Programa PODEMOS

Eje V: Una nueva arquitectura institucional

Cuando pensamos en una nueva arquitectura institucional para Euskadi, estamos abordando una cuestión con múltiples dimensiones y condicionantes cualitativamente diversos. En un momento de privación material notable y de rápido deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales, que inciden en el presente y que se proyectan en forma de fuerte incertidumbre en el futuro; sería insensible, irresponsable, ineficaz y frustrante que estas circunstancias no permeasen completamente el debate sobre la arquitectura institucional de la que debemos dotarnos como sociedad. Máxime teniendo en cuenta que la decisión que tomemos al respecto condicionará radicalmente si será posible recuperar el bienestar social pasado o las condiciones, ritmos y modos en que esta recuperación se produzca. Ya que en las sociedades de nuestro entorno y, particularmente en la nuestra, es una convicción fuertemente arraigada que las instituciones públicas son las garantes del ejercicio de estos derechos fundamentales que tienen una dimensión tanto individual como colectiva.

Pero más aún, es difícil no vincular esta recuperación del bienestar social a una recuperación de la prosperidad económica, siempre dentro de los límites biofísicos que el planeta y en concreto nuestro territorio permitan y aconsejen desde un punto de vista de la solidaridad intergeneracional.

Además es necesario ser conscientes de que este debate sobre arquitectura institucional supera las propuestas clásicas del debate de la economía pública sobre las dimensiones y características del tamaño u organización del sector público. Por lo que a estas propuestas habrá que incorporar otras de otros ámbitos del conocimiento y, muy especialmente, deberán ser aterrizadas y situadas en un contexto particular, el vasco, que responde a unas realidades históricas (pasadas y presentes), sociales, culturales y territoriales muy particulares.

Al hilo de estas cuestiones, una de las primeras consideraciones que queremos hacer al respecto de la arquitectura institucional es que Euskadi necesita de un sector público propio y potente como garantía de prosperidad, igualdad, cohesión social y territorial y garante del ejercicio de los derechos de ciudadanía. Teniendo muy claro que la desigualdad social y la democracia son incompatibles, y que la decisión de dotarnos de este sector público no puede desconectarse de un contexto de globalización y de integración en instituciones supranacionales en el que encontramos cuestiones críticas irresolubles que conllevan un riesgo y, por lo tanto, la necesidad de explicar de forma pedagógica a la sociedad los términos de la decisión que enfrenta. Porque no sólo en último término, también en el primero, deberá ser ella la que debata, guíe y tome las decisiones en esta y en todas las materias.

Dentro de la reflexión que suscita la cuestión de la globalización estaría la que propuso Rodrik con su trilema: la imposibilidad de armonizar una decisión que compatibilice la propia globalización, la democracia política y social, y la soberanía estatonacional. Probablemente la respuesta a esta encrucijada no sea inmutable, pues deberá reaccionar a retos que necesitarán de alianzas federales o supraterritoriales, ni plenamente satisfactoria, pues según como se resuelva en cada momento puede conllevar ciertas dosis de insatisfacción social. En todo caso, desde Elkarrekin Podemos apostamos claramente por tratar de explorar todas las potencialidades de nuestro tejido social, productivo y marco competencial para alcanzar las máximas cotas de avance social, material y democrático posibles en este momento, sin que eso suponga renuncia futura alguna de mayor avance social y democrático.

En otro orden de cuestiones más convencionales en torno a la articulación de esa institucionalidad propia, es preciso dar respuesta a debates clásicos como los de eficacia y eficiencia. Entendiendo estos no como una mera circunstancia administrativa de excelencia o calidad, sino entendiendo que el diseño de un estructura de funcionamiento para nuestras instituciones públicas es crucial y condiciona la eficacia de sus actuaciones y, por lo tanto, su capacidad efectiva para cumplir con los fines identificados previamente de prosperidad, igualdad, cohesión social y territorial, y garantía del ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Pero en la actual coyuntura socioeconómica, ya no vale alcanzar cierto grado de eficacia sin preocuparse por la eficiencia, esto es, la capacidad de hacerlo con la cantidad justa de recursos humanos, materiales y financieros. En este sentido, las duplicidades y descoordinaciones son ya absolutamente impensables, pero también lo es la falta de transparencia en la rendición de cuentas y de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Por todo esto, la peculiaridad del hecho o aterrizaje en lo vasco del diseño institucional que adoptemos tiene que medir perfectamente si el coste añadido de esta peculiaridad está en relación a las posibilidades materiales y sentido político de una nueva mayoría social. Nuestra diversidad social y territorial debe encontrar acomodo en un punto deseable y posible en el eje descentralizacion-cercanía-particularidad/coordinación-coherencia-igualdad.

De hecho, esa peculiaridad que toma cuerpo, en parte, en el pertinente respeto a los derechos históricos, es compartido por la mayor parte de la sociedad vasca y está recogida en las disposiciones adicionales de la Constitución y del Estatuto actual. Unos derechos históricos, una foralidad, que puede ser un recurso para dar viabilidad jurídica a un nuevo estatus, arquitectura institucional o pacto de convivencia, pero en ningún caso un límite o un condicionante de estos, porque, no creemos que deba ser la base para articularlos políticamente. Consideramos que estas deberían ser conceptos como ciudadanía, los derechos humanos y elementos culturales como el euskera.

Y es en este marco sucintamente esbozado en el que creemos que debe abordarse el replanteamiento de la arquitectura institucional vasca, desde la evaluación crítica del estado actual de las cosas, desde la constatación de que en paralelo a cualquier decisión de nuevo estatus (en el estado y en Europa si así lo decidimos) planteemos la necesidad de una nueva Ley de Territorios Históricos, de una nueva Ley Municipal y de una nueva Ley de Aportaciones que regulen las relaciones entre las diferentes administraciones territoriales. Algunas de estas leyes fueron aprobadas en los primeros años del autogobierno (comienzos de los años ochenta), otras aunque más recientes (Ley Municipal) consideramos que deben ser reformuladas como consecuencia de un planteamiento integral. Probablemente uno de los conceptos que en coherencia con todo lo expuesto, deberá presidir este debate es el de la gobernanza. Cuestión que se desarrolla en otro eje posteriormente.

Por último y no menos importante, hay que entender que no se trata sólo de ajustar el entramado institucional, se trata de compartir y consensuar una nueva forma de entender la organización de lo público, lo que es de todos y todas, de entender que han surgido nuevos agentes sociales y económicos que no son necesariamente los convencionales y con los que las instituciones públicas deben cooperar, que la ciudadanía demanda un papel protagonista... Se trata en definitiva de alumbrar una nueva institucionalidad capaz de enfrentar los exigentes retos que demanda la sociedad vasca en un contexto complejo, líquido e impredecible y para los que a continuación señalamos algunas líneas orientadoras:

Apuesta por el municipalismo. Nuestra voluntad es fortalecer el nivel más cercano a la ciudadanía con más competencias y recursos para llevarlas a cabo. Se trata de las instituciones en las que la participación ciudadana es más factible y, por lo tanto, más influenciables por las demandas sociales. En definitiva, un ámbito preferente para los procesos de cambio social y prioritario para una fuerza política como la nuestra.

Igualdad intraterritorial y respeto a los derechos históricos. Es el destacado papel que deben jugar las Diputaciones Forales y las Juntas Generales manteniendo parte de la capacidad normativa. Asegurar que los procesos de avance social, material y democrático se dan de forma homogénea en lo interno de cada territorio. En este sentido es imprescindible atender a las dinámicas territoriales de equilibrio entre distintas comarcas y entre los núcleos urbanos y los rurales o no-urbanos. En este sentido, su papel es el de asistir y apoyar al nivel administrativo municipal. Se contempla, desde el respeto a los derechos históricos, mantener el valor simbólico de las instituciones forales y si bien se conservarían las haciendas forales, lo harían con la única función de la exacción fiscal.

Igualdad interterritorial, gobernanza y relaciones supraterritoriales. Es el papel que correspondería al Gobierno y Parlamento Vasco. Asegurar el equilibrio entre los diferentes territorios históricos, coordinar y armonizar políticas asegurando la igualdad efectiva de la ciudadanía independientemente de donde viva. Elabora en exclusiva las normas básicas en relación con cuestiones como derechos sociales, convivencia, derechos ciudadanos, política económica, infraestructuras estratégicas o fiscalidad. Su papel está íntimamente relacionado con el de la eficiencia del modelo institucional. Por último también ejercería el papel de interlocución con ámbitos supraterritoriales, lo que incluye todo lo referente al concierto económico y el cupo.

Solidaridad interterritorial. Es necesario que existan instrumentos colegiados entre los diferentes territorios históricos que vehiculicen elementos significativos de solidaridad entre ellos.

Suficiencia y autonomía financiera. En este nuevo modelo de arquitectura institucional debe asegurarse tanto la suficiencia como la autonomía financiera (y política) de cada nivel administrativo, otorgando el margen necesario de capacidad normativa sobre los tributos propios de cada administración que, en diálogo con otras fuerzas políticas, habría que replantear respecto a la situación actual.

Rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Son ejes que deben inspirar el funcionamiento cotidiano de las instituciones tal y como demanda este nuevo tiempo político y social que se abre paso en Europa, el estado y Euskadi. La permanencia casi ininterrumpida en el poder de alguna fuerza política ha generado vicios y redes clientelares en algunas instituciones vascas que deben ser abordados.