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DERECHOS SOCIALES

En Euskadi contamos con una realidad social indudablemente distinta a la del resto del Estado. Partiendo de esa premisa, la autocomplacencia no va a ser la actitud de Elkarrekin Podemos.

Los distintos índices relacionados con las condiciones de vida, según la última encuesta del INE, no han hecho sino empeorar desde el año 2008. Desde el inicio de la crisis el porcentaje de población vasca en riesgo de pobreza ha aumentado en 8 puntos hasta llegar en 2015 al 17,5%. Es 11 puntos menos que en el Estado, sí, pero es una tasa alarmante que tenemos obligación de reducir.

Por otro lado, el índice de pobreza severa está en más de un 4% y es el doble que al inicio de la crisis. El empleo de pocas horas se ha triplicado desde el inicio de la crisis, hasta llegar en 2015 al 14,3% y el 10% de los hogares vascos asegura que llega a fin de mes “con mucha dificultad”. Así, vemos que el bienestar del PNV ha sufrido un deterioro importante y, lo más importante, ese 17,5% de personas se encuentra en un riesgo que tenemos el deber de combatir con políticas sociales hechas por las propias personas que las sufren, y para todas ellas.

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Derecho a la inclusión social

Sabiendo que la competencia fundamental, que no la única, del Gobierno Vasco en materia de políticas sociales es la de legislar, creemos importante hacer una pequeña descripción sobre el contexto en que nos movemos y sobre el cual, proponemos.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el Sistema Vasco de Servicios Sociales se rige por la Ley 12/2008 de 5 de Diciembre de Servicios Sociales. Esta ley parte del supuesto de considerar el acceso a los Servicios Sociales como un derecho subjetivo de toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma, constituyéndose como un “un auténtico pilar del Estado del Bienestar, configurándose como un sistema de responsabilidad pública y de cobertura universal, dirigido a toda la población”. Pero la realidad es que no se configura, en la práctica, como tal.

Sobre este punto de partida, la ley aprobada en el año 2008 no ha tenido su desarrollo reglamentario hasta este pasado año 2015, 7 años después. Siendo esto así, 2016 está siendo un revuelo de cambios sobre el panorama de los servicios sociales de la CAPV que se van a ver modificados en lo profundo de su funcionamiento y estructura y que hace complejo realizar una propuesta global para la mejora de un sistema que, en la práctica, es aún propuesta.

Dentro de la mencionada normativa, el Sistema se estructura en una Cartera o Catálogo de servicios sociales primarios (de acceso universal-para toda la población) y secundarios (de acceso en función de la problemática y/o requisitos que se deben cumplir). El acceso a cualquiera de los servicios secundarios, viene determinado por el paso previo de una valoración sobre el grado de exclusión social y/o dependencia (según la demanda) que presenta la persona.

El objetivo final de esto, en el marco de la normativa vigente, es que se parta de un concepto de valoración común tanto de la exclusión social como de la dependencia. La aplicación de estas medidas, en la práctica, está suponiendo desigualdad en los territorios, caos en la gestión, previsión y provisión de servicios sociales para todos los agentes que intervienen en él y, especialmente para las personas beneficiarias del sistema.

Los servicios y recursos del Sistema, se dividen en prestaciones de carácter técnico, tecnológico y económico. El acceso a cualquiera de los servicios sociales, es siempre a través de los servicios sociales municipales de base. Existen, en todo caso, algunos servicios de acceso directo para aquellas cuestiones de emergencia que también quedan normativamente definidos (casos de violencia machista, urgencias sociales, etc.) así como excepciones en los accesos directamente a través de servicios de atención secundaria.

Las prestaciones económicas son elementos del sistema orientados a la autonomía de las personas y complementarias (que no sustitutivas) de las técnicas y tecnológicas. Son de varios tipos, pero simplificaremos su explicación en los siguientes puntos:

Prestaciones económicas destinadas a apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal. Son prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas para facilitar el acceso a ayudas técnicas y aquellas prestaciones vinculadas a servicios personales destinadas a cubrir el no acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Prestaciones económicas destinadas a facilitar la integración social y/o la autonomía de la ciudadanía.

Prestaciones sujetas a disposición presupuestaria: Ayudas de Emergencia Social que son prestaciones puntuales y finalistas, es decir, para cubrir conceptos concretos. Son prestaciones de gestión municipal y, anualmente, se agota el presupuesto en la mayoría de los municipios sin cubrir la totalidad de las necesidades que deberían ser cubiertas.

Prestaciones de derecho subjetivo: Renta de Garantía de Ingresos.

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es una prestación económica de carácter periódico y, como se ha dicho de derecho subjetivo. Está dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas, como a los gastos derivados de procesos de inclusión laboral o social.

Esta prestación, puede ser para personas sin ningún tipo de ingresos o complementaria y para aquellas trabajadoras precarias que no llegan a unos mínimos con sus ingresos derivados de la relación laboral o de otro tipo de prestaciones, subsidios, etc.

Por otro lado, respecto a las políticas sociales de vivienda en la CAPV, estamos en otro momento de cambios al haberse aprobado recientemente la Ley 3/2015 de 18 de Junio, de Vivienda que apuesta por convertir en derecho subjetivo el acceso de las personas residentes de la CAPV, a una vivienda digna y adecuada. Esta ley pretende garantizar, mediante el acceso a una vivienda adaptada a las necesidades de las personas o prestación económica sustitutiva en el caso en que la prestación de la vivienda no sea posible. Actualmente está muy en cuestión el nivel de protección real que proporciona puesto que elimina la Prestación Complementaria de Vivienda sin dar acceso a la nueva Prestación Económica de Vivienda al mismo perfil de personas que actualmente la cobran. Las alternativas a temas de vivienda se abordarán en la parte específica del Programa.

Además de esto, entendemos que es fundamental hacer aportaciones a la ley Vasca de Apoyo a la Familia, 13/12 del 2008, que tenía como objetivo establecer el marco y las bases para una política familiar integral, pero a la que los recursos económicos dedicados han dejado en una mera declaración de intenciones. Nuestro sistema de protección social debe proteger a las personas y, entender la diversidad como una riqueza. En este sentido, es importante una mirada amplia, inclusiva que no deje a nadie atrás.

En este ámbito, es fundamental prevenir la pobreza, la violencia de género e intrafamiliar y fomentar la igualdad. No vamos a hacer una apuesta por eliminar la pobreza infantil, erradicar la pobreza energética o reforzar los programas de alimentación o repartos en especie porque, por un lado esos “apellidos” hacen que la pobreza parezca parcelada y por lo tanto, abordable sin atender a la integralidad. Por otro lado, entendemos que en Euskadi no es necesario reclamar pasos intermedios, ya que estamos en una situación social, económica y legislativa que nos permite dar un paso más allá y luchar por la dignidad de las personas, por la erradicación de la pobreza. Creemos firmemente que es posible y viable si el reparto es más justo y equitativo.

Con todo esto, en Elkarrekin Podemos, apostamos por unas políticas y unos servicios de atención que pongan a las personas en el centro, con una mirada particularmente cautelosa en garantizar los ingresos y el bienestar de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades de todas las personas, y un sistema facilitador de medidas para la conciliación laboral y los cuidados.

Sobre la base de trabajo en torno al derecho a la inclusión social, proponemos, por lo tanto, una batería de medidas orientadas a 2 ámbitos de acción diferenciados, coherentes con las propuestas que realizamos.

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Sistema Vasco de Servicios Sociales

Consideramos fundamental realizar un proceso de reflexión participado entre los diferentes niveles institucionales (ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco) y la sociedad civil, para el definitivo desarrollo y puesta en marcha del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un derecho subjetivo real de la ciudadanía y garantista para ella. Mientras se realiza este proceso para, con la mirada de todos los agentes institucionales y sociales, desarrollar una Ley de Servicios Sociales que no deje a las personas atrás, desde Elkarrekin Podemos, proponemos la adopción de las siguientes medidas:

Compromiso de mantenimiento de los servicios existentes mientras no exista una garantía suficiente y contrastada de cobertura para las personas en los servicios de nuevo desarrollo en cuanto al despliegue y puesta en marcha del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Compromiso de aumento de la financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales como elemento fundamental indispensable para que las reformas necesarias prosperen. Este aumento de la financiación tendrá un vínculo directo con las reformas económicas planteadas por Elkarrekin Podemos y, en todo caso, esta propuesta tiene un paso previo de evaluación de los servicios existentes y estudio de optimización de los recursos existentes para garantizar un adecuado funcionamiento.

Atendiendo al contexto explicado en la introducción, proponemos realizar una campaña informativa sobre el funcionamiento de los servicios sociales de la comunidad autónoma al objeto de extender el conocimiento de las personas sobre sus derechos.

Nos comprometemos a tomar de referencia lo contenido en la exposición de motivos de la legislación vasca de servicios sociales y que la prevención sea una máxima en las medidas a desarrollar en cuanto a la intervención y atención de los servicios sociales a todos los niveles competenciales.

Entendemos que hay que apostar por acompañar a las personas y apoyarlas cuando surgen dificultades y no cuando ya no queda alternativa. En este sentido, apostamos por reforzar la importancia de aquellos servicios que pueden observar y diagnosticar las problemáticas sociales y dotar de medios necesarios a las administraciones vascas para que incidan sobre las situaciones sociales antes de que estas deriven en problemáticas a intervenir.

Garantizaremos la igualdad de derechos y oportunidades de toda la población de Euskadi en el acceso a los servicios sociales. Proponemos un desarrollo real de competencias y funcionamiento homogéneo en los tres territorios históricos que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos de la forma más garantista. Así, consideramos que ha de haber un planteamiento de mapa de servicios sociales teniendo en cuenta la totalidad de los servicios sociales de las tres provincias, apostando por crear servicios allá donde no los haya, estableciendo un compromiso firme por parte de la administración de no eliminar ningún servicio existente hasta no facilitar a las personas alternativas reales, adecuadas y consensuadas con ellas. Asimismo, se dotará del acompañamiento técnico y se facilitará el acceso a la financiación necesaria a los Ayuntamientos y Diputaciones Forales. Se garantizará, en todo caso, la estructura de unos servicios sociales equitativos, respetuosos con el medio local y con las necesidades de las poblaciones.

Crearemos el Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, que tendrá como objetivos la evaluación de las políticas públicas en los servicios sociales y la formulación de propuestas de innovación y mejora. Trabajará en estrecha colaboración con la Universidad, el Tercer Sector y con los Movimientos Sociales. Garantizaremos una revisión del catálogo de servicios y prestaciones de los servicios sociales de Euskadi, enfocando éste como un listado de mínimos cuya implantación en ningún caso suponga dar un paso atrás en los recursos que actualmente se están prestando, y ampliando para que, en el tránsito, no haya reducción de plazas en ningún dispositivo.

Eliminación de cualquier legislación del Sistema Vasco de Servicios Sociales el requisito de cumplir la residencia legal y efectiva para acceder a dicho sistema. Entendemos que las personas que residen en la CAPV tienen que poder acceder a los servicios y recursos de la CAPV independientemente de su situación jurídico administrativa. Proponemos que se solicite una residencia efectiva en la CAPV de, al menos 3 meses, para poder acceder a los servicios de atención, tanto primaria como secundaria. Las personas que lleven menos de 3 meses de arraigo en el municipio, serán atendidas por los servicios de emergencia en todo caso (sin atender a antigüedad o inscripción padronal) si su situación lo requiere, o por los servicios de información, valoración, orientación y diagnóstico, independientemente del tiempo de estancia, padrón o residencia de las personas en el territorio. Un sistema de servicios sociales que se postula como garantista del bienestar de la ciudadanía no puede obviar los derechos humanos y debe hacerse cargo de cuantas problemáticas sucedan en su territorio sin provocar la creación de ciudadanía de primera y de segunda.

Proponemos dotar a los servicios sociales de atención primaria (servicios sociales municipales) de más personal cualificado para el desarrollo de las nuevas competencias que, a nivel municipal otorga la ley de servicios sociales, evitando así su saturación y garantizando una buena atención. Proponemos que desde el Gobierno Vasco se de un desarrollo adecuado a la legislación y se promueva y garantice la existencia de personal suficiente que permita el ejercicio del derecho subjetivo de las personas. Se propone que una de las funciones del Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, sea el encargado de ofrecer formación especializada y reciclaje profesional al personal.

Promoveremos la creación urgente de un órgano de apelación de la ciudadanía ante el Gobierno Vasco para las reclamaciones, información y consulta que se puedan tener respecto del acceso y gestión de los servicios sociales de la CAPV. Este órgano funcionará con acceso a través de Zuzenean y contará con personal específico, cualificado y suficiente que ponga a las personas en el centro y garantice el adecuado ejercicio del derecho subjetivo por parte de la ciudadanía vasca. Crearemos órganos de participación y diálogo entre las instituciones y la sociedad civil que vayan más allá de las mesas de diálogo civil que, hoy en día quedan en meros órganos informativos. Crearemos espacios que permitan valorar el funcionamiento de la normativa reguladora de los servicios sociales y su puesta en marcha, el funcionamiento de los servicios y la supervisión del departamento competente en el Gobierno Vasco, con capacidad para proponer y crear nuevos servicios o modificar cuestiones existentes que no estén funcionando de manera garantista para la ciudadanía. Asimismo, cabe que estos órganos de participación propongan y participen en la evaluación y modificación si fuera necesaria, tanto de la cartera como del mapa de Servicios Sociales.

Proponemos la creación de un sistema consensuado entre la persona beneficiaria del Sistema, los servicios sociales municipales y especializados que permitan que la figura de la coordinación de caso sea una figura elegida y aceptada por las beneficiarias en función de su itinerario y de su realidad y no, impuesta por parte de la institución. Siempre será opcional esta elección entre el funcionariado de la administración puesto que entendemos que la coordinación de caso ha de estar amparada en un servicio público.

Garantizaremos la creación de los servicios de información, valoración, orientación y diagnóstico, así como los de atención a urgencias sociales, en la distribución territorial pertinente que se asigne en el mapa, con una atención de 24 horas y personal cualificado y dotado de los medios y las competencias suficientes para hacer frente a la resolución de urgencias sociales con soluciones integrales para las personas. Entre las situaciones de urgencia social a atender, se prestará especial atención a las de emergencia social: desahucios, violencia machista, etc.

Revisión de la actual herramienta de valoración de la exclusión social y de la forma en que dicha valoración se realiza en los tres territorios históricos, garantizando que ésta responde a las necesidades de las personas y recogiendo, revisando y valorando adoptar aquellas recomendaciones de los agentes sociales que no se tuvieron en cuenta en el momento de creación de dicha herramienta. La puesta en marcha de este punto supondría, por ejemplo la eliminación del requisito existente en Bizkaia (que pende de la actual ley 18/2008) de tener un año de antigüedad en el empadronamiento y residencia legal y efectiva, para poder acceder a la valoración de la condición de exclusión social. Entendemos que no tiene razón de ser que una persona que se encuentra en situación de sinhogarismo y, por lo tanto, sin empadronamiento, deba aguardar hasta acceder a un padrón para poder acceder a la valoración de su situación, obvia, de exclusión social. Asimismo, proponemos un sistema de revisión de la valoración de exclusión por pares independientes en el caso en que las personas no estuvieran de acuerdo con los resultados de la valoración realizada. Adecuación de los recursos humanos y materiales de los servicios sociales públicos a la demanda real existente. Con el fin de reducir de manera paulatina y continua la externalización de los servicios sociales y de poner fin a su privatización encubierta, las administraciones públicas darán cuenta con una periodicidad anual de los servicios sociales asumidos por entidades privadas. Solo cuando las administraciones públicas no estén en condiciones de asumir la prestación de servicios sociales garantizando su calidad y accesibilidad, contemplaremos su externalización. En tales casos, se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien común.

En este sentido, apostamos por crear la normativa precisa para que los problemas en servicios conveniados, concertados o subcontratados por parte de la administración a empresas, sean resueltos con la implicación, los medios necesarios y el compromiso de las administraciones públicas, especialmente cuando éstas afectan al personal que presta estos servicios. En esta normativa, en todo caso, la oferta económica nunca superará un 40% de la puntuación final.

Reforzar los órganos previstos en la legislación para el control, evaluación y seguimiento de los servicios conveniados, concertados y subcontratados, de modo que se priorice que no existe ánimo de lucro en las empresas prestadoras de servicios sociales.

Apuesta por las cláusulas sociales y la contratación pública como instrumentos de generación de valor social. Potenciaremos la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social y responsabilidad social corporativa (RSC).

Eliminaremos las trabas y condiciones discriminatorias que puedan impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas en su acceso a los sistemas de contratación pública, a la vez que favoreceremos los sistemas de autorización o licencia no sometidos a la normativa de contratación pública y permitidos en las directivas europeas, para la provisión de la gestión de servicios sociales públicos o a cargo de entidades sin ánimo de lucro.

Asimismo, se limitará la existencia de contratos, conciertos y subvenciones a empresas que no apliquen los convenios colectivos vigentes para el personal a su cargo. Dotaremos de medios para la supervisión, control y evaluación de todos los servicios públicos o concertados por la administración pública, por parte de una entidad pública creada a tal efecto.

Crearemos órganos que garanticen una adecuada, eficiente y eficaz coordinación de caso inter e intrasistemas, para la garantía de una atención integral y que ponga a las personas en el centro desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Así, se crearán órganos de coordinación interinstitucional y se reforzarán los mecanismos previstos de coordinación con otros sistemas como educación y sanidad, con presencia de agentes sociales cuando éstos lo requieran y siempre que se trate de realizar una reforma de calado que afecte a las personas beneficiarias del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Estos sistemas han de velar por un adecuado, eficiente y eficaz trasvase de información entre las administraciones públicas y los sistemas públicos de atención respecto de todos los agentes implicados en los itinerarios, la propia persona protagonista, o sus familiares en caso de no poder realizarlo de forma autónoma y otros agentes sociales especialistas en la materia. El objetivo de la creación de estos órganos es evitar el efecto boomerang al que se ven sometidas muchas personas beneficiarias de los diversos sistemas.

Eliminar el copago de todos los servicios sociales.

Puesta en marcha las reformas legislativas pertinentes para que las recomendaciones del Ararteko pasen a ser instrucciones de obligado cumplimiento por parte del Gobierno Vasco, e impulsar y apoyar las medidas técnicas necesarias para que el resto de instituciones las conviertan también en medidas de obligado cumplimiento poniendo a la ciudadanía, sus problemáticas y derechos en el centro y garantizando que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía.

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Políticas de Inclusión Social

Replantear el concepto de familia con el que trabaja el actual ejecutivo vasco, incorporando la realidad de los nuevos modelos familiares y haciendo que todas y cada una de estas medidas sean extensibles, accesibles y oportunas para todas ellas, respetando la intimidad y la dignidad de las personas.

Impulsar la labor del Observatorio de Infancia y Adolescencia. Queremos avanzar en la elaboración de un diagnóstico completo y preciso de la situación de la infancia y adolescencia en Euskadi que permita articular las políticas y medidas adecuadas. En este diagnóstico, entendemos fundamental incorporar indicadores de seguimiento estadístico desglosados que ayuden a visibilizar a los colectivos más invisibles, y dar un mayor impulso al Observatorio de Infancia y Adolescencia, incrementando sus competencias e implantando nuevos servicios (estudios específicos en materia de nutrición infantil, seguimiento y evaluación en los centros educativos de las pautas alimenticias en la infancia y adolescencia…). Apostamos por la elaboración de estadísticas e informes a nivel autonómico relacionados con los principales problemas que afectan a la infancia, de cara a tener un conocimiento real y exhaustivo de la situación de la infancia en Euskadi así como informes de impacto sobre la vida de las niñas y los niños de todas las medidas legislativas que se promuevan, del mismo modo que se analiza el impacto medioambiental y el impacto de género. Este mismo órgano, será el encargado de establecer indicadores concretos de seguimiento de la pobreza y cómo afecta ésta a la infancia, así como de la desigualdad en distintas dimensiones.

Fomentar la adopción de políticas centradas en la prevención y fomento del bienestar infantil dirigidas a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Revisar el modelo social de apoyo a la infancia.

Revisar la prestación económica a las familias por hijo o hija a cargo. Incorporar con carácter vinculante un Informe de Impacto sobre la Infancia en todas las disposiciones normativas, (como marca la Ley de protección jurídica del menor), a semejanza del Informe de Impacto de Género.

Compromiso de mantener o incrementar los recursos económicos destinados a las políticas de infancia y adolescencia existentes, para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Realizar en la sociedad diferentes campañas de concienciación y sensibilización sobre las diferentes tipologías de familia. Creación de Comisión de Infancia y Adolescencia en el Parlamento Vasco.

Garantía de un trabajo enfocado a la prevención de la situación de vulnerabilidad o exclusión social y no centrados en la reparación.

Incidencia en el acompañamiento y valoración de los servicios sociales en procesos de suspensión de prestaciones económicas, incumplimiento de requisitos o cese del beneficio sobre un determinado bien o servicio, primando el bienestar superior de las personas menores.

Impulso de políticas de conciliación de la vida laboral y personal. Apostamos por favorecer el acceso a recursos y servicios de las personas con hijos e hijas menores a su cargo, con especial atención a las familias con ambos progenitores desempleados.

Impulsar campañas de sensibilización social por la igualdad y programas de corresponsabilidad parental.

Establecer incentivos fiscales para aquellas empresas que respeten y favorezcan la conciliación laboral y familiar real a través de medidas que permitan una mayor flexibilidad.

Reforzar el enfoque inclusivo del sistema educativo avanzando hacia la universalización de una educación pública de 0 a 3 años de calidad y gratuita.

Garantizar el apoyo escolar y las becas al alumnado que lo necesite y en general eliminar cualquier barrera que obstaculice la igualdad de condiciones en el acceso a estos servicios y recursos por parte de los niños, niñas y adolescentes.

Fortalecer mecanismos de detección y protección de la violencia contra la infancia por parte de los sistemas de protección como parte de una Estrategia Integral frente a la Violencia contra la infancia en la que participen los diversos sistemas (con especial atención en educación).

Establecer unos servicios de protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, a fin de garantizar su seguridad.

Potenciar la mediación familiar en Euskadi, ampliando la cobertura de los servicios públicos existentes.

Desarrollar órganos estables de participación infantil y el fomento del tejido asociativo infantil y juvenil.

Valorar el funcionamiento de la red de puntos de encuentro en Euskadi, su demanda y, en su caso, su ampliación o modificación teniendo en cuenta mecanismos de participación ciudadana.

Regular y ampliar los equipos psicosociales (multidisciplinares) en los servicios sociales de atención primaria y secundaria.

Fomentar los programas preventivos de violencia machista e intrafamiliar garantizando la existencia de equipos multidisciplinares.

Revisar la legislación y los procedimientos de adopción y protección de las niñas, niños y adolescentes bajo tutela pública, primando en todo caso el bienestar y la cercanía a un entorno saludable para ellas y ellas, así como un diálogo y apoyo a las familias que lo requieran tanto en el proceso de adopción, como en los de riesgo o desprotección de las niñas, niños y adolescentes.

Establecer un Plan de Lucha contra la Pobreza que de un paso más allá de las políticas de garantía de ingresos actualmente existentes y, realice una apuesta por el bienestar de las personas desde una perspectiva integral y coloque a las personas en el centro, primando la prevención a la reparación.

Implantación de normativa que garantice el acceso a los suministros de gas y electricidad de los hogares en función de la renta de sus miembros.

Interceder ante las empresas suministradoras para acabar con los cortes de luz y gas en los hogares por causa de impagos que tengan que ver con la situación económica de las personas y siempre que se trate de la vivienda habitual.

Estudio de la posibilidad de llegar a acuerdos con cooperativas energéticas vascas para garantizar el derecho de las personas residentes en Euskadi a disponer de unos suministros garantizados y con una mirada sostenible.

Garantizar el derecho y acceso al agua para todos como un derecho humano básico. Prohibir que las empresas suministradoras de agua interrumpan el suministro a los hogares por causa de impagos que tengan que ver con la situación socioeconómica de las personas y siempre que se trate de la vivienda habitual.

Establecimiento de un Indicador de consumo mínimo vital, estableciendo rebajas progresivas a los hogares con rentas bajas.

Creación de recursos específicos para los primeros años de la edad adulta para jóvenes de especial vulnerabilidad, como herramienta preventiva.

Reformar el Sistema de Garantía de Ingresos (Ver derecho a la garantía de ingresos).

Creación de un Observatorio de Delitos de Odio, garantizando un estudio adecuado de las situaciones de discriminación que tienen lugar en Euskadi y, ayudando a erradicarlas.

Garantizar el acceso al empadronamiento para la población como la llave de acceso a la cobertura de derechos. Se facilitará el acceso de la población residente en Euskadi al empadronamiento, garantizando la puesta en marcha de procedimientos que garanticen el registro de las personas en situación de sinhogarismo. En ese sentido, será necesario revisar, en coordinación con la Asociación de Municipios Vascos- EUDEL los criterios de acceso, renovación, y mantenimiento del empadronamiento con una mirada intercultural y orientada a la garantía de derechos.

A pesar de ser innecesario si el punto anterior se pusiera en marcha, apostamos por eliminar el criterio de antigüedad en el empadronamiento en el acceso a la valoración de la exclusión social así como en el acceso a recursos específicos de atención y protección a personas en riesgo o en situación de exclusión social.

Crear una estrategia vasca para erradicar en 5 años el sinhogarismo en Euskadi mediante medidas de innovación social para el acceso a la vivienda como el housingfirst, u otras herramientas en función de la viabilidad y la pertinencia y, en todo caso, en un espacio de coordinación entre la sociedad civil, entidades sociales e instituciones y las personas afectadas.

Desarrollo y puesta en marcha de una estrategia de sensibilización vasca sobre los derechos de las personas sin hogar.

Garantizar el acceso al Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide a las personas en situación o riesgo de exclusión social y, concretamente, a las personas en situación de sinhogarismo o sin medios de vida según los actuales baremos.

Garantizaremos el acceso de las personas en situación de exclusión social severa al conjunto de recursos y servicios públicos de Euskadi, los cuales han de tener una mirada particular y unos servicios y recursos adaptados a las necesidades y particularidades del colectivo.

Puesta en marcha de programas de empleo adaptados que faciliten la adquisición de las herramientas y habilidades necesarias para la adaptación, progresiva y centrada en la persona, al mundo laboral normalizado.

Promoción de las Empresas de Inserción, así como la introducción de cláusulas sociales en las contrataciones públicas, que les permitan competir por las obras y servicios como herramienta de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Garantía de acceso a las ayudas de emergencia social como un derecho subjetivo equiparable a la Renta de Garantía de Ingresos y atendiendo a dichas situaciones de emergencia valoradas por profesionales con la cualificación adecuada, y no a una valoración subjetiva o arbitraria o a la ausencia de presupuesto.

Eliminación del requisito de no tener deudas por imposibilidad de pago con las administraciones públicas para poder acceder a los fondos de los servicios sociales. Convertir las ayudas de emergencia social en fondos o derechos inembargables y paralizar los embargos o cobros sobre cualquier tipo de prestación de este tipo. Asimismo, matizar que cuando hablamos de imposibilidad de pago hablamos de realizar una valoración por parte del servicio competente en la material sobre los motivos que han llevado a no realizar el pago y, de ser posible, se realizaría un plan de devolución ajustado a las posibilidades de las personas.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Elkarrekin Podemos es una herramienta de transformación social que tiene como una de sus señas de identidad más reconocida devolver la política a la gente. En este sentido, necesitamos un sistema educativo que sitúe a las personas como protagonistas y que impulse una ciudadanía crítica, activa y partícipe de su futuro. Sin embargo, nos encontramos inmersos en un contexto educativo global que da señales inequívocas de crisis y agotamiento, y que apunta a la necesidad de ser profundamente transformado para sacarlo de su obsolescencia. De esta crisis global y de ese proceso de cambio participa nuestro sistema educativo vasco. Euskadi es una realidad social y política con sus propias características y es por ello que requiere de medidas de actuación específicas.

Principios base e inspiradores de las propuestas en materia de educación:

Educación Pública como eje vertebrador del Sistema Educativo Vasco. Entendemos la educación como un servicio público cuyo garante último debe de ser el estado. La educación como un bien común que no debe de estar sometido a la ley de la oferta y la demanda. Apostamos por una educación pública como eje vertebrador del sistema educativo vasco. Una educación igualitaria y equitativa.

Educación Pública de calidad. Es cierto que en los últimos años se ha avanzado hacia un sistema educativo más equitativo, pero que hay que mejorar la calidad educativa y la eficiencia que compense las desigualdades que existen.

Educación Pública integral. Una educación que considere todas las dimensiones e inteligencias múltiples que habitan en cada persona. Esto no significa no tener presente el hecho religioso y sus diferentes dimensiones, pero sí excluir de la escuela pública la enseñanza confesional de las religiones.

Educación Pública participativa y cocreada. Apostamos por una educación que cuente con la implicación de todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa (familias, docentes, expertos, alumnado, etc.).

Educación Pública innovadora. Una educación innovadora y adaptada a las necesidades del siglo XXI tanto a nivel metodológico como organizativo. Esto significa centrarse en nuevos entornos y enfoques de aprendizaje que propicien una mayor equidad social.

Educación Pública inclusiva. Una escuela para todos y todas. Desde Elkarrekin Podemos entendemos la diversidad como factor de enriquecimiento y nunca como conflicto o problema.

Partimos de una serie de premisas:

El sistema educativo vasco goza de cierto prestigio en el conjunto del Estado porque hay índices que están por encima de la media estatal y en algunos casos sobre de la media europea. Es el caso de las tasas de éxito escolar en la ESO, del bajo porcentaje de abandono escolar, del alto nivel de formación superior de la población entre 30 y 34 años o de la extensión de la escolarización en Educación Infantil. La Formación Profesional goza asimismo de una alta consideración.

Siendo esto parcialmente cierto, también planean sombras importantes que cuestionan la autocomplacencia de nuestra clase política sobre el sistema educativo. El nivel inversión por alumno y alumna - pese al bajo porcentaje de PIB dedicado a la educación - hace preguntarse acerca de la eficacia/eficiencia de este gasto educativo. Los resultados de la evaluación de diagnóstico nos hablan de un estancamiento en los resultados, cuando no un descenso en la competencia en euskera.

Las evaluaciones internacionales nos devuelven una imagen de un sistema con niveles aceptables de equidad, pero con mucho margen de mejora en calidad. La división en dos redes pretende ser vendida desde una idea de complementariedad, pero persiste una segregación, que en el caso de algunos centros es marginalidad. Ya en el año 91 el Ararteko identificaba 84 centros en grave situación de ser gueto.

Desde la culminación de la reestructuración de la LOGSE, en los tres primeros lustros de este siglo el sistema vasco ha entrado en una meseta de cierto aletargamiento y conformismo del que es necesario salir.

Para ello no hace falta , sino ser fieles a una regeneración que conecta con nuestra manera de entender la política y la sociedad: equidad, participación e innovación. La equidad busca no conformarse con reproducir en la educación las espirales de desigualdad social, sino adoptar una política vigorosa que ponga la educación al servicio de la compensación y la justicia.

El País Vasco es uno de los territorios de Europa que más subvenciona la enseñanza privada. Bélgica tiene aproximadamente un 57% de alumnado de Primaria y ESO en centros privados concertados. Euskadi tiene un 50%. El siguiente país con más alumnado en centros privados concertados es España, con un 28%. Esta situación fomenta una segregación social en función de renta que se traslada al ámbito laboral y de posibilidades de desarrollo personal rompiendo la igualdad de oportunidades. Mientras esta situación no cambie, la escuela seguirá contribuyendo a perpetuar las diferencias sociales.

Mediante la participación queremos dar la palabra a quienes protagonizan a diario el hecho educativo (profesorado, alumnado, familias, centros...). Es necesario construir amplios consensos comunitarios con una amplia base participativa. Esto debe tener también su reflejo en las metodologías, priorizando los aprendizajes interactivos y dialógicos.

En un momento de grave estancamiento institucional educativo, necesitamos dar un vuelco a nuestro sistema escolar promoviendo la innovación pedagógica, la utilización de las tecnologías digitales e Internet dentro de una nueva cosmovisión didáctica y el multilingüismo.

En torno a estos ejes de equidad-inclusividad, participación e innovación se aglutinarán las medidas de los diferentes ámbitos: sistema educativo, centro escolar, profesorado, alumnado y proceso de enseñanza aprendizaje.

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Una escuela equitativa

Alguna de las medidas y aspectos que vamos a tener en cuenta para lograr los objetivos de este eje son las siguientes:

Incrementar el 0,5% el porcentaje del PIB destinado a educación, dando prioridad de gastos a centros de medio desfavorecido, a satisfacer demandas de instalaciones de la red pública y a ampliar la oferta pública a 0 a 2 años.

Garantizar la gratuidad impidiendo el cobro de las mal llamadas “cuotas voluntarias”, y garantizando el resto de condiciones que la Ley exige para el establecimiento de conciertos.

Vincular los conciertos educativos a unos compromisos mínimos de asunción de la diversidad.

Establecer mecanismos que obliguen a todos los centros a un esfuerzo compartido y equitativo en la atención al alumnado con Necesidades Educativas de Apoyo Específico (NEAE). Determinar a cada centro un suelo y un techo de dicho alumnado.

Hacer Proyectos de Intervención Global para centros de medio desfavorecido, con proyectos que surjan de las mismas comunidades. Ampliar la dotación de recursos extraordinarios a dichos centros.

Aprovechar y desarrollar los mecanismos que ofrece la Ley de la Escuela Públicas Vasca (LEPV) para perfilar plazas desde los propios centros, así como otras medidas que ayuden a los centros al desarrollo de sus proyectos.

Promover las oficinas únicas municipales de matriculación que proporcione información a las familias y que eviten procesos informales de selección del alumnado.

Revisar los conciertos de aquellos centros que no respondan a necesidades de planificación educativa, para fomentar la igualdad de oportunidades y crear más y mejores centros públicos.

Planificar la oferta educativa de manera que no quede ninguna solicitud de matrícula en la enseñanza pública sin atender.

Revisar el funcionamiento de las comisiones de escolarización y hacer un control y seguimiento del alumnado que asigna.

Ampliar los centros de titularidad pública, hasta cubrir todas las necesidades de escolarización de Educación infantil ( de 0 a 3 años).

Concentrar más recursos en la detección de las dificultades y en la prevención del fracaso escolar en Infantil y Primaria.

Optimizar los ratios profesorado/alumnado y/o profesorado/grupo para garantizar la mayor calidad y equidad en el proceso de aprendizaje, sobre todo en las enseñanzas especiales o basadas en competencias.

Inclusión de la categoría de familia monoparental como grupo especial para facilitar el acceso a becas destinadas a comedores y compra de materiales en el ámbito educativo.

Creación de contenidos de educación afectiva sexual para introducirlos en los planes de estudio del grado de Magisterio y Pedagogía, así como también del máster de formación del profesorado.

Dotar a las bibliotecas públicas de libros, películas y otros materiales que traten la no heteronormatividad desde una actitud de respeto y no discriminación. Enseñanzas Artísticas: Revisión de la aplicación del UDALHITZ sobre las condiciones laborales del profesorado de Enseñanzas Artísticas: horas de trabajo anuales, reducción de horario lectivo en beneficio de horario no lectivo, consolidación de la Bolsa de Trabajo común para Escuelas de Música, posibilitar que distintas escuelas compartan profesorado itinerante y revisión de las condiciones de jubilación.

Educación para Adultos (E.P.A.): Valorar la labor de las E.P.A. Estas no son sólo centros educativos centrado en sacar el Graduado de Secundaria y preparar al alumnado para acceder a la Formación Profesional, también ofrecen formación para el colectivo de mayores.

Educación para Adultos (E.P.A.): Reconocer la labor de las EPA como parte de la formación permanente, esto es, educación a lo largo de la vida.

