda y este límite se fije en función de las condiciones de cada vivienda de modo que no estemos contribuyendo, desde las administraciones públicas, ni a que se vulneren derechos respecto de la vivienda (personas que no acceden al empadronamiento) ni que se encarezca el precio de la vivienda en una CCAA que ya es de los más altos del estado.

Reduciremos y facilitaremos la documentación necesaria para el trámite de las prestaciones. Lo que hoy establece la normativa y la práctica cotidiana de Lanbide no se corresponde ni se entiende como otra cosa que no sea una estrategia que deja a las personas fuera de los sistemas de protección que son nuestros y que deben de proteger a todas las personas, y no solo a quienes pueden recorrer el camino tan duro que las administraciones como Lanbide, bajo la gestión, primero del PSE y ahora del PNV, han impuesto.

Desarrollaremos un sistema de sanciones e infracciones a las personas que sea claro, público y garantista. No puede ser que las administraciones vascas apliquen sanciones que no existen o no se corresponden, no gradúen las sanciones y conviertan a un sistema de protección de las personas en un elemento de coerción del sistema.

Eliminaremos la reducción del 7% en la cuantía de las prestaciones que se aplicó temporalmente en 2010 y continúa hasta la actualidad.

Garantizaremos un sistema de gestión de las cuantías indebidamente pagadas o indebidamente percibidas ajustado a la realidad de las personas y, en ningún caso, mediante el actual sistema que sume en la precariedad a miles de familias sin atender a la realidad de las situaciones que se presupone, el sistema está para paliar.

Crearemos un perfil de registro y personal informativo con competencias profesionales suficientes y necesarias en todas las oficinas de atención a la garantía de ingresos.

Garantizaremos el cumplimiento de la legislación en beneficio de las personas. Apostamos por gestionar sistemas de protección que tengan la presunción de inocencia como una línea roja y eliminaremos las suspensiones sin justificación clara y sin dar una adecuada oportunidad a la defensa de las personas.

Crearemos un protocolo claro y coordinado para el trasvase de la gestión y las competencias a la nueva estructura. No se realizarán traspasos de competencias chapuceros como se hizo en el año 2011 en el cual, hay personas que aún sufren las consecuencias.

Crearemos un espacio de evaluación y toma de decisiones, en el que haya lugar a la participación en la creación y revisión de la normativa de forma coordinada, contrastada y dialogada con los agentes sociales.

Crearemos estructuras de coordinación efectivas y locales, que: