Programa PODEMOS

Eje II: Capacidad para decidir. Un acuerdo de claridad

En agosto de 1998 la Corte Suprema de Canadá en respuesta a las preguntas elevadas por el Gobierno, concluye, entre otras cuestiones, que un Estado democrático no puede permanecer indiferente ante la voluntad de un territorio de modificar su estatus territorial si esta voluntad ha sido manifestada democráticamente y por una amplia mayoría. Así admitía la posibilidad de una consulta a la ciudadanía al respecto, pero señalaba también una serie de garantías para la celebración de esta y que un resultado favorable a la modificación de dicho estatus debiera ser el inicio de un proceso negociado con el Gobierno de Canadá. Esta respuesta de la Corte Suprema fue la base para la elaboración de una Ley de Claridad que vino a señalar las condiciones y garantías que debe reunir la consulta. También fue un acuerdo, en este caso entre los Gobiernos de Reino Unido y Escocia, el que posibilitó la celebración de un referéndum en esta última. No obstante, si bien son procesos inspiradores para pensar soluciones necesariamente a la vasca, no son –como es obvio– trasladables sin más a nuestra realidad social y jurídica.

En cualquier caso, señalan una máxima irrebatible: en un Estado democrático deben existir cauces legales para que todos los proyectos políticos puedan llevarse a cabo. Por decirlo de otro modo, no hay un techo legal a la voluntad democráticamente expresada de la ciudadanía. En Elkarrekin Podemos, consideramos que esta máxima podría inspirar uno de los ejes del nuevo pacto social. Se trata de abrir la senda de un avance democrático sustancial para las aspiraciones de una mayoría social que quiere disponer de capacidad para decidir, independientemente de la opción por la que optase en una hipotética consulta.

Pero más aún, este enfoque sitúa esa capacidad de decidir en un marco bilateral que, a través nuevamente del acuerdo, es capaz de responder a la voluntad ciudadana dando garantías a todas las partes. Si bien, desde una perspectiva estrictamente competencial, el Parlamento Vasco no puede promulgar una Ley de estas características, los partidos vascos sí podemos avanzar en esta línea y alcanzar un acuerdo de claridad que ofrezca un sostén político a todos los proyectos políticos democráticos presentes en nuestra sociedad respondiendo a las premisas contempladas al comienzo. En todo caso, la concreción legal de este acuerdo de claridad podría tener múltiples alternativas constitucionales en las que no creemos que sea necesario entrar de inicio. Siempre partiendo de la base de que la voluntad ciudadana y política debe encontrar un soporte jurídico y no al revés. De hecho, ya se han planteado por parte de expertos constitucionalistas como Javier Pérez-Royo alternativas para hacer viable una consulta modificando o no la constitución. Pero también por otros tan diversos como Alberto López Basaguren o juristas como José María Ruiz Soroa.