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Una escuela participativa

Alguna de las medidas y aspectos que vamos a tener en cuenta para lograr el objetivo de construir este eje son las siguientes:

Integrar en el organigrama educativo todos los tipos de educación (de 0 a 6 años, educación primaria, secundaria, profesional, universitaria, educación para personas adultas, conservatorios, escuelas de música y danza, escuelas oficiales de idiomas, euskaltegis públicos, academias, actividades extraescolares en centros educativos, colonias, campamentos y grupos diversos de tiempo libre y ocio…).

Promover la apertura de las aulas al entorno, la interacción de las familias y las formaciones educativas para toda la comunidad.

Dotar a los centros educativos de recursos y herramientas que les permiten disponer de una mayor autonomía y flexibilidad, como por ejemplo:

Reforzar el protagonismo de los Consejos Escolares y, en general, de las comunidades escolares, desarrollando una Ley de la Participación que renueve la actual Ley de Consejos Escolares (1988).

Rehacer la normativa sobre comedores escolares (2000) que de libertad a las comunidades escolares para elegir entre un sistema de catering o un sistema de autogestión basado en la soberanía alimentaria.

Realizar un nuevo Proyecto Educativo de la CAPV, poniendo en marcha un amplio proceso participativo, con implicación expresa de los agentes educativos de base. Enseñanzas Artísticas: Ampliar el Consejo Asesor de la Música (inclusión de representantes de Danza y Arte Dramático, y más representantes de Escuelas de Música) y aumentar las reuniones anuales con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Formación Profesional (FP): Estructurar la jornada laboral actual para dar la cabida adecuada a tareas que el profesorado de FP debe acometer: transmisión de contenidos, formación a desempleados/as, formación a personas trabajadoras, autoformación, atención a familias, atención personalizada, tutorización del profesorado novel, investigaciones, publicaciones, soporte a los sistemas de gestión de la calidad, etc.

Formación Profesional (FP): Unificar los cuerpos de Profesorado de Enseñanza Secundaria y de Profesorado Técnico en los ciclos de formación profesional.

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Una escuela innovadora

Alguna de las medidas y aspectos que vamos a tener en cuenta para lograr el objetivo de construir este eje son las siguientes:

Diseñar un plan de construcciones y mejoras de edificios de la escuela pública. Espacios educativos adaptados a las necesidades del alumnado. Superar el actual marco de modelos lingüísticos hacia un modelo trilingüe a partir del proyecto educativo lingüístico de cada centro, dentro de unos mínimos comunes, con el euskera como eje.

Promover un IRALE de inglés para el profesorado, con el objetivo de alcanzar la cota de un 35% capacitado para dar clases en inglés, de manera progresiva.

Simplificar y unificar los proyectos de innovación de los centros, y en general, todos los requerimientos de la Administración. Impulsar, visibilizar y facilitar la inclusión en el propio sistema educativo formal de proyectos innovadores que se centran en el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza alternativas en espacios educativos no formales e informales.

Priorizar los programas de formación en metodologías participativas, incluidas las basadas en las nuevas tecnologías y fomentar las redes de centros y de intercambio de experiencias entre ellos.

Diseñar planes de innovación educativa digital centrados en el análisis y mejora de la competencia digital de los centros educativos con el objetivo de fomentar el desarrollo de la competencia digital docente, del alumnado y del propio centro.

Crear la figura de Consultora Tecnológica Educativa como profesional de apoyo al personal docente y a la comunidad educativa en su conjunto, en todos los aspectos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Promover una Inspección Educativa menos burocrática y más acompañadora de los procesos internos de evaluación y mejora de los centros.

Realizar períodos de prácticas que sean verdaderos y eficaces.

Renovar y actualizar la normativa sobre necesidades educativas especiales para evitar las disfunciones que se han ido creando a lo largo de los años desde el año en que se dictaron (1998).

Facilitar formación, herramientas y capacidades ejecutivas para que las direcciones de los centros puedan desarrollar el liderazgo pedagógico. Dotar de personal administrativo a todos los centros de Primaria.

Enseñanzas Artísticas: Readaptación de las asignaturas impartidas en Escuelas de Música, Conservatorios Profesionales y Musikene a las necesidades de la sociedad: incorporación progresiva de los distintos estilos de música (folk, pop, jazz…) y más enfoque a la preparación de docentes para Euskadi. Formación Profesional (FP): Crear un campus de FP que permita afrontar una enseñanza profesionalizante, en estrecho contacto con empresas, que incluya investigación e innovación, que desarrolle proyectos.

Formación Profesional (FP): Facilitar al profesorado la creación y publicación de materiales, metodologías y buenas prácticas que garanticen la adquisición de competencias a su alumnado: aulas virtuales, formación online, acceso a tecnologías innovadoras.

Formación Profesional (FP): Permitir a los centros de FP realizar su propia gestión sobre contrataciones de TICs, comedor, mobiliario, maquinaria y similares.

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Universidades e Investigación

La generación y transmisión del conocimiento es una cuestión esencial para el crecimiento económico y el desarrollo político y social de una sociedad. Desde Elkarrekin Podemos apostamos por el impulso de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de calidad en Euskadi y es por ello que defendemos una universidad para todos que atienda correctamente al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades vascas. Estas son algunas de las medidas que consideramos importantes a poner en marcha y que requieren un fuerte apoyo por parte del Gobierno Vasco:

  1. Fomentar la financiación de Proyectos de Investigación liderados por investigadores de las universidades vascas, poniendo especial énfasis en aspectos tales como la internacionalización de los equipos, la colaboración entre la universidad y la empresa y la sostenibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para completar una investigación de calidad. Estos proyectos de investigación estarán dirigidas tanto a grupos de excelencia como a jóvenes investigadores que puedan abrir nuevas líneas de investigación estratégica.

  2. Diseñar y poner en funcionamiento un Programa Vasco de Introducción a la Investigación que estimule la vocación científica e incentive el inicio de la carrera científica en jóvenes estudiantes. Estará orientado a estudiantes de grado que hayan destacado durante los últimos años de carrera, con el objetivo de que empiecen a conocer y desarrollar el trabajo de investigación. Estableceremos convenios de colaboración con centros de investigación de excelencia y contaremos con el personal laboral de cada centro. Este programa incluirá criterios específicos de paridad e igualdad de género para fomentar una mayor integración de las mujeres en la carrera investigadora. A su vez, este programa se coordinará con los programas que ya existen o que propondremos con el mismo fin en las enseñanzas preuniversitarias.

  3. Redefinir de la carrera investigadora fundamentada en el mérito y que ofrezca un progreso laboral previsible a largo plazo. Consideramos necesario la creación de una única carrera académica para la universidad y para los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), mediante la unificación de los procedimientos de contratación, evaluación y mérito académico. Asimismo, vemos oportuno crear una carrera profesional que incluya el trabajo en laboratorios y la gestión de la I+D+i. La escala salarial, asociada al diseño de la carrera investigadora, debe ser revisada para adaptarla a las responsabilidades de cada etapa y a la media europea e introducir medidas dirigidas a paliar la desigualdad de género existente, que crece de manera progresiva a lo largo de las distintas etapas de la carrera investigadora, entre otras.

  4. Crear un observatorio para la defensa de la transparencia en el acceso y gestión de las instituciones investigadoras y universitarias con el fin de acabar con la falta de transparencia, especialmente en los procesos de selección y acceso en las instituciones investigadoras o universitarias. Este observatorio podrá actuar contra otros problemas sistémicos de estas instituciones que provocan arbitrariedades e injusticias en el acceso a la carrera docente y a la investigadora, como, por ejemplo, la situación de precariedad de su personal.También ofertará la información estadística y económica de estas instituciones a la ciudadanía estableciendo una batería de indicadores que permitan evaluar la calidad de su funcionamiento.

  5. Acabar con la precariedad en el PDI y el PAS. Aumentar la tasa de reposición de forma inmediata e incondicionada de las pérdidas de PDI y PAS desde 2012. El 38% de los contratos del personal docente son de duración determinada. Por lo tanto es necesario abordar un plan para reducir los índices de precariedad y convertir los contratos temporales en contratos de duración indefinida y a tiempo completo.

  6. Promover la jubilación parcial voluntaria del PDI permanente y funcionario mayor de sesenta años con reposición al 100% de forma que se puedan dedicar esfuerzos a rejuvenecer las plantillas sin perder la experiencia acumulada.

  7. Más recursos económicos para el estudio. Las becas del Gobierno Vasco para el alumnado de grado, máster y doctorado así como los recursos para la formación del PDI y PAS deben ajustarse a los parámetros de 2012. Establecer un plan para reducir el precio de la matrícula de los cursos de máster hasta igualarla con los estudios de grado.

  8. Avanzar hacia el trilingüismo e impulsar la euskaldunización del PDI y PAS de las universidades para poder así ofrecer más grados en euskera y castellano, aumentando también la oferta en inglés para atraer alumnado de los programas de intercambio internacional. En los departamentos en los que la ratio de PDI sin perfil lingüístico en euskera no alcance el 50% se fomentará la contratación con dicho perfil y se aumentarán los recursos para su obtención por el PDI y PAS ya existente.

  9. Medidas correctoras de la desigualdad de género. Tanto en la elección de los grados como en la investigación las mujeres son minoritarias en las áreas tecnológicas y se inclinan por el área sanitaria y de cuidados. Impulsar la paridad mediante medidas de discriminación positiva especialmente en los departamentos que no estén compuestos al menos por un 40% de personal femenino.

  10. Introducir el fomento de la enseñanza online como eje estratégico. Las universidades deberán desempeñar un papel activo en la formación de docentes online y en la generación de contenidos de calidad. Además, el aprendizaje online presenta importantes ventajas para fomentar el aprendizaje de enseñanzas superiores en euskara, ya que proporciona soluciones para afrontar los problemas de minorización lingüística o dispersión geográfica, como ha demostrado la experiencia de la Universitat Oberta de Catalunya. Hay que explorar la viabilidad de una universidad pública euskaldun que explote ese modelo.

  11. Cumplir con la Iniciativa Open Access para todas aquellas investigaciones realizadas con fondos públicos. Incentivar la implantación de la Ciencia Abierta e incluir el fomento del software libre. Para garantizar el libre acceso a la ciencia financiada con fondos públicos, proponemos la suscripción por parte del Gobierno de España a la Budapest Open Access Initiative para el acceso abierto a las publicaciones científicas y la puesta en marcha de programas para su implantación en el sistema nacional de I+D+i. También se incentivarán proyectos de Investigación Abierta, todo ello enmarcado en una clara apuesta por liderar la transición al software libre, tanto en la administración como en la investigación científica.

Asimismo, consideramos importante el binomio ciencia-sociedad y trabajar en el impulso de la sociedad del conocimiento. En este sentido, proponemos:

  1. Incrementar la actividad de Centros de Innovación Ciudadana como puede ser la Cátedra de Cultura Científica de la UPV para acercar la ciencia a la sociedad en todos los ámbitos de la vida diaria. Estos centros servirán como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia en los municipios, con la colaboración de los ayuntamientos y las universidades. Se centrarán en la difusión de la ciencia, la innovación social y el desarrollo de una auténtica ciencia ciudadana, una cultura de la curiosidad y el saber hacer. Asimismo, proponemos la creación de Science Shops, unidades que, en colaboración con expertos, promueven la investigación mediante charlas, proyectos y estudios técnicos que resuelvan las dudas y los problemas científicos concretos de la ciudadanía. También generaremos lazos entre estos centros, los centros educativos, las universidades, los centros de investigación, las empresas científicas y el conjunto de la sociedad. Se incrementarán y coordinarán visitas escolares a los núcleos de producción científica, una iniciativa que irá acompañada de un trabajo de difusión de los beneficios sociales que suponen tales visitas. Se desarrollarán también actividades de divulgación en centros de mayores. Por último, proponemos fomentar el pensamiento crítico especialmente en materias tan controvertidas social y científicamente como las pseudociencias.

  2. Crear un portal online de investigación que aumente la transparencia en la investigación pública. Servirá para publicar la totalidad de ofertas de proyectos, convenios de colaboración y convocatorias de todo tipo, incluidas las de contratación y empleo realizadas por instituciones de investigación públicas. El portal recogerá todas las convocatorias públicas de I+D+i en un calendario bianual, de obligado cumplimiento, acordado entre el Gobierno Vasco y las agencias de financiación pública.

  3. Apuesta por las investigadoras y los investigadores senior. Consideramos necesario aumentar todas las convocatorias posdoctorales dependientes del Gobierno Vasco, potenciar la contratación indefinida y evaluable de investigadoras e investigadores, ampliar la lista de centros receptores más allá de los OPIS con la inclusión de universidades y otras instituciones públicas de excelencia, definir e implantar el modelo evaluador de dichas incorporaciones y mejorar la difusión y el impacto de sus investigaciones fomentando también la internacionalización de los equipos de investigación.

  4. Garantizar acceso a la cultura científica con independencia de la situación personal, económica o de la autonomía funcional. Para ello proponer medidas concretas como por ejemplo asegurar que todos los centros de investigación, museos, ferias y otros eventos científicos dispongan de planes de acceso para las personas con diversidad funcional, fomentar jornadas de puertas abiertas en todos los centros de investigación y universidades para la población de cualquier edad, asegurar que los medios de comunicación públicos ofrecen contenidos rigurosos y adecuados, con lo que se establecerá una fuerte conexión entre la sociedad y la comunidad científica. Además, desde Elkarrekin Podemos se crearán espacios de divulgación y debate científicos adecuados a los distintos grupos de edad de los espectadores.

  5. Impulsar un pacto por la Ciencia y la Innovación. La política científica y de innovación debe ser considerada una cuestión prioritaria. Se buscará un gran acuerdo con todos los agentes y los actores sociales para asumir responsabilidades y proponer futuras mejoras de una manera coordinada, consensuada e independiente de los cambios políticos. La implementación de este pacto conllevará la creación de una Mesa por la Ciencia e Innovación. Se buscará lograr un compromiso con las empresas para la contratación de personal frente a la obtención de beneficios a corto plazo, con los agentes financieros para facilitar el crédito necesario para desarrollar actividades científicas y con los agentes tecnológicos y de investigación para facilitar la transferencia de conocimiento. Un pacto que incluya preceptivamente en los proyectos con financiación pública un estudio de su sostenibilidad ambiental, económica y social de acuerdo con los criterios de la Global Reporting Initiative y cláusulas de responsabilidad social corporativa.

  6. Estimular al retorno del talento científico emigrado. Para ello, consideramos necesario la puesta en marcha de políticas para la creación de empleo en sectores con alto valor agregado, fomentar el lanzamiento de ofertas de trabajo en proyectos de investigación a científicos emigrantes e investigadores extranjeros y promoveremos la movilidad y la internacionalización, subvencionar a las empresas basadas en la transferencia tecnológica y la innovación social y convocar ayudas para la creación de empresas y proyectos científicos, tecnológicos y de transferencia tecnológica con ofertas de trabajo a investigadores emigrados.

DERECHO A LA SALUD

La actual crisis económica y las medidas de austeridad impuestas han generado un incremento de las desigualdades sociales y de las desigualdades en salud que deben combatirse con políticas decididas que coloquen la salud y el bienestar de las personas como principales objetivos.

De igual manera el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo está tratando de forma desigual a los distintos grupos sociales, empobreciendo a los sectores más desfavorecidos y manteniendo las rentas o, inclusive aumentándolas, en los grupos sociales más favorecidos de la economía del País. Los niveles de desigualdad en salud son especialmente alarmantes, siendo peligrosos para la cohesión social de nuestro país. Situación desconocida en los últimos años, con el preocupante resultado de la creciente consolidación de esta tendencia. La actual situación social y demográfica indica que habrá más personas en condiciones de vulnerabilidad en lo referente a la salud y más personas de mayor edad, viviendo más años, en condiciones precarias, con necesidad de mayores cuidados profesionales y sanitarios y también con mayores necesidades de protección social.

Consideramos la salud como un derecho y una cuestión transversal a todas las políticas públicas: empleo, vivienda, alimentación, infraestructuras, educación, justicia, infancia, etcétera. Esta visión de la salud como derecho y la sanidad como factor contribuyente a la misma está íntimamente relacionada con el modelo de financiación que perseguimos: una financiación pública, que priorice los pagos públicos procedentes de impuestos progresivos y minimice los pagos privados procedentes del bolsillo de las personas que hacen uso de estos servicios y que las grava con un doble pago.

Asimismo, nuestra apuesta decidida por poner la salud en el centro de todas las políticas públicas, se hace teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas políticas actúan sobre alguno de los determinantes sociales de la salud (factores socioeconómicos, medio ambiente, entorno habitable, etc.) que determinan el resultado final de la salud de los individuos y que influyen en la capacidad de éstos para desarrollar unos hábitos de vida u otros. Vamos a trabajar por garantizar una vida digna para las personas, y por consiguiente, una mejor salud.

Somos conscientes de que los sistemas de salud sólo funcionan adecuadamente si responden a criterios de universalidad, equidad y solidaridad, transparencia, participación, efectividad y eficiencia, integridad, buenas prácticas, ética y corresponsabilidad, valores todos ellos que queremos impulsar, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ello:

Debemos renovar el compromiso con la calidad y accesibilidad del servicio público.

Proponemos una cobertura sanitaria universal (y derogación del Decreto 16/2012) incluyendo a todas las personas que viven en Euskadi así como a aquellas personas autóctonas que hayan salido al extranjero más de 90 días, (quienes actualmente pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal). Proponemos la concesión de la tarjeta individual sanitaria (TIS) a cualquier ciudadano/a que resida en nuestra Comunidad.

Apoyaremos la retirada del RD 954/2015 que regula la prescripción enfermera porque no contempla la realidad de la profesión.

Asimismo, y con el objetivo de atender en igualdad de condiciones a la población inmigrante, planteamos ofertar a profesionales de los servicios de salud, la capacitación en competencias interculturales y concepciones ideológicas de la salud y prevención de la salud, de los cuidados, del tratamiento del cuerpo y concepción de la intimidad de otras culturas, desde una perspectiva socioantropológica.

Queremos caminar desde la cobertura sanitaria universal hacia la cobertura universal en salud, incluyendo cláusulas contra los desabastecimientos energéticos por impagos, desarrollo del derecho a la vivienda, etc. cuestiones que también influyen de manera importante sobre la salud de la población.

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Salud Pública y Servicio Vasco de Salud

Mejoraremos la financiación de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, aumentando su financiación con, al menos, el 1% del PIB de Euskadi a lo largo de la próxima legislatura.

Entendemos la Salud como servicio público básico que, por tanto, debe ser protegida y promovida desde las instituciones mediante una financiación adecuada y un control eficiente del gasto, dedicando especial atención a aquellos tratamientos que, por su costo y repercusión social, supongan un reto (como los nuevos antivirales para el tratamiento de la Hepatitis C) La caída del gasto sanitario durante la presente crisis no se ha producido por igual en la sanidad pública y en el sector privado. Es un hecho que, en los últimos años, la sanidad privada crece de manera suave pero incontestable, mientras que la sanidad pública cae de forma llamativa, tanto en su financiación como en su disponibilidad de recursos, por los recortes económicos producidos a partir del 2010.

La posible falta de respuesta de la sanidad pública empujará, a quien pueda permitírselo, a buscar en el sector privado la cobertura de sus necesidades surgidas de la descapitalización del sector público, de la insuficiente protección social -debido a los recortes- y del déficit público. En otras palabras, la crisis y los recortes están teniendo consecuencias negativas en la actividad de la sanidad pública, incrementado las listas de espera, paralizando los presupuestos y recursos de la Ley 39/2006 de Dependencia, disminuyendo plantillas y recursos, estableciendo copagos (que son -al fin y al cabo- procesos de doble pago) y, finalmente, repercutiendo de manera directa en los bolsillos de las personas más necesitadas. Recordemos que la Ley de Dependencia afecta a más de 1.000.000 personas, mientras se han reducido las prestaciones económicas al cuidado familiar y reducido las horas en los servicios de ayuda a domicilio, entre un 20% y un 60% según las distintas CCAA.

La política sanitaria debe estar encaminada a promover y mantener la calidad del servicio y a fortalecer el sistema público de Salud, con una gestión eficiente de los recursos públicos y contrarrestando otros modelos basados en la externalización y privatización de servicios. Contrarrestaremos los efectos del Real Decreto 16 / 2012, de 20 de abril, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en el Estado, hasta su derogación. El gasto sanitario público en el Estado y en la Comunidad Vasca es inferior a la media europea. La presión fiscal en el Estado a las grandes empresas y fortunas, es de las más bajas de Europa. El fraude fiscal se estima que es un 25% del PIB y se destinan mínimos recursos a combatirlo.

La industria farmacéutica tiene excesiva influencia sobre nuestros gestores y profesionales lo que lleva a una sobreprescripción de fármacos y tecnologías. Esto supone un alto gasto farmacéutico que se puede optimizar de forma importante.

Los servicios privatizados son más costosos que los públicos y siempre con un importante deterioro en la calidad. Los copagos han supuesto un mayor gasto en vez de ahorro debido al coste de su gestión que ha superado al objetivo de ahorro. La atención primaria generalmente es más resolutiva y menos costosa que la atención hospitalaria. Es preciso aumentar el apoyo en recursos que la haga más autónoma. La optimización de los anteriores aspectos nos dará los recursos necesarios para un sistema sanitario público de calidad y con suficiente financiación.

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Plan de Reversión al Sistema Público de los Servicios Privatizados

Pondremos en marcha un Plan de Reversión al Sistema Público de Salud de los Servicios privatizados, y llevaremos a cabo un control exhaustivo del cumplimiento de los contratos, las penalizaciones y los beneficios de las concesionarias. Planteamos las siguientes propuestas:

Revisión las políticas de conciertos con el sector privado. Valoración y evaluación la calidad de los actuales Conciertos. Se estudiará de forma especial de la situación del concierto con la Clínica de la Asunción de Tolosaldea y del Hospital Oncológico de Donostia, y analizaremos la oportunidad de su integración en el sector público de salud.

De igual manera, analizaremos la situación del concierto en el ámbito hospitalario de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

Revisión de todas las externalizaciones de servicios hospitalarios y extrahospitalarios. Analizaremos su costo-efectividad y la adecuación de cada medida.

Integración progresiva de los servicios sanitarios impartidos por MUFACE, MUGEJU, ISFAS, Empresas colaboradoras de la Seguridad Social y otros sistemas fragmentados, en los servicios de salud públicos.

Derogación del Real Decreto 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En dicho Real Decreto se explicita la oportunidad de privatizar, separar, concertar, etc. unidades y servicios clínicos de los hospitales de forma autónoma. Queremos que la sanidad pública tenga gestión pública directa de forma exclusiva.

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Democratización de la salud pública y la atención sanitaria

Los servicios de salud deben estar centrados en el ciudadano: para mejorar su bienestar físico, psíquico y social. Haciéndole protagonista de sus cuidados. Para ello se implementarán nuevas tecnologías de contacto, consulta y participación. Planteamos las siguientes propuestas:

Garantizaremos el acceso a la Podología y a la atención odontológica desde Osakidetza.

Estimulación de la participación ciudadana directa en los centros de salud. Participación de los profesionales en todas las organizaciones del sistema de salud.

Participación ciudadana, de agentes sociales y profesionales, en las Organizaciones Integradas de Salud (OSIs).

Cumplimiento de la Ley de Transparencia. La transparencia en materia sanitaria debe aplicarse no sólo en cuanto a infraestructuras e indicadores de proceso y resultados en salud, sino también en relación con la publicación de políticas y procedimientos en la toma de decisiones. Transparencia de los contratos con la sanidad privada y concertada. Publicación de todas las relaciones contractuales de empresas prestamistas de servicios de Osakidetza, con los salarios y contraprestaciones de sus cargos directivos. Registro público de los conciertos.

Establecimiento de procesos de “Buena gobernanza” en todos los centros de Osakidetza. Estudiaremos la gestión de las listas de espera en todos los procesos (consultas, IQ y procedimientos diagnósticos). Transparencia en los procesos de gestión de las mismas.

Blindaje del sistema público estableciendo incompatibilidades con el sector privado, al menos, en todos los nuevos contratos, y en los cargos de responsabilidad en todos los centros sanitarios públicos.

Establecimiento de consensos con los agentes sociales y profesionales en la gestión de sustituciones y refuerzos de acuerdo con necesidades conocidas.

Desarrollaremos un Código Ético y Democrático de funcionamiento en las actuaciones del Departamento de Salud y en todos los centros públicos que dependen de éste, que será de obligado cumplimiento y aplicado a todas las entidades y órganos de gobierno, a los profesionales propios y a las empresas y profesionales que se contraten.

Eliminaremos las “puertas giratorias” en la sanidad pública y lucharemos de manera comprometida contra la corrupción.

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Atención a las mujeres. Salud sexual y reproductiva

Mejoraremos el acceso y la atención relacionada con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) mediante las siguientes propuestas:

Mejorar la oferta de información sobre los programas (cribados, revisiones periódicas,…) y su evidencia científica. Informar de a quién van dirigidos y la forma de acceder a ellos, así como acceso efectivo a la anticoncepción.

Es necesario hacer más hincapié en la educación y la prevención con un enfoque físico, psicológico y social. Es preciso tratar con más atención la prevención de la violencia de género en las consultas de SSR, ya que deben ser un espacio privilegiado de confianza y seguridad.

Potenciaremos la puesta en marcha de Programas especiales para mujeres adolescentes y jóvenes, pues son las que en las relaciones sexuales sufren más las desigualdades: incapacidad de negociar la utilización del preservativo, chantajes, sometimiento o dudoso consentimiento.

Garantizaremos el cumplimiento de las leyes que regulan el derecho al aborto en el sistema nacional de salud. Asimismo potenciaremos las unidades y servicios vinculados a los derechos sexuales y reproductivos.

Garantizaremos el cumplimiento de los protocolos de mutilación genital y violencia de género.

Crearemos un protocolo sobre trata de personas con fines de explotación sexual.

Pondremos especial atención en la formación del personal sanitario para que tengan capacidad de informar y poner en marcha dichos protocolos, en la medida en que las personas que son atendidas en estos programas (especialmente mujeres inmigrantes y mujeres víctimas de violencia de género) son objeto también de importantes prejuicios sociales.

Esta atención a las mujeres sólo se puede garantizar con un acceso universal a los servicios de salud, en la medida en que parte las destinatarias de estos protocolos de atención a víctimas se encuentran por lo general entre el colectivo que no tiene acceso a la sanidad.

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Desmedicalización de la sociedad

Queremos evitar esa “medicalización” a través de la cual problemas no médicos, como emociones, comportamientos o conductas, o situaciones de la vida cotidiana, como la timidez, calvicie, menopausia,… se convierten en categorías diagnósticas y se tratan como un problema médico o psicológico, sin serlo. Esta situación es favorecida por el apoyo de la industria farmacéutica que lleva a un consumo innecesario de fármacos y tecnologías para solucionar situaciones habituales de la vida diaria.

Se está dando un cambio cultural que tiene como objetivo el convertir la salud en un negocio. Se transforma la salud en un producto como otros en el imaginario colectivo: un asunto privado sujeto a las leyes de mercado y vulnerable a las estrategias de marketing. Aumenta el número de personas que se definen como enfermas y deben ser tratadas. Se lleva a la población y profesionales sanitarios al convencimiento de que el riesgo cero de enfermedad y la prevención de todo es posible, y se consigue a base de chequeos y cribados. Se manipula la investigación y las publicaciones científicas. Se ocultan datos sobre eficacia o seguridad de medicamentos que podrían comprometer el negocio, aún con riesgo para la salud de las personas. Se compra a profesionales sanitarios con diversos incentivos para que colaboren para sus fines y se medicaliza la vida cotidiana, consiguiendo que nunca nos sintamos bien y siempre nos percibamos en riesgo de enfermar. Planteamos las siguientes propuestas:

Una mayor educación para la salud, que permita a las personas ser autónomas en la resolución de la mayoría de los problemas de su vida, ser críticas ante las campañas medicalizadoras y encontrar respuesta a las situaciones y malestares de la vida diaria fuera del sistema sanitario.

Realizar pedagogía y fomentar la idea de la medicina como una ciencia con límites éticos y técnicos, en la que cada prueba, tratamiento o intervención va acompañada de un riesgo. Los equipos de atención primaria comunitaria tendrán un rol pedagógico importante con respecto a la población a la que atienden. Impulsaremos las actividades comunitarias en todos los Centros de Salud.

Dotar a los y las profesionales de la salud de los medios necesarios (tiempo adecuado, respaldo público, menor número de pacientes) para establecer una relación terapéutica con sus pacientes que favorezca su participación en la toma de decisiones que afectan a su salud, priorizando los recursos no farmacológicos.

Potenciar estructuras organizativas que fomenten la autonomía de los y las pacientes. Establecer políticas y programas de envejecimiento activo.

Valorar la des-poli-medicación de las y los pacientes frágiles, de edad más avanzada y con enfermedades crónicas.

Por otro lado, y con respecto a la participación del personal sanitario en estas estrategias desmedicalizadoras de la vida cotidiana, proponemos:

Evitar las visitas de representantes de la industria farmacéutica, alimentaria y/o de tecnología médica en el horario de trabajo de los y las profesionales en los centros públicos.

Eliminar las sesiones, charlas o Talleres patrocinados por la industria. Declaración obligatoria de conflicto de intereses en aquellos/as profesionales que realicen formación en Centros públicos.

Declaración obligatoria de conflicto de intereses en aquellos/as profesionales que tengan a su cargo la selección de materiales o fármacos que se usen en la red sanitaria pública.

Elaborar una Guía Farmacológica de “primera elección” y fomentar su uso entre profesionales que prescriben, homogeneizando tratamientos farmacológicos en base a la evidencia clínica y al uso racional de los medicamentos.

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Cambio de modelo sanitario orientado a la cronicidad

El actual modelo de atención a agudos no permite asumir los retos que plantea el fenómeno de la cronicidad. El rápido incremento de las enfermedades crónicas experimentado a nivel global, y su previsible evolución en los próximos años, justifica plenamente el cambio de modelo si se quiere dar una respuesta eficaz a la vez que sostenible a las necesidades de las personas con enfermedades crónicas y el envejecimiento, que ejercen la principal presión económica sobre el sistema. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de las muertes que se producen cada día en el mundo están relacionadas con enfermedades de tipo crónico que podrían prevenirse. En cuanto a su impacto sobre los sistemas sanitarios, las enfermedades crónicas llegan a motivar el 80% de las consultas a atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalario; en total el 72% del gasto sanitario. Se estima además que el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas es responsable de dos tercios del aumento del gasto sanitario actual. Los costes de los pacientes con más de una enfermedad crónica, se multiplican por seis respecto a los que sólo presentan una. Proponemos:

La identificación y estratificación de pacientes con enfermedades crónicas.

La definición de protocolos específicos.

La potenciación de la figura del gestor/gestora de casos, con un refuerzo importante del papel de enfermería.

El desarrollo de sistemas de seguimiento y monitorización a distancia.

El fomento de la autonomía y una mayor implicación del paciente en el tratamiento y seguimiento de su enfermedad. Multiplicaremos los canales de comunicación con el sistema sanitario, poniendo a disposición de la ciudadanía y pacientes distintos canales y mejorando la accesibilidad y universalidad de los servicios sanitarios.

Es clave la reorganización de la asistencia hospitalaria y de la media y larga estancia. Esto conlleva la necesidad de definir de forma precisa la correcta asignación de pacientes a cada tipo de centro en función de sus necesidades.

En muchas ocasiones es preciso un apoyo asistencial a las personas con problemas crónicos, con altos requerimientos de cuidados, que no es posible, por diferentes tipos de circunstancias, darlos en su domicilio. Es preciso en estos casos que las instituciones públicas apoyen este tipo de cuidados. En nuestra comunidad hay un gran déficit de este tipo de camas. Es necesario aumentar el número de camas disponibles, de carácter eminentemente público, de los servicios de cuidados intermedios o subagudos o de media estancia y la oportunidad de proponer hospitales monográficos y/o mixtos junto a las camas de agudos en las comarcas sanitarias.

Potenciar la Atención Primaria (AP) como eje del sistema sanitario. Financiar la AP de salud suficientemente con personal y medios, posibilitando los equipos multidisciplinares que hagan frente a las necesidades de la población. Dotar a los Equipos de más autonomía de gestión y mayor capacidad resolutiva, ya que así puede solucionar el 80% de los problemas de salud de la ciudadanía.

Dotar de forma adecuada de recursos humanos de la AP. En primer lugar recuperando las plantillas previas a los recortes y posteriormente estableciendo unos topes máximos en las ratios de habitantes por profesional, que obviamente deben de tener en cuenta el perfil etario, de salud y socioeconómico de la población (de manera general no deberían de pasar de 1500 personas médicos de familia y profesionales de enfermería y de 1000 para los pediatras). Redefinir perfiles y funciones y liberar al personal sanitario de tareas administrativas, y garantizando el tiempo suficiente de atención a pacientes.

Favorecer el acceso de la AP a los recursos diagnósticos. Compartir protocolos y coordinación con la atención especializada.

Incrementar de manera significativa los presupuestos para AP que deberían situarse en torno al 25% del presupuesto sanitario.

Establecer un tiempo de espera para consulta máximo de 48h y se asegurar la atención en el día para aquellos problemas de salud que no puedan esperar, facilitando ampliar el horario a mañana y tarde donde no esté así establecido.

Impulsar de las actividades comunitarias y de promoción de la salud (ver “desmedicalización de la sociedad” más arriba) en todos los centros de salud y dar a la atención un carácter integral y multidisciplinar para aumentar su capacidad resolutiva. Incluir Psicólogos/as; incorporar Higienistas Dentales tanto en los programas de la mujer para el control buco dental de la mujer embarazada, como para otros pacientes crónicos; incluir Fisioterapeutas y Unidades de Rehabilitación comunitarias donde éstos no existan; incluir Podólogos/as para mayores de 65 años y atención de enfermedades crónicas que lo requieran.

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Modelo comunitario de atención a la Salud mental en la Sanidad Pública

Trabajaremos por una Salud mental integrada en un modelo de Sanidad Pública que favorezca la autonomía de los y las pacientes, a través de una buena atención, con servicios basados en criterios técnicos, no ideologizados, garantizando la continuidad asistencial, con tratamientos cercanos a la vida diaria, disminuyendo la hospitalización. La lucha contra la estigmatización debe abordarse desde diferentes perspectivas con acciones impulsadas por las instituciones y por la sociedad en su conjunto, integrando a las personas afectadas y sus familiares.

Los dispositivos de atención en el modelo comunitario han de reorientarse, desarrollando el espacio socio-sanitario y la implicación de instituciones, profesionales y la ciudadanía ante la enfermedad y las personas enfermas.

Es necesario el desarrollo efectivo de los derechos humanos para las personas diagnosticadas de problemas de salud mental. Desarrollo de todas las políticas antiestigma para los pacientes y sus familias. Respeto a su libertad, a su propia lengua, a su cultura, a su etnia, a su autonomía y a su identidad en los procesos de internamiento, de tratamiento y de rehabilitación psico-social.

Desarrollaremos Políticas de Salud mental integradas que atiendan a las necesidades reales de la población. Proponemos:

Políticas de Salud Mental que contemplen las prioridades de cada territorio según las necesidades sociales, con financiación suficiente y coordinación con otras áreas, especialmente los servicios sociales, educación, el empleo y vivienda.

Políticas orientadas a la reforma psiquiátrica recuperando planteamientos sociales, frente a los centrados en el hospital, los fármacos y el exceso de pruebas exploratorias. Que den satisfacción a pacientes y familiares en las áreas asistenciales, así como entre profesionales, y donde la Atención Primaria ha de tener un papel fundamental.

Políticas que contemplen estratégicamente la promoción de la salud mental, la prevención de las enfermedades mentales, la integración en el entorno social de pacientes y discapacitados psíquicos y el desarrollo de sistemas de información e investigación y evaluación que mejoren los indicadores de salud mental.

Lucharemos por un Plan de Salud Mental con financiación específica. Los presupuestos asignados a la Salud Mental son escasos ya que no es una prioridad en la agenda política a diferencia de otras áreas concretas como lo fueron las drogodependencias en su momento, o el gasto farmacéutico que sí ha despertado el interés político.

Proponemos:

Añadir áreas y grupos de población insuficientemente atendidos a pesar de ser especialmente vulnerables: niños, adolescentes, población anciana, personas con retraso mental y trastorno mental grave, población reclusa y otros sectores excluidos. Evitar el olvido crónico sobre la salud mental.

Apostar por una mayor inversión gubernamental para un desarrollo suficiente y adecuado de los servicios ante las nuevas demandas, sobre todo en la rehabilitación, la investigación independiente, una formación de calidad y la evaluación de los programas asistenciales.

Contratación de profesionales de Salud mental adecuados a las necesidades sociales. La falta de profesionales de la Salud Mental ha estado en el debate en los últimos años. La cantidad está en función de las necesidades de salud de la población y de la práctica profesional que queremos y podemos alcanzar. Son un gran activo de un Servicio de Salud Mental, interesa su número, su motivación, su formación y su competencia. Según el Observatorio de Salud Mental/AEN, Euskadi cuenta con la mayor tasa de profesionales de la Salud Mental de las diferentes CC.AA., pero ya en 2011, se necesitaban 48 psicólogos/as más en los Centros de Salud Mental de adultos del País Vasco, a los que habría que añadir los precisos para la adecuada atención infanto-juvenil, el Tercer sector y los psicólogos y psicólogas necesitados en los Centros de Atención Primaria, hoy inexistentes.

Euskadi es notoriamente deficitaria comparada con países europeos del mismo nivel de desarrollo económico, en profesionales de Enfermería, Psicología y de Trabajo social, e incluso de Educadores/as sociales integradas en el Tercer Sector.

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Propuestas a nivel de Organización y Gestión

Creación de una Comisión permanente e independiente de la Administración pública que valore el estado actual, asesore su futuro desarrollo y evalúe los cambios de la reforma psiquiátrica.

Crear un mapa autonómico de servicios socio-sanitarios, con un plan específico de integración social que contemple la ayuda domiciliaria canalizada a través de los servicios de Atención Primaria y hospitalización a domicilio.

Crear una Agencia de coordinación y promoción de la salud mental, en cada territorio histórico, o al menos, para el Conjunto de la CAPV, con refuerzo de redes de apoyo psicosocial y mayor dotación de recursos a asociaciones de familiares y enfermos, siempre favoreciendo la erradicación del estigma.

Llevar adelante las líneas y objetivos propuestos en la Estrategia en Salud Mental 2010 de la CAPV debiera ser algo de urgente resolución, pues las prioridades que había para los años 2010-2012 siguen sin resolverse. En Osakidetza es posible una atención a la Salud Mental de calidad, optimizando los recursos existentes y minimizando las carencias que familiares y afectados viven en el día a día.

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Atención a las drogodependencias:

Evaluar si cada territorio tiene las estructuras y programas terapéuticos rehabilitadores suficientes, incluidas las sociosanitarias y educativas, para afrontar las necesidades de la población con trastornos por dependencia o consumos excesivos de sustancias.

Estructurar tanto tratamientos preventivos como psicoterapéuticos, farmacológicos e integrales, incluidos aquéllos orientados a la reducción del daño, adecuados a la magnitud de la demanda actual. En el ámbito de las adicciones los cambios tanto en patrones de consumo como en sustancias son la norma, y los y las profesionales sanitarios tienen que tener una formación continua que les permita atender la demanda en las mejores condiciones.

Es urgente desarrollar programas basados en la evidencia para las drogodependencias y el diagnóstico dual en Atención Primaria y Atención Especializada en las OSIs, en cada territorio.

Poner en marcha con carácter prioritario programas/acciones específicas para los distintos colectivos y las distintas sustancias, programas/acciones basados en la evidencia empírica y sujetos a evaluación de cara conocer a su eficacia y eficiencia.

Apostar de manera decidida por la promoción de la salud y la prevención. Apostamos por una serie de medidas intersectoriales que integran Educación, Infancia, Ocio y tiempo libre, Juventud, Familia, etc. y que exigen una puesta en común de todas aquellas políticas públicas que tienen efectos en la salud. Tal y como señala la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias de Gobierno Vasco, la promoción de la salud y la prevención de las adicciones requiere de medidas en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, medio laboral, judicial y penitenciario, en medios de comunicación, con personas menores de edad y jóvenes en situación de riesgo, en el deporte y el tiempo libre.

Desarrollar medidas de actuación dentro de modelos integrales de cuidado institucional que posibiliten identificar precozmente deterioros de la salud física y mental de los profesionales sanitarios (síndrome burn-out) para poder poner en marcha estrategias de mejora.

Recuperar el Consejo Asesor de Salud Mental y de Adicciones de Euskadi, con sus distintas comisiones de trabajo de manera que personas de ámbitos profesional y social apoyen las propuestas, medidas y actuaciones del Gobierno en este ámbito.

En un contexto como el actual, con un cambio de paradigma en la política internacional de drogas, que de la penalización exclusiva del consumo se abre a la reducción de los riesgos asociados al mismo, resulta clave desarrollar canales de participación reales y efectivos en los que las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, las personas afectadas por las políticas, puedan participar en condiciones de igualdad y respeto aportando su experiencia y conocimiento de la situación sobre el terreno. En esta línea, proponemos que sea la reducción de riesgos y daños asociados al consumo la política de adicciones en nuestra CC.AA. Para esto evaluaremos los diferentes programas y acciones que se llevan a cabo en todos los TTHH a la luz de dicha política.

Asimismo será necesaria la elaboración de Guías de buenas prácticas sobre los aspectos éticos y legales de las intervenciones en el campo de las adicciones, especialmente si son contra la voluntad del paciente y ante cualquier medida restrictiva de libertad (tratamiento e ingreso involuntarios, consentimientos, confidencialidad de datos clínicos, traslados, etc.) donde serán consideradas las recomendaciones de la Comisión de Bioética o de grupos de trabajo multisectoriales específicos.

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Por el derecho a una muerte digna potenciaremos un Plan de cuidados paliativos:

El eje central será la red de Servicios de Atención Primaria, con el/la médico/a de familia y el/la enfermero/a comunitario/a como ejes de proceso de atención con el apoyo de los servicios de Hospitalización a domicilio y los mismos servicios de Paliativos.

Hoy las ciencias de la salud, el conocimiento de la vida y de la muerte, y la ética de los comportamientos humanos, y específicamente, de las y los profesionales sanitarios, se han desarrollado suficientemente, para poder ayudar más a los pacientes a la hora de finalizar la vida. El desarrollo de un Plan de Cuidados paliativos en Euskadi se hace imprescindible. Debiera de ser un Plan que contemple actividades en el domicilio del paciente, en los hospitales generales y en los hospitales de subagudos. Aunque fortalecer el desempeño de los equipos de atención primaria y de los servicios de hospitalización a domicilio debe ser el elemento fundamental de dicho plan.

Creemos que es necesario salir de la indefinición jurídica y ética en la que nos encontramos en el tema del denominado suicidio asistido y la eutanasia. Solicitamos la derogación del artículo 143 del Código Penal, que castiga hasta con 6 años de cárcel la ayuda a quien no desea seguir viviendo.

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Atención Sociosanitaria

Entender el espacio sociosanitario como un sistema organizado e integrado capaz de responder de forma integral, eficaz y efectiva a las necesidades sociosanitarias de las personas cuya calidad de vida es determinada por la interrelación entre sus problemas de salud, la dependencia, las necesidades de apoyo para la autonomía personal y su situación social. Por lo tanto es preciso diseñar un sistema de financiación, gestión y distribución de los recursos tantos sanitarios como sociales que vaya más allá de la “simple” coordinación de los dos sistemas.

Considerar población susceptible de precisar de atención sociosanitaria y de abordaje multidisciplinar: a las personas con discapacidad y dependencia; personas con enfermedades crónicas y/o degenerativas progresivas y en fase avanzada; personas con enfermedades raras; personas en situación paliativa/terminal; personas con trastorno mental; personas con patología dual; personas en riesgo de exclusión social y desprotección con situación de salud frágil y/o de riesgo; población infantil con necesidades especiales; población en riesgo psicosocial por impacto de eventos traumáticos de distinta naturaleza (sociales, económicos, etc) como por ejemplo las personas cuidadoras en situación de stress; personas desahuciadas; personas víctimas de violencia de género o por pertenencia al colectivo LGBTIQ+.

Seguir avanzando en el diseño de los recursos y servicios sociosanitarios, partiendo de un modelo de Atención Primaria sociosanitaria dotado de “equipos multidisciplinarios funcionales”, donde el equipo sanitario de Atención Primaria y DTS de Servicios Sociales de Base trabaje con un enfoque de atención centrado en la persona, esté dotado de figuras “gestoras de casos” y de protocolos de actuación, así como de recursos de coordinación adecuados con otros niveles asistenciales, desde los Hospitalarios, a los integrados en la Comunidad.

Inclusión de nuevas figuras profesionales en los equipos multidisciplinares de Atención Primaria, principalmente profesionales de la psicología clínica y fisioterapeutas. Puesta en marcha de Programas de atención específicos psicosociales en población de riesgo, así como puesta en marcha de programas de rehabilitación funcional específicas en colectivos de riesgo de dependencia/discapacidad.

Prestación odontológica enfocada en la promoción y prevención de la salud bucal en población de riesgo y ampliación de las prestaciones para estos colectivos. Incluir la figura del/la geriatra entre las consultas de especialistas, con particular atención al paciente psicogeriátrico y la enfermería de especialidad geriátrica como figura de enlace para población geriátrica dependiente que vive en la comunidad

Dotar de instrumentos de valoración únicos biopsicosociales integrados en el sistema informático de forma tal que sea posible mantener actualizada en una única historia la información clínica y social, los recursos necesarios, el soporte familiar al cuidado y los mecanismos de financiación.

Desarrollar una atención domiciliaria sociosanitaria donde la intervención desde la Atención Primaria sea coordinada con la atención a domicilio prestada por Servicios Sociales de Base.

Asegurar el cumplimento de Plan Sociosanitario, el plan de Atención a la Cronicidad, y la Ley de la Dependencia.

Fomentar el diseño e implementación de servicios y programas/acciones dirigidas a colectivos especialmente vulnerables para situaciones de exclusión, dependencia, discapacidad y desarraigo social, como pueden ser: personas afectas de patología dual (trastorno mental y adiciones), menores con trastornos mentales y de comportamiento pudiendo a la vez ser o no consumidores de tóxicos, mujeres objeto de violencia de género, personas mayores maltratadas, inmigrantes con problemas de integración que además tienen problemas sanitarios graves, personas en situación de sinhogarismo con patologías severas pudiendo a la vez ser o no consumidoras de tóxicos, personas con Sida o VIH+, etc.

Fomentar el diseño e implementación de servicios/ programas/acciones destinadas a la rehabilitación y reinserción de personas con toxicomanías, ofreciendo diferentes opciones de actuación tanto en regímenes residenciales como comunitarios o centros de día.

Fomentar el diseño e implementación de servicios/programas/acciones para población infantil y adolescente con enfermedad mental grave con el objetivo de ofrecerles programas de rehabilitación (psicosocial, integración escolar.....) que faciliten la mejoría en su proceso de maduración e integración social y escolar.

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Salud Laboral

Potenciaremos la coordinación entre las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales con los servicios de Atención Primaria y Osakidetza en general.

Fomentaremos la coordinación, supervisión y control por parte de OSALAN de todas las facetas relativas a la prevención de riesgos laborales.

Propondremos el traslado de OSALAN al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, de cara a aumentar su eficacia en la coordinación con los centros sanitarios de Osakidetza.

Fomentaremos la realización de un Mapa de Riesgos Laborales en todas las empresas y en todos los sectores de producción, en el que participen los y las trabajadoras y sus representantes sindicales.

Mejoraremos el registro de enfermedades profesionales: lo que no se registra ni existe ni se previene. El sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales no debe depender de las mismas entidades obligadas a la reparación del daño. Las patologías derivadas del amianto y de las sustancias químicas, el cáncer profesional, los trastornos musculoesqueléticos, las enfermedades de origen psicosocial, etc. exigen que las empresas evalúen y prevengan en los centros de trabajo los riesgos capaces de provocarlas. Las administraciones tienen que hacer un mayor esfuerzo para acabar con el sub-registro y con los daños a la salud que causan.

Fomentaremos la colaboración con las empresas para que desarrollen un catálogo de puestos de trabajo compatibles con determinadas patologías, con objeto de poder reubicar a trabajadores/as con situaciones de especial sensibilidad ante determinados riesgos.

Con respecto a los Síndromes de Sensibilización Central (SSC): fomentaremos el reconocimiento práctico desde el punto de vista asistencial y el acceso a la asistencia y tratamiento médico adecuado de todas las enfermedades englobadas en el Síndrome de Sensibilización Central (SSC): sensibilidades químicas múltiples, Encefalomielitis Miálgica, Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia, Hipersensibilidad electromagnética. Las personas enfermas de SSC tendrán acceso a unidades especializadas con expertos/as en inmunología, especialistas en medicina ambiental y pediatras.

DERECHO A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda es un derecho esencial para garantizar la vida digna de las personas. Sin embargo, es uno de los derechos sociales en los que se constata que no sólo no se ha avanzado en su universalización, sino que se ha retrocedido, siendo la situación de la vivienda un buen indicador del nivel de bienestar social.

La vivienda sigue siendo un negocio y no un derecho, a pesar de la aprobación este año, de la Ley Vasca de Vivienda. Ha sido objeto de especulación de una manera sangrante y, esa especulación es la gran culpable de la situación económica de crisis con las dolorosas consecuencias que, para la población, ha tenido el famoso “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria.

Según la encuesta de necesidades y demanda de vivienda realizada por el Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en el año 2015, vemos cómo los datos indican la necesidad de profundizar en un cambio de paradigma respecto a las políticas públicas de vivienda en la CAPV:

En 2015 aumenta el número de personas con ingresos propios con necesidad de acceso a la primera vivienda, pero sólo uno de cada cinco considera que posee ingresos suficientes para poder afrontar la necesidad de acceso. Las situaciones de necesidad de acceso a la primera vivienda llegan a afectar a 104.176 personas si se consideran las que manifiestan la necesidad de emancipación pero que, en el momento de la realización de la encuesta, no disponían de ninguna renta ni ingresos propios (31.340 personas).

Este colectivo de 104.176 personas supone un 37,1% de las 281.082 personas entre 18 y 44 años que conviven con progenitores o tutores. La proporción se reduce al 14,3% si se considera al conjunto de la población de la CAPV entre 18 y 44 años. De ellas, 72.836 disponen de ingresos o rentas propias para pensar en financiar este proceso de acceso a la vivienda. Respecto a 2013, esta cifra se incrementa en un 11,5%.

En lo que respecto al factor género, entre la población con ingresos y rentas propias, se detecta una necesidad algo mayor de emancipación entre la población femenina de 18 a 44 años (48,4% frente a 45,9% entre los hombres).

Analizando otro tipo de datos sobre la realidad del mercado de la vivienda vasca, vemos como, ocho de cada cien viviendas construidas en Euskadi están vacías, calculando que, la mitad podría destinarse al alquiler social, lo cual supone casi 36.000 viviendas alquilables. Un último dato importante es el de las viviendas que se considera necesitan rehabilitación, unas 58.000, en total casi 95.000 viviendas sobre las que se puede hacer algún tipo de intervención individual sin necesidad de realizar nueva construcción.

Por otro lado, en Euskadi hubo 625 ejecuciones hipotecarias en el año 2015, de las cuales 300 eran viviendas, la mayoría usadas (291). Si bien los datos nuevamente son mejores que en otras comunidades autónomas del estado, en Euskadi las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 14,8%, al pasar de 176 a 202, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ante esta realidad, en Elkarrekin Podemos nos planteamos una política de vivienda que parta de asumir radicalmente su concepción como un derecho que ha de ser garantizado a la ciudadanía pero que vaya más allá del planteamiento que hace la ley 3/2015 que deja fuera a las personas más vulnerables.

Así, proponemos medidas en las siguientes líneas que tienen que ver con los objetivos de trabajo:

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Políticas de Vivienda al servicio de las personas

Impulsaremos la creación de un sistema público de vivienda en alquiler accesible (cuyo coste no supere en ningún caso el 30% de los ingresos), efectivo y garantista.

Reformaremos la Ley de Vivienda actual al objeto de hacer realmente efectivo el acceso al derecho a la vivienda a todas las personas.

Reformaremos la Ley Vasca de Suelo y Urbanismo como plataforma fundamental para crear el sistema que necesitamos.

Diseñaremos una política de vivienda de protección oficial orientada de forma exclusiva al alquiler. Entendemos que la venta debe salir del rango de la protección oficial en orden a diseñar una política de vivienda sostenible y orientada a la cobertura de las necesidades de las personas.

Impulsaremos políticamente el procedimiento de puesta en uso de solares y edificios mal conservados a través del registro de solares y ruinas y los procedimientos de expropiación y subasta en casos de abandono continuado del deber de mantenimiento y de rehabilitación.

Impulso a las políticas de cooperativas de viviendas en alquiler y en cesión de uso de propiedad.

Impulso de la rehabilitación integral de aquellos barrios más vulnerables urbanísticamente.

Consideración específica de las familias monoparentales como colectivos beneficiarios de ayudas al alquiler con prioridad en el acceso a viviendas protegidas.

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Medidas de Emergencia

Reforma del Sistema de Vasco de Vivienda - Etxebide, al objeto de paralizar la emergencia social en torno a la vivienda y dar cobertura a las personas. Constitución de una red de coordinación interadministrativa que permita que las competencias vascas en vivienda sigan una estrategia común y tenga unos objetivos claros, además de canales de coordinación que permitan una mayor efectividad en la prestación de los servicios. Creación de un censo de viviendas vacías en la CAPV, aunando criterios sobre el concepto de vivienda vacía y potenciando la mencionada coordinación interadministrativa, así como realizando una defensa activa de medidas planteadas en este sentido que son competencia de la Comunidad Autónoma. Reconversión de la vivienda disponible en régimen de venta en el parque público en vivienda en alquiler.

Puesta en marcha de medidas de movilización del parque de vivienda vacía con atención a la normativa vigente y al régimen competencial.

Ampliación, simplificación y mayor difusión de información de las prestaciones para la rehabilitación de viviendas, tanto de elementos comunes como particulares.

Paralización de todos los procesos en marcha de enajenación del patrimonio público de vivienda y suelo.

Impulso de medidas orientadas a la paralización de los desahucios, especialmente en viviendas de titularidad pública.

Garantía de alternativa habitacional a través de los servicios públicos para las personas que se ven obligadas a abandonar su vivienda por imposibilidad de pago.

Revisión de los criterios de acceso al Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide, de cara a garantizar el acceso de todas las personas con necesidades de vivienda independientemente de los medios de vida y su situación administrativa.

Garantizaremos la universalidad y el ejercicio efectivo del derecho a la Prestación Económica de Vivienda recogida en la ley de vivienda de Euskadi, equiparando los requisitos a la percepción de RGI y garantizando que acceden a ella las personas que lo precisan. En todo caso, priorizaremos políticas que garanticen el acceso a las viviendas por encima de las prestaciones económicas.

Revisión de la normativa reguladora del Servicio Vasco de Vivienda- Etxebide, de cara a garantizar el cumplimiento Ley Procedimiento Administrativo y las recomendaciones del Ararteko.

Protección de los niños y niñas frente a desahucios y desalojos: considerar como circunstancia familiar de especial vulnerabilidad a la unidad familiar monoparental a partir de un hijo, aumentando su protección frente a los desahucios; favorecer que puedan reestructurar su deuda hipotecaria prioritariamente; y ampliar la protección de las niñas vulnerables en términos de realojo, asegurando una alternativa habitacional digna antes de proceder al desalojo.

DERECHO A LA GARANTÍA DE INGRESOS

Las políticas públicas contra la pobreza en Euskadi nacieron con el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza de 1989, con la intención de frenar las consecuencias de la reconversión industrial de finales de los años 70. Se orientaban, en un marco más amplio ante la perspectiva del Mercado Único Europeo de los primeros 90. Ya en el año 92 se comprobó que las bolsas de pobreza endémicas, debían de combatirse con planes estructurales que se integrasen en los presupuestos ordinarios de la comunidad autónoma. Desde entonces, éstas han sufrido variaciones: desde el IMI hasta la tergiversada Renta Básica, nacida de la lucha de los agentes sociales y que desembocó en una Iniciativa Legislativa Popular, hemos llegado a la vigente la Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía de Ingreso y la Inclusión Social, la RGI.

Han sido 25 años de planes de lucha contra la pobreza que, si bien han conseguido paliar algunos de los efectos más duros de la crisis en parte de la población vasca, no han conseguido solventar el problema de fondo que es la desigualdad distribución de la riqueza y, en ningún caso, han sido una solución para toda ella.

Las políticas de lucha contra la pobreza de las que el Gobierno Vasco ha hecho gala, no han solucionado el problema de fondo y los números lo demuestran, en 2015, los datos del INE nos demuestran cómo hay un 17,5% de población vasca en riesgo de pobreza y el índice de pobreza severa supera el 4%, además del 10% de hogares vascos que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Los números de personas perceptoras de prestaciones no paran de crecer, contando con más de 65.000 beneficiarias en Euskadi de la RGI y 55.000 solicitantes de Ayudas de Emergencia Social.

Con esta realidad, vemos como los datos, estando mejor que en otras CCAA, suponen un reto. No vamos a conformarnos con unas políticas que parcheen, queremos realizar una transformación de fondo y garantizar la cobertura de la totalidad de la población.

En Elkarrekin Podemos, vamos a hablar de RGI, pero vamos a hablar de ella para mejorarla y garantizar que toda la población que la necesita, acceda a ella en el tránsito hacia la creación y puesta en marcha de una propuesta para toda la población, la RBI.

En Elkarrekin Podemos no sólo hacemos una crítica a la gestión de la RGI, sino que hacemos una crítica al modelo de políticas de pobreza, porque hasta ahora no han funcionado. Estamos convencidas de que, además, no va a funcionar como elemento de redistribución de la riqueza y de que lo indispensable es hacer un cambio de paradigma.

No obstante, somos conscientes de la necesidad de hacer masa crítica para dar este paso más allá. Sabemos que es necesario dar mayor poder a las personas sobre sus vidas, entre otras cosas, para crear el modelo social que mejor se ajuste a nuestras necesidades como pueblo y, siempre, garantizando la participación de todas las personas en el diseño del futuro que queremos para Euskadi.

En Elkarrekin Podemos apostamos por caminar hacia una Renta Básica Incondicional, pero lo haremos si entre todas y todos estamos de acuerdo. Mientras recorremos este camino, es innegable que es necesario mejorar el sistema y, por lo tanto, apostamos por el DERECHO, con mayúsculas. Apostamos por hacer de las prestaciones sociales un “derecho como puede serlo el sufragio universal, y es que a la hora de ir a votar nadie nos pregunta si somos un hombre o una mujer, homosexual o heterosexual, católico o musulmán…”. Creemos que la Renta Básica Incondicional puede ser una herramienta definitiva para dotar de fuerza y libertad a la ciudadanía. Puede ser el suelo mínimo que permita construir la sociedad más justa por la que luchamos.

Necesitamos tiempo para lograr los apoyos y estrategias para construir esta idea, por lo cual, vamos a darla a conocer, a comprometernos con la posibilidad de debatir sobre ella, a aprender sobre ella y, sobre todo, a decidir también sobre los mecanismos que queremos para garantizar nuestros derechos. El derecho a decidir ha de extenderse a otras muchas decisiones que importan. En este caso, os proponemos hacerlo con la de la garantía material de las condiciones de vida de este pueblo.

Mientras este proceso sucede, y conscientes del nivel de precariedad en el que está inmersa parte de la ciudadanía vasca, consideramos que hay que plantear medidas en orden a mejorar la nefasta gestión de la RGI y hacer extensible la cobertura del derecho subjetivo a quienes, hoy por hoy, no cuentan con un suelo mínimo sobre el que andar con libertad y dignidad.

Somos conscientes de lo innovador de nuestro planteamiento y, lógicamente, de la necesidad de una transformación del sistema económico en el cual, queremos también poner a las personas en el centro. La lucha comprometida contra el fraude fiscal proporcionaría ingresos que garantizasen la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo y, por lo tanto, hacia ese objetivo caminaremos.

Nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía vasca, y utilizaremos las herramientas existentes, pero mejorándolas, mientras consensuamos y creamos otras más garantistas que nos permitan seguir construyendo una sociedad más justa y solidaria.

Así, la propuesta de trabajo orientada a la garantía de ingresos de la ciudadanía se desarrolla en los siguientes puntos:

  • Elkarrekin Podemos se compromete a impulsar un debate ciudadano sobre la pertinencia y viabilidad de la implantación de la Renta Básica Incondicional (RBI) en Euskadi, donde sea la propia ciudadanía quien decida.

  • Reformemos el Sistema de Garantía de Ingresos bajo las siguientes premisas:

  • La garantía de ingresos como derecho desvinculado del empleo o los servicios sociales.

  • Hacer accesible el derecho subjetivo a la garantía de ingresos para toda la población que la necesita.

  • Gestión óptima, transparente, eficaz y garantista.

  • Evolución y control compartido por la administración y la ciudadanía.

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Renta Básica Incondicional

Compromiso de abrir un debate social el primer año de legislatura sobre la necesidad de lograr la Renta Básica Incondicional en Euskadi. Queremos que toda la ciudadanía lo debata y tenga el derecho a conocer la propuesta para que sean las personas quienes se muestren a favor o en contra.

Al finalizar este proceso de debate sobre la Renta Básica Incondicional, estableceremos los mecanismos necesarios para una consulta que pregunte a la ciudadanía vasca sobre la implantación de una Renta Básica Incondicional en la Comunidad Autónoma.

Para lograr lo anterior, exploraremos vías de confluencia con distintos actores, tanto políticos como sociales, que hayan trabajado la propuesta anteriormente. También abriremos la discusión a actores que no lo hayan hecho pero que muestren interés en participar en el proceso. De este modo, el debate se verá enriquecido por un gran número de sensibilidades participando conjuntamente.

Profundizaremos en la transformación del sistema económico necesaria para dar cabida a la puesta en marcha de la propuesta.

Durante este proceso se investigarán los caminos y se dotará de la necesaria ayuda técnica y financiera a las Diputaciones Forales de los 3 territorios para favorecer la viabilidad de la implantación de una Renta Básica Incondicional en los respectivos territorios históricos si la ciudadanía así lo considera.

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Reforma del Sistema de Garantía de Ingresos

Defenderemos el derecho subjetivo a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la ciudadanía vasca como un pilar fundamental del sistema de garantía de ingresos y, apostamos porque el acceso a ese derecho subjetivo pueda ejercerse y se garantice el acceso de la totalidad de la ciudadanía que no tiene cubiertos unos mínimos claramente definidos.

Desvincularemos el acceso a la garantía de ingresos del empleo y de los servicios sociales entendiendo que la garantía material de las personas está por encima de ser “empleable” y/o encontrarse en situación o riesgo de exclusión social. Crearemos un SISTEMA VASCO DE GARANTÍA DE INGRESOS como existe en la actualidad Osakidetza, Etxebide o Lanbide, centrado cada uno en aquello que le es característico, y optimizando así la gestión y utilizando el actual registro general de Gobierno Vasco - Zuzenean porque se trata de un mero trámite administrativo, y derivaremos la atención específica a los recursos existentes (Osakidetza, educación, vivienda, servicios sociales, etc.).

Realizaremos una campaña informativa sobre la prestación que garantice el derecho de la ciudadanía de Euskadi a estar informada.

Garantizaremos un cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de Protección de Datos evitando poner en manos privadas datos de la población vasca y garantizando los derechos de la ciudadanía.

Individualizaremos la percepción de RGI, bajaremos la edad a 18 años (y menores emancipadas) y eliminaremos el requisito de constituir un año de independencia de la unidad de convivencia. Que puedan cobrarla personas solas y no fomentemos la dependencia económica de las mujeres o de las personas jóvenes y/o dependientes para las que, el apoyo familiar, se convierte en una condena que impide su emancipación y las condena a la dependencia.

Eliminaremos el requisito de 3 años de antigüedad en el padrón y pasaremos a 1, como antes de la reforma del año 2011. Esto supondría que las personas que lleven más de un año empadronadas aquí, ejerzan su ciudadanía y tengan garantizados sus derechos como el resto de la población.

Eliminaremos el límite de 2 prestaciones por vivienda y este límite se fije en función de las condiciones de cada vivienda de modo que no estemos contribuyendo, desde las administraciones públicas, ni a que se vulneren derechos respecto de la vivienda (personas que no acceden al empadronamiento) ni que se encarezca el precio de la vivienda en una CCAA que ya es de los más altos del estado.

Reduciremos y facilitaremos la documentación necesaria para el trámite de las prestaciones. Lo que hoy establece la normativa y la práctica cotidiana de Lanbide no se corresponde ni se entiende como otra cosa que no sea una estrategia que deja a las personas fuera de los sistemas de protección que son nuestros y que deben de proteger a todas las personas, y no solo a quienes pueden recorrer el camino tan duro que las administraciones como Lanbide, bajo la gestión, primero del PSE y ahora del PNV, han impuesto.

Desarrollaremos un sistema de sanciones e infracciones a las personas que sea claro, público y garantista. No puede ser que las administraciones vascas apliquen sanciones que no existen o no se corresponden, no gradúen las sanciones y conviertan a un sistema de protección de las personas en un elemento de coerción del sistema.

Eliminaremos la reducción del 7% en la cuantía de las prestaciones que se aplicó temporalmente en 2010 y continúa hasta la actualidad.

Garantizaremos un sistema de gestión de las cuantías indebidamente pagadas o indebidamente percibidas ajustado a la realidad de las personas y, en ningún caso, mediante el actual sistema que sume en la precariedad a miles de familias sin atender a la realidad de las situaciones que se presupone, el sistema está para paliar.

Crearemos un perfil de registro y personal informativo con competencias profesionales suficientes y necesarias en todas las oficinas de atención a la garantía de ingresos.

Garantizaremos el cumplimiento de la legislación en beneficio de las personas. Apostamos por gestionar sistemas de protección que tengan la presunción de inocencia como una línea roja y eliminaremos las suspensiones sin justificación clara y sin dar una adecuada oportunidad a la defensa de las personas.

Crearemos un protocolo claro y coordinado para el trasvase de la gestión y las competencias a la nueva estructura. No se realizarán traspasos de competencias chapuceros como se hizo en el año 2011 en el cual, hay personas que aún sufren las consecuencias.

Crearemos un espacio de evaluación y toma de decisiones, en el que haya lugar a la participación en la creación y revisión de la normativa de forma coordinada, contrastada y dialogada con los agentes sociales.

Crearemos estructuras de coordinación efectivas y locales, que:

  • Se adapten a las características de la población de su territorio,

  • Sean cercanas y menos burocratizadas, atendiendo además de a la normativa, a la realidad de las personas. Trabajen en los diferentes sistemas y desde ellos (servicios sociales, mujer, vivienda, salud, etc.) por el bienestar primordial de las personas.

EMPLEO Y MODELO ECONÓMICO

La actividad económica debe orientarse hacia el objetivo de desarrollo económico sostenible, priorizando siempre los intereses de la ciudadanía frente a aquéllos de una reducida élite de personas privilegiadas.

Estamos ante una realidad en la que el empleo tiene unas condiciones cada vez más precarias. Estamos ante una realidad de temporalidad, contratos precarios, inseguridad, aumento de los accidentes laborales, incumplimiento de derechos y persecución de la reivindicación por la defensa de los mismos.

En Euskadi tenemos una tasa de paro (según la EPA) del 12,5%, lo que se ve claramente agravado en el caso de las personas menores de 25 años, donde el porcentaje aumenta al 36%. Si bien estos datos, como en otras cuestiones, no son los peores del Estado, sí que vemos como en Agosto de 2016, las trabajadoras y trabajadores vascos pierden poder adquisitivo desde el año 2012, encontrándonos a la cabeza del estado en ese plano.

En un modelo social justo, sostenible y equitativo el empleo seguirá existiendo, pero no deberá estar ligado a la generación de plusvalías, sino a la satisfacción de necesidades y al reparto de las tareas socialmente sostenibles. Debemos preguntarnos qué necesidades tenemos que satisfacer para todas las personas, qué nuevo modelo productivo limpio puede dar respuesta a esas necesidades y qué empleos son socialmente deseables, cuánto y cómo se reparte ese empleo con criterios de justicia social que ponga la vida en el centro. Esto inevitablemente va asociado a la transformación de grandes sectores industriales, primarios y de servicios. Deberán generarse nuevos empleos deseables en diferentes sectores clave para la sostenibilidad de la vida.

Por todo ello, consideramos que el empleo será un pilar importante en la creación de ese modelo, pero no cualquier empleo. En Elkarrekin Podemos apostamos por el reparto de los trabajos y de la riqueza y, en ese reparto, crearemos un empleo digno y sostenible que ponga a las personas y no al trabajo productivo en el centro.

Desde Elkarrekin Podemos vamos a combatir el mito que afirma que la sostenibilidad solo se puede obtener a costa del progreso económico. Hoy en día existen pruebas sustanciales de que la «ecologización» de las economías no obstaculiza la creación de riqueza ni de oportunidades laborales, al contrario, es la única forma sostenible de lograr estos objetivos y de salir de la crisis.

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Política de empleo

Apostamos por una política de empleo caracterizada por:

Un avance hacia la progresiva aplicación de la jornada laboral de 35 horas, sin reducción salarial, como medida de generación de empleo y reparto de rentas, tanto en el sector público como en el privado a través de las cláusulas sociales en los contratos públicos. Introducir políticas públicas que impulsen la reducción de jornada laboral ligadas a la generación de nuevos contratos (contratos relevo, etc...)

Instar al gobierno central a la derogación de las reformas laborales aprobadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy y aumento de las inspecciones de trabajo con el objetivo de perseguir los abusos empresariales. Especial atención a las zonas rurales y empleos de baja cualificación donde se dan la mayor parte de los abusos.

Plan de lucha contra el desempleo aumentando el gasto en servicios públicos dirigidos a sectores como la dependencia, educación, sanidad, energías renovables, cooperativas y transporte público.

Ley del Estatuto Básico del empleado público que garantice los derechos de negociación de las condiciones de trabajo y cumplimiento de lo acordado, y regule salarios máximos.

Refuerzo de los servicios públicos como la sanidad o la educación aumentando las diezmadas plantillas actuales garantizando de esta manera un servicio de mayor calidad con atención más personalizada.

Fomento del cooperativismo y apoyo a aquellos trabajadores y trabajadoras para que puedan recuperar y gestionar sus empresas en crisis. Apoyo a las iniciativas de “Economía del bien común”.

El diálogo con los sindicatos como piedra angular de las políticas de empleo, atendiendo a sus recomendaciones tanto para la mejora de la calidad del empleo como para la lucha contra el desempleo.

En esta línea proponemos:

Reclamamos empleos dignos, es decir, estables, seguros y con derechos, y esto supone concertar las políticas teniendo en cuenta esta exigencia, desde el empleo público a las políticas de estímulo al empleo, fiscales o de apoyo a la inversión y a la contratación que realizan las administraciones.

Es importante incentivar la utilización del contrato de relevo por parte de las empresas y convertirlo en una auténtica herramienta de solidaridad intergeneracional a favor de la juventud. Promover desde la institución el adelanto de la edad de jubilación y sustituir, en las mismas condiciones de contratación fija, a una persona joven en el puesto de la persona jubilada.

