Programa PODEMOS

Sistema Vasco de Servicios Sociales

Consideramos fundamental realizar un proceso de reflexión participado entre los diferentes niveles institucionales (ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco) y la sociedad civil, para el definitivo desarrollo y puesta en marcha del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho subjetivo real de la ciudadanía y garantista para ella. Mientras se realiza este proceso para, con la mirada de todos los agentes institucionales y sociales, desarrollar una Ley de Servicios Sociales que no deje a las personas atrás, desde Elkarrekin Podemos, proponemos la adopción de las siguientes medidas:

Compromiso de mantenimiento de los servicios existentes mientras no exista una garantía suficiente y contrastada de cobertura para las personas en los servicios de nuevo desarrollo en cuanto al despliegue y puesta en marcha del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Compromiso de aumento de la financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales como elemento fundamental indispensable para que las reformas necesarias prosperen. Este aumento de la financiación tendrá un vínculo directo con las reformas económicas planteadas por Elkarrekin Podemos y, en todo caso, esta propuesta tiene un paso previo de evaluación de los servicios existentes y estudio de optimización de los recursos existentes para garantizar un adecuado funcionamiento.

Atendiendo al contexto explicado en la introducción, proponemos realizar una campaña informativa sobre el funcionamiento de los servicios sociales de la comunidad autónoma al objeto de extender el conocimiento de las personas sobre sus derechos.

Nos comprometemos a tomar de referencia lo contenido en la exposición de motivos de la legislación vasca de servicios sociales y que la prevención sea una máxima en las medidas a desarrollar en cuanto a la intervención y atención de los servicios sociales a todos los niveles competenciales.

Entendemos que hay que apostar por acompañar a las personas y apoyarlas cuando surgen dificultades y no cuando ya no queda alternativa. En este sentido, apostamos por reforzar la importancia de aquellos servicios que pueden observar y diagnosticar las problemáticas sociales y dotar de medios necesarios a las administraciones vascas para que incidan sobre las situaciones sociales antes de que estas deriven en problemáticas a intervenir.

Garantizaremos la igualdad de derechos y oportunidades de toda la población de Euskadi en el acceso a los servicios sociales. Proponemos un desarrollo real de competencias y funcionamiento homogéneo en los tres territorios históricos que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos de la forma más garantista. Así, consideramos que ha de haber un planteamiento de mapa de servicios sociales teniendo en cuenta la totalidad de los servicios sociales de las tres provincias, apostando por crear servicios allá donde no los haya, estableciendo un compromiso firme por parte de la administración de no eliminar ningún servicio existente hasta no facilitar a las personas alternativas reales, adecuadas y consensuadas con ellas. Asimismo, se dotará del acompañamiento técnico y se facilitará el acceso a la financiación necesaria a los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. Se garantizará, en todo caso, la estructura de unos servicios sociales equitativos, respetuosos con el medio local y con las necesidades de las poblaciones.

Crearemos el Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, que tendrá como objetivos la evaluación de las políticas públicas en los servicios sociales y la formulación de propuestas de innovación y mejora. Trabajará en estrecha colaboración con la Universidad, el Tercer Sector y con los Movimientos Sociales. Garantizaremos una revisión del catálogo de servicios y prestaciones de los servicios sociales de Euskadi, enfocando éste como un listado de mínimos cuya implantación en ningún caso suponga dar un paso atrás en los recursos que actualmente se están prestando, y ampliando para que, en el tránsito, no haya reducción de plazas en ningún dispositivo.

Eliminación de cualquier legislación del Sistema Vasco de Servicios Sociales el requisito de cumplir la residencia legal y efectiva para acceder a dicho sistema. Entendemos que las personas que residen en la CAPV tienen que poder acceder a los servicios y recursos de la CAPV independientemente de su situación jurídico administrativa. Proponemos que se solicite una residencia efectiva en la CAPV de, al menos 3 meses, para poder acceder a los servicios de atención, tanto primaria como secundaria. Las personas que lleven menos de 3 meses de arraigo en el municipio, serán atendidas por los servicios de emergencia en todo caso (sin atender a antigüedad o inscripción padronal) si su situación lo requiere, o por los servicios de información, valoración, orientación y diagnóstico, independientemente del tiempo de estancia, padrón o residencia de las personas en el territorio. Un sistema de servicios sociales que se postula como garantista del bienestar de la ciudadanía no puede obviar los derechos humanos y debe hacerse cargo de cuantas problemáticas sucedan en su territorio sin provocar la creación de ciudadanía de primera y de segunda.

Proponemos dotar a los servicios sociales de atención primaria (servicios sociales municipales) de más personal cualificado para el desarrollo de las nuevas competencias que, a nivel municipal otorga la ley de servicios sociales, evitando así su saturación y garantizando una buena atención. Proponemos que desde el Gobierno Vasco se de un desarrollo adecuado a la legislación y se promueva y garantice la existencia de personal suficiente que permita el ejercicio del derecho subjetivo de las personas. Se propone que una de las funciones del Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, sea el encargado de ofrecer formación especializada y reciclaje profesional al personal.

Promoveremos la creación urgente de un órgano de apelación de la ciudadanía ante el Gobierno Vasco para las reclamaciones, información y consulta que se puedan tener respecto del acceso y gestión de los servicios sociales de la CAPV. Este órgano funcionará con acceso a través de Zuzenean y contará con personal específico, cualificado y suficiente que ponga a las personas en el centro y garantice el adecuado ejercicio del derecho subjetivo por parte de la ciudadanía vasca. Crearemos órganos de participación y diálogo entre las instituciones y la sociedad civil que vayan más allá de las mesas de diálogo civil que, hoy en día quedan en meros órganos informativos. Crearemos espacios que permitan valorar el funcionamiento de la normativa reguladora de los servicios sociales y su puesta en marcha, el funcionamiento de los servicios y la supervisión del departamento competente en el Gobierno Vasco, con capacidad para proponer y crear nuevos servicios o modificar cuestiones existentes que no estén funcionando de manera garantista para la ciudadanía. Asimismo, cabe que estos órganos de participación propongan y participen en la evaluación y modificación si fuera necesaria, tanto de la cartera como del mapa de Servicios Sociales.

Proponemos la creación de un sistema consensuado entre la persona beneficiaria del Sistema, los servicios sociales municipales y especializados que permitan que la figura de la coordinación de caso sea una figura elegida y aceptada por las beneficiarias en función de su itinerario y de su realidad y no, impuesta por parte de la institución. Siempre será opcional esta elección entre el funcionariado de la administración puesto que entendemos que la coordinación de caso ha de estar amparada en un servicio público.

Garantizaremos la creación de los servicios de información, valoración, orientación y diagnóstico, así como los de atención a urgencias sociales, en la distribución territorial pertinente que se asigne en el mapa, con una atención de 24 horas y personal cualificado y dotado de los medios y las competencias suficientes para hacer frente a la resolución de urgencias sociales con soluciones integrales para las personas. Entre las situaciones de urgencia social a atender, se prestará especial atención a las de emergencia social: desahucios, violencia machista, etc.

Revisión de la actual herramienta de valoración de la exclusión social y de la forma en que dicha valoración se realiza en los tres territorios históricos, garantizando que ésta responde a las necesidades de las personas y recogiendo, revisando y valorando adoptar aquellas recomendaciones de los agentes sociales que no se tuvieron en cuenta en el momento de creación de dicha herramienta. La puesta en marcha de este punto supondría, por ejemplo la eliminación del requisito existente en Bizkaia (que pende de la actual ley 18/2008) de tener un año de antigüedad en el empadronamiento y residencia legal y efectiva, para poder acceder a la valoración de la condición de exclusión social. Entendemos que no tiene razón de ser que una persona que se encuentra en situación de sinhogarismo y, por lo tanto, sin empadronamiento, deba aguardar hasta acceder a un padrón para poder acceder a la valoración de su situación, obvia, de exclusión social. Asimismo, proponemos un sistema de revisión de la valoración de exclusión por pares independientes en el caso en que las personas no estuvieran de acuerdo con los resultados de la valoración realizada. Adecuación de los recursos humanos y materiales de los servicios sociales públicos a la demanda real existente. Con el fin de reducir de manera paulatina y continua la externalización de los servicios sociales y de poner fin a su privatización encubierta, las administraciones públicas darán cuenta con una periodicidad anual de los servicios sociales asumidos por entidades privadas. Solo cuando las administraciones públicas no estén en condiciones de asumir la prestación de servicios sociales garantizando su calidad y accesibilidad, contemplaremos su externalización. En tales casos, se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien común.

En este sentido, apostamos por crear la normativa precisa para que los problemas en servicios conveniados, concertados o subcontratados por parte de la administración a empresas, sean resueltos con la implicación, los medios necesarios y el compromiso de las administraciones públicas, especialmente cuando éstas afectan al personal que presta estos servicios. En esta normativa, en todo caso, la oferta económica nunca superará un 40% de la puntuación final.

Reforzar los órganos previstos en la legislación para el control, evaluación y seguimiento de los servicios conveniados, concertados y subcontratados, de modo que se priorice que no existe ánimo de lucro en las empresas prestadoras de servicios sociales.

Apuesta por las cláusulas sociales y la contratación pública como instrumentos de generación de valor social. Potenciaremos la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social y responsabilidad social corporativa (RSC).

Eliminaremos las trabas y condiciones discriminatorias que puedan impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas en su acceso a los sistemas de contratación pública, a la vez que favoreceremos los sistemas de autorización o licencia no sometidos a la normativa de contratación pública y permitidos en las directivas europeas, para la provisión de la gestión de servicios sociales públicos o a cargo de entidades sin ánimo de lucro.

Asimismo, se limitará la existencia de contratos, conciertos y subvenciones a empresas que no apliquen los convenios colectivos vigentes para el personal a su cargo. Dotaremos de medios para la supervisión, control y evaluación de todos los servicios públicos o concertados por la administración pública, por parte de una entidad pública creada a tal efecto.

Crearemos órganos que garanticen una adecuada, eficiente y eficaz coordinación de caso inter e intrasistemas, para la garantía de una atención integral y que ponga a las personas en el centro desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Así, se crearán órganos de coordinación interinstitucional y se reforzarán los mecanismos previstos de coordinación con otros sistemas como educación y sanidad, con presencia de agentes sociales cuando éstos lo requieran y siempre que se trate de realizar una reforma de calado que afecte a las personas beneficiarias del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Estos sistemas han de velar por un adecuado, eficiente y eficaz trasvase de información entre las administraciones públicas y los sistemas públicos de atención respecto de todos los agentes implicados en los itinerarios, la propia persona protagonista, o sus familiares en caso de no poder realizarlo de forma autónoma y otros agentes sociales especialistas en la materia. El objetivo de la creación de estos órganos es evitar el efecto boomerang al que se ven sometidas muchas personas beneficiarias de los diversos sistemas.

Eliminar el copago de todos los servicios sociales.

Puesta en marcha las reformas legislativas pertinentes para que las recomendaciones del Ararteko pasen a ser instrucciones de obligado cumplimiento por parte del Gobierno Vasco, e impulsar y apoyar las medidas técnicas necesarias para que el resto de instituciones las conviertan también en medidas de obligado cumplimiento poniendo a la ciudadanía, sus problemáticas y derechos en el centro y garantizando que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía.