Programa PODEMOS

Eje VI: Un nuevo concepto de ciudadanía para la gobernanza

Han sido más de 35 años en los que, en gran medida, las principales instituciones vascas, y sobre todo su diseño, han estado en manos de un sólo partido. Porque a pesar de los gobiernos de coalición o de algún momento de alternancia -que no de alternativa política- ha sido la voluntad del PNV la que se ha impuesto.

Esa patrimonialización de las instituciones por un partido, a pesar de algunos logros que también hay que reconocer, ha supuesto la confusión entre partido y gobierno, entre intereses de parte y generales, el sostenimiento de redes clientelares y de malas prácticas de gestión. Frente a esta situación queremos contraponer una visión de tipo institucionalista que pone en valor el importante papel que pueden jugar las instituciones en la generación de riqueza, en la mejora de la convivencia y en el fortalecimiento de la democracia a través de la confianza en ellas, en tanto que dan respuesta a las necesidades de la mayoría social y su funcionamiento es ejemplar, transparente, eficaz, participativo, etc. Este aspecto es aún más importante si tenemos en cuenta la falta de crédito que, en general y en mayor o menor medida, padecen.

Una nueva arquitectura de la institucionalidad vasca debe partir de una nueva concepción de la ciudadanía para pensar una nueva forma de relacionarse con esta, que supere visiones clásicas de gobierno-gobernados. Las instituciones vascas del siglo XXI deben adaptarse a las demandas ciudadanas que exigen relocalizar los ámbitos de decisión, así como una mayor transparencia en la gobernanza, bien sea en los procesos de toma de decisiones, en la actuación de sus representantes electos o en la gestión de los recursos públicos.

Desde Elkarrekin Podemos consideramos que una buena gobernanza debe promover la equidad, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y el respeto al estado de derecho.Teniendo en cuenta esas premisas, tanto las instituciones como las y los representantes públicos se deben a un método de trabajo basado en la consulta, el diálogo, la negociación y el acuerdo, la eficiencia en la gestión y el sometimiento a la ley.

Y es que la ciudadanía de ningún modo puede quedar relegada de una buena gobernanza, limitada a la elección de sus representantes. Al contrario, debe tener la posibilidad y la responsabilidad de participar de forma directa en la toma de decisiones políticas. Para ello precisa de un sistema que facilite el intercambio de información veraz entre administración y administradas, que se vea complementado por medidas dirigidas a la reactivación y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Porque los principios de una buena gobernanza deben irradiar a todos los ámbitos de la práctica política, desde la participación de la ciudadanía, el papel de los partidos políticos, el régimen electoral o la práctica de gobierno de las instituciones. No podemos ni debemos en el actual contexto social y político, seguir entendiendo la democracia como un mero sistema formal de representación política. Debemos tomar conciencia en que se trata de un equilibrio de poderes en el que la ciudadanía organizada y no organizada es la protagonista de su propio devenir mediante la deliberación, la búsqueda del consenso y la toma de decisiones.

La concreción de esta nueva forma de entender la ciudadanía y, por extensión, la relación entre instituciones y ciudadanía, debe concretarse en varios ámbitos:

Incluir estos principios en las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

Diseñar una arquitectura institucional vasca que sea acorde a estos principios superando inercias, duplicidades y modelos pasados.

Impulsar una Ley de Transparencia y Buen Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas vascas, que permita poner en práctica una nueva cultura de gobierno que sitúe a la ciudadanía en el centro de la gestión pública.Hacer una apuesta firme por la utilización de los estándares Open Data (Datos Abiertos) para la gestión de toda la información institucional, a fin de que esta pueda ser usada libremente por la ciudadanía.

Impulsar una Ley Integral de Participación Ciudadana y de Consultas de ámbito vasco con la finalidad de:

Extender e impulsar la creación de órganos y consejos abiertos a la participación ciudadana, tanto de tipo sectorial como territorial. Así como reconocer y desarrollar instituciones locales tradicionales en el ámbito rural como los concejos o las juntas vecinales.

La regulación de mecanismos e instrumentos de participación directa potenciando el uso de las actualmente infrautilizadas consultas ciudadanas en aquellas cuestiones de interés general. Estas consultas podrán convocarse tanto por iniciativa municipal como ciudadana, previa consecución de un número mínimo de apoyos. Asimismo se promoverá que sean fruto de procesos de alta calidad democrática de tipo deliberativo

La aprobación de regulaciones que faciliten la elaboración de presupuestos participativos en los que se reflejen las prioridades ciudadanas.

Promover la regulación de la actividad de lobbies, sus relaciones con los altos cargos de la administración y su capacidad de influencia.

Facilitar la iniciativa legislativa popular, en especial en los casos de acciones no contempladas previamente en el programa de gobierno.

Arbitrar mecanismos legales y presupuestarios suficientes para que los dictámenes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se realicen dentro del año natural siguiente, sean jurídicamente vinculantes para las administraciones y los partidos políticos auditados.

En definitiva, es preciso asentar una cultura de Gobierno Abierto para que cada institución entable una comunicación fluida con la ciudadanía, para facilitar el debate, y para que la gestión de lo colectivo sea compartida entre toda la ciudadanía, haciendo posible la colaboración entre la sociedad civil, instituciones y cargos electos, en lo relativo al desarrollo de los servicios que prestan y en lo referente a los cambios legislativos y la acción de gobierno.