Las Administraciones públicas han de liderar la implantación de programas de reparto del trabajo. La dimensión de sus plantillas les permite realizar los ajustes precisos y el nivel retributivo del que disponen puede animar a muchas personas a trabajar jornadas más reducidas o a demandar excedencias. Las nuevas contrataciones públicas deben ser fijadas en jornada semanal de 32 horas. Es preciso revitalizar las ofertas públicas de empleo frente a la amortización y la subcontrata de servicios a empresas privadas, con trabajos precarios y mal retribuidos.

Conciliación de la vida laboral y personal. Creación de una red pública de escuelas infantiles desde 0 años, que cubra las necesidades. Además de la creación de servicios públicos para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, hay que impulsar nuevas medidas como mejoras en las condiciones de excedencias, reducción y flexibilidad de horarios. También se debe ampliar el permiso de maternidad y paternidad.

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Impulso de los servicios públicos como fuente empleo

Responder a las demandas de la sociedad, cubrir sus necesidades básicas y fomentar la igualdad de oportunidades supone apostar por mejorar y ampliar los servicios públicos. Por un lado, hay que mejorar los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, dependencia...,. dotándolos de los medios materiales adecuados y que las plantillas tengan ratios de los países europeos equiparables en renta per cápita a Euskadi. Junto a ello, garantizar el empleo estable en los servicios públicos.

Crear empleo y proporcionar nuevos servicios a la ciudadanía supone también satisfacer las demandas en el ámbito cultural, de ocio, medio ambiente, energías renovables,.... Consideramos que estos servicios y sectores son nuevas fuentes de empleo que contribuyen a ese doble objetivo de sociedad de pleno empleo, con calidad de vida y derechos sociales.

Nos comprometemos por lo tanto, con la participación de los agentes sociales, a cubrir esas necesidades.

Hacemos también en este aspecto una apuesta decidida por el desarrollo de los servicios de proximidad, muchos de ellos con características de servicio público (guarderías, cuidado de mayores, transportes locales, prestaciones culturales de ámbito local, ayudas a jóvenes con dificultad de inserción, etcétera).

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La igualdad en el empleo

La política de fomento del empleo que impulsaremos prioriza a aquellos colectivos con más dificultades de conseguir un empleo digno. En ese sentido, el plan de empleo desarrollará programas específicos hacia los colectivos: mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración y personas con diversidad funcional, inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusión.

El objetivo de la igualdad debe ir unido a factores que inciden en las formas de vida, de participación social, de ocio,... Esto supone dotar a la sociedad de servicios como las escuelas infantiles, la flexibilidad en el tiempo de trabajo para conciliar la vida personal y laboral, y medidas específicas en el ámbito de la contratación.

Estableceremos un plan específico en los planes de empleo, que articule una acción integral por la igualdad de género, que involucre a los ayuntamientos, organizaciones sindicales y patronales. Apoyaremos medidas en ese sentido para las administraciones y estimularemos la incorporación de estas medidas en los convenios colectivos.

Trabajaremos para difundir y reforzar los incentivos a la contratación en los sectores donde se hallen subrepresentadas las mujeres y por establecer la figura de la Inspección de Trabajo para la Igualdad. Apoyaremos a la creación de Agentes de Igualdad en entidades locales y agentes sociales y promoveremos que se garantice el acceso a la formación continua en las empresas y la formación ocupacional para aquellas mujeres que deseen reincorporarse al mercado de trabajo.

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Diversidad funcional

En situaciones de crisis, el empleo se complica en mayor medida para determinados colectivos. La coalición Elkarrekin Podemos tiene que hacer un esfuerzo porque la discriminación en el mercado laboral no se acentúe. Eso nos debe llevar a impulsar el empleo de estas personas mediante diversas acciones:

Exigir el cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a reserva del porcentaje de los puestos de trabajo de la Administración y en las empresas privadas. Este requisito será imprescindible para acceder a los contratos públicos, subvenciones o beneficios fiscales. Hacer un balance sectorial de la situación para, en una segunda fase, instar a la elevación de los cupos de reserva.

Adecuar los medios suficientes para el funcionamiento específico en el Servicio Público Vasco de Empleo para la formación e inserción de estas personas en las empresas.

En las Administraciones: supervisar una correcta catalogación de los puestos de trabajo para evaluar cuáles son los más indicados para cada tipo de diversidad funcional. Garantizar los cupos en los procesos de selección. Adaptar las pruebas y velar por la cualificación de los tribunales para abordar esta selección. Seguimiento, apoyo y regulación de los Centros Ocupacionales, así como los Centros Especiales de Empleo para que sean un puente hacia el mercado laboral ordinario, con aquellas personas que estén en condiciones de hacerlo, y no como destino final de un trabajo mal remunerado.

Garantizar planes específicos de formación continua para las personas discapacitadas que ocupen puestos de trabajo. Exigir y supervisar la adecuación de los puestos de trabajo para asegurar la seguridad e higiene y la prevención de accidentes.

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Empleo juvenil

La situación laboral de la juventud está marcada por la alta precariedad, la menor tasa de actividad y la mayor tasa de desempleo, junto a una desconexión entre la formación adquirida y la cualificación de los puestos de trabajo que desempeña. Es necesario impulsar medidas de carácter general, con impacto en la juventud, así como mayor inversión en I+D+i, persecución del fraude en la contratación, más información sobre sus derechos laborales y reforzar su presencia en los convenios colectivos.

De forma más específica, desde Elkarrekin Podemos planteamos, para incrementar y mejorar el empleo de la juventud, potenciar el contrato de relevo como herramienta de solidaridad intergeneracional.

Crearemos un fondo público para avalar y facilitar créditos blandos y asesoramiento a jóvenes que quieran autoemplearse o formar cooperativas. Apoyar las explotaciones agrarias de jóvenes mediante subvenciones, créditos y cesión de tierras. Promover Planes Especiales de Empleo Juvenil, destinados a las zonas con mayor índice de desempleo de Euskadi.

Fomentaremos los contratos que compatibilicen la jornada laboral y el estudio, garantizando este último. Apoyo a los programas de prácticas formativas en las empresas bajo supervisión de la Administración, las organizaciones sindicales y las patronales para evitar que sean empleos encubiertos. Fortalecimiento de los módulos referidos a materias sociolaborales en la formación reglada, dando participación en ellos a los agentes sociales.

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Reducir la subcontratación

Estamos asistiendo a un proceso creciente por parte de las empresas de rebajar sus costes laborales mediante la subcontratación de gran parte de sus actividades a otras compañías con empleos más precarios. Esta dinámica empresarial está siendo seguida también por las Administraciones públicas para una parte de sus servicios a la ciudadanía con el consiguiente riesgo añadido, en este caso, de una degradación de la calidad de los mismos.

Desde la coalición Elkarrekin Podemos propugnaremos que en todas las Administraciones públicas vascas se minimice la subcontratación.

Apoyamos la limitación a un solo nivel la subcontratación de las Administraciones públicas de Euskadi.

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Luchar contra la siniestralidad laboral

El mundo del trabajo soporta unos índices de siniestralidad y daños a la salud que no debemos tolerar. La precariedad y la rotación en los contratos es la causa principal, junto a la falta de gestión preventiva de los empresarios y Administraciones públicas. También contribuyen las nuevas formas de organización del trabajo, que priman la flexibilidad sobre la salud, la descoordinación en la prevención entre contratas y subcontratas, la negativa a la participación y consulta a los representantes sindicales en la prevención o la insuficiencia de medios. No se puede hablar de empleo de calidad sin incorporar a la estabilidad de los contratos la protección de la salud en el trabajo. En este sentido, proponemos:

  • Ampliar significativamente el presupuesto de la Administración para prevención, impulsar la participación y el acuerdo de carácter tripartito en la planificación, el seguimiento y la gestión de Osalan.

  • Oposición al traspaso del control de altas y bajas laborales por las Mutuas, que debe seguir en los médicos de Osakidetza. Formar a los médicos de atención primaria para detectar las enfermedades de origen profesional y orientar su traslado para el cambio de contingencia en el INSS.

  • Establecer la notificación de las Unidades de Oncología a los familiares y Osalan del origen profesional de enfermedades derivadas del amianto, benceno y cloruro de vinilo.

  • Establecer una vigilancia médica post-ocupacional a todos los trabajadores y trabajadoras que los servicios de prevención hayan registrado sus trabajos como cancerígenos.

  • Intervenir “de oficio” por el Departamento de Trabajo en los casos de accidentes mortales y graves, incoando la sanción y recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y trasladarlo a la Fiscalía, incluida su personación si hay indicios penales. Extender las auditorías, por parte de la Administración, sobre prevención de riesgos laborales en las empresas y sectores con siniestralidad.

  • Impulsar programas plurianuales, acordados con los agentes sociales, para abordar la prevención y tratamiento de los problemas de drogodependencias en el ámbito laboral.

  • Impulsar del seguimiento e inspección de los planes de prevención de riesgos laborales. Acuerdos con sindicatos y patronales para incrementar las acciones de la Inspección de Trabajo y de Osalan y aportar los recursos necesarios.

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Energía, sostenibilidad y ordenación del territorio

Las comunidades humanas forman parte de la naturaleza, en cuyos ecosistemas se integran y de los cuales obtienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, esto es, el espacio físico y ecológico en el que la sociedad vasca debe buscar el equilibrio y la armonía con la naturaleza.

Esto implica un cambio profundo en la concepción de la vida, necesariamente más apegada al sentimiento de interconexión e interdependencia con la naturaleza y con el resto de seres vivos que la habitan.

En nuestro programa electoral, este cambio de la perspectiva vital modifica la manera en que afrontamos el uso del territorio, la lucha contra la contaminación, la biodiversidad y los espacios naturales o el trato hacia los animales.

Entendemos la sostenibilidad de nuestra sociedad como la situación en la que el consumo de recursos para satisfacer las necesidades humanas no sobrepasa la capacidad de reposición de los ecosistemas y, aún más, un sistema en el que el funcionamiento de la economía se asemeja en la medida de lo posible al modo en que actúan los sistemas naturales. Para que esto sea posible es necesaria la reducción sustancial de los actuales niveles de consumo, así como adecuarse fundamentalmente a los recursos propios de nuestro territorio.

Por ello crearemos un Observatorio Vasco de Sostenibilidad con la finalidad de estudiar la sostenibilidad de manera global, real, veraz e independiente.

Estamos originando un cambio ambiental global que está modificando profundamente la biosfera tal como la conocemos. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático antropogénico, el agotamiento de algunas materias primas básicas y la alteración del ciclo del nitrógeno, son algunos de los límites que ya estamos transgrediendo.

Cuanto antes entendamos la importancia de desarrollar nuestra economía dentro de los límites del planeta —algunos ya desbordados—, antes iniciaremos la transformación del actual modelo en otro más sostenible, más equitativo y más democrático. Cada minuto que pasa sin avanzar en esa transición la hará más difícil, dura y costosa. La viabilidad de la economía humana depende de que ésta funcione bajo los parámetros con los que se organizan los ecosistemas. En este sentido, debe responder a los siguientes criterios:

  • Cerrar ciclos (de materiales y agua), y reducir el consumo tanto de energía como de materiales.

  • Lograr que el abastecimiento energético proceda de fuentes renovables con bajo impacto ambiental.

  • Acortar las distancias entre la producción y el consumo.

  • Recuperar mecanismos que establezcan y garanticen un equilibrio de la producción y el consumo.

  • Existen desarrollos teóricos y prácticos en este sentido, como la economía ecológica o economía verde, que demuestran la viabilidad de modelos económicos sostenibles. Elkarrekin Podemos incorporará estos criterios a su acción política, y trabajará en la defensa de lo común, apostando por un modelo que se sustenta en la justicia social, la democracia participativa y la economía sostenible, generadora a su vez de nuevas oportunidades de empleo:

  • Cambio del modelo energético hacia energías renovables.

  • Movilidad sostenible (transporte no motorizado y transporte público).

  • Rehabilitación de viviendas con criterios de ahorro energético y de bioconstrucción.

  • La protección y recuperación de la biodiversidad.

  • La agricultura ecológica y el turismo sostenible.

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Energía y cambio climático

El cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. El Panel de Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático lleva años advirtiendo de que el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) debido a la actividad humana está provocando un aumento notable de la temperatura media del planeta. Este calentamiento global, indican los expertos, va a desembocar en un cambio climático extremo que se traducirá en un mayor número de fenómenos climáticos violentos (tormentas, sequías, inundaciones), en un aumento del nivel del mar, en la pérdida de biodiversidad, en crisis humanitarias y económicas y en el aumento de los refugiados climáticos debido a la falta de alimentos y agua.

El CO2, el principal gas emitido entre los GEIs, se origina sobre todo mediante la quema de combustibles fósiles, aunque también se genera en otros muchos procesos industriales y productivos. Aún así, no podemos perder de vista otros gases como el metano, muy relacionado con la ganadería intensiva y la extracción de gas natural, los óxidos de nitrógeno, relacionados con el uso de motores Diesel, los fertilizantes químicos, o los gases fluorados como los HFCs, que a pesar de tener una presencia mucho menor tienen un efecto entre 5.000 y 10.000 veces superior al del CO2 y una permanencia de decenas de miles de años en la atmósfera.

El reciente Acuerdo de París, resultado de la cumbre COP21, propone recortar las emisiones de GEIs con el objeto de evitar un aumento de la temperatura de 2ºC , o si es posible de 1,5ºC, respecto a los niveles preindustriales. Para ello, se insta a los países firmantes a adquirir compromisos de recorte de emisiones cada vez más exigentes. En concreto, la Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEIs para el año 2030 en un 40% respecto los niveles de 1990.

El compromiso adquirido por la UE debe ser entendido como un mínimo a cumplir en los próximos años, con el objetivo de llegar a 2050 con una economía prácticamente descarbonizada y con un recorte de emisiones de al menos el 80% con respecto a 1990. Además, este compromiso tiene que ser asumido en todos los niveles. Así, en la propia Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) estamos obligados a alcanzar o incluso superar dichos objetivos.

En Euskadi, analizando los datos de 2013, el 91% de las emisiones de GEIs están relacionadas con el uso de la energía, el 4% con la Agricultura y el 5% con la Gestión de Residuos. Dividiendo los usos energéticos, el 35% corresponde con la transformación de energía, el 22% a la industria, el 28% al transporte y el 7% al sector residencial y servicios. Desde 1990, el transporte ha duplicado sus emisiones y el sector residencial las ha aumentado en un 50%, mientras que la industria prácticamente las ha reducido a la mitad y la agricultura en un tercio. Así, el nivel total de emisiones desde 1990 se ha reducido en un 10%, dato superior a la media del estado pero todavía alejado de la tendencia registrada en la UE.

Urge por lo tanto una ley de acción contra el cambio climático que nos permita cumplir e incluso superar los compromisos de la UE para la próxima década y que sitúe a Euskadi como referente en el recorte de emisiones y en la necesaria transición hacia una economía baja en carbono. Además, ante el gran peso que tiene el uso de la energía en las emisiones de GEIs, es necesario emprender un Plan de Transición Energética en la CAPV que cumpla con los siguientes objetivos: frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética de Euskadi. Además este Plan de Transición Energética debe posibilitar el cambio hacia un nuevo modelo basado en el ahorro, la eficiencia y en la democratización de las energías renovables distribuidas en manos de la ciudadanía.

Es necesario actuar también en materia de desigualdad en el acceso a la energía, para desterrar este problema de nuestra sociedad. Se establecerá por lo tanto un sistema de alerta para que se avise a los servicios sociales ante cualquier amenaza de corte de suministro energético o agua. Se implementarán bonos sociales solidarios que garanticen el acceso a los suministros de gas, electricidad y agua de los hogares en función de las rentas de la unidad convivencial. Desde Gobierno Vasco se intermediará ante las empresas suministradoras para evitar los cortes en hogares por causas de impagos debidos a la situación económica de las unidades convivenciales. Se fijará un mínimo vital de consumo por núcleo convivencial, para asegurar el acceso a los recursos energéticos para toda la sociedad.

El cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. El Panel de Expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático lleva años advirtiendo de que el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) debido a la actividad humana está provocando un aumento notable de la temperatura media del planeta. Este calentamiento global, indican los expertos, va a desembocar en un cambio climático extremo que se traducirá en un mayor número de fenómenos climáticos violentos (tormentas, sequías, inundaciones), en un aumento del nivel del mar, en la pérdida de biodiversidad, en crisis humanitarias y económicas y en el aumento de los refugiados climáticos debido a la falta de alimentos y agua. El CO2, el principal gas emitido entre los GEIs, se origina sobre todo mediante la quema de combustibles fósiles, aunque también se genera en otros muchos procesos industriales y productivos. Aún así, no podemos perder de vista otros gases como el metano, muy relacionado con la ganadería intensiva y la extracción de gas natural, los óxidos de nitrógeno, relacionados con el uso de motores Diesel, los fertilizantes químicos, o los gases fluorados como los HFCs, que a pesar de tener una presencia mucho menor tienen un efecto entre 5.000 y 10.000 veces superior al del CO2 y una permanencia de decenas de miles de años en la atmósfera.

El reciente Acuerdo de París, resultado de la cumbre COP21, propone recortar las emisiones de GEIs con el objeto de evitar un aumento de la temperatura de 2ºC , o si es posible de 1,5ºC, respecto a los niveles preindustriales. Para ello, se insta a los países firmantes a adquirir compromisos de recorte de emisiones cada vez más exigentes. En concreto, la Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEIs para el año 2030 en un 40% respecto los niveles de 1990. El compromiso adquirido por la UE debe ser entendido como un mínimo a cumplir en los próximos años, con el objetivo de llegar a 2050 con una economía prácticamente descarbonizada y con un recorte de emisiones de al menos el 80% con respecto a 1990. Además, este compromiso tiene que ser asumido en todos los niveles. Así, en la propia Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) estamos obligados a alcanzar o incluso superar dichos objetivos.

En Euskadi, analizando los datos de 2013, el 91% de las emisiones de GEIs están relacionadas con el uso de la energía, el 4% con la Agricultura y el 5% con la Gestión de Residuos. Dividiendo los usos energéticos, el 35% corresponde con la transformación de energía, el 22% a la industria, el 28% al transporte y el 7% al sector residencial y servicios. Desde 1990, el transporte ha duplicado sus emisiones y el sector residencial las ha aumentado en un 50%, mientras que la industria prácticamente las ha reducido a la mitad y la agricultura en un tercio. Así, el nivel total de emisiones desde 1990 se ha reducido en un 10%, dato superior a la media del estado pero todavía alejado de la tendencia registrada en la UE.

Urge por lo tanto una ley de acción contra el cambio climático que nos permita cumplir e incluso superar los compromisos de la UE para la próxima década y que sitúe a Euskadi como referente en el recorte de emisiones y en la necesaria transición hacia una economía baja en carbono. Además, ante el gran peso que tiene el uso de la energía en las emisiones de GEIs, es necesario emprender un Plan de Transición Energética en la CAPV que cumpla con los siguientes objetivos: frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética de Euskadi. Además este Plan de Transición Energética debe posibilitar el cambio hacia un nuevo modelo basado en el ahorro, la eficiencia y en la democratización de las energías renovables distribuidas en manos de la ciudadanía.

Es necesario actuar también en materia de desigualdad en el acceso a la energía, para desterrar este problema de nuestra sociedad. Se establecerá por lo tanto un sistema de alerta para que se avise a los servicios sociales ante cualquier amenaza de corte de suministro energético o agua. Se implementarán bonos sociales solidarios que garanticen el acceso a los suministros de gas, electricidad y agua de los hogares en función de las rentas de la unidad convivencial. Desde Gobierno Vasco se intermediará ante las empresas suministradoras para evitar los cortes en hogares por causas de impagos debidos a la situación económica de las unidades convivenciales. Se fijará un mínimo vital de consumo por núcleo convivencial, para asegurar el acceso a los recursos energéticos para toda la sociedad.

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Ley de Acción contra el Cambio Climático:

El inmenso reto que supone el cambio climático para nuestra sociedad requiere de una respuesta al máximo nivel por parte de las instituciones autonómicas. La mitigación y adaptación al cambio climático debe ser nuestro principal objetivo. Por ello, desde Elkarrekin Podemos proponemos el desarrollo de una Ley de Acción contra el Cambio Climático que establezca la ruta para transitar hacia una economía baja en carbono y permita una rápida reducción de la emisión de GEIs. En Junio de 2015 se aprobó la Estrategia de Cambio Climático 2050, con una dotación de 500 millones de euros. En Elkarrekin Podemos consideramos que la lucha contra el Cambio Climático requiere de un marco legal de mayor nivel, para que los objetivos marcados sean de obligado cumplimiento. Así, consideramos que dicha Ley ha de tener un objetivo de reducción de emisiones anuales de 1.1 millones de toneladas de CO2, lo que supone llegar a 2020 con un recorte de emisiones total del 35% con respecto a 1990. Establecerá también las pautas para lograr una reducción de GEIs del 65% en 2030 y del 95% en 2050, alineando así la estrategia contra el Cambio Climático de la CAPV con la de la UE para 2020 y yendo más allá en las siguientes décadas. La mayor reducción de las emisiones de GEIs provendrá del Plan de Transición Energética que se presenta a continuación, al ser el sector energético el causante de más del 90% de las emisiones. Aún así, el resto de sectores de la economía también deben recortar sus emisiones. Una economía baja en carbono como la que se propone pasa por transitar hacia una economía circular en la que los flujos de materiales y de energía se cierren en el propio territorio, reduciendo su importación, lo que se traduce en una menor huella de carbono y de energía de los bienes consumidos, al evitar el transporte internacional. Se pretende así fomentar el consumo de cercanía, de bajo recorrido, y, en lo que se refiere al sector primario, la agroganadería ecológica de proximidad. Se quiere apostar por un sector agrario, ganadero y pesquero extensivo, que supone una menor tasa de emisiones de GEIs y una menor dependencia de los combustibles fósiles. Se apuesta en definitiva por reducir la Huella Ecológica de nuestro territorio. Anualmente, junto con la presentación de los presupuestos económicos del Gobierno Vasco, se incluirá un presupuesto de carbono, en el que se evaluarán las emisiones tanto del sector público como del privado, y se comprobará el avance de los compromisos de reducción. En lo que respecta al sector público, los límites de emisiones serán de obligado cumplimiento, mientras que para el sector privado, caso de que se den desviaciones importantes, habrá que analizar medidas de ayuda específicas para impulsar la reducción de emisiones. Además, se debe iniciar un plan de recuperación de ecosistemas que ayude a la adaptación al Cambio Climático. Uno de los impactos más grandes en nuestra comunidad va a provenir de la subida del nivel del mar. Dentro de la Ley de Acción contra el Cambio Climático, se establecerá un plan de recuperación de los ecosistemas costeros, que sirva para reducir el impacto de los temporales costeros. La recuperación de los sistemas dunares o las marismas en las zonas de costa puede suponer una reducción importante en las pérdidas económicas por los temporales.

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Plan de Transición Energética

A la vista del gran peso que tienen los usos energéticos en la emisión de GEIs en la CAPV, es prioritario actuar en este ámbito para hacer frente al cambio climático. Es necesario, por lo tanto, desarrollar un Plan de Transición Energética que haga frente a los problemas que afectan en la actualidad al sector energético como son la gran dependencia del exterior y de los combustibles fósiles, el excesivo coste de un bien básico como es la energía y la dificultad de acceso a la misma para una parte importante de la sociedad, o el excesivo control que ejerce el oligopolio energético.

Este Plan de Transición Energética tiene que sentar las bases para un cambio hacia un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, distribuidas y en manos de la ciudadanía. Se trata de gobernar el cambio de modelo energético con una visión a largo plazo, de manera que transitemos desde la dependencia energética exterior de los combustibles fósiles hacia la autosuficiencia energética autóctona que proporcionan las energías renovables y la eficiencia energética, algo necesario tanto por razones ambientales como económicas y sociales. Es una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático, al tiempo que es una fuente de empleo verde y de desarrollo tecnológico, y una necesidad para alcanzar una mayor seguridad de suministro. La política energética debe ser un vector central de otras políticas, como el transporte, el consumo o la agricultura, con el objetivo de conseguir no sólo eficiencia, sino una reducción real en el consumo de energía.

Partiendo de la realidad inicial de la CAPV, este plan establecerá los objetivos mínimos en relación con los niveles de ahorro y aportación de energías renovables para nuestra comunidad. En concreto, se establece un objetivo de reducción del 125 ktep/año, lo que supone un 10% de ahorro de energía sobre los niveles de 2014[1] y una aportación de energías renovables del 20% para el año 2020, basados sobre todo en el autoconsumo y las pequeñas instalaciones distribuidas. Asimismo, este plan establecerá las bases para lograr una reducción del consumo energético del 25% respecto a 2014 y un porcentaje de renovables del 50% en 2030, y una reducción del 35% respecto a 2014 y un sistema energético basado 100% en energías renovables en 2050.

Promoveremos una revisión general del funcionamiento del EVE (Ente Vasco de la Energía), convirtiéndolo en el principal agente impulsor de este Plan. Para ello, se propone su reforma, para enfocar su labor a la consecución de los objetivos de este plan. Además, se cerrará la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, al quedar la búsqueda de hidrocarburos fuera de los objetivos del Plan de Transición.

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Movilidad sostenible e Infraestructuras

Es preocupante ver cómo ha aumentado el consumo de energía y las emisiones ligadas con el sector de transporte. El número de vehículos ha aumentado un 70% desde 1990, suponiendo el 35% del consumo de energía. Esto ha supuesto que las emisiones de gases ligadas al transporte se hayan duplicado. Es necesario por lo tanto un replanteamiento de la movilidad y la accesibilidad a nivel de la comunidad.

La apuesta por la movilidad sostenible comienza por la adopción de otro modelo territorial y urbano basado en dos aspectos fundamentales: las distancias cubiertas en los desplazamientos han de acortarse (con lo que disminuirá la necesidad de movilidad) y los circuitos de consumo deben ser principalmente locales, pues sólo de esta manera podrán fomentarse los desplazamientos no motorizados (peatonales y en bicicleta). Un sistema de movilidad será sostenible y viable, si se fundamenta en el transporte no motorizado; todas las demás propuestas (electrificación del transporte público, plataformas intermodales para enlazar tren, metro, bicicleta, autobús y tranvía) son complementarias a esta idea central.

En Euskadi la práctica totalidad del transporte de personas y mercancías se realiza por carretera, modalidad que origina el 85% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte. Esto provoca que seamos uno de los territorios de Europa con un mayor grado de artificialización del suelo. Por otra parte casi el 80% de los desplazamientos habituales de la gente tienen como objetivo acudir al trabajo (36%), hacer las compras (25%) y realizar actividades de ocio y recreo (24%), actividades para las que se emplea el vehículo privado de forma hegemónica.

Para reducir los efectos negativos de nuestro insostenible sistema de movilidad es preciso adoptar las siguientes medidas:

Habida cuenta de que el 80% de los habitantes de nuestra Comunidad deben recorrer más de 1 kilómetro para acudir a su puesto de trabajo, antes de 2020 todos los polígonos industriales del país habrán de disponer de servicio de autobús urbano o interurbano en horarios adecuados. Además es imprescindible que todas las empresas cuya plantilla exceda de 50 personas pongan en práctica un plan de movilidad en un plazo máximo de 5 años, que incluya medidas como el teletrabajo, la racionalización de los horarios laborales, los autobuses de empresa o el uso del coche compartido. Trabajaremos desde el Consejo Vasco de Finanzas para que el coste de estas medidas sea un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.

Es importante, asimismo, el impulso y mejora del transporte público en las capitales y principales ciudades vascas, así como el interurbano, apostando definitivamente por la movilidad sostenible. En este sentido, desde Elkarrekin Podemos impulsaremos los acuerdos institucionales necesarios que permitan culminar la integración de todas las redes de transporte (autobús urbano e interurbano, BRT, tranvía, tren de cercanías, Metro/Topo, préstamo de bicicletas), estableciendo el billete único y redefiniendo las líneas y servicios y horarios de cada medio de transporte, para racionalizar el servicio (en precio, conectividad e intermodalidad). En cualquier caso, consideramos imprescindible una revisión de la política de transportes para que dé servicio a los pequeños núcleos de población dispersos por toda la geografía vasca, mediante un pacto interinstitucional.

Defendemos un modelo de ciudad densa, compacta y compleja, con mezcla de usos, que favorezca el comercio de proximidad y los desplazamientos no motorizados. Estudiaremos la viabilidad de establecer una normativa básica dirigida a promover plataformas de reparto y entrega de mercancías al por menor (Cooperativas MiniLogísticas), a fin de reducir la entrada de vehículos comerciales en los cascos urbanos. También abogamos por los circuitos cortos de comercialización de bienes de primera necesidad y generalizar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre la ciudadanía y la Administración, con el fin de mantener la accesibilidad y la comunicación, pero evitando los desplazamientos innecesarios.

Pretendemos subvencionar la reducción del parque de automóviles privados, impulsando servicios complementarios como las iniciativas (públicas o privadas) de préstamo y uso compartido de automóviles (“car sharing”). Aprobaremos un plan para propiciar la electrificación de todo el parque de vehículos del Gobierno Vasco, en un plazo máximo de 5 años.

Por otra parte, decretaremos una moratoria para las grandes infraestructuras de transporte que están en proyecto o en construcción. Descartamos la ampliación del puerto de Pasaia por su grave afección a los ecosistemas marinos y a la costa de Jaizkibel, calificada de Lugar de Interés comunitario (LIC) integrado en la Red Natura 2000, así como futuras ampliaciones del puerto de Bilbao. Tampoco contemplamos la ampliación de ninguno de los aeropuertos vascos, si acaso defenderemos un uso complementario que optimice las infraestructuras ya existentes. En especial nos opondremos a la ampliación del aeropuerto de Hondarribia por su afección al humedad de Txingudi y por el aumento de la afección por ruidos a la población que habita en los barrios cercanos. Realización de una auditoría externa del proyecto del TAV a su paso por Euskadi que analice plazos y trazado. Moratoria del proyecto mientras tanto y análisis independiente de la viabilidad de su transformación en una red ferroviaria mixta, que dé servicio a las ciudades de tamaño medio existentes en su trazado y que enlace las infraestructuras logísticas ya existentes (puertos de Bilbao y Pasaia, plataformas de Júndiz y Arasur) con la cornisa cantábrica, la frontera de Francia y la Meseta. En este sentido, propondremos el replanteamiento de la Variante Sur Ferroviaria en el área metropolitana de Bilbao.

Por el contrario, proponemos fomentar la red ferroviaria de cercanías, promoviendo el desdoblamiento de los tramos únicos y la electrificación al 100% de todas las redes.

En el caso del Metro de Donostia, nos opondremos a la financiación del proyecto de ampliación por parte del Gobierno Vasco, por su desmesurado coste frente al limitado beneficio social que conlleva. Consideramos que las necesidades de movilidad en Donostia se pueden cubrir de forma menos costosa e igualmente sostenibles, por lo que trabajaremos para generar otras alternativas.

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Ordenación del Territorio y Urbanismo

La ciudadanía vasca vivimos en un territorio fuertemente antropizado, con una densidad poblacional alta y con un desarrollo industrial muy potente. Estas variables han provocado que nos debamos replantear cómo hemos ordenado el territorio hasta ahora y qué modelo territorial debemos potenciar para asegurar una sociedad que perdure en el tiempo bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental. La introducción de nuevos conceptos en la ordenación del territorio como la protección del patrimonio natural y cultural, la movilidad sostenible, la biodiversidad, la cohesión social, los circuitos cortos de producción y consumo, la economía verde, local y social o la movilidad sostenible hace que el modelo que hasta ahora hemos desarrollado se encuentre desfasado y caduco. Vitoria-Gasteiz, Donostialdea y el área metropolitana del Gran Bilbao acogen alrededor del 70% de la población vasca. Las condiciones de habitabilidad de estas áreas urbanas se ven afectadas por la contaminación, la falta de calidad del espacio público y la explosión de la movilidad motorizada, que provocan una reducción en la calidad de vida de sus habitantes.

Elkarrekin Podemos propone una mejora significativa del modelo de ciudad basado en una ciudad compacta, mixta y diversa en usos, que sea, preferentemente, un espacio de convivencia y de diversidad. En este modelo de entorno urbano, la vida se desarrolla en espacios de alta calidad ambiental y humana, donde se ha reducido al mínimo la necesidad del transporte motorizado, y donde el transporte público tiene preferencia sobre el vehículo privado. Las áreas residenciales son, así, un campo de dominio del transporte no motorizado, hecho a medida de las personas, no de los coches. El urbanismo está al servicio de la gente y no es un método de financiación ni una vía de obtención de beneficios empresariales.

Este modelo de ciudad busca potenciar los ciclos de materia y energía autónomos, disminuir la demanda de agua, energía y materiales, facilitar la reutilización y el reciclaje de residuos, promover la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios, etc. Es imprescindible generar mayores espacios públicos en los que se eliminen los impactos negativos sobre la calidad de vida de los individuos y se permita la penetración de los ecosistemas cercanos, a través, por ejemplo, de huertas urbanas ecológicas, de corredores verdes o de la conservación de parte de los ecosistemas originales en los que se asientan.

Para ello consideramos necesarias las siguientes medidas:

Promover una ordenación del Territorio compatible con el mantenimiento de la estructura natural del mismo, la biodiversidad y los procesos ecológicos necesarios para la provisión de bienes y servicios ambientales.

Llevar a cabo un verdadero proceso participativo, con aumento de información sobre las DOT y, en consecuencia, de sus instrumentos (PTP, PTS), cuyo principal objetivo sea reducir a la mínima expresión la artificialización del suelo. Incluir en la Revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio criterios de sostenibilidad social y ambiental, en cumplimiento con los objetivos acordados en la Cumbre del Clima de París, que proteja el patrimonio natural y cultural y que fomente una sociedad cohesionada, plural e integradora.

Revisar los Planes Territoriales Parciales que se hayan quedado obsoletos y adaptarlos progresivamente a las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio.

Desarrollar un Plan Territorial Sectorial de mitigación y adaptación al Cambio Climático en la CAPV.

Transformar el Plan de Energía Eólica en un Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables.

Revisar la cartografía y la matriz de usos del Plan Territorial Sectorial Agroforestal.

Reorientar la política de ordenación del territorio con criterios de racionalidad y sostenibilidad que contemple sólo los crecimientos urbanísticos e infraestructuras absolutamente imprescindibles.

Promover los cambios legales necesarios para que, en aquellos casos donde sea necesaria la recalificación de terrenos para usos urbanos, se dé prioridad a la recuperación y regeneración de los suelos ya degradados o con usos residenciales o industriales obsoletos, antes de ocupar suelos rurales no antropizados.

Exigir a quienes ostentan la propiedad de terrenos que atiendan sus responsabilidades en materia de protección del medio natural frente a la contaminación o el deterioro de sus valores.

Nos declaramos contrarios al Proyecto Intermodal Lezo Gaintzurizqueta. Y apostamos por un único Puerto Seco para los dos puertos Pasaia y Bilbao situado en Jundiz.

Contaminación: aire, ruido, suelo:

La calidad del aire de muchas de nuestros principales núcleos urbanos es cuanto menos, mejorable. La contaminación atmosférica es la responsable de muchas muertes prematuras y de buena parte de las afecciones respiratorias. La causa fundamental es el elevado uso del vehículo privado, motivado en gran medida por la inadecuada planificación urbanística de nuestros pueblos y ciudades. En menor medida, también contribuyen las emisiones industriales y las calefacciones domésticas con combustibles fósiles (gasóleo, gas natural).

Sólo conseguiremos que mejore la calidad del aire que respiramos en Euskadi si ponemos en marcha políticas urbanísticas adecuadas, basadas en el urgente desarrollo del transporte público —preferentemente eléctrico— en nuestras ciudades, así como políticas que incentiven y prioricen los desplazamientos no motorizados.

En este sentido, demandamos la limitación de la presencia del coche en el centro de nuestras ciudades, la progresiva peatonalización de las mismas y el fomento del uso de la bicicleta. Estas medidas han de complementarse con la reestructuración funcional de las ciudades para minimizar la necesidad de largos desplazamientos, evitando la ubicación de equipamientos laborales, comerciales, sociales y educativos en áreas alejadas de los entornos urbanos El modelo urbanístico ha de tener en cuenta, además, la eficiencia energética de las viviendas y del entramado urbano.

No podemos olvidar el problema del ruido, cuyos perjuicios pasan desapercibidos, a pesar de que reducen sustancialmente nuestra calidad de vida. Por ello, lanzamos estas propuestas:

En Elkarrekin Podemos nos comprometemos a hacer cumplir la normativa vigente para la reducción de la contaminación acústica, como elemento condicionante para las infraestructuras y los desarrollos urbanísticos. De forma prioritaria, promoveremos una estrategia pública para incrementar la superficie arbolada en el entorno de las principales vías de comunicación del país, que constituyen en la actualidad el principal foco de contaminación sonora. También estableceremos programas de apoyo a los ayuntamientos para obligar a las actividades molestas a reducir su impacto sonoro y respetar la normativa existente.

En lo que respecta a la contaminación lumínica, pretendemos desarrollar y aprobar Normativa lucha contra la contaminación lumínica y el derecho a disfrutar de un cielo limpio y de las estrellas, de manera que se pueda trasladar a través de Ordenanzas Municipales, directamente a la gestión del alumbrado público de los Ayuntamientos, o de las instalaciones municipales.

La calidad del suelo, sobretodo en áreas urbanas y polígonos industriales, es problemática. A la falta de disponibilidad de suelo urbano e industrial se suma la existencia de numerosas parcelas potencialmente contaminadas pendientes de investigar y descontaminar. Para corregir esta situación, fomentaremos la expropiación de aquellas parcelas que pudieran suponer un riesgo para la salud pública, en caso de inacción o insolvencia por parte de sus propietarios. Se trabajará en la consecución de los objetivos de descontaminación de suelos y se realizará un plan estratégico a largo plazo para la recuperación de suelos contaminados en Euskadi.

Promoveremos la garantía de que todos los sistemas de control y reducción de la contaminación exigidos a las empresas y/o municipios están siendo desarrollados y en buen funcionamiento en la medida de las posibilidades. Extenderemos la aplicación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a más sectores y aseguraremos su efectividad e independencia.

Por último, solicitaremos al Gobierno Central la consideración de bien público para las redes de comunicaciones por su condición de sector estratégico. A través de convenios de cesión las operadoras se encargarían de su mantenimiento y explotación.

Asumimos la resolución de la Unión Europea del Parlamento Europeo para reducir la exposición a las radiaciones electromagnéticas:

Desarrollaremos y aprobaremos normativa, dentro de las competencias propias, sobre contaminación electromagnética, incluyendo aspectos con el establecimiento de distancias de seguridad a las zonas residenciales, zonas de especial riesgo, el control del despliegue de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones o rangos máximos de inmisión y obligue a los operadores a compartir y racionalizar sus redes.

Elaboraremos un mapa de emisores radioeléctricos en la CAPV. Aplicación del principio de precaución, limitando emisiones y cuantificando inmisiones, tendiendo a 0,1 µW/cm2.

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Biodiversidad y Espacios Naturales

En las dos últimas décadas se han invadido amplias zonas naturales y rurales de la CAPV con gran cantidad de infraestructuras para transformarlas en zonas residenciales o de actividades económicas. Esta fiebre urbanizadora y explotadora de los recursos naturales ha fraccionado el territorio, creando barreras en los ecosistemas y desarticulando multitud de sistemas naturales (algunos de gran valor ambiental), tanto en el interior como en el litoral.

Se está produciendo una pérdida de biodiversidad sin precedentes en Euskadi y en el planeta, provocada por el fraccionamiento del territorio, la pérdida de los hábitats naturales por la antropización del territorio, la introducción y proliferación de especies invasoras, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación y el cambio climático.

En Elkarrekin Podemos tenemos claro que detener la pérdida de biodiversidad es fundamental para asegurar un planeta habitable a las generaciones futuras. La protección del territorio y del patrimonio natural debe ser vista de forma integral, conectando las áreas naturales y abandonando la idea de la naturaleza como escaparate. Para detener esta pérdida y conservar este patrimonio proponemos las siguientes medidas:

Incentivaremos la aprobación de todos los planes de gestión que faltan de las especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas tal y como establece el artículo 49 del Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y así mismo, incentivaremos la puesta en marcha de las medidas de gestión de los Espacios Red Natura 2000 que ya han sido declarados y tienen por tanto un Documento de Gestión con sus correspondientes Objetivos, Directrices, Regulaciones y Medidas de actuación. Esta incentivación se traducirá en convenios marcos de colaboración económica y técnica con las DDFF de los tres TTHH, de modo que las medidas de actuación se prioricen teniendo en cuenta la biodiversidad a nivel de País.

Apoyaremos decididamente la protección, puesta en valor y promoción de la biodiversidad y su conservación, como base de un desarrollo económicamente sostenible y socialmente equitativo, valorando los costes y los beneficios de la conservación y mejora de la biodiversidad para toda la ciudadanía, y definiendo un marco financiero que implique a todas las políticas sectoriales, de manera que se aseguren los fondos necesarios para su protección y mantenimiento.

Dotaremos a la Red Vasca de Espacios Naturales Protegidos de inversiones realmente efectivas en cuanto a la investigación.

Estableceremos un sistema contable de gastos e inversiones públicas y privadas para la biodiversidad y para el conjunto de Espacios Naturales Protegidos, de modo que se pueda realizar con transparencia el seguimiento y evaluación del impacto y eficiencia de los mismos. Identificaremos y suprimiremos aquellas subvenciones públicas a actuaciones y proyectos con impactos negativos sobre la biodiversidad, e incorporar un certificado de no afección a los Espacios Naturales Protegidos para todos los proyectos, haciendo especial hincapié en aquellos financiados con recursos públicos. Fomentaremos el establecimiento y desarrollo de nuevas fórmulas de alianza para la gestión concertada o contractual de los Espacios Naturales Protegidos. Apostamos decididamente por el desarrollo activo de la red Natura 2000 como modelo de red de Espacios Naturales Protegidos, estableciendo un sistema de seguimiento, eficaz y eficiente, de la gestión que se realiza en la misma y del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. Revisaremos el actual diseño de la red Natura 2000, de manera que se incluyan las áreas de valor natural que se han quedado fuera, así como incrementar la superficie de hábitats poco representados en la misma, completando la red con la inclusión de áreas marinas protegidas, mejorando su estabilidad ecológica y funcional. Ampliaremos el ámbito del Parque Natural y ZEC de Aiako Harria, adecuando la zonificación para establecer la Reserva Forestal de Añarbe, adaptando los correspondientes documentos de ordenación y gestión. Promoveremos una redacción del PORN de la zona denominada “Montes de Vitoria”, acorde a las características del lugar y contando con la opinión de las personas afectadas. Cambiaremos el modelo de gestión de PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, ETNOGRÁFICO Y CULTURAL que lo garantice y revalorice. Exigiremos el cumplimiento del Acuerdo del Parlamento Vasco solicitando la inclusión urgente de la Colonia de Abinaga como Conjunto Cultural Protegido. En el mismo sentido consideramos necesario la Catalogación del Casco Histórico de Mundaka. Impulsaremos una correcta gestión de la Red Natura 2000, dotándola de coherencia territorial, integridad y conectividad ecológica, manteniendo así su estructura y funcionalidad, mediante la revisión y dotación de respaldo legal a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, para que no sean considerados como meras islas en el territorio, sino piezas engranadas y conectadas a través de corredores ecológicos que eviten la fragmentación de los paisajes, permitan la movilidad de las especies y reduzcan el aislamiento genético de las poblaciones. Mejoraremos el programa de seguimiento del estado de conservación de los diferentes componentes de la biodiversidad de la CAPV sobre la base de indicadores objetivos, claros, fiables y verificables con el objetivo de hacerlo más eficaz. Aprobaremos y pondremos en marcha un Plan de Acción contra las especies invasoras del País Vasco, en la que trataremos la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, que incluya la prohibición del comercio y la tenencia de especies exóticas invasoras como mascotas, así como la cría con fines industriales. Desarrollaremos el Catálogo Vasco de Especies Exóticas Invasoras. Tomaremos medidas firmes contra las agresiones al medio ambiente, así como la implementación de sanciones efectivas y disuasorias en los espacios Red Natura 2000, los incluidos en el Plan Sectorial de Zonas Húmedas, parques naturales y biotopos protegidos. Revisaremos la aprobación de todos los documentos de protección y/o regulación de los espacios RN2000, con programas específicos de gestión y dotándolos de presupuestos anuales, dejando de lado los intereses económicos privados. Impulsaremos la investigación científica y técnica sobre soluciones para las problemáticas ambientales. Estableceremos un sistema de control y evaluación, desde un órgano ambiental independiente de los gestores forestales, las consecuencias sobre la biodiversidad de diferentes técnicas selvícolas y la ejecución sobre el terreno de los proyectos forestales autorizados. Promoveremos la restauración de la biodiversidad mediante la restitución de las funciones ecológicas esenciales de los ecosistemas en las que Euskadi es huérfana, como la depredación natural o la dispersión de semillas y/o frutos, a través de la protección íntegra de especies silvestres clave en dichos procesos, tales como los grandes y pequeños carnívoros y otros componentes de la biodiversidad (lobos, túrdidos, zorros, etc.). Promoveremos la participación equitativa tanto en los costos como en los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, fomentando la inversión pública y privada en Espacios Naturales Protegidos para estimular el desarrollo socioeconómico y asegurar la participación justa de las comunidades locales en los beneficios derivados de la biodiversidad. Promoveremos la creación de una etiqueta distintiva para apoyar a la comercialización de productos elaborados en las áreas protegidas con prácticas beneficiosas para la biodiversidad y a las empresas de servicios que apliquen criterios de gestión favorables. Exigiremos que los órganos gestores de las Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000 (Diputaciones Forales) cumplan con los Planes de Gestión de estos espacios, exigiéndoles los recursos humanos y económicos necesarios establecidos en sus Directrices y Estrategias. Haremos especial hincapié en el control de su cumplimiento y en la consecución de los objetivos establecidos articulando los medios económicos y personales necesarios. Consideramos que estos espacios cumplen un importante papel como proveedores de bienes y servicios ambientales, que debe ser difundido y potenciado mediante la adecuación y modernización de las estructuras de gestión que poseen. Nos posicionamos en contra de la minería a cielo abierto en espacios naturales protegidos. Es clave la participación de los sectores primarios en la elaboración de las estrategias de conservación, creando espacios de encuentro donde se valorice su labor en la conservación del territorio y se trabaje en políticas que favorezcan el interés común de proteger los espacios naturales y la biodiversidad, como las cesiones, políticas de custodia del territorio, subvenciones u otros instrumentos de gestión que permitan actuar en los territorios de titularidad privada. Velaremos por que los Planes Generales de Ordenación Urbana y los Planes de Ordenación del Territorio protejan del desarrollo urbanístico a los enclaves incluidos en el Catálogo de Paisajes Sobresalientes de Euskadi, así como a los corredores ecológicos y a los hábitats de interés comunitario que se encuentran fuera de los ámbitos de la Red Natura 2000. Propondremos una modificación del reglamento que rige la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV), de modo que los informes emitidos por la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco sean vinculantes en cuanto a las competencias que se le atribuyen. No permitiremos campos de golf en zonas donde el agua es un factor limitante o en zonas de alto valor agrario o natural, en aras a una gestión sostenible del agua y para la protección de la biodiversidad y el paisaje. Entre ellos, los proyectos de campos de golf existentes en Rioja Alavesa (Labastida, Laguardia). Se aprobará una nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad Vasca, que se adecue a las nuevas demandas de la sociedad y a las obligaciones legales, incluyendo una regulación sobre responsabilidad ambiental y medidas de reparación en relación con los daños producidos a la biodiversidad y restauración de la integridad ecológica. Se desarrollará y aplicará la Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de responsabilidad ambiental, y la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y la reparación de daños ambientales. Se creará una entidad y/o un sistema informático único para planificar y ejecutar de manera coordinada con el resto de las administraciones públicas las actuaciones relacionadas con la protección de la biodiversidad y de los espacios naturales. El objetivo es crear un instrumento que permita planificar, ejecutar, monitorizar y evaluar todas las actuaciones en la CAPV, definiendo claramente las actuaciones que corresponden a cada Administración y la financiación necesaria para ello. La ausencia de una gestión y coordinación única se traduce en actuaciones descoordinadas entre las administraciones, en un gasto ineficiente de los presupuestos y en una falta de control sobre las actuaciones realizadas. Potenciaremos el Centro de la Biodiversidad de Euskadi “Torre Madariaga”, actualmente mero “centro de interpretación de la Naturaleza”, como centro de coordinación encargado de mejorar el conocimiento en biodiversidad de Euskadi, centralizando los bancos de datos existentes y avanzando en la catalogación de todos los grupos taxonómicos que todavía se desconocen. Para proteger la biodiversidad vegetal impulsaremos la creación de microrreservas de flora y su seguimiento y control real. Apoyaremos los estudios dirigidos al conocimiento de los invertebrados, verdaderos desconocidos en el territorio vasco, así como a los trabajos en los campos menos desarrollados en el conocimiento de la biodiversidad (taxonomía, etc.) Impulsaremos proyectos para la protección y conservación de los anfibios, una de las clases animales más amenazadas. Incluiremos al lobo en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestre y Marina, en la categoría de “en peligro de extinción”. Apoyaremos a las ONGs cuyos objetivos sean la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental, así como las orientadas a la custodia del territorio. Impulsaremos la aprobación de la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 que actualmente se está elaborando, marcando unos objetivos ambiciosos que nos permitan detener la pérdida de la biodiversidad de manera efectiva y real, así como dotar de medios humanos y económicos a todos los agentes que trabajan por la conservación de la naturaleza. Se reactivará la declaración del Biotopo protegido de Uribe-Kosta. Fomentaremos la restauración de las riberas y de la recuperación de los cauces y cuencas como espacios de biodiversidad y corredores ecológicos de primer orden en la conexión de los espacios naturales protegidos. Impulsaremos el tratamiento de los ríos y arroyos como ecosistemas vivos y prohibición de su dragado o limpieza sin criterios ecológicos. En este sentido, proponemos redactar el Plan Vasco de Restauración Fluvial y poner los recursos financieros necesarios para su puesta en marcha. Articular el seguimiento de los proyectos ya realizados de restauración fluvial, así como los que se deriven de este plan. Protegeremos la zona marina Jaizkibel-Ulía mediante su inclusión en Red Natura 2000 y la ampliación del geoparque de la Costa Vasca a la totalidad de Jaizkibel-Ulía, así como sus geoformas, cañones y cavidades submarinas. Prohibiremos la perturbación de los espacios de cría, muda, invernada y descanso de las aves migratorias, así como la caza en los mismos. Propondremos a las DDFF que la veda de especies migratorias se cierre el 31 de enero de cada año, como fecha límite. Impulsaremos la creación de pasos naturalizados para la fauna silvestre sobre carreteras, autovías y otras vías de circulación para favorecer la permeabilidad del territorio y evitar accidentes por atropellos. Trabajaremos por buscar soluciones ecológicas alternativas al empleo abusivo y perjudicial de los pesticidas, lo cual supone el exterminio de gran número de invertebrados y de la flora silvestre, tanto los que son considerados dañinos para los cultivos, como los que no.

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Agua

Euskadi pasa por ser un país donde el agua es un recurso abundante y accesible. Sin embargo esta apariencia no se corresponde con la realidad: los efectos del cambio climático pueden alterar el reparto temporal y especial de las precipitaciones y nuestra capacidad de almacenamiento de agua dulce es limitada. Además la actividad agroganadera intensiva que se desarrolla en ciertas comarcas y en áreas de influencia de los pantanos alaveses, la construcción de infraestructuras alrededor de los pantanos y acuíferos alaveses (polígonos industriales, TAV, autovía Urbina-Maltzaga), y la amenaza de explotar los recursos gasísticos de nuestro subsuelo (“fracking”) suponen una permanente amenaza para las reservas de agua de que disponemos. A pesar de que en los últimos años el consumo de agua per cápita en Euskadi ha disminuido un 15%, debido sobre todo al notable descenso en la producción agrícola y ganadera local, esa situación puede revertir en el futuro, incrementando la presión sobre un bien limitado.

La solución pasa por una gestión racional de los recursos que tenemos, y continuar con las actuales campañas de sensibilización y fomento del ahorro (gestión de la demanda). Pero además, siguiendo las directrices emanadas de la Nueva Cultura del Agua, desde Elkarrekin Podemos proponemos:

Modernizar el abastecimiento de agua para usos agrícolas y ganaderos, exigiendo la implantación de sistemas de canalización y riego eficientes, así como sistemas de control de los consumos y del origen del agua (clausura de captaciones superficiales, pozos y sondeos ilegales).

Continuar estableciendo un estricto control de los acuíferos para evitar su agotamiento, elaborando planes de explotación basados en estudios hidrogeológicos que hayan evaluado su capacidad de suministro en distintas situaciones climáticas y épocas del año. En el caso de los acuíferos alaveses, prohibir cualquier tipo de explotación de los recursos gasísticos que pudieran existir en el subsuelo y de cualquier actividad que pueda afectar a la calidad del agua de los acuíferos.

Incrementar progresivamente los cánones de la Agencia Vasca del Agua (URA) hasta conseguir en 2020 un precio real final que refleje en su totalidad los costes del ciclo integral del agua. Promover a los distintos consorcios el establecimiento de una escala de precios progresiva, con un primer tramo de carácter social y precios paulatinamente más altos en función del consumo per cápita. Rechazar el dragado de estuarios y rías cuando estén desaconsejados por razones ecológicas y/o por el riesgo de remover sedimentos contaminados.

Seguiremos apostando, siempre que no aumente el riesgo a bienes y personas y sea asumible social y urbanísticamente, por la eliminación de las construcciones, muros y escolleras de los cauces fluviales, promoviendo una restauración con criterios ecológicos de sus riberas.

Culminar, para el año 2020, la depuración de todas las aguas residuales antes de su vertido a los ríos y mar, en las cuencas que aún no disponen de plantas de tratamiento (Urdaibai, Valle de Ayala, La Llanada Alavesa, Rioja Alavesa, Karrantza, comarca del Lea y otros núcleos de población menores). Para ello, daremos prioridad en los presupuestos a la ejecución definitiva de los proyectos de saneamiento (muchos ya redactados) para dar cumplimiento a las exigencias de la Directiva Marco del Agua, cuyo objetivo es obtener una correcta planificación de los recursos hídricos y el buen estado de los ecosistemas acuáticos para el año 2015, fecha a la que ya llegamos tarde.

Incrementar las campañas de sensibilización sobre ahorro y buen uso del agua en todos los ámbitos, así como para la instalación de mecanismos ahorradores.

Desarrollar un Plan Estratégico para que URA cofinancie proyectos municipales y comarcales destinados a renovar las redes de distribución (para reducir sus pérdidas) y a implantar redes separativas de saneamiento que eviten la recogida y posterior depuración de las aguas pluviales junto con las residuales, con el fin de reducir los costes de gestión de las plantas depuradoras y el precio final del agua. Facilitar la utilización del agua de lluvia recogida en esas redes separativas para usos urbanos no sensibles (riego, limpieza, etc.).

Apoyar y defender la iniciativa europea de considerar el agua como un bien público y defender la gestión pública del agua, no sólo por motivos ambientales sino también sociales.

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Educación Ambiental

La educación es la base para lograr el cambio de modelo que promovemos desde Elkarrekin Podemos. Además de incidir en otros aspectos, la educación en la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección del patrimonio natural nos permitirá crear una conciencia ciudadana que protegerá y asegurará a las generaciones futuras un territorio saludable y habitable. Además de introducir de manera decidida y transversal la sostenibilidad en el currículum educativo vasco, promoveremos las siguientes medidas:

  • Fomentar el desarrollo de la Agenda 21 local en todos los municipios de la CAPV y hacer un seguimiento efectivo.

  • Potenciar el Centro de Biodiversidad de Euskadi como centro referente en la educación y sensibilización ambiental.

  • Establecer líneas de financiación específicas para que el tejido social vasco pueda desarrollar actividades de educación ambiental en los Espacios Naturales Protegidos y en el resto del territorio.

  • En colaboración con los Ayuntamientos, impulsar programas de sensibilización ambiental destinados a la reducción de la huella ecológica de las familias vascas, como el programa Hogares Verdes.

  • Realizar campañas de educación y concienciación acerca del cambio climático, su origen y sus consecuencias, sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, para reducir la obsolescencia programada y la generación de residuos, sobre consumo responsable y de cercanía, para concienciar sobre el consumo ético, el comercio de materias primas o la mano de obra infantil.

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Políticas animalistas

Sabiendo que los animales son seres sensibles e independientes, y no simples objetos cuya existencia se reduce a satisfacer los intereses humanos, eliminaremos las subvenciones, ayudas o contrataciones públicas, el uso de dinero público destinados a actividades de carácter lúdico-deportivo donde se utilicen animales (circos, zoológicos, idi-probak, carreras de burros, caballos y galgos, etc...), destinando esos fondos a sufragar los gastos que soportan los centros de recuperación de fauna salvaje y de acogida de animales abandonados. Además:

Propondremos la modificación de la Ley 6/1993 de Protección de los Animales, recogiendo la creciente sensibilidad de la gente en el respeto hacia los animales, dotando la Ley de una visión global de la Protección animal, que no dependa de la visión sesgada actual con tenencia de los animales desde un punto de vista higiénico sanitario exclusivamente.

La nueva Ley deberá contemplar la prohibición de destino de dinero público para tauromaquia ni para cualquier acto que suponga la utilización de animales en espectáculos, circos, filmaciones, actividades publicitarias, actividades culturales o religiosas, peleas entre animales y cualquier otra actividad siempre que les pueda ocasionar daño, sufrimiento, degradación, parodias, burlas o tratamiento antinaturales, o que pueden herir la sensibilidad de las personas que lo contemplan.

Defendemos el cese de la retransmisión y promoción de espectáculos con animales en EITB.

Crearemos la figura del “defensor de los animales” en la Administración pública.

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Economía política fiscal y modelo productivo

La economía es una pieza clave en la construcción de cualquier sociedad. Actualmente nos encontramos ante un difícil reto en Euskadi: manejar nuestra economía dentro de un mercado global, en la que los centros de toma de decisiones políticas y económicas están altamente deslocalizados y los focos de interés para el mercado en constante movimiento. Con unas leyes reguladoras que favorecen a los grandes capitales, una pequeña economía como la vasca puede estar, de hecho lo está, expuesta a las fluctuaciones del mercado internacional, que repercuten en nuestras vidas, por ejemplo a través del empleo-desempleo, razon por la cual proponemos una cuota de transferencia para los grandes capitales. En este contexto, y debido a las políticas practicadas hasta hoy, el Estado de Bienestar ha sido gravemente reducido. Es un hecho que durante estos años de crisis hemos perdido derechos, poder adquisitivo y calidad de vida.

La situación actual de la economía vasca, requiere una perspectiva nueva, para analizar un presente delicado en el que está en juego nuestro futuro, unido a ese mercado global, dentro de la UE. Esta nueva perspectiva surge de una corriente inter-generacional que toma conciencia del origen real de sus problemas y que busca ética política y transparencia.

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Política Fiscal

El actual modelo fiscal ha demostrado ser socialmente injusto y económicamente ineficaz e insuficiente para asegurar la financiación de los servicios y actividades de Euskadi.

La presión fiscal vasca, sin cotizaciones sociales, es un 6% del PIB inferior a la UE-28. De tener una presión fiscal similar a la de otros países europeos, en Euskadi se obtendrían 4.000 millones de euros más, lo que permitiría evitar los recortes sociales y disponer de dinero para invertir en apoyo del cambio de modelo productivo y de desarrollo.

Es necesaria una reforma fiscal desde la equidad, es decir, la contribución progresiva en función de la riqueza. Y con más razón en Euskadi donde nuestra autonomía fiscal nos proporciona la oportunidad de llevarlo a cabo independientemente del resto del Estado. El Parlamento vasco tiene ya, sin cambiar la arquitectura institucional (LTH), capacidad de armonizar la normativa tributaria, y de obtener recursos propios a través de recargos. Esa reforma implica actuar desde diferentes ámbitos, que se exponen en los siguientes apartados.

En la sociedad vasca, incluyendo partidos políticos, universidades, movimientos sociales, sindicatos y la propia ciudadanía, se respira la necesidad de realizar un cambio fiscal, obligatorio para avanzar hacia una Euskadi más justa, equitativa y sostenible. El modelo impositivo vasco, ha creado un sistema injusto y con niveles de fraude elevados. Esta línea actual nos sitúa además en un presente con importantes problemas de recaudación que, plasmados en recortes en servicios sociales, tenemos que atajar a corto-medio plazo. Estos recortes, durante la crisis, se han materializado en pérdida de calidad de vida para las clases trabajadoras.

Uno de los informes en los que nos hemos apoyado, Bases para una reforma fiscal en la CAPV, encargado por el Gobierno Vasco al Departamento de Economía de la UPV / EHU, realizado por un reputado equipo de trabajo, explica detalladamente cómo muchas de las deducciones y bonificaciones existentes para personas físicas y empresas, tienen un carácter nada social, regresivo en la práctica. También califica al sistema tributario vasco como injusto en su diseño y en su gestión así como facilitador del fraude fiscal. Además advierte de la insostenibilidad del sistema de prestaciones a medio plazo.

Tenemos que aumentar la recaudación con medidas sociales, luchar contra el fraude fiscal, detectar y eliminar gastos superfluos de la administración y mejorar las políticas redistributivas. El futuro exige transparencia y equilibrio social en las decisiones económicas que permitan la construcción de una nueva Euskadi. En Elkarrekin Podemos apostaremos por una economía fiscal basada en la ética social y en la progresividad real de los impuestos, ahora regresivos, para crear una economía vasca más justa, más cercana a la gente y menos dependiente de intereses privados y de las crisis económicas globales.

En este contexto, hay que señalar para conocimiento de todas las personas interesadas, que las competencias en materia de impuestos recaen en gran medida en las Diputaciones Forales, con las cuales nos comprometemos a trabajar para hacer efectivas las propuestas económicas

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Nuevo sistema de impuestos

La presión fiscal en Euskadi es una de las más bajas de todo el conjunto de la Unión Europea 28. Según el Informe sobre fiscalidad y presupuestos en Hego Euskal Herria de ELA, de Marzo de 2016, en 2012, de haber tenido la presión fiscal de la media UE-28, nuestras administraciones habrían recaudado 7578,9 millones de euros más, un 68% del presupuesto del Gobierno Vasco.

El informe fiscal del Gobierno Vasco a la UPV constata que el aumento de la presión fiscal en los impuestos directos (IRPF, Impuesto Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones) no desincentiva el trabajo asalariado, ni el empleo, ni el ahorro en cantidades significativas, ni la deslocalización de empresas, ni la competitividad, ya que estamos rodeados de Estados con mucha mayor presión fiscal y casi siempre, emigrar por razones fiscales, tiene altos costes económicos y personales. En Podemos Elkarrekin Podemos tenemos hecho un diagnóstico claro desde lo social y es en dirección a un cambio real hacia la progresividad, por donde irán nuestras propuestas:

El Impuesto de sociedades

El impuesto de sociedades ha dejado de ser un impuesto recaudador, dado que los tipos reales que pagan las empresas se encuentran por debajo del 15%, al aprovechar todas las posibilidades que les ofrece una maraña de deducciones y exenciones, junto con los insuficientes recursos con los que cuentan las Agencias Tributarias para perseguir el fraude.

Su aportación al fisco del estado supone un escaso 1,5% del PIB, lo cual es claramente insuficiente. Desaprobamos los instrumentos creados para reducir la tributación de los grandes inversores o en la imposición a sociedades (las fundaciones creadas para deducir). El objetivo inmediato debe ser doblar la aportación de este impuesto en términos de PIB. Por ello proponemos:

  • Eliminar o modificar las deducciones fiscales regresivas que posibilitan que los tipos efectivos (lo pagado realmente), sean menos de la mitad que los tipos nominales (el impuesto en origen) además de dificultar el control del sistema fiscal.

  • Establecer nuevos tipos nominales progresivamente. Del 24-28% actual, al 28%-32%.

  • Estudiar la implantación de deducciones sociales por códigos éticos y sostenibles. Eliminar o transformar los regímenes especiales para empresas de tenencias de valores extranjeros, fondos de inversión, cooperativas, etc.

  • Implantación de un compromiso de permanencia para aquellas empresas que reciban subvenciones públicas.

  • Legislar para evitar la creación de holdings que permiten a grandes patrimonios familiares quedar exentos del pago del impuesto. Trabajar para impedir la creación de empresas unipersonales con el objetivo de tributar en el Impuesto de Sociedades y no en el IRPF, para pagar menos impuestos.

  • Estudiar la participación pública económica en el mercado.

IRPF

Aplicar la progresividad en las tablas de IRPF, en los tipos del impuesto y en sus tramos, bajándolos a las rentas más bajas y subiendo los tipos para las rentas medias altas y altas, cuyos máximos imponibles revisaremos.

Eliminar las deducciones más regresivas y estudiar algunas deducciones éticas para promover la actividad de empresas de economía social.

Eliminar el sistema de módulos en el régimen de autónomos.

Equiparar las rentas del trabajo (lo que se gana del empleo) con las rentas de capital (lo que se gana con un producto financiero, una inversión, un fondo, etc). En las rentas de capital los tipos máximos oscilan entre un 20-22% y en los del trabajo en torno a un 45%.

En consecuencia, reintroducir el sistema de imputación para corregir el cambio en la imposición.

Rediseñar las deducciones de las personas y las familias para que se beneficie toda la población, sin excluir, como ahora, a las rentas bajas.

Imposibilitar que las dietas se utilicen como parte del salario y queden fuera de las exenciones.

Eliminar o reducir en gran parte las deducciones para planes de pensiones privados (400 millones de euros en 2010) y trabajar por el sistema de pensiones público.

Modificar los incentivos para la adquisición de vivienda (casos sociales).

Modificar con profundidad las exenciones a las rentas irregulares (por ingresos excepcionales) tanto en los tramos como en el máximo aplicable.

Reducir o eliminar las deducciones por inversiones, por depósitos en entidades de crédito para la inversión en el inicio de una actividad económica.

Revisar deducciones por la creación de empleo.

Revisar las rentas exentas, como las plusvalías por vivienda propia, los rendimientos obtenidos en el extranjero, algunos juegos de azar, etc.

Sucesiones y donaciones

Las grandes herencias en los territorios forales tienen un trato privilegiado, con un tipo de tan solo el 1,5%. Algo inédito en muchas administraciones tributarias, donde una gran fortuna transmitida de padres a hijos tributa, por ejemplo, al 20% en Alemania, al 36,5% en Andalucía, al 40% en EEUU y al 45% en Francia. Así que proponemos una revisión para converger con los países del entorno.

Impuesto del Patrimonio

La recaudación actual de este impuesto de muy baja, por lo trabajaremos como hasta ahora, con los Grupos Junteros en las Diputaciones, para modificar a la baja sus elevados mínimos exentos y sus tipos bajos aplicables al alza.

Combatir el fraude fiscal

Uno de los peores elementos que tiene el sistema tributario vasco el fraude. Es un agravio recaudatorio enorme y una falta de legitimidad grave por parte de las instituciones fiscales. Otro Informe, “Economía Sumergida y Fraude Fiscal en Euskadi” encargado por el Gobierno Vasco a la UPV/EHU nos da una cifra de 3700 millones € defraudados. De los cuales 2000 millones de impuestos gestionados por las Administraciones Vascas, 300 por el Estado y 1400 millones de cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social. Necesitamos recuperar gran parte de este montante que debería estar en manos de las administraciones y ser gestionado por ellas. En Elkarrekin Podemos, motivados por un código ético guiado por la transparencia, nos comprometemos a luchar contra el fraude y los paraísos fiscales.

Propuestas:

  • Aumentaremos todos los aspectos de la inspección y la detección del fraude:

  • Aumentar el número de inspectores/as y de inspecciones

  • Incrementar las partidas económicas en función del aumento de recursos personales y técnicos.

  • Utilizar mejores bases de datos extra-fiscales.

  • Crear una Policía Tributaria que trabaje coordinada con resto de instituciones.

  • Investigar las rentas no salariales más altas y priorizar los delitos más graves, creando una Policía fiscal, que emplee técnicas, que ya se están utilizando contra el fraude en la RGI, el fraude de los excluidos.

  • Incentivar que la educación cívico-tributaria llega a todos los centros escolares, como forma de enraizar conciencia fiscal

  • Penalizar para desincentivar el fraude: revisaremos las sanciones en cada caso.

  • Corresponsabilizar a quien colabora con quien defrauda: desde quien consume sin IVA hasta quien usa paraísos fiscales tiene alguien que le apoya.

  • Crear el Observatorio contra el Fraude Fiscal, un órgano independiente que junto con las Administraciones vele por el cumplimiento de las medidas adoptadas y de los compromisos adquiridos por éstas.

  • Promover informes anuales de las Diputaciones sobre evolución de la lucha contra el fraude.

  • Lucha contra la elusión fiscal: trabajaremos contra la ingeniería fiscal y los métodos que permiten a grandes fortunas utilizar la ley para pagar menos impuestos.

EcoFiscalidad

Abogamos por introducir en nuestra normativa fiscal un mayor desarrollo de la fiscalidad medioambiental. Desde Elkarrekin Podemos promovemos un precio progresivamente más elevado de la energía, vía impuestos, en relación a la cantidad consumida, teniendo en cuenta las excepcionalidades necesarias. El aumento de la recaudación se destinaría al fomento, investigación y producción de energías renovables.

Crearemos impuestos específicos para la emisión de gases contaminantes o para el uso de envases y embalajes no retornables, para incentivar la producción limpia. Así, se introducirán nuevas tasas a vehículos de gran cilindrada y bonificaciones a la compra de vehículos que funcionen con tecnologías poco contaminantes (eléctrico, híbrido...)

Abogamos por penalizar las importaciones de otros países que fabriquen sus productos sin criterios éticos y sostenibles.

Finalmente, se reducirán o eliminarán los impuestos que graven productos con el sello de “comercio justo”, producción ecológica y se establecerán incentivos fiscales para las empresas acogidas a la economía social y solidaria.

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Política Industrial

Una de las consecuencias de la crisis sistémica que vivimos es la progresiva ralentización de la producción industrial a escala planetaria, con sus inevitables secuelas de cierres de centros productivos, deslocalización de la producción hacia plantas ubicadas en regiones con mano de obra más barata, precarización de las condiciones laborales y absorción de las empresas menos solventes por las grandes corporaciones industriales de carácter transnacional.

En Euskadi es inevitable que este proceso acabe golpeando con fuerza al tejido económico e industrial, como de hecho ya viene sucediendo desde 2008, puesto que la industria vasca representa en torno al 60% de las exportaciones, y más del 20% de la riqueza material derivada de la producción de bienes y servicios. De ahí la necesidad perentoria de activar una política industrial diferente a la llevada a cabo hasta la fecha por el Gobierno Vasco, y que ha estado basada en las siguientes premisas:

Incrementos de la productividad ligados a un aumento progresivo de la capacidad productiva y del tamaño de las plantas industriales. En última instancia, esta dinámica ha desembocado en la actualidad en un exceso de capacidad productiva a nivel mundial en casi todos los sectores industriales.

Externalización de los costes industriales hacia la sociedad, a través de recortes en los derechos laborales, subcontratación de servicios auxiliares, asunción de los costes de formación profesional por parte de los servicios públicos (Lanbide, Seguridad Social, Departamento de Educación…).

Ayuda y promoción de la entrada de capital foráneo en el tejido industrial vasco, lo que ha provocado la pérdida de control sobre proyectos industriales estratégicos y la deslocalización de los centros de decisión de buena parte de la industria vasca.

Procesos de internacionalización diseñados para deslocalizar las actividades industriales de menor valor añadido y, en consecuencia, reducir el empleo radicado en el territorio vasco.

Apoyo incondicional a la actividad exportadora, que ha estado orientada más hacia la búsqueda de nuevos mercados emergentes (Latinoamérica, Asia) para la producción que no encontraba acomodo en los mercados más cercanos, que a introducir productos innovadores en mercados competitivos ya consolidados (Europa, Norteamérica).

Una de las lecciones de la actual crisis económica es que la producción de bienes industriales deberá reestructurarse hacia niveles progresivamente menores, como consecuencia de que las economías más prósperas (Japón, Europa, Norteamérica) están entrando en una fase de post-crecimiento, y que la población de las llamadas economías emergentes (los países BRICS, Sudamérica…) no disponen de recursos económicos equivalentes a los que propiciaron el despegue de las sociedades de consumo en las economías desarrolladas, a lo largo de los años 70 y 80. Muy al contrario, se trata de sociedades con grandes desequilibrios sociales y enormes bolsas de pobreza que, lejos de poder alimentar una reactivación de la producción industrial a escala global, sufrirán en primera persona las consecuencias de la crisis por la que atraviesan las economías desarrolladas, a las que hasta la fecha abastecen de productos de bajo coste.

Por lo tanto es urgente reorientar la política industrial vasca para que, en medio de este incierto panorama global, sea capaz de reorientar la actividad productiva industrial sobre bases más sólidas y sostenibles a largo plazo, con medidas como:

Desligar los costes industriales de las fluctuaciones globales del precio de las energías fósiles, promoviendo un plan intensivo de ahorro y eficiencia energética en la industria, y desarrollando al mismo tiempo en Euskadi un sistema energético descentralizado, orientado hacia el desarrollo de las energías renovables autóctonas, a través del Plan de Transición Energética. Incorporar mayor valor añadido a la producción industrial actual, potenciando la innovación en nuestros productos.

Limitar las ayudas para la internacionalización a aquellos proyectos industriales en los que se demuestre que la implantación en otros países tiene efectos sinérgicos permanentes sobre la actividad productiva en territorio vasco.

Aprobación de una legislación común que facilite la recuperación de las ayudas públicas otorgadas a proyectos industriales que clausuren plantas productivas en Euskadi, deriven carga de trabajo hacia otras plantas radicadas fuera de Euskadi sin causa justificada o que no cumplan con los compromisos genéricos adquiridos con la Administración.

Recuperar y proteger el suelo industrial existente, poniéndolo a disposición de nuevas actividades productivas limpias, eficientes y de alto valor añadido.

Establecer cadenas de valor asociadas a la transformación de los recursos renovables existentes en nuestro territorio (recursos forestales, industria papelera, producción agrícola y ganadera, recuperación de recursos pesqueros...).

Poner en marcha un centro de investigación sobre química verde, que asesore a las empresas del sector y facilite la creación de nuevas líneas productivas más sostenibles y ecológicas.

Apoyo a la producción artesanal y a los sectores manufactureros que pretendan relocalizar su producción en territorio vasco (textil, calzado, muebles).

Promover el diálogo entre las organizaciones sindicales y empresariales para establecer nuevos modelos de relaciones laborales, que faciliten la flexibilidad de la actividad productiva sin menoscabo de las condiciones laborales de las plantillas.

Explorar mecanismos de reparto del empleo industrial, a través de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Impulsar cooperativas de prestación de servicios auxiliares especializados a la industria, que faciliten la gestión empresarial y contribuyan a reducir los costes indirectos del sector industrial, dentro de unos parámetros de garantía de condiciones laborales dignas.

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I+D+i

Uno de los pilares del programa de Elkarrekin Podemos para las elecciones vascas es la reactivación económica para crear empleo, orientada hacia un nuevo modelo productivo y de consumo responsable, fomentando la salud y seguridad, lanzando nuevos productos y servicios innovadores al mercado que sean ambientalmente sostenibles. Para ello es esencial mejorar la capacidad innovadora de las PYMES.

Esto es solo posible con un fuerte apoyo a la innovación a través de la implementación de políticas decididas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), y promoviendo la influencia de la investigación y la innovación en la educación. Así, tanto los avances científicos y tecnológicos, como la innovación social y de gestión, deben revertir en la educación, trasladándose tanto al currículo escolar como a la organización y funcionamiento de los centros. Propuestas:

Revisaremos el papel de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación como agente dinamizador del sistema de I+D+i, para que sus proyectos y servicios respondan a las necesidades estratégicas de la sociedad vasca y a los criterios de sostenibilidad y cohesión social.

Proponemos que la suma de la inversión pública y privada para I+D+i equivalga al 3% del PIB de Euskadi. En las sociedades avanzadas la creación, difusión y utilización del conocimiento constituye la herramienta fundamental para el progreso cultural, económico y social de su ciudadanía. En ello nos jugamos nuestra competitividad y nuestro futuro.

Se impulsará una auténtica planificación estratégica que oriente las políticas de I+D+i hacia objetivos concretos, medibles y orientados en los planes estratégicos del Gobierno Vasco que permitan optimizar los recursos y la gestión del conocimiento.

En estos momentos de crisis es esencial redefinir un Plan estratégico que priorice los sectores más sostenibles (favoreciendo las sinergias entre las PYMES, Centros de Investigación, Parques Tecnológicos y Universidad). Este plan debe mejorar la articulación con el sistema productivo, desarrollando los mecanismos actuales de transferencia de los resultados de la investigación. Todo ello manteniendo el papel que debe tener en todo momento la investigación básica.

Se fomentará la creación de empresas de base tecnológica y spin-off en universidades y centros públicos de investigación. Aumentaremos la cultura de la innovación y cooperación entre empresas, mejorando la participación de las empresas en actividades de I+D+i, con la creación de espacios de innovación tales como pre-incubadoras, incubadoras y centros de empresas con crecimiento tutelado.

Apostamos por fortalecer la industria agroalimentaria y ganadera de carácter ecológica, apostando por la innovación y fortaleciendo la transferencia de conocimientos a centros de formación, empresas y autónomos con actividad en el medio rural.

El sector de la energía, en concreto las energías renovables, resulta estratégico para impulsar la trasformación del modelo productivo y la democratización de la energía.

Un tratamiento especial tendrá la coordinación de los ámbitos energéticos, materiales, sistemas constructivos y de edificación, favoreciendo la I+D+i relacionada con el comportamiento térmico de edificios, instalación de energías renovables y reducción de la dependencia energética.

La I+D+i en el sector de los servicios debe crecer para garantizar la calidad y favorecer el desarrollo tecnológico del mismo, necesidad obligada para ganar competitividad en los mercados exteriores.

Se desarrollará un programa de conocimiento y divulgación de la actividad científica, fomentando la atracción por la labor del personal investigador. Se realizará un programa de acercamiento de esta realidad a los centros educativos en todos sus niveles.

Se promoverán políticas de igualdad de género para compensar el menor porcentaje de mujeres que, disponiendo de formación científica y universitaria, opta por otras profesiones, dejando de aportar a la ciencia un valor absolutamente imprescindible.

Se apoyará decididamente la actividad investigadora en PYMES. Desarrollaremos un plan de incentivo de patentes. Se facilitará el acceso de las PYMES y micro PYMES a la solicitud de patentes, ayudándolas a su tramitación.

Se concentrarán los diferentes organismos, agentes e infraestructuras de soporte encargados de impulsar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, para evitar redundancias administrativas y financieras, haciendo más eficiente la gestión de las actuales estructuras.

Crearemos un Comité Científico para asesoramiento y coordinación entre Gobierno Vasco, diputaciones y centros de investigación públicos y privados, que elabore periódicamente listados de temas prioritarios en investigación.

Se realizarán estudios detallados respecto a necesidades empresariales de servicios tecnológicos. Se facilitará el intercambio y exposición de servicios por parte de las agentes innovadoras, favoreciendo ferias de la I+D y encuentros entre empresas y estructuras que generen conocimiento y desarrollos tecnológicos.

La oferta en sectores de tecnologías emergentes y TICs debe encontrarse en colaboración con la empresa privada. Las políticas de I+D+i deben ser favorecedoras de la equidad al tiempo que del crecimiento económico, siendo sostenibles y promoviendo la cohesión social.

Se contará con un modelo de evaluación riguroso que permita analizar el grado de cumplimiento de los objetivos. La evaluación de los resultados de la I+D+i será transparente transparente, correctora de posibles desviaciones, y se favorecerá la transferencia y difusión de resultados en nuestra comunidad.

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Gestión de Recursos Naturales

Agroganadería

El PIB agrario representa menos de un 1%. Sin embargo, la actividad agraria ejerce un papel fundamental en la gestión del territorio y se trata de un sector estratégico en la CAPV.

En el sector agrícola son varios los problemas que encontramos en la CAPV: la cada vez mayor proporción de tierra utilizada para agricultura intensiva, la falta de relevo generacional, el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, muchos de ellos nocivos tanto para las personas que trabajan en el campo como para quienes consumirán los productos agrícolas o el cambio de uso de tierra en suelo urbanizable.

En el sector ganadero, la situación tampoco es mucho mejor. La importación masiva de piensos elaborados a partir de especies genéticamente modificadas (piensos transgénicos) y la estabulación de la cabaña ganadera para incrementar su productividad no han dado como resultado un incremento de los márgenes de venta para los y las baserritarras. Al contrario, la situación del sector cárnico y lechero es cada año más crítica y, lo que es peor, sin perspectivas de mejora, a pesar de tratarse de producción extensiva en mayor parte.

Gran parte de la responsabilidad por esta situación del sector agroganadero vasco recae en las grandes corporaciones agroalimentarias y del sector de la distribución, que acaparan el margen de beneficio que de otra manera quedaría en las economías locales, y que promueven la importación masiva de alimentos baratos con el único fin de fijar los precios de los alimentos, tanto en origen como en los puntos de venta.

Frente a este modelo en Elkarrekin Podemos optamos por la transición hacia una agricultura y ganadería ecológicas, menos intensivas en insumos, más diversas, protectoras del suelo, capaces de producir alimentos saludables y de calidad, intensivas en empleo y que permitan que los beneficios queden en las economías locales. Asumimos las propuestas del movimiento europeo por la Soberanía Alimentaria y otra Política Agraria Común. Entre otras medidas, nos comprometemos a poner en práctica las siguientes líneas de actuación:

Potenciaremos y dotaremos de los medios necesarios al Consejo Vasco de la Producción Ecológica (ENEEK), a fin de que pueda mantener el ritmo actual de crecimiento de la superficie ecológica certificada en Euskadi (10% anual).

Promoveremos sellos y/o certificaciones que fomenten el comercio de proximidad y ecológico.

Aplicaremos el marco del PDR que promueve la retribución de la agricultura y ganadería ecológicas realizadas en espacios naturales protegidos de la CAPV, así como los agrosistemas de alto valor natural y la ganadería extensiva de montaña, por su importante papel como garantes de los valores ecológicos y paisajísticos de esos territorios. Todo ello, poniendo los medios necesarios que lo hagan compatible con la supervivencia de las especies de fauna salvaje en peligro de extinción. Además, queremos facilitar la certificación ecológica de los pastos de montaña ubicados en espacios protegidos y zonas de alto valor ecológico de Euskadi.

Crearemos una Comisión Permanente de Agricultura y Medio Ambiente, con capacidad decisoria, para el análisis y acción coordinada en materia de medio ambiente, biodiversidad, agricultura, ganadería y pesca y en defensa de las personas profesionales del campo.

Se sustituirá el actual modelo paliativo por otro preventivo, con ayudas públicas para la protección de los cultivos y el manejo y el cuidado del ganado.

Apoyaremos la implantación de modelos y prácticas agrarios que mejor contribuyan a la conservación de la biodiversidad, impulsando el mantenimiento de la actividad agraria. Apostamos por agricultura familiar frente a macroexplotaciones.

Defenderemos la preservación del suelo rural con los instrumentos de ordenación del territorio existentes, así como a través de la realización de inventarios que cataloguen todo el suelo y establezcan las unidades agrológicas a mantener prioritariamente, por su calidad y continuidad territorial.

Impulsaremos herramientas como los bancos públicos de tierra y el apoyo a la transmisión de tierras por parte de personas en edad de jubilación/prejubilación que afronten el minifundismo actual y la incorporación de nuevas personas a la actividad agrícola y se rejuvenezca así el sector.

Mejoraremos los criterios de condicionalidad agraria, teniendo en cuenta las especificidades del territorio, y establecimiento de un sistema de seguimiento que permita valorar con rigor sus efectos sobre el medio ambiente en general, y sobre la biodiversidad en particular.

Incluiremos en la evaluación intermedia del PDRs un análisis de detalle sobre sus efectos en la biodiversidad y una revisión de las medidas agroambientales, con el objeto de incorporar los cambios necesarios para suprimir los impactos negativos sobre la biodiversidad y promover los impactos positivos.

Promoveremos un enfoque integral y multifuncional en la gestión de las explotaciones agrarias, que les permita desarrollar su potencial para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales al resto de la ciudadanía.

Como “Zona Libre de Cultivos Transgénicos” que está declarada la CAPV, participaremos activamente en las acciones de la Red de Regiones europeas que se declaran libres de cultivos transgénicos.

Compromiso de información sobre los inconvenientes para la salud de las personas y el medio ambiente de la utilización de pesticidas y herbicidas con el glifosato, en aplicación del principio de precaución.

Estudiaremos de la posibilidad de regulación normativa de plaguicidas y de abonos no orgánicos y de erradicación de los químicos de síntesis.

Pondremos en práctica de planes de sensibilización y formación de los ganaderos vascos en torno al correcto manejo y gestión de purines generados en las explotaciones ganaderas.

Subvencionaremos la restauración de los paisajes agrarios afectados por los procesos de concentración parcelaria realizados en territorio alavés, con la reintroducción de setos arbustivos y especies autóctonas que favorezcan la creación de hábitats favorables para la fauna silvestre y aporten diversidad al paisaje rural.

Incentivaremos la creación y pervivencia en el tiempo de cooperativas de comercialización y/o transformación, que den un valor añadido a la producción agroganadera vasca y faciliten la negociación de los precios con el sector de la distribución.

Desarrollaremos el consumo de cercanía y de productos ecológicos, así como la creación de lazos directos entre consumidores y productores mediante mercados municipales o comarcales estables, donde los productores locales puedan realizar la venta directa o el abastecimiento a grupos de consumo organizados en torno a ellos.

Apostamos por el mantenimiento de las razas ganaderas autóctonas vascas y por la conservación de las variedades tradicionales de especies cultivables, a través de bancos públicos de semillas que promuevan el registro de las variedades vegetales para evitar su apropiación por parte de las corporaciones agrotecnológicas, con el fin de fomentar su uso y comercialización.

Exigiremos un etiquetado específico para todos aquellos productos cárnicos y lácteos procedentes de ganado alimentado con piensos transgénicos que se comercialicen en Euskadi, a fin de evitar el actual fraude que sufren las personas consumidoras que desean conocer dicha información.

Promoveremos la creación de un mercado vasco de cereales y herbáceas (con ventajas e incentivos fiscales), y de un banco de compost y materia orgánica, a los que puedan acudir las cooperativas agrarias y ganaderas en busca de insumos de calidad a precios asequibles.

Realizaremos un estudio pormenorizado de las cargas ganaderas de las MUP (Montes declarados de Utilidad Pública) de la CAPV. Conociendo las zonas donde hay sobrecarga y trabajando para llegar a un equilibrio de cargas ganaderas adecuado a la capacidad de cada monte, instando a los Departamentos de las Diputaciones Forales a la elaboración de planes de gestión de los pastos mediante cargas ganaderas adecuadas.

Gestión Forestal

En materia de política forestal, defendemos una gestión forestal sostenible que proteja el suelo, el bosque, la biodiversidad y los paisajes. Es decir, proponemos una política forestal radicalmente distinta a la que se ha llevado a cabo en Euskadi a lo largo de las últimas décadas:

Allí donde se han primado las plantaciones de pinos y eucaliptos que proporcionan madera barata para la industria papelera y para otros usos de bajo valor añadido, Elkarrekin Podemos propone incentivar la repoblación paulatina con especies de crecimiento medio-lento y alto valor maderero (roble, castaño, cerezo, abedul…), subvencionando a los propietarios de estos terrenos. Promoveremos la denegación de subvenciones a plantaciones de especies exóticas en la CAPV a través de la revisión intermedia de la PDR.

Fomentaremos las restauraciones forestales de terrenos degradados y la sustitución progresiva de repoblaciones en espacios de la Red Natura 2000 con especies alóctonas, con especies autóctonas, que responden con mayor eficacia a la potencialidad ecológica del territorio.

Promoveremos figuras de protección específicas que regulen los usos forestales permitidos en los MUP.

En lugar de las habituales cortas a matarrasa y la plantación con maquinaria pesada, promoveremos la obligatoriedad del manejo forestal con métodos menos dañinos, como la entresaca o el aclareo.

Reforzaremos los controles para evitar la entrada a Euskadi de madera o biomasa forestal de especies en peligro de extinción o procedente de selvas tropicales sin certificación de gestión forestal sostenible y potenciaremos los circuitos cortos y el empleo de la madera o la biomasa forestal local.

Promoveremos, en colaboración con centros de reconocido prestigio en materia de ecología forestal, la Universidad del País Vasco y los Centros de Investigación Agrarios, un proyecto de investigación a largo plazo sobre ecología forestal con objeto de estudiar el ciclo biogeoquímico de las repoblaciones forestales en aras a conocer sus repercusiones reales sobre los nutrientes del suelo y sobre la biodiversidad.

Recursos Marinos

En lo que respecta a la política pesquera, constatamos que la flota pesquera vasca de altura es una importante fuente de empleo en nuestro litoral (Bermeo, Ondarroa, Pasaia) y sin embargo su actividad está contribuyendo al esquilmado de caladeros ubicados a lo largo y ancho de los océanos, una vez agotado el ecosistema marino cantábrico. Por el contrario nuestra flota de bajura, más intensiva en mano de obra y en principio menos dañina para los ecosistemas marinos (Mutriku, Orio, Getaria), agoniza entre la desidia de la Unión Europea y los bajos precios que impone el libre mercado.

En Elkarrekin Podemos optamos por una gestión de la pesca respetuosa con el ecosistema, que ayude a proteger las especies y hábitat sensibles, que mantenga las poblaciones de todas las especies en un nivel saludable, con la utilización de planes de gestión y métodos de pesca selectivos, que opere de manera social y económicamente justa y responsable y que informe siempre del origen de las capturas desde el punto de pesca hasta el de venta. Por eso, consideramos que es fundamental preservar nuestra flota de bajura, poniendo en práctica las siguientes medidas:

Declarar la franja costera de las primeras 6 millas comprendida entre el límite de aguas territoriales con Francia y el Norte-Sur del cabo de Punta Lucero como “Área Marina Protegida” y que, dentro de éste área, se declaren algunas Zonas de Reserva, en las que quedaría prohibida toda actividad extractiva. La constitución de este Área Marina Protegida contribuiría definitivamente a preservar todo el litoral y sus caladeros, siguiendo los principios de la nuevaPolítica de Pesca Común de la UE.

Las zonas del Área Protegida no declaradas como Zonas de Reserva estarían limitadas a la pesca con artes artesanales (anzuelo y nasas) y se regularía la actual flota con artes menores (redes) y de cerco, quedando excluida la pesca de arrastre. Además estudiaremos la posibilidad de limitar dichas zonas de pesca y elaborar un censo de buques autorizados, aplicando los cupos de pesca, las medidas de cierre temporal y las paradas biológicas (vedas estacionales) que establezcan las recomendaciones científicas para garantizar el aprovechamiento racional de los recursos existentes en nuestra plataforma litoral.

Solicitar al Ministerio la ampliación de las anteriores medidas a la franja costera de su competencia, situada entre las 6 y las 12 millas.

Estudiaremos la posibilidad de cambio del sistema de subastas, siendo éstas al alza y no a la baja como viene siendo habitual. Además estudiaremos la posibilidad de implantación de “precios de activación” para las principales especies comerciales tal y como existían en la UE hasta el año pasado, para asegurar una rentabilidad mínima de la actividad pesquera y dotaremos a los servicios de inspección pesquera de medios suficientes que les permitan controlar estrechamente la entrada en los mercados de Euskadi de capturas procedentes de terceros países que incumplan la normativa europea vigente, y que suponen una competencia desleal para nuestros arrantzales.

Se establecerán sistemas de apoyo técnico a las cofradías a través del Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia para que implanten métodos de pesca más sostenibles y sistemas de detección más modernos y selectivos.

Estudiaremos la posibilidad de financiación de equipos de localización con sistemas de posicionamiento GPR y módulos de comunicaciones inalámbricas con el fin de recoger datos suficientes que permitan asistir a los arrantzales para promocionar el producto.

Por su parte, la flota vasca de altura habrá de estar sometida a un estricto control, que asegure un respeto escrupuloso de las normas de pesca internacionales, la explotación sostenible de los caladeros y de los intereses socioeconómicos de los países cercanos afectados. En particular, consideramos necesario poner en práctica las siguientes líneas de trabajo:

Supervisaremos, en colaboración con los entes con competencias en la materia, el cumplimiento de la normativa sobre desembarco, contabilización y control exhaustivo de los descartes en tierra, exigiremos el cumplimiento real de los totales admisibles de captura, cuotas y tallas de refenrencia para conservación y solicitaremos a la Unión Europea la prohibición a nivel internacional de las artes pesqueras más destructivas (redes de arrastre y de deriva). Mantendremos la exigencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la asistencia de representantes del Gobierno Vasco en las reuniones y discusiones de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) o en cualquier otro foro relevante, para poder defender una política pesquera sostenible allí donde sea necesario.

Revisaremos y ampliaremos, con información del organismo científico competente, el catálogo vasco de especies amenazadas, introduciendo especies marinas, con vistas a su ampliación y sobre el cual se podrán determinar medidas encaminadas a regular su captura y retención por parte de los buques abanderados en puertos vascos.

Desarrollaremos una denominación de origen o etiqueta de calidad y sostenibilidad propia y con estándares públicos de los productos marinos para apoyar la valorización e internacionalización del producto local y en consecuencia, para incrementar beneficios en el sector.

Impulsaremos el desarrollo y la implementación de criterios de sostenibilidad en los futuros proyectos de acuicultura que, en su caso, se propongan, siguiendo las Directrices Europeas en esta materia.

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Producción y gestión limpia de residuos

Nuestro sistema económico se basa en producir y poner en el mercado grandes cantidades de bienes de consumo con el fin de generar beneficios económicos inmediatos, crecientes y duraderos, sin reparar en que las materias primas, el agua o la energía que se necesitan para ello son finitas (agotamiento de recursos escasos), sin detenerse en el impacto ambiental que acarrea el proceso productivo (contaminación industrial, emisiones de CO2) y sin preocuparse de que muchos de esos bienes se convertirán en desechos que será preciso gestionar (obsolescencia programada, objetos de un solo uso, envases no retornables).

En contraposición con lo anterior, el modelo económico y productivo que defiende Elkarrekin Podemos se centra en que los bienes comercializados sirvan para satisfacer las necesidades básicas de las personas, y que esa satisfacción se consiga con el menor consumo posible de recursos (eficiencia material y energética), durante el mayor periodo de tiempo (durabilidad) y generando la menor cantidad posible de residuos (producción limpia, economía circular).

Respecto a la sostenibilidad de los procesos productivos, la política de Elkarrekin Podemos se apoyará en los siguientes ejes de actuación:

Fomentaremos el ecodiseño en la industria vasca, promoviendo análisis sistemáticos del ciclo de vida de los productos, apoyando el cierre del ciclo de las materias primas y la utilización de materiales de procedencia renovable, y realizando propuestas legislativas que propicien la durabilidad y facilidad de reparación de los productos.

Promoveremos una Ley de control y/o seguimiento de la obsolescencia de productos en Euskadi, en la medida de las competencias propias.

Apoyaremos la sustitución de productos químicos peligrosos por otros procedentes de la química verde en aquellos procesos productivos donde sea posible, aplicando de forma generalizada el principio de precaución en el diseño y fabricación de productos sensibles, tales como cosméticos, productos de higiene, juguetes infantiles o envases para contener alimentos.

Aplicaremos con rigor el principio de precaución cuando no exista certeza sobre la ausencia de efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud de seres vivos, valorando adecuadamente los conocimientos disponibles y las incertidumbres persistentes en el ámbito científico.

En lo referente a los residuos, estamos convencidos de que una política adecuada puede convertir a este sector en una fuente de empleo y riqueza, porque los residuos son recursos valiosos que debemos aprovechar para reducir nuestra dependencia del uso de materias primas.Además defendemos la economía circular y la filosofía de “residuos cero” En coherencia con estas ideas básicas, nos comprometemos a poner en práctica las siguientes medidas:

Velaremos por el estricto cumplimiento del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020, que recoge la normativa europea en la materia y que ha de priorizar realmente la reducción y reutilización de residuos frente al reciclado, y de éste frente a la destrucción controlada o el depósito en vertederos.

Haremos especial hincapié en el desarrollo de campañas de concienciación dirigidas a la reducción y ahorro de recursos en todos los sectores de la economía como factor prioritario para disminuir la generación de residuos.

En el ámbito de los residuos urbanos, apoyaremos a aquellos municipios y mancomunidades que adopten la estrategia “Residuo 0”, la recogida selectiva en origen, el compostaje de calidad, los centros locales de reutilización y reparación, la investigación para reducir la fracción no reciclable, la homologación de los materiales recuperados y los incentivos fiscales para reducir las cantidades de residuos per cápita.

Promoveremos mecanismos de cooperación con las empresas distribuidoras en Euskadi para minimizar los envases.

Priorizaremos las empresas de economía social y solidaria en el ámbito de la gestión de residuos, así como la gestión pública de las actividades de recogida, clasificación y comercialización de los materiales recuperados.

Prohibiremos de forma inmediata la incineración de residuos en las plantas cementeras de Lemoa, Arrigorriaga y Añorga, y no apoyaremos la construcción de nuevas incineradoras de residuos sólidos urbanos en Euskadi (Zubieta).

Desde Gobierno Vasco y a través del porcentaje de la sociedad que le corresponde, propondremos una mayor transparencia de los datos de Zabalgarbi para valorar su viabilidad y la realización de un estudio para valorar si las escorias son o no residuos no peligrosos. Con todo ello, se deberá evaluar la viabilidad de la planta y las posibles alternativas de uso o desmantelamiento.

Elaboraremos una normativa para la explotación de plantas de compostaje y de biometanización, a fin de que produzcan un compost de calidad que pueda ser comercializado y utilizado en aplicaciones diversas (jardinería, restauración de zonas degradadas, usos forestales, agricultura). Evaluaremos la viabilidad de implantar plantas descentralizadas de biogas en las áreas con mayor concentración ganadera.

Apoyaremos la implantación de Sistemas de Depósito, Devolución y retorno de envases complementario con el resto de sistemas de recogida selectiva.

Estimularemos la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión que se produzcan en Euskadi en torno a la recogida y gestión de los residuos urbanos, como herramienta de concienciación individual y de asunción colectiva de la responsabilidad que a toda la ciudadanía nos corresponde como generadoras que somos de los residuos que se deben gestionar.

Estableceremos convenios con ayuntamientos, mancomunidades y entes forales para adaptar los “garbigunes”, “puntos limpios” o “puntos de recogida selectiva”, de forma que alberguen áreas para electrodomésticos, muebles, voluminosos, ropa u objetos que pudieran ser objeto de reutilización, sin que sufran daños o deterioro durante su estancia en esos puntos de recogida.

Promocionaremos la puesta en marcha de todas aquellas iniciativas públicas y privadas dirigidas a reutilizar aparatos electrodomésticos, utensilios eléctricos y electrónicos, objetos y utensilios de todo tipo, mediante talleres de reparación, mercados de segunda mano o establecimientos de trueque y donación.

Mejoraremos los controles sobre vertederos ilegales y/o incontrolados.

Promoveremos mayor control de residuos tóxicos y peligrosos incrementando las inspecciones en empresas e incrementando el número de inspectores en el área de “calidad ambiental” de Gobierno Vasco, en la medida de las posibilidades.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. POLÍTICAS FEMINISTAS

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Las mujeres, el motor del cambio global

Si bien algunos aspectos de la Igualdad de Género han progresado, los principales factores de desigualdad no se han superado o, en algunos casos, han incluso retrocedido: los recortes en políticas de Igualdad y en políticas sociales como Sanidad, Dependencia o Educación que afectan directamente al acceso de las mujeres al ya restrictivo mercado laboral; así como la reforma de la Ley del Aborto, que restringe los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres menores de 18 años, confirman sin duda este retroceso. Los problemas compartidos por el conjunto de la sociedad acostumbran a ser sufridos en mayor medida por las mujeres. De ahí la feminización de la pobreza, el paro femenino, menores tasas de actividad, mayor precariedad, etc. Sin embargo, también existen problemas específicos derivados del mero hecho de ser mujeres, y que tienen que ver con un determinado orden social, el heteropatriarcado, que genera diferentes tipos de violencia, ya sea directa, cultural o estructural, con los asesinatos machistas como su consecuencia más palpable e intolerable.

En Elkarrekin Podemos no vamos a admitir retrocesos en la Igualdad de Género. Las mujeres y los hombres son los protagonistas de la historia y ambos debemos escribirla. Para que las mujeres tengan posibilidades de participación en el espacio público es imprescindible un reparto equitativo entre hombres y mujeres en el espacio privado. Este planteamiento conlleva sin duda, una transformación profunda de nuestra sociedad y de los roles que en ella desempeñamos, donde los hombres deben ser conscientes de que tienen privilegios de género y que deben renunciar a ellos para dar paso a que las mujeres puedan tener, y sobre todo ejercer, todos los derechos de los que son titulares pero a los que muchas veces se les niega el acceso.

Es indudable que el nuevo ciclo político es feminista y por ello las propuestas de Elkarrekin Podemos apuntan hacia un cambio de paradigma en el que la integración de las mujeres en la totalidad de los ámbitos de la vida y su reconocimiento por parte de todas las personas, constituya el motor del cambio global.

Estamos viviendo un espejismo autocomplaciente con respecto a la Igualdad de Género, ya que una buena parte de la sociedad cree que ya está conseguida, cuando la realidad es que ni siquiera se están cumpliendo las leyes que evitan la discriminación: la carencia de sanciones y la tremenda laxitud ante la falta de cumplimiento, da lugar a que sólo se estén desarrollando acciones meramente cuantitativas (como conseguir determinadas cuotas a través de acciones positivas) que aunque necesarias, no son suficientes para conformar una sociedad más justa e igualitaria.

Es imprescindible ir más allá, abordar medidas cualitativas tendentes a visibilizar las injusticias que a todos los niveles dan lugar a la desigualdad, para saber cuáles son sus causas y cuáles sus efectos. Sólo conociendo lo que ocurre y sus razones, estaremos en disposición de actuar con coherencia.

El heteropatriarcado trae consigo un pensamiento binario machista y, con ello, los estereotipos de género. Esta forma de interpretar el mundo de forma binaria genera modelos jerárquicos y normativos, y son definidos y elaborados por los grupos sociales dominantes, relevando a un segundo plano lo que piensan los demás grupos que se convierten así en dominados, legitimando así la desigualdad social. De ahí que, por ejemplo, lo femenino es considerado como lo negativo, lo débil, la ausencia, la negación, el continente oscuro e inferior a lo masculino.

Para hacer frente a estos planteamientos es necesario que todas las políticas que se pongan en marcha tengan una perspectiva feminista, contando para ello con la implicación de todas las personas en su diseño e implementación con el fin de construir una sociedad igualitaria, rompiendo con el modelo heteropatriarcal y obligando a que se tenga en cuenta a todas las mujeres atendiendo a su diversidad, y trabajando para que las políticas de género no se queden aisladas sino que sean transversales a todas las facetas que afectan a la sociedad, asegurando así la consolidación de una Igualdad real y efectiva.

Además, desde Elkarrekin Podemos, entendemos que es importante la implicación y participación de los hombres en este proceso de deconstrucción de los arquetipos y modelos heteropatriarcales: es necesario un nuevo paradigma alternativo al modelo de sociedad actual para avanzar hacia la igualdad en la diversidad.

En definitiva, consideramos que las Políticas Feministas son una de las herramientas más potentes y eficaces para de forma transversal, acabar con el sistema heteropatriarcal dominante y conseguir la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Acabar con cualquier forma de desigualdad o discriminación en Euskadi que afecte a las personas por razón de género u opción sexual, es una de las principales tareas de las mujeres y los hombres de Elkarrekin Podemos.

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Derechos civiles y políticos: Igualdad en todos los ámbitos sociales

Impulsaremos juntos a los movimientos feministas y otros movimientos sociales, la revisión y el debate de la Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, ya que necesita adaptarse a la sociedad actual después de casi 12 años de su promulgación, e incidiendo en su cumplimiento evitando por ejemplo, la laxitud en el lenguaje. Derivado de ello, propondremos una modificación de la Ley tendente a erradicar la discriminación en todos los ámbitos de la vida, trabajando de una forma integral y transversal en todos ellos, y prestando especial atención hacia aquellas discriminaciones que no aparecen tipificadas en la normativa actual: edad, diversidad funcional, orientación sexual, identidades alternativas de género, etnia y origen social.

Creación de instrumentos de protección jurídica y administrativa, para poder defenderse de los actos u omisiones discriminatorias de todo tipo.

Reforzamiento y potenciación de los protocolos de detección e intervención en el acoso moral, psicológico y sexual, en el ámbito laboral y educativo.

Instaremos a que se lleve a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (ámbito estatal) para que reconozca la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y la defina como un atentado contra sus derechos, encuadrada en un marco de las relaciones de dominación no sólo de pareja, como se recoge hasta ahora. Dicha Ley debe estar enfocada a combatir las Violencias Machistas y proteger además de a las mujeres, a sus hijas e hijos.

En Elkarrekin Podemos creemos que la reforma de la Ley del Aborto puesta en marcha por el gobierno del PP atenta directamente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres menores de 18 años, recortando sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que emplearemos desde Euskadi todos los recursos necesarios para eliminar dicha reforma y trabajar por una Ley que garantice el aborto libre y gratuito, donde todas las mujeres tengan garantizado su derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo.

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Violencias machistas contra las mujeres: prevención y erradicación

La violencia machista, en todas sus vertientes, es uno de los problemas más sangrantes de nuestra sociedad que Elkarrekin Podemos quiere erradicar por completo. Lo repudiamos abiertamente y para ello pondremos en marcha medidas integrales y transversales en todos los niveles institucionales y sociales, con el fin de acabar con esta lacra que aflige a nuestra sociedad y que atenta directamente contra los derechos, la dignidad y la vida de las mujeres.

Es necesario un elaborar un pacto social y un Plan urgente que ataje la lacra de la violencia machista que asesina anualmente centenar de mujeres y miles que sufren agresiones machistas de toda índole. Euskadi necesita un gobierno decidido a promover y dotar de los recursos necesarios las políticas de prevención y actuación ante la violencia machista, cuya erradicación debe ser una de las prioridades absolutas de cualquier fuerza política. Desde el impulso a las políticas educativas en igualdad (coeducación), hasta la creación de estructuras para la participación de colectivos feministas en el diseño, implementación y evaluación de los protocolos de actuación.

Es preciso además, reducir las trabas legales y burocráticas para la puesta a disposición de las mujeres que sufren violencia machisrta de los recursos sociales necesarios para garantizar su integridad física y facilitar su autonomía personal, creando una amplia red de recursos que proporcionen una atención integral.

En Elkarrekin Podemos criticamos abiertamente que las mujeres sean presentadas en la mayoría de los casos como víctimas que necesitan protección y asistencia, más que como sujetos activos que luchan por sus derechos y por su autonomía y por ello creemos que es necesario superar dicho paradigma y afrontar este grave problema considerando a las mujeres como seres independientes, y eliminando el enfoque que las culpabiliza y responsabiliza de la violencia que ellas mismas sufren.

Defenderemos que para poner fin a esta lacra hay que trabajar en poner las bases hacia la transformación social, reconstruyendo la educación, superando los falsos mitos sobre la sexualidad y las relaciones, y rompiendo con el modelo de familia heteropatriarcal. Medidas:

Aumentaremos en un 15% el presupuesto para la lucha contra las violencias machistas y su total erradicación.

Pondremos en marcha un Pacto Social contra la violencia machista donde se reflexione sobre si el sistema vigente responde a las necesidades actuales, planteando un sistema único con el objetivo de elaborar una estrategia urgente para responder a la violencia contra las mujeres.

Promoveremos la creación de una Escuela de Empoderamiento a nivel autonómico para las mujeres.

Se ampliarán los recursos materiales y económicos de atención inmediata y a largo plazo para mujeres que hayan sufrido violencia, simplificando los métodos para el acceso a dichos recursos.

Se trabajará incansablemente por poner en marcha programas de detección y prevención de la violencia machista partiendo del principio básico de que hay que insistir y visibilizar los problemas de raíz que la generan.

Trabajaremos en base a la solidaridad y participación ciudadana especialmente de movimientos feministas y otros colectivos para erradicar este tipo de actos execrables, por lo que fomentaremos la creación de redes informales de mujeres para apoyo a las víctimas.

Generar programas integrales de acompañamiento a víctimas de violencias machistas, que ponga a las mujeres en el centro y que las sitúe y las acompañe en función de sus peculiaridades y necesidades garantizando alternativas en todos los casos y primando la protección al control y desvinculando el proceso de garantía de derechos y de protección sobre el proceso judicial, facilitando el camino de las mujeres en la salida de la violencia.

Se pondrán en marcha programas específicos de prevención de la violencia machista en centros educativos, sociales y laborales.

Promoveremos una Ley Integral contra la trata de personas para afirmar el papel central de las víctimas como sujetos de derechos en coordinación con las autoridades estatales, autonómicas y locales en su protección, identificación y detección.

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Empleo y trabajo

La división sexual del trabajo en productivo, identificado en nuestra sociedad con el rol masculino, y en trabajo reproductivo, identificado con el rol femenino, ha generado desigualdad en el acceso y en la promoción económica dentro del mercado laboral para estas últimas. El empleo es el remunerado y el trabajo es el que realizan todas las personas sea remunerado o no. Así, de esta dicotomía resulta que los hombres son los que tienen más empleo, es decir están remunerados y las mujeres más trabajo no remunerado aunque este está tan invisibilizado que ni siquiera, se considera trabajo como tal. Las cifras demuestran continuamente que la situación lejos de mejorar, empeora y está abocando a más mujeres a la pobreza.

Elkarrekin Podemos cree firmemente que los estereotipos sexistas forman parte de las causas de la desigualdad en el ámbito laboral. Se hace imprescindible, por tanto, la eliminación de la división ficticia entre sectores feminizados y/o masculinizados. Es por ello que se pondrán en marcha programas de educación y formación laboral para la eliminación de los mismos profundizando en sus raíces culturales ya que están distorsionando la realidad actual.

Entendemos que el empleo es un tema clave sobre el que Elkarrekin Podemos debe incidir prioritariamente, a través de diferentes acciones y políticas que han de ponerse en marcha urgentemente si queremos garantizar un empleo digno para las mujeres acorde a su perfil y no a su sexo, y sobre todo, si queremos evitar que la pobreza siga teniendo rostro de mujer.

Creemos que a través del empoderamiento de las mujeres, sólo efectivo si tienen capacidad de decisión y de participación en todos los ámbitos privados y públicos y especialmente en los políticos y socio-laborales, es posible la tan necesaria transformación social que erradique la discriminación de género.

Es hora de superar los discursos conformistas centrados exclusivamente que las mujeres se “animen a participar” para poner en marcha planes y actuaciones que garanticen su participación en paridad en los puestos políticos y de decisión empresarial. Es necesario ahondar y reflexionar sobre las causas de la infra-representación de las mujeres. Sólo conociéndolas podremos solucionarlas y por tanto es hora de dejar de mirar para otro lado. Es tiempo y es necesario que las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda.

Es hora de traspasar las propuestas sólo de sensibilización e implementar medidas que vengan acompañadas de recursos significativos para poner en marcha actuaciones que permitan un empoderamiento real de las mujeres.

Exigiremos que se realicen los cambios necesarios en la normativa laboral para la efectiva Igualdad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres evitando así la denominada “doble jornada” de las mujeres y la discriminación económica que sigue produciéndose en la actualidad, admitiéndose como se hace ahora con condescendencia, que mujeres y hombres no tengan el mismo salario realizando el mismo trabajo. Proponemos:

Poner en marcha nuevos programas de empleo y formación que no reproduzcan la división sexual del trabajo.

Los Planes de Igualdad son una herramienta que aunque insuficiente, es necesaria para alcanzar la Igualdad en el ámbito laboral. Evitan situaciones de discriminación, eliminan techos de cristal y pueden poner en marcha medidas de corresponsabilidad y conciliación eficaces y reales para ambos géneros. Se exigirá por tanto a todas las empresas e instituciones, que estén obligadas por la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres a realizar Planes de Igualdad, a que los elaboren e implementen, diseñando mecanismos de control y evaluación para que sean efectivos y eficaces en favor de una Igualdad real.

En todo caso, se apoyará y fomentará con más recursos que los actuales, la implementación de Planes de Igualdad en todas aquellas empresas que no estén obligadas por la Ley 3/2007, a llevarlos a cabo (PYMES).

Creación de programas que garanticen el 50% de la contratación de mujeres. Dichos programas han de ser elaborados para favorecer la inserción laboral de las mujeres sin discriminación de ningún tipo: edad, raza, origen, género alternativo…

Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y subvenciones de la administración pública vasca, que garanticen la presencia de mujeres en los sectores laborales con menos representación.

Se controlará el cumplimiento del principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres y se trabajará para terminar de una vez por todas con la brecha salarial, abordando todos los factores que dan lugar a la misma.

Se establecerán políticas concretas para garantizar la paridad en los órganos de decisión de las empresas.

Se pondrán en marcha programas de fomento para las mujeres en los sectores de actividades artísticas, culturales y de investigación, así como en todos los sectores laborales masculinizados.

Revisaremos los indicadores de actividad económica y laboral para que den cuenta del funcionamiento de la economía y el reparto de los trabajos desde la óptica de la sostenibilidad de la vida, con atención específica a los trabajos no remunerados.

Desarrollaremos una política fiscal que individualice los derechos fiscales con el objetivo de evitar fomentar unos modelos convivenciales sobre otros y que no fomenten la división sexual del trabajo.

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Corresponsabilidad y conciliación

Mientras que la lógica de la acumulación de capital es el fin último del sistema capitalista, los cuidados cumplen un papel estratégico, ya que todas las personas los van a necesitar a lo largo de su vida. Frente a las lógicas contrapuestas de las necesidades de cuidado y las necesidades de valorización del capital, es obvio que el sistema actual prioriza la segunda lógica, con lo que resulta imposible responder simultáneamente a ambas y de ahí que surgen los problemas de “conciliación” porque mayoritariamente los trabajos de cuidados se realizan en el ámbito privado y realizado por mujeres. Con ello se invisibiliza dicha labor y al mismo tiempo se evita darle el valor económico que tienen.

La conciliación está resultando actualmente una trampa para las mujeres. Esta herramienta que en un principio se articuló para que se pudiera conciliar trabajo y vida personal, ha terminado siendo un instrumento al que mayoritariamente se acogen las mujeres. Es por tanto hora de superar este término y de hablar y poner en marcha medidas eficaces de corresponsabilidad para que mujeres y hombres estén en igualdad de condiciones tanto en el ámbito privado como en el público. Creemos necesario superar las medidas de conciliación que se están poniendo en marcha en la actualidad ya que están basadas en la definición previa de las mujeres como el colectivo problemático siendo el principal objetivo de las acciones y también en la idea de que las mujeres son madres y trabajadoras que deben ser ayudadas para que puedan conciliar trabajo y vida familiar. Planteamientos que nos parecen absolutamente erróneos y extemporáneos.

Se trata a las mujeres como las principales responsables del cuidado, y por ende parece ser un problema exclusivamente de ellas. Dentro de esa lógica, a ellas, y no a los hombres, se les hace responsables del cambio y adecuación de sus vidas. A ellos no se les exigen cambios para compatibilizar trabajo y vida familiar. Creemos imprescindible superar este discurso y buscar soluciones reales de corresponsabilidad.

Creemos imprescindible la resignificación del trabajo más allá del asalariado, visibilizando el trabajo de cuidados no remunerado y necesario para la sostenibilidad de la vida dotándolo del valor económico que conlleva.

Es necesario generar una responsabilidad social basada en la sostenibilidad de la vida, visibilizando nuestro carácter de seres interdependientes que somos. Es urgente poner en valor los trabajos que hacen posible el mantenimiento de la vida y redistribuir las responsabilidades de cuidados, haciendo que las tensiones de “conciliar”, se vean de manera pública y no individualizada y privada. Para ello:

Se desarrollarán políticas de apoyo a las unidades convivenciales en sus diversos modelos, crianza, corresponsabilidad, conciliación laboral y otras.

Se promoverán acciones positivas encaminadas a que los hombres asuman, en términos de corresponsabilidad, las medidas de conciliación laboral y personal.

Fomentaremos acuerdos sectoriales que amplíen el permiso por maternidad y paternidad, y este último será de obligado cumplimiento, siempre remunerado al 100% del salario.

Elkarrekin Podemos trabajará en poner en marcha una nueva regulación laboral al servicio de la conciliación, la equidad y la corresponsabilidad implicando necesariamente al mundo empresarial, y gestionando dichas medidas de forma que no sean sólo focalizadas en las mujeres, ya que esto tiene repercusiones negativas en su carrera profesional y en sus prestaciones en el futuro.

Fomento de medidas de ampliación de recursos y ayudas en los ámbitos domiciliario y escolar para los primeros años de vida. Inclusión en estas medidas de la evolución y transformación de la unidad convivencial tras la separación, poniendo especial atención a la custodia de las personas menores con criterios de igualdad de género, lo cual implica la exclusión clara de los casos de violencia contra las mujeres.

Modificación y puesta real en funcionamiento del Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas.

Apoyo a la lactancia materna en hospitales y en otros espacios públicos y privados.

Se garantizará el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres en el sistema público de salud.

Desde Elkarrekin Podemos impulsaremos el tránsito hacia una economía al servicio de la sostenibilidad de la vida desde una perspectiva feminista.

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Política institucional: transversalización en las políticas públicas

Un tema pasa a ser parte de la agenda pública cuando se convierte en un problema público, es decir, afecta a colectivos importantes ante los cuales se exige la intervención del estado. Cuando esto se produce es cuando podemos decir que el asunto se ha incorporado a la misma. Si hace unos años decíamos que la Igualdad de Género suscitaba poco interés político, hoy podemos afirmar que ha entrado ya y sin marcha atrás en la agenda política, fundamentalmente por la violencia machista que no cesa y deja anualmente un centenar de mujeres asesinadas y miles que sufren agresiones machistas de toda índole. El tema exige una urgente revisión en su enfoque político. El movimiento feminista ha conseguido posicionar el tema en la agenda de prioridades y hoy los grupos políticos reclaman un tratamiento de este tema a nivel de cuestión de Estado.

Elkarrekin Podemos apuesta por superar el carácter cíclico de las políticas de Igualdad dependientes del partido de turno en el poder. Incluso una vez dentro de la agenda, los temas pueden ser dejados de lado o al contrario darles mayor relevancia acorde con la ideología política de quien detenta el poder. Esta debilidad hace que no se estén llevando a cabo los necesarios cambios de fondo que nos permitan erradicar las desigualdades que el propio sistema insolidario actual está provocando. Para evitar ese, podríamos decir, carácter “endémico” del que adolecen dichas políticas, son necesarias políticas feministas efectivas y transversales que sean capaces de transformar la sociedad androcéntrica basada en un sistema heteropatriarcal en la que vivimos, en una sociedad más justa, más sostenible y donde la Igualdad de Género sea una realidad y no una noticia cada 8 de Marzo o 25 de Noviembre. Para ello:

Se creará una Consejería de Igualdad de Género que contará para su diseño y puesta en marcha con los colectivos feministas.

Se apoyará con más recursos estructurales (materiales y económicos) al Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), incrementado en un 10% su presupuesto anual, para que pueda ejercer su labor a favor de los derechos de las mujeres de forma real y efectiva, así como al apoyo que dicho Instituto presta a diferentes colectivos a través de diversos programas que trabajen por la Igualdad entre mujeres y hombres. De esta manera, evitaremos que la inclusión (o no) de dichos programas deje de estar al albur de la opinión del partido en el poder.

Se hará efectiva la figura de agentes de Igualdad en todas las Instituciones, empresas públicas y empresas participadas de capital público.

Incrementaremos progresivamente, con carácter general, el presupuesto destinado a la Igualdad de Género partiendo de un importe mínimo de un 1% del presupuesto general y el 1% del presupuesto de cada departamento del Gobierno Vasco para garantizar los recursos mínimos.

Apoyo institucional al asociacionismo de mujeres y fomento de organizaciones con perspectiva de género, teniendo en cuenta la diversidad.

Garantizar la presencia paritaria de mujeres en los diferentes niveles administrativos y de gobierno, así como en las Sociedades, empresas y entes públicos dependientes de la Administración.

Se regulará de forma efectiva la publicidad y los mensajes institucionales emitidos desde el ámbito de la administración (incluyendo a empresas participadas con capital público) para evitar la transmisión de valores sexistas, machistas u homófobos, o que fomenten estereotipos de género y violencia contra las mujeres.

Se garantizará la presencia de mujeres en los proyectos de planificación urbanística, que dependan del Gobierno Vasco, para que se contemplen las demandas de equipamientos y se tenga en cuenta el punto de vista y vivencia de las mujeres en su planeamiento, en base a la perspectiva de género.

Se establecerán mecanismos para garantizar, ante cambios de gobierno, la continuidad de los procesos iniciados que hayan demostrado su eficacia y suficiente impacto social en relación con la Igualdad de Género.

Puesta en marcha de un Consejo Vasco de Mujeres que supervisará el diseño y evaluación de las políticas de igualdad mediante mecanismos participativos de los colectivos feministas.

Se llevarán a cabo campañas de seguimiento para la atención a mujeres inmigradas que sufren una doble discriminación por razón de género y procedencia.

Se impedirá el acceso a los recursos y fondos públicos de entidades con ideología machista, misógina, sexista u homofóbica o que hayan cometido algún acto contra dichos colectivos.

Se incorporarán y valorarán en los concursos públicos las cláusulas que fomenten de forma efectiva la paridad e igualdad de género.

Se exigirá que las instituciones públicas no apoyen, incluso con su presencia, todos aquellos actos o iniciativas que no respeten la paridad en sus actuaciones.

Apoyaremos la creación de líneas de estudio e investigación en el campo de la salud y del género. Para ello, desarrollaremos líneas de investigación orientadas a identificar la mediación del género en la salud y en la enfermedad, así como mecanismos que trasladen al sistema sanitario las principales conclusiones que se deriven de la investigación . Impulsaremos el avance en la implementación de una reforma fiscal progresiva que introduzca criterios de género.

Fomentaremos la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género

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Educación sin discriminación

La educación es un derecho humano y una herramienta fundamental para conseguir los logros de igualdad. En este sentido una instrumento esencial es la Coeducación, para no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres para educar en la igualdad desde la diferencia. Una educación no discriminatoria beneficia a niñas y niños y así contribuye a establecer unas relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres y por ende un mundo más justo para ambos.

Por ello desde Elkarrekin Podemos proponemos:

Educar a niñas y niños desde los primeros años en el uso de un lenguaje inclusivo. Impulso estratégico al Plan de Coeducación desarrollando un plan específico para 0 a 6 años, como primer paso hacia una educación no sexista.

Compromiso de incluir en el currículum educativo, educación contra la violencia y la prevención de la misma.

Rechazar el androcentrismo y los estereotipos heteropatriarcales en los libros de texto y actividades educativas, e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en las mismas.

Fomentar la Igualdad en todas las facetas de la vida escolar (relaciones interpersonales, estructura, recreo, deporte, etc.).

Se reforzará la educación sexo-afectiva para las y los adolescentes, prestando especial importancia a sus relaciones y las nuevas tecnologías.

Mantenimiento en el currículo educativo de la diversidad afectiva sexual y nuevos modelos de unidades convivenciales.

Las mujeres y hombres de Elkarrekin Podemos consideramos que la Igualdad de Género ha de ser un valor estructural de cualquier sociedad plenamente democrática y justa, por lo que exigiremos que sea tenida en cuenta como un pilar básico del nuevo marco político vasco, el cual habrá de dotarse de fórmulas socialmente innovadoras que persigan, no sólo la consecución de la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino también un cambio de mentalidad en el conjunto de la ciudadanía, para su necesaria transformación. Cuando una persona da un paso por la Igualdad, toda la sociedad avanza.

Los partidos políticos somos una herramienta de transformación social al servicio de la ciudadanía, y el feminismo debe trascender a la propia organización, por eso nos hemos propuesto lograr que más mujeres participen en política desde el empoderamiento, con una agenda política propia, fomentando y apoyando sus mujeres. Se trata de ir más allá de la simple visibilidad pública de las mujeres en política para conseguir que su participación sea imprescindible y determinante en los ámbitos de decisión. No obstante, en esta lucha existe un agente social fundamental: el movimiento de mujeres y feminista al que debemos en gran medida los avances que se han producido en este ámbito. Son ellas las que protagonizan el cambio.

DERECHOS DE CIUDADANÍA

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Diversidad funcional

Elkarrekin Podemos nace con el objetivo de ser una herramienta al servicio de la ciudadanía para construir una sociedad más justa e inclusiva en la que el respeto y la defensa de los Derechos Humanos sean una realidad. Presentamos un programa en materia de diversidad funcional que propone centrarse en la necesidad de políticas que promuevan que las personas con diversidad funcional sean dueñas de sus vidas y sus decisiones, a la vez que se lucha contra estereotipos, barreras y la discriminación que sufre el colectivo.

Actualmente nos encontramos ante la necesidad de cambiar las formas y los paradigmas utilizados a la hora de debatir o trabajar en el ámbito de la diversidad funcional: Un cambio de ciclo que pasa por entender y poner en práctica el “nada para nosotras sin nosotras” que el colectivo viene demandando desde hace mucho tiempo. La sociedad civil y los movimientos asociativos han constituido durante años la punta de lanza de las reivindicaciones del colectivo. Es hora de recoger las reivindicaciones y la experiencia del tejido asociativo que nos permita seguir construyendo propuestas diversas y positivas.

Las políticas sobre diversidad funcional (de ahora en adelante DF) deben promover que sea la persona y el derecho a tomar sus propias decisiones la que esté en el centro de todo el debate: es necesario terminar la discriminación y la infantilización de colectivo, lo cual será posible cuando la persona con DF sea dueña de su vida y sus decisiones.

El presente programa se basa en los siguientes principios inspiradores:

  1. Poner a la persona en el centro de todas las decisiones:

Las políticas llevadas a cabo en cuanto a la diversidad funcional se han basado en el paradigma de calidad de vida, el cual se basa en la toma de decisiones que hagan posible la mayor calidad de vida de las personas con DF. Estas decisiones se han tomado hasta ahora sin tener en cuenta al colectivo al que iban destinadas y que, en muchas ocasiones, distaban mucho de la realidad de las personas con DF.

En los últimos años, sin embargo, hemos asistido a la evolución del paradigma de calidad de vida, promovido por la sociedad civil y los movimientos asociativos que trabajan en pro de los derechos de la diversidad funcional. Se reclama una mayor presencia de las personas con DF en todos los aspectos que tienen que ver con la toma de decisiones sobre la DF, basada en el movimiento de vida independiente. Es hora de que las instituciones se hagan eco, poniendo en el centro de todas las decisiones que se tomen al colectivo de las personas con DF.

  1. Nada para nosotras sin nosotras:

En Elkarrekin Podemos creemos que la persona con DF tiene que estar en el centro de todas las decisiones, y que ha de respetarse y ponerse en práctica la máxima de este colectivo: Nada para nosotr@s sin nosotr@s. Las personas con DF deben tener un papel activo en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos de la política que tienen que ver con la DF. En este sentido planteamos un foro de debate en el que tanto las administraciones públicas como la sociedad civil evalúen, propongan y promuevan cualquier medida que tenga que ver con el trabajo que se ha de desarrollar en las instituciones hacia las personas con DF.

Por todo ello, planteamos las siguientes propuestas:

Desarrollar medidas de lucha contra cualquier forma de discriminación. Promover y mejorar la universalización del acceso a derechos y servicios para todas las personas, desde el respeto y la atención a la diversidad.

Promover órganos de participación ciudadana en torno a la diversidad funcional dotándolos de capacidad de integrar a las agrupaciones de personas y/o asociaciones que manifiesten su interés y dotándolo de capacidad de veto de políticas que atenten contra los derechos de todas las personas.

Protección social:

Garantizar el acceso al Sistema Vasco de Servicios sociales mediante la eliminación de barreras comunicativas o arquitectónicas, promoviendo el uso de la lengua de signos, la lectura fácil y los pictogramas en la comunicación institucional.

Garantizar la existencia de políticas públicas articuladas entre las instituciones que cubran la acogida y el acompañamiento a la autonomía de las personas en el Sistema Vasco de Protección Social.

Garantizar el acceso a las medidas de protección a víctimas de violencia machista buscando la adaptación de los mecanismos necesarios a las personas con DF.

Garantizar el acceso de las personas con diversidad funcional a los derechos subjetivos existentes y, en concreto, al Sistema Vasco de Vivienda-Etxebide y a las prestaciones sociales. Prestaremos especial atención al acceso a la valoración de DF, dependencia y al cumplimiento de los derechos de de éste colectivo.

Compromiso de realizar campañas de información para el fomento del acceso a los servicios públicos y un adecuado uso de los mismos, dirigidos a toda la población, pero haciendo especial hincapié en el acceso de las personas con DF.

Dotar de capacitación en competencias necesarias al personal técnico laboral, interino o funcionario para garantizar la adecuada información de las personas con DF

Empleo e inclusión laboral:

Aprobación y puesta en marcha de un plan autonómico de puesta en marcha del modelo de acceso al empleo e inclusión laboral basado en las siguientes medidas:

Desarrollo de medidas que promuevan los programas que priorizan el empleo con apoyo frente a los programas de empleo protegido, teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades de la persona con DF.

Implementación de políticas de integración laboral basadas en el “empleo con apoyo” como herramienta indispensable para la integración laboral de personas con diversidad intelectual y teniendo como prioridad y objetivo la integración en el empleo ordinario.

Desarrollo de medidas que garanticen la accesibilidad de los espacios de trabajo en las ofertas de empleo público, y el desarrollo de medidas que promuevan la contratación de personas con DF y la accesibilidad de espacios de trabajo en el mercado laboral ordinario.

Puesta en marcha de ofertas formativas y de empleo adecuadas a las necesidades de las personas con DF demandantes de empleo/formación, por parte del servicio vasco de empleo LANBIDE.

Elevación, en materia de empleo público, de la cuota mínima de reserva de empleo para personas con DF en la administración pública y órganos dependientes de la CAV.

Promover medidas para la contratación únicamente de empresas que cumplen con la cuota legal de reserva de empleo para personas con DF.

Educación:

Priorizar la escolarización de personas con DF en entornos ordinarios, convirtiendo las estructuras de educación espacial en recursos de apoyo y haciéndolas converger hacia la educación inclusiva, con apoyo que garanticen la efectividad del derecho a la educación.

Invertir en el acceso universal a una educación pública y accesible a toda la ciudadanía, que promueva una educación no discriminatoria hacia las personas con DF como materia trasversal y trabajada de forma específica en todos los centros educativos del sistema educativo vasco. Ello implica dotar de recursos suficientes a los centros, en términos de personal, material y ayudas técnicas necesarias.

Formación del personal docente y aumento de personal especializado de apoyo, que intervenga dentro de cualquier aula. Para ello se garantizará la dotación de recursos materiales y apoyos técnicos necesarios.

Promover el acceso a las personas con DF a los centros educativos de su entorno, garantizando su accesibilidad, lo que incluye la eliminación de barreras arquitectónicas y la puesta en marcha e implementación de ayudas técnicas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas con DF.

Salud:

Aprobación de un plan autonómico de atención y accesibilidad a la sanidad universal en Euskadi a personas con DF:

Eliminación de barreras arquitectónicas e implementación y adaptación de las ayudas técnicas necesarias para garantizar el acceso de las personas con DF a los distintos servicios del sistema vasco de salud.

Accesibilidad de la información general, así como de los trámites y la asistencia en los distintos servicios vascos de salud a las personas con DF, promoviendo la formación de los equipos profesionales como de adaptación de la documentación necesaria a lengua de signos o braille.

Justicia:

Garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitando que, la DF sea una barrera para disfrutar de ese derecho. Así mismo, dotar de recursos económicos suficientes el servicio de justicia gratuita.

Formación específica a todos los agentes intervinientes en el sistema judicial vasco (jueces, magistrados/as, fiscales, abogados/as) en materia de Diversidad funcional.

Apoyo a las iniciativas de la sociedad civil organizada que promuevan la lucha a favor de la igualdad de derechos.

Derechos políticos:

Desarrollar recursos informativos que faciliten el acceso al derecho al voto de las personas con DF que necesiten de ayudas técnicas y lengua de signos para poder ejercer ese derecho.

Desarrollar programas de concienciación y promoción del derecho al voto de las personas con DF que quieran ejercer ese derecho.

Garantizar la accesibilidad (tanto física como de ayudas técnicas y lengua de signos) de espacios públicos como el Parlamento Vasco y otras instituciones a las personas con DF.

Establecer mecanismos de consulta y participación accesible a todas las personas residentes en el territorio.

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Migraciones

Elkarrekin Podemos nace con el objetivo de ser una herramienta al servicio de la ciudadanía para construir una sociedad más justa e inclusiva en la que el respeto y la defensa de los Derechos Humanos sean una realidad. Para Elkarrekin Podemos es la residencia (y no la nacionalidad) la base de la ciudadanía y, por ello, presentamos un programa en materia migratoria que propone centrarse en la igualdad efectiva de derechos, la convivencia, la lucha contra las discriminaciones y la valoración de la riqueza sociocultural de la que disfrutamos en Euskadi.

Actualmente nos encontramos ante un cambio de ciclo migratorio que debe llevarnos a repensar en profundidad los principales ejes de actuación relativos a esta cuestión. Euskadi se ha ido construyendo históricamente a través de diversos ciclos de emigración e inmigración. La diversidad nos es inherente y en la actualidad contamos con una población extranjera con larga estadía en Euskadi y un balance migratorio nivelado. Con esta realidad, debemos proponer medidas que nos permitan gestionar positivamente la diversidad de la que disfrutamos.

Las políticas que excluyen a las personas migrantes y las criminalizan sólo quiebran la cohesión social y dificultan el progreso del conjunto de la sociedad. En Elkarrekin Podemos creemos que las políticas públicas migratorias deben estar orientadas a favorecer la equiparación de derechos entre nacionales y personas migradas y, por tanto, deben enmarcarse en un enfoque de Derechos y de normalización. Por esa razón, la mayor parte de las medidas que proponemos en este programa no son exclusivas para personas migrantes, sino que son compartidas por toda la ciudadanía con el objetivo de contribuir a la convivencia y a la cohesión social, y a evitar posibles procesos de victimización o exclusión.

En este ciclo electoral que encaramos es fundamental la apuesta firme y decidida por políticas y prácticas normalizadoras basadas en servicios de calidad y universales destinados a todas las personas con vecindad administrativa en Euskadi, independientemente de su etnia, origen, edad, identidad o ideología. La migración y la diversidad se interrelacionan con todas las esferas de la vida social por lo que deben abordarse de una forma integral, no únicamente a través de medidas parciales basadas en el empleo o la integración. Hay otras cuestiones que deben ser tenidas en cuenta por su alto impacto en la vida diaria de toda la ciudadanía y en la creación de contextos que posibilitan la convivencia, como las políticas sociales, culturales, deportivas, etc.

El presente programa se basa en los siguientes principios inspiradores:

  1. Transformación de la gobernanza

En las últimas décadas los gobiernos de los distintos niveles territoriales han establecido alianzas poderosas con el sector económico financiero que se han traducido en un profundo fracaso de la construcción democrática y la soberanía popular, puesto que la Administración no ha hecho partícipe a la ciudadanía del ejercicio del poder público, sino que lo comparte con las élites económicas (representadas por grandes empresas, grupos financieros, etc).

En este escenario complejo se hace imprescindible entender que la sociedad civil debe jugar un papel clave en la transformación de la gobernanza. Esta es un sujeto político, cultural y económico fundamental e insustituible si queremos avanzar hacia el desarrollo, la democratización social y el respeto a los Derechos Humanos. Desde Elkarrekin Podemos queremos trabajar hacia la democracia participativa y el empoderamiento ciudadano sin discriminaciones que, en este caso, supone habilitar mecanismos que permitan a la ciudadanía involucrarse en políticas y proyectos públicos más allá de ser un mero apoyo una vez que el marco de partida ya está dado.

  1. Integralidad y trasversalidad de políticas

Durante demasiado tiempo, y esta idea prevalece aún hoy, se ha considerado a las personas migradas como un colectivo específico con el que hay que intervenir de forma diferenciada respecto del resto de la población. Esta intervención pasa, además, por acciones vinculadas a los servicios sociales, es decir, a la vulnerabilidad y la exclusión.

Por eso, desde Elkarrekin Podemos apostamos por la puesta en marcha de políticas integrales que no se centren en la persona inmigrada o la migración, sino sobre el origen y las consecuencias de una problemática concreta sobre el conjunto de la población, de un territorio, o de un sector. La mirada desde la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc. debe integrarse de forma trasversal en la política pública sobre empleo, vivienda, urbanismo, educación, juventud, sanidad, participación, etc. Ello no quita para reconocer la especificidad de las vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes, proponiendo un abordaje desde una lógica de la vecindad, a través de la conformación de un fuerte tejido social que redunde en un ejercicio activo de la soberanía popular.

  1. La ciudadanía como convivencia

Hasta ahora, el modelo político, económico y social predominante ha conducido a un proceso de ciudadanía diferencial que produce exclusión, discriminación y segregación. Las formas de gestión diferenciada de la migración puede producir una ruptura social profunda mediante procesos diferencialistas (nosotros VS ellos) que fractura los vínculos de ciudadanía.

Es necesaria la incorporación de estadísticas que permitan reconocer la asimetría de los diferentes colectivos. Ahora bien, tras este diagnóstico es necesario que las medidas desarrolladas no redunden en aumentar la exclusión social y la estigmatización de los colectivos sino, al contrario, atender a medidas integrales que tiendan a reducir posibles desigualdades.

  1. Igualdad de trato

Los pilares anteriores no pueden tener desarrollo alguno si no existe una igualdad de trato real de partida. Reconocer las múltiples desigualdades que se producen y la interseccionalidad entre ellas es el primer paso para, posteriormente instaurar políticas integrales que luchen a favor de la igualdad de trato y en contra de toda discriminación.

Por todo ello, planteamos las siguientes propuestas:

Volver a instaurar la Dirección General de Migraciones de la CAPV, cuya labor sea la coordinación y transversalización de las políticas públicas en materia migratoria y gestión de la diversidad en las diferentes áreas que afectan a toda la sociedad: vivienda, empleo, sanidad, educación…,

Desarrollar medidas de lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, con especial atención, tanto al racismo social como al propio racismo institucional.

Establecer medidas generalistas y normalizadoras tendentes a la universalización del acceso a derechos y servicios para todas las personas, y a la construcción de redes de vecindad.

Revitalizar los órganos de participación ciudadana existentes en torno a las migraciones, dotándolos de capacidad de integrar a las agrupaciones de personas y/o asociaciones que manifiesten su interés y dotándolo de capacidad de veto de políticas que atenten contra los derechos de todas las personas.

Creación programas de integración de inmigrantes, minorías étnicas y grupos de exclusión social, unido a políticas activas de sensibilización ciudadana y educación para la tolerancia, interculturalidad y convivencia respetuosa con las personas que por sus características personales (personas con diversidad física, mental o intelectual) entorno cultural o contexto socioeconómico tienen riesgo de exclusión o marginación

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Protección social

Garantizar el acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales mediante la eliminación del requisito de residencia legal en el acceso a recursos y servicios del Sistema independientemente de la situación administrativa de las personas.

Garantizar la existencia de políticas públicas articuladas entre las instituciones, que cubran la acogida y el acompañamiento a la autonomía de las personas refugiadas y migrantes. El apoyo de esta propuesta estaría dirigido a aquellas cuestiones que no cubren las políticas públicas específicas estatales y/o las políticas públicas normalizadas del Sistema Vasco de Protección Social.

Garantizar el acceso a las medidas de protección a víctimas de violencia machista independientemente de su situación administrativa.

Garantizar el acceso de las personas, independientemente de su situación administrativa, a los derechos subjetivos existentes y en concreto al Sistema Vasco de Vivienda - Etxebide. En este sentido, se revocará la orden reguladora del funcionamiento del SVV - Etxebide implantada en el año 2012, que excluyó a las personas en situación irregular, y se garantizará el acceso a las prestaciones sociales vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda. Asimismo, prestaremos especial atención al acceso a la valoración de diversidad funcional, dependencia y al cumplimiento de los derechos de de este colectivo, apostando por garantizarlos al margen de su situación administrativa.

Realizar campañas de información para el fomento del acceso a los servicios públicos y un adecuado uso de los mismos, dirigidos a toda la población, pero haciendo especial hincapié en manejar claves culturalmente heterogéneas, para garantizar la igualdad en el acceso a la información de la población migrante.

Dotar de capacitación en competencia cultural al personal técnico laboral, interino o funcionario.

Crear oficinas de información y apoyo a inmigrantes, incorporando además la perspectiva de género, al presentar las mujeres inmigrantes más riesgos, en general, de caer en la exclusión social.

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Empleo y formación de personas adultas

Establecimiento de un marco legal y formativo que garantice el reconocimiento, dentro del ámbito competencial vasco, de la certificación del curriculum de las personas migrantes atendiendo a su trayectoria laboral en origen, y garantizando programas de capacitación para la adaptación de titulaciones y de experiencia profesional.

Implementación de programas de información y orientación para las personas interesadas en emigrar (sean extranjeras o nacionales), así como de seguimiento y apoyo en el extranjero. Establecimiento de contactos y convenios con las autoridades competentes en materia de empleo con otros países de la UE y de fuera, para conseguir ofertas de empleo que permitan satisfacer las demandas de los emigrantes así como de aquellas personas que hayan regresado a sus países garantizando la capacidad de retorno de aquellas personas que lo deseen tanto nacionales como de origen extranjero.

Desarrollo de un recurso que garantice el ejercicio de denuncia ante situaciones de explotación laboral, asegurando la protección de las personas denunciantes, en el ámbito de la CCAA.

Creación de un órgano de evaluación, seguimiento y denuncia, con apoyo de la inspección de trabajo vasca, para el control y seguimiento del empleo en régimen especial del hogar.

Garantía de oferta formativa para personas adultas, tanto en idiomas (castellano y euskera) como en materia de competencias profesionales gratuita, suficiente y necesaria para atender a las necesidades de las personas residentes en Euskadi.

Modificación de los decretos reguladores de funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas y del régimen de becas, para el acceso de todas las personas residentes que cumplan requisitos en igualdad de condiciones al resto de la población.

Garantía de la puesta en marcha de recursos y servicios que posibiliten la conciliación de la formación y la vida laboral, con una mirada específica en personas solas con niños, niñas o adolescentes a cargo.

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LGTBIQ+

Vivimos en una sociedad heteropatriarcal que invisibiliza a las personas que no siguen la normatividad heterosexual. Colectivos como LGTBIQ+ (lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersexuales, queers, etc.), cuya existencia es continuamente ocultada, tienen derecho a que se reconozcan sus derechos así como a vivir su identidad de género y sexualidad en la forma que hayan elegido, sin que ninguna persona tenga derecho a negarlo y a no reconocerlo.

La identidad de género o la orientación afectivo-sexual no puede ser un obstáculo para vivir una vida libre de violencia y de discriminaciones de cualquier tipo. Debemos avanzar hacia un sistema social en el que no existan relaciones desiguales de poder basadas en el género. Queremos ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y prácticas basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos, contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad y participar en igualdad de condiciones en la vida política económica, social, cultural o de cualquier otra índole, disfrutando así de los derechos humanos universales.

Elkarrekin Podemos es consciente de la existencia de un colectivo de personas intergénero, sistemáticamente oprimido e invisibilizado por las instituciones, la práctica médica y la sociedad en su conjunto. Por eso, reconocemos también la legitimidad de identidades de género alternativas.

Entre las personas con identidades de género alternativas, o no-cisgénero, se incluyen las personas transgénero, así como aquellas con identidades de género no-binarias (tales como agénero, bigénero, intergénero, tercer género, etc). Elkarrekin Podemos reconoce la libertad de cada individuo para elegir y afirmar su identidad de género.

Desgraciadamente, los Delitos de Odio y la LGTBIQ+fobia sigue instaurada en nuestra sociedad, derivada del modelo heteropatriarcal. Cada vez son más las personas que se atreven a denunciar pero aún son muchas las que, por miedo, callan. Esta situación debe acabar, los Delitos de Odio deben erradicarse de raíz, desde los comentarios, chistes denigrantes e insultos hasta las agresiones y los asesinatos. Elkarrekin Podemos se muestra sin ninguna fisura en contra de cualquier tipo de demostración de homofobia, lesbofobia y transfobia, y para ello debe trabajar para su total erradicación.

Para trabajar en la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ y para erradicar los Delitos de Odio y la LGTBIQ+fobia proponemos las siguientes medidas:

Puesta en marcha de estudios y campañas que visibilicen la realidad del colectivo LGTBIQ+. Sólo conociendo la realidad se pueden tomar decisiones acertadas para luchar contra la discriminación.

Desarrollo de campañas contra los Delitos de Odio y la LGTBIQ+fobia en todos los ámbitos sociales, atendiendo especialmente al ámbito educativo, cultural, de ocio y deportivo.

Desarrollo de una Ley Vasca de Protección contra la Discriminación por Orientación Sexual y desarrollo pleno de la Ley Vasca de Transexualidad.

Puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas de Delitos de Odio para denuncia, consulta y asesoramiento. Apoyo a proyectos enfocados al respeto de los Derechos Humanos especialmente en países en los que la comunidad LGTBIQ+ es ilegal.

Lectura de Declaraciones Institucionales tanto el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

Contar con dichos colectivos para todos aquellos asuntos en los que estén implicados y tomen parte en las decisiones que les afecten. Reconversión del servicio Berdindu para acoger un Consejo Asesor de las políticas de diversidad de género, que sea el encargado de diseñar las políticas específicas del Gobierno Vasco en esta área.

Impulsar la revisión de la Ley 3/2007 de Identidad de Género para la despatologización de la transexualidad e intersexualidad. Supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual o de género.

Implementar un proceso de formación en las Fuerzas de Seguridad de Euskadi sobre la diversidad afectiva, sexual y nuevos tipos de unidades convivenciales, para el establecimiento de un protocolo que garantice una mejor atención a estos colectivos. Elaboración de un protocolo policial contra los Delitos de Odio.

Inclusión de la casilla de género no binario u otro en los documentos oficiales que hagan referencia al género de la persona. Asistencia pública y gratuita para todas aquellas personas que hayan huido de sus respectivos hogares de residencia como consecuencia de la discriminación y exclusión por su identidad de género u orientación sexual. Las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria tanto psicológica como de orientación jurídica, pisos de acogida, etc.

Imposibilidad de que ninguna entidad pública ni privada pueda exigir la auto identificación o etiquetación pública de género o sexo de ninguna persona si no es estrictamente necesario. Realización de estudios sobre la situación de acoso y violencia LGTBQIfóbica en los centros educativos vascos y articular un plan integral que luche de una manera efectiva contra el bullying homofóbico en las escuelas.

Impulso de normas que garanticen la imparcialidad en la adopción, primando siempre el interés del menor y no la orientación sexual o identidad de género de las personas solicitantes.

SEGURIDAD Y LIBERTAD CIUDADANA

Los principios políticos de Elkarrekin Podemos incluyen la materia de seguridad en el ámbito de las libertades públicas. En coherencia con ello, tomamos como referencia básica el concepto de Seguridad Humana, desde su origen en el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (1994) hasta sus más recientes evoluciones, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la Unión Europea.

La Seguridad Humana atiende la violencia estructural, la seguridad ciudadana, la globalización seguritaria y las injusticias sociales, mediante políticas públicas integradas. La seguridad no es cosa solamente de policías, jueces o prisiones, sino del conjunto de comunidad e instituciones, aplicando políticas sociales y de seguridad que se complementen, siempre respetando los Derechos Humanos, individuales y colectivos. En este tipo de seguridad, global por definición, encajan otras "seguridades", como la de defensa o cooperativa (exterior), la seguridad ciudadana y la sostenible (interior), o las propuestas de los "estudios críticos de seguridad". A partir de una dinámica dialéctica de pensamiento y acción proponemos diversas acciones a desarrollar mediante una estrategia de transformación social.

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Estrategia para la acción

Se trata de una estrategia que adapta a Euskadi, en nuestro tiempo, la Seguridad Humana, con la evolución de sus contenidos, desde los estudios críticos, las perspectivas ecologista y feminista, la influencia multilateral internacional, procurando el ejercicio igualitario de las libertades, la emancipación social en Euskadi y el giro ético-político en la práctica del Gobierno Vasco.

Hacemos las propuestas de forma proactiva, es decir, planteando iniciativas que responden, sobre todo, a las metas que buscamos para una sociedad mejor. Nos gustaría una seguridad muy diferente a la actual, en la que, por ejemplo, los grandes defraudadores escapan al control mientras la denuncia pública es amordazada. Quitar la mordaza, o reducirla en su aplicación en Euskadi, es más asequible que dotarnos de políticas y medios para acabar con el fraude fiscal, pero hacía ahí tenemos que ir sin dilación. Una estrategia que tiene su fundamentación en su aplicación práctica.

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Ejes estratégicos para la Seguridad Humana en Euskadi

Seguimos el criterio común de planificación estratégica para establecer los "ejes" que guiarán las políticas públicas seguritarias que desde Elkarrekin Podemos proponemos, que son cuatro:

Seguridad Participada.

Las políticas públicas se hacen "para el pueblo", pero "con el pueblo", también en seguridad, lo que conlleva la precisa apertura a la participación pública en la materia. Una participación que también ha de ser intra-institucional (con los diversos departamentos del Gobierno Vasco interpelados), e inter-institucional (con las diferentes instituciones públicas y privadas implicadas).

Seguridad Integrada.

La seguridad es parte de las políticas públicas y ha de estar integrada dentro de las mismas. Más allá de la colaboración formal que se entiende en cualquier gobierno, "colegiado" por definición, señalamos que la promoción de las libertades, junto a la responsabilidad cívica (derechos y obligaciones ciudadanas), han de ser objetivo conjunto para la integración de las políticas del Gobierno Vasco.

Seguridad Transformadora.

Las políticas de seguridad también han de contribuir a la modificación sustancial de lo existente actualmente. Creemos que otra seguridad es posible, una que facilite una convivencia democrática en libertad y justicia social.

Seguridad Eficiente.

Los objetivos múltiples a conseguir tienen que disponer de los presupuestos precisos, pero gestionados con criterios de eficiencia y, en su caso, de eficacia prioritaria (como es el caso frente a la Violencia de Género). Un aspecto básico en este aspecto es la adecuación de los servicios policiales existentes, que liberen recursos para otras políticas públicas que también incidan en la promoción cívica.

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Acciones para una seguridad P.I.T.E. (Participada-Integrada-Transformadora-Eficiente)

Procedemos a exponer una serie de acciones que concretan la estrategia planteada desde la Seguridad Humana. Son algunas de las posibilidades existentes

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Acciones en Seguridad Participada

Dotarnos de soportes normativos y recursos para abrir las políticas de seguridad a la participación pública.

Potenciar el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, abriéndolo a la sociedad civil organizada en el ámbito de la seguridad. Así como favorecer el establecimiento de los Consejos Locales de Participación en la Seguridad Ciudadana, también más abiertos a la comunidad.

Crear foros de relación y de debate de políticas públicas para la seguridad, especialmente con las Diputaciones Forales y EUDEL, así como en el entramado académico y con las organizaciones sociales.

Establecer un diálogo fluido y leal con los sindicatos implicados en este aspecto, en especial, pero no únicamente, con los sindicatos policiales.

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Acciones en Seguridad Integrada

Implementar una mayor colaboración con todas las instituciones y entidades que tengan que ver con la seguridad. En especial, potenciando las comisiones formales existentes.

Dinamizar la Junta de Seguridad, con el Gobierno del Estado, para dotarla de capacidad de reflexión y debate, además de su explícita capacidad para acordar, en comisiones técnicas que permitan establecer la colaboración leal con el resto del Estado para integrar coherentemente nuestras políticas en la Unión Europea y en otras instancias internacionales (Consejo de Europa, Naciones Unidas, etc.). Las Agendas 2030 y los ODS son referencias de primer orden.

Inclusión del Gobierno Vasco en el Foro Europeo para la Prevención y Seguridad Urbana y en la asociación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, procurando aplicar en experiencias concretas las propuestas existentes en estos otros foros que pudieran considerarse apropiados (ONU-Habitat, etc.).

Crear "contratos de seguridad", liberando recursos, con las Diputaciones Forales y con los Ayuntamientos, para aplicar políticas públicas que mejoren la seguridad, en los ámbitos competenciales correspondientes.

Buscar una relación acorde con las empresas de seguridad privada, desde su control y dada la prioridad de la seguridad pública.

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Acciones en Seguridad Transformadora

Adaptar las condiciones de la Seguridad Humana en las políticas públicas del Gobierno Vasco. En especial realizando "Auditorías de Seguridad", para proponer medidas de desarrollo de las libertades, ejercicio de responsabilidades cívicas y corrección de injusticias sociales, que afecten a la seguridad pública.

Aplicar las propuestas de Justicia Restaurativa concernientes a las funciones de seguridad, especialmente sus competencias mediadoras, incluyendo la mediación policial.

Desarrollar normativa y prácticamente el artículo 4 de la Ley 4/1992, de Policía del País Vasco, donde se considera que "la seguridad ciudadana se orientará al logro del bienestar social". Algo a realizar promocionando el debate público sobre la aplicabilidad de la Seguridad Humana y su eficacia, en especial con la implicación de las asociaciones de defensa y protección de las libertades públicas y de los Derechos Humanos.

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Acciones en Seguridad Eficiente

Promover el acuerdo institucional para la adecuación de los efectivos policiales en Euskadi a los ratios europeos. Esto conllevará el establecimiento del Plan General de Seguridad de Euskadi con el criterio de optimización de recursos, para mejorar los resultados y evitar duplicidades.

Reducir las direcciones del Departamento de Seguridad y mejorar sus prestaciones. En concreto:

Fusión de las direcciones actuales del Gabinete del Consejero(a) y de la de Comunicación, en una Dirección de Apoyo al Consejero(a). Las direcciones de Gestión Económica y Recursos Generales y la de Recursos Humanos se unirán en una Dirección de Gestión de Recursos, con la vista en una seguridad sostenible. Mantener la dirección de Régimen Jurídico y Servicios DRJS, pero desgajando "procesos electorales", que se adscribirían a la Lehendakaritza. Unificación de las direcciones de Atención de Emergencias y la de Tráfico, que potenciaría la aplicación de los planes sectoriales (atendiendo al repunte del aumento de la accidentabilidad y morbilidad, en seguridad vial), ampliación de la participación pública en la planificación y evitar la privatización de la gestión del teléfono de emergencias "112", retomando su aplicación pública y mejorando las condiciones laborales de su personal. Absorción por parte de la Dirección de Coordinación de Seguridad de la de Juegos y Espectáculos, siendo la encargada del desarrollo del Sistema de Seguridad Pública en Euskadi, y también encargada de establecer los programas de euskaldunización de la Policía Vasca.

Desaparición de la Dirección de la Ertzaintza, alguna de cuyas competencias serán asumidas por la Viceconsejería de Seguridad (las estrictamente políticas). A la vez se potencia la Jefatura de la Ertzaintza, de forma colegiada y evitando cualquier partidismo en su selección y quehacer profesional.

Desarrollar con respecto a la Ertzaintza acciones que mejoren sus prestaciones, como son: Establecer una carrera profesional (homologada con Educación), en la que también se incluyan las policías locales.

Realizar una nueva Relación de Puestos de Trabajo, adecuada a las circunstancias actuales y previsibles de futuro (adecuación de efectivos), con nueva valoración de puestos de trabajo.

Establecer perfiles de selección del personal policial acordes con los planteamientos de la Seguridad Humanitaria, procediendo a su exposición pública en cuanto sea posible.

Adecuar el Código Deontológico policial a las nuevas recomendaciones europeas, así como abrir el debate sobre la posible introducción del derecho a la huelga para el personal policial.

Concretar el personal de la Ertzaintza que formen las secciones de Miñones, Forales y Mikeletes, dotándolas de recursos suficientes para la aplicación de las competencias forales susceptibles de intervención policial (protección de personalidades e instalaciones, medio ambiente, fraude fiscal, patrimonio histórico-artístico, menores, transportes, etc.); mediante acuerdo con las Diputaciones Forales y su aporte presupuestario.

Acordar con las Autoridades competentes el establecimiento de unidades de Policía Judicial, que dependan funcional y orgánicamente de Fiscalía, Jueces y Tribunales, quedando sólo la relación administrativa con Seguridad. En número de efectivos y con dotación de medios suficientes para el desarrollo de su labor policial independiente del Gobierno.

Crear sistemas de control de la intervención policial, interiores y exteriores, con especial relevancia para dar competencias al efecto a ejercer por la institución del Ararteko (con el apoyo normativo preciso y la dotación de recursos adecuada); convirtiéndose en el organismo de referencia en Euskadi contra la tortura y los malos tratos.

Potenciar la labor de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (Arkaute), en especial:

Desarrollando la euskaldunización del personal funcionarial inmerso en sus competencias.

Elaborando materiales didácticos y educativos en materia de Seguridad Humana, con apoyo en un Centro de Documentación Digital.

Además, trabajaremos en la consecución de una unidad de la Ertzaintza específica con competencias en medio ambiente, biodiversidad y protección animal.

Son propuestas factibles, mediante las cuales la seguridad adquiere su sentido favoreciendo el ejercicio de las libertades y promocionando la justicia social.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

ELKARREKIN PODEMOS ​consideramos el Euskera como patrimonio y parte fundamental de la cultura vasca y su libre expresión como un derecho y una oportunidad para crear comunidad en clave inclusiva y promover los cambios sociales deseados. Entendemos que toda persona tiene derecho a comunicarse, relacionarse y ser atendida en las administraciones públicas en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la CAPV. Tenemos claro que no queremos políticas lingüísticas que excluyan a una parte de la ciudadanía y, por eso, promoveremos medidas económicas concretas para que toda persona que quiera conocer y aprender los idiomas oficiales tenga oportunidad de ello, sin imposiciones ni condicionamientos. Todo ello respetando y sin excluir a las muchas personas que, por diversas causas, desconocen el idioma.

Todos los pasos que demos en el ámbito de la normalización lingüística han de ser firmes pero no intransigentes en pos de una sociedad realmente bilingüe. El euskera es un patrimonio de toda la sociedad vasca. Debemos tener en cuenta que el euskera está en contacto con el castellano y el francés y que, a pesar de que se han dado grandes pasos, aún es un idioma minoritario y minorizado, por lo que precisa de un apoyo y una potenciación especiales. Defendemos hacerlo ampliando oportunidades y derechos, allanando obstáculos para acercarlo a quienes hoy no lo hablan o entienden, sin crear barreras ni exclusiones, aumentando adhesiones, creando puentes de convivencia lingüística (mostrando a los exclusivamente erdaldunes la riqueza de la cultura y lengua vasca, sin imposiciones, es decir, descubriéndoles el acervo de conocimiento que se pierden al desconocer el euskera: su música, mitología, creación literaria, etc.)

Apostamos por el uso del Euskera tanto en el ámbito privado como en el ámbito público (educativo, laboral, administrativo, comunicativo, político y cultural). Entendemos que es parte de los derechos básicos de cualquier persona y del patrimonio inmaterial de Euskadi, por lo que es fundamental facilitar el acceso al conocimiento de ambas lenguas. Por y para todo esto, proponemos:

Sensibilizar sobre la situación actual de diglosia en el uso y de ahí fomentar el aprendizaje del Euskera y su importancia como patrimonio inmaterial de Euskadi.

Fomentar su ​conocimiento y utilización ​en el día a día de la población de forma progresiva, instaurando a través de la Ley del Euskera​ el derecho al aprendizaje gratuito en euskaltegis y EOI condicionado a un mínimo de compromiso con el aprendizaje (superación de niveles o asistencia regular). Subvencionar y garantizar la supervivencia de la Red Vasca de Euskaltegis públicos

Promover la utilización tanto del Euskera como el castellano de una forma integral y real, más allá del ámbito escolar.

Atender prioritariamente las necesidades de la producción y la actividad cultural en Euskera, facilitando a las personas creadoras los recursos necesarios para su desarrollo

Potenciar actividades diversas, autogestionadas y gratuitas que permitan a las personas que lo deseen relacionarse en Euskera y comunicarse en su idioma.

Estimular el uso del Euskera en las Instituciones Públicas en condiciones de igualdad con el castellano. Facilitar que cualquier persona pueda ser atendida en Euskera igual que en castellano, impulsando el aprendizaje y uso del euskera entre el funcionariado. Para ello, se priorizarán los esfuerzos y las medidas en aquellas localidades con mayor implantación del uso del Euskera

Revisar la política de perfiles lingüísticos, como requisitos de entrada al empleo público y promoción mediante incentivos del aumento de la capacidad lingüística en euskara del personal público, evaluando la adecuación de los niveles exigidos a los puestos de trabajo, ponderando que su valoración como mérito no se convierta en una barrera infranqueable para quienes no saben euskera. Realizar estudios periódicos dirigidos a evaluar el grado de uso del euskera en cada uno de los ámbitos públicos (educativo, laboral, administrativo, comunicativo, político y cultural), con el fin de reorientar la política lingüística y mejorar su eficiencia.

La exigencia del perfil lingüístico 4 (C2) únicamente a los y las profesionales que deban dedicarse a sectores relacionados con el ámbito lingüístico

Atender prioritariamente las necesidades de la producción y la actividad cultural en Euskera, facilitando a las personas creadoras los recursos necesarios para su desarrollo. El uso progresivo del euskera y del castellano, con subtitulado cuando sea necesario, en los dos canales generalistas de ETB para favorecer un bilingüismo armónico y el contacto de todas las personas con ambos idiomas. La emisión en ETB de títulos cinematográficos notables, series de ficción y documentales de primera línea y una variada animación en euskera. Frente al retroceso que se ha experimentado desde 2009, proponemos el incremento de la inversión en traducción y doblaje para llevar a cabo todas estas medidas hasta un mínimo de 2 millones de euros. En Galicia y en Cataluña (estamos escribiendo en castellano) esta inversión en el doblaje en sus lenguas propias es de 3,5 y 8 millones de euros, respectivamente.

Estimular el uso del Euskera en las Instituciones Públicas en condiciones de igualdad con el castellano. Facilitar que cualquier persona pueda ser atendida en Euskera igual que en castellano, impulsando el aprendizaje y uso del euskera entre el funcionariado.

Realizar estudios periódicos dirigidos a evaluar el grado de uso del euskera en cada uno de los ámbitos públicos (educativo, laboral, administrativo, comunicativo, político y cultural), con el fin de reorientar la política lingüística y mejorar su eficiencia.

El impulso de la literatura para todas las edades en euskera, incluida la literatura juvenil, que es la que muestra un menor desarrollo en la actualidad.

La adaptación de los requisitos de habilitación de traductores y traductoras e intérpretes jurados euskera / castellano así como en otros pares de idiomas, a las condiciones y el número de créditos ofertados por la Universidad del País Vasco para las titulaciones de graduado o licenciado en Traducción e Interpretación.

Instar a que las instituciones estatales se comprometan con su realidad plurinacional y plurilingüe, fomentando el conocimiento de las distintas lenguas en todo el territorio, a través de escuelas de idiomas y universidades, así como dar a conocer la diversidad lingüística y cultural del Estado por la red cultural y en el sistema educativo. Queremos fomentar desde el ámbito vasco la creación de un Instituto Estatal de las Lenguas, un espacio de promoción multilingüe, que trabaje en preservar el respeto a la riqueza lingüística del estado; que enseñe los rudimentos básicos de los idiomas ajenos, que promueva la convivencia de estudiantes entre comunidades, con el fin de conocer las distintas realidades culturales.

Promover decididamente el trilingüismo, desde la base de una sociedad netamente bilingüe euskera-español. Hay que avanzar en crear una cultura que valore positivamente la riqueza que representa el conocimiento de otras lenguas, facilitando la cultura en versión original. El inglés ha de ser la lengua con la que nuestros jóvenes puedan comunicarse a nivel internacional sin ninguna dificultad.

La potenciación de una oferta audiovisual extensa y variada en euskera dirigida a toda la población.

El uso progresivo del euskera y del castellano, con subtitulado cuando sea necesario, en los dos canales generalistas de ETB para favorecer un bilingüismo armónico y el contacto de todas las personas con ambos idiomas. La emisión en ETB de títulos cinematográficos notables, series de ficción y documentales de primera línea y una variada animación en euskera.

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Cultura y medios de información públicos

La cultura es el conjunto de prácticas, expresiones, lenguajes e ideas que nos vincula a una manera de entender la sociedad y el mundo en que vivimos. Un conjunto de rasgos distintivos y señas de identidad que nos permiten reconocernos y compartir con los demás un modo de vivir y de pensar. Como afirma la UNESCO en su declaración de 1982, a través de la cultura las personas se expresan, toman conciencia de sí mismas, se reconocen como un proyecto inacabado, se ponen en cuestión, busca nuevas significaciones, y crean obras que las trascienden.

Por lo tanto, la cultura así entendida tiene una importante dimensión política, de construcción de comunidad y convivencia, muchas veces invisible, pero que es imprescindible tener en cuenta si queremos empujar el cambio social.

Por eso, desde Elkarrekin Podemos queremos proponer otro modelo cultural para Euskadi, que ponga la cultura en el centro de la vida​.Un modelo menos paternalista y mercantilizado y más feminista y ciudadano. Un modelo que se nutra del sustrato de eso que somos, para proyectarnos en aquello que nos gustaría ser; Un modelo que cultive prácticas culturales en todos los ámbitos, desde lo profesional o desde lo amateur, que sirvan para estimular la creatividad y la experimentación, desarrollar del pensamiento crítico y promover una experiencia emancipatoria y de dignidad personal y colectiva. Un nuevo modelo cultural basado en cuatro pilares: El derecho y acceso a la cultura, La diversidad cultural, La sostenibilidad del ecosistema cultural y La cultura es comunicación. Apostamos por:

Un nuevo modelo cultural que defienda el derecho a la cultura como uno de nuestros derechos fundamentales. ​Un derecho básico que se concreta principalmente en el derecho de acceso universal a la cultura de toda la ciudadanía, con un papel de implicación activa, ya sea como público​s o como ​creadores cultural​es​. Un acceso entendido como la posibilidad de formación, ​creación​,uso y disfrute cultural, superando todo tipo de barreras tanto reales como simbólicas y de manera distribuida por todo el territorio. Una cultura entendida como un servicio público, que diversifique su oferta en toda una red de centros culturales, bibliotecas, y en espacios independientes de todo tipo (gestionados por agentes culturales y/o por la ciudadanía), así como en el espacio público, como lugar principal para el desarrollo de la cultura viva comunitaria; revirtiendo la tendencia de la cultura como producto mercantilizado y espectacularizado, para el consumo, el ocio y el turismo, del gran museo y el macroevento, que se está imponiendo en Euskadi.

Un nuevo modelo cultural que impulse la cultura como bien común y no como instrumento identitario frentista​; que celebre las muchas y diferentes culturas que cada vez más conviven en Euskadi y que componen un crisol de identidades múltiples. Un modelo cultural que ponga en valor la pluralidad, la abundancia de lenguas y lenguajes, prácticas, expresiones y costumbres; que promueva una cultura multicultural e interdisciplinar, que sea más abierta, inclusiva, dialogante, dispuesta a comprender al otro, a hibridarse, a re­pensarse en el marco del estado, de Europa y del mundo. Una cultura menos autocomplaciente y autorreferencial, que desde el sentido que le aportan sus raíces, no permanezca anclada por interesados clichés esencialistas y estereotipos partidistas; sino que se abra a un futuro fruto de la diversidad, riqueza y viveza de la sociedad vasca.

Un nuevo modelo cultural que cuide del ecosistema de agentes culturales, asegurando su diversidad, equilibrio y sostenibilidad de su tejido ​creativo​, en un marco de colaboración público­-privada, y de necesaria redefinición dentro del plan vasco de innovación y de cambio de modelo de ​creación artística, en el que las denominadas Industrias Culturales y Creativas (ICC) son uno de los identificados como 'territorios de oportunidad'. Un ecosistema que cuenta con tejido rico y variado pero en general muy pequeño y atomizado, que sufre una gran precariedad, con microempresas y trabajadoras de la cultura, sometidas a una desregularización y un no reconocimiento profesional, con trabajos intermitentes, externalidades, subcontrataciones, etc.; y dependientes en exceso de subvenciones o licitaciones institucionales regidas en general por procedimientos de concurrencia y criterios de valoración muy burocratizados y poco transparentes. ​ Un nuevo modelo cultural que entienda que la cultura es en gran medida comunicación y ​educación, y ​que la comunicación ​y la educación ​son una herramienta fundamental para el cambio cultural. ​Un modelo que otorgue mayor legitimidad reconocimiento social a la cultura y sus agentes, a través de una mayor visibilidad y pedagogía desde los medios de comunicación públicos. Así como la inclusión de las disciplinas artísticas y culturales en las líneas curriculares de los centros educativos con el objeto de educar en el arte y la cultura otorgándoles la misma relevancia académica que otras disciplinas.

Los medios de comunicación públicas como herramientas de difusión cultural. ​Un espacio mediático que debe abordar de una vez por todas la transformación del modelo de EITB, tanto para ser homologable a los estándares europeos, como para poder ser el servicio público que la ciudadanía precisa: independiente, plural y con contenidos de producción propia regidos por criterios de calidad, innovación y utilidad pública; frente al mero instrumento gubernamental y de entretenimiento que es en la actualidad. Un espacio mediático que debe contemplar también otras posibilidades más allá del ente público, relacionadas con la comunicación social y los medios independientes.

Todo esto implica además una nueva cultura política, que con imaginación y con audacia sea capaz de desenredar la madeja dialéctica neoliberal del desencanto y el desinterés por participar activamente en la vida pública. Una nueva cultura política que escuche y se haga oír usando palabras nuevas o resignificadas; que produzca otros imaginarios y subjetividades; y que comunique desde la puesta en valor de lo común y la alegría por recuperar la cultura como​forma integral de entender la democracia.

En definitiva, desde Elkarrekin Podemos apostamos por un nuevo modelo cultural que ­partiendo del poner atención al desarrollo políticas culturales que atiendan las problemáticas del tejido cultural y sus distintos sectores­, ponga el foco en el desarrollo de una nueva cultura democrática, una nueva cultura de convivencia, de innovación, de empleo, educativa, ecológica, social, científica… Y también, el desarrollo de una nueva cultura para la cultura. Porque sin revolución cultural, no hay revolución social.

MEDIDAS ESTRATÉGICAS, TRANSVERSALES Y SECTORIALES

Para hacer posible esta apuesta por un nuevo modelo cultural, es necesario abordar la política cultural desde un enfoque estratégico, mucho más articulado y coordinado entre las distintas áreas de competencia dentro del propio Gobierno Vasco, así como con otras administraciones e instituciones vascas.

Una política pública basada en la participación democrática real y la gestión responsable, regida en unos principios y procedimientos de transparencia, supervisión, evaluación y rendición de cuentas. ​Además de estos principios generales, las principales medidas que desde Elkarrekin Podemos proponemos para poner en marcha un nuevo modelo cultural son:

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Cambio del modelo institucional

La cultura es un ámbito que ocupa un lugar secundario en las políticas públicas, siempre relegado a nivel presupuestario y de relevancia política institucional. A esto se suma un segundo desequilibrio, el que se produce entre el exceso de cultura institucional e institucionalizada y escaso e inconstante fomento y apoyo a la cultura desarrollada desde la sociedad civil. Para transformar esta situación y equilibrarla, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas:

Creación de una Consejería de Cultura y Comunicación​, que recupere el foco en lo cultural, que ha estado relegado a un papel secundario durante la última legislatura. Una consejería con un organigrama ajustado a las particularidades del ámbito cultural y que trabaje en coordinación con el resto de consejerías, especialmente con las de Educación y la de Promoción Económica. Y como sabemos que una apuesta estratégica sólo lo es si viene acompañada de un presupuesto que la respalde y posibilite el desarrollo de nuevas medidas, proponemos el aumento del presupuesto de cultura en un 10% sobre el actual.

Además, desde Elkarrekin Podemos nos comprometemos a regirnos por el principio de libre concurrencia, con procedimientos transparentes y asociados a la presºentación y evaluación de un proyecto, así como asegurando la paridad entre mujeres y hombres, para el nombramiento de cargos directivos en las ​entidades dependientes de la Consejería o participadas de forma mayoritaria por el Gobierno Vasco.

Realización de un Plan General/Director de la Cultura​, que se elaborará en el primer año de mandato, con la colaboración del tejido cultural y de la sociedad civil. El Plan establecerá las prioridades de gobierno para la legislatura e incluirá un Plan de Coordinación Cultural Interinstitucional. Este Plan General incluirá Planes Operativos sectoriales y sobre temas específicos, asegurando los medios para su aplicación equilibrada en el conjunto de la CAE, así como el cumplimiento de las leyes de Igualdad (en nombramientos, programaciones, compras...) de Normalización del Uso del Euskera y de Accesibilidad Universal.

Dar relevancia a la figura del Consejo Vasco de la Cultura​,para que más allá del papel retórico de representación que tiene en la actualidad, sea un instrumento operativo de participación activa de la sociedad civil, representantes sectoriales y otros agentes culturales, en el diseño de las políticas culturales, haciendo efectiva la recuperación del control de las instituciones por la ciudadanía. Un Consejo de composición mixta y cargos rotativos, que supere sus funciones meramente consultivas, para ​adquirir un funcionamiento autónomo y con carácter vinculante a la hora de establecer líneas de actuación (planes operativos y programas) y para decidir sobre el presupuesto anual de cultura y comunicación.

Además del Consejo, es necesario ​consolidar un instrumento de desarrollo participado de políticas públicas en materia de cultura​, con órganos, funciones y protocolos de trabajo claros y continuados, que supere el carácter errático y desigual en su funcionamiento de instrumentos como han sido: el ​Plan Vasco de la Cultura, el ​Contrato ciudadano por las Culturas y ​Kultura Auzolanean.

Dentro de estos órganos es imprescindible ​revisar el funcionamiento y objetivos del Observatorio Vasco de la Cultura​, para que tenga una capacidad de investigación, monitorización y análisis de información más ajustada a la realidad del ecosistema cultural en toda su amplitud y diversidad, atendiendo no sólo a la cultura más consolidada, sino a sus expresiones más emergentes.

Hacer un ​análisis del funcionamiento y evolución del Instituto Vasco Etxepare desde su creación, para evaluar el cumplimiento de misión como instrumento ágil y eficaz para la difusión de la lengua y la cultura vascas por todo el mundo. En especial se prestará atención a: 1) su relación con otros institutos y agentes culturales internacionales de relevancia para el intercambio, la movilidad y la internacionalización de la cultura vasca; 2) su especial labor en el estrechamiento de lazos culturales, intercambio y desarrollo de proyectos transfronterizos Euskadi­Aquitaine (y con Francia en general), principalmente con el euskera como elemento común; 3) su capacidad real de apoyo al tejido cultural en todas sus expresiones, disciplinas y estadios de desarrollo en materia de internacionalización, exportación, etc.; y 4) su labor en el desarrollo de viajes y embajadas culturales acompañando a otros ámbitos de representación política, empresarial, etc.

Creación de una unidad de coordinación entre los Departamentos de Igualdad y Cultura para asegurar la perspectiva de género en las políticas culturales.

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Plan para la financiación de la cultura

La cultura está dejando de ser entendida como un servicio público para pasar a considerarse un nuevo ámbito de privatización de lo público y de mercantilización de servicios y experiencias. Esto afecta en gran medida a su forma de financiación, al nivel de inversión desde lo público y al enfoque instrumental de la misma. Para transformar esta situación y aumentar y diversificar la inversión en cultura, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas:

Creación de un Fondo de las Artes y las Culturas, un organismo que administre y re­distribuya medios y recursos para la financiación, estímulo, protección y desarrollo del tejido cultural y el desarrollo de actividades culturales por parte de toda la ciudadanía. ​Un fondo de estas características democratiza y da mayor independencia a la gestión de los recursos públicos, salvaguardando la cultura de intereses partidistas y de su posible instrumentalización política.

Este Fondo agrupará los presupuestos que actualmente se destinan a subvenciones y programas culturales de la Consejería y planteará formas de búsqueda activa de recursos (aplicación del 1,5% cultural, desarrollo y aplicación de la Ley de Mecenazgo y plan específico de incentivos fiscales de manera coordinada con las diputaciones, implementación de fórmulas mixtas de microfinanciación entre administración y sociedad civil financiación a través de programas europeos, ​etc). Además de ser un instrumento de financiación, desde el Fondo se cumplirán funciones de intermediación público/privada, asesoría a agentes y seguimiento de los proyectos beneficiarios y su correspondiente justificación.

Para el funcionamiento del Fondo se propondrá un sistema transparente y consensuado con los distintos agentes del ecosistema cultural; y aunque en un principio estará circunscrito al marco competencial del Gobierno Vasco, se trabajará desde un inicio para que pueda adquirir a corto o medio plazo un carácter interadministrativo con las diputaciones forales y los ayuntamientos. Defensa de la rebaja del IVA cultural. ​Aunque esta no es una medida de financiación en sí misma, si ayudaría a una mayor dinamización del mercado y abarataría el acceso a la oferta cultural.

Aplicación real y responsable del 1% cultural, que desde Elkarrekin Podemos proponemos aumentar hasta el 1,5%. Según el artículo 106 de la Ley/1990 de Patrimonio Cultural del País Vasco (BOPV 6 de agosto), se establece que al menos el 1% del presupuesto de las obras públicas se destine para trabajos de conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial, así como para el fomento de la creación artística y la acción cultural, priorizando iniciativas con un impacto directo sobre su entorno inmediato. Velaremos por el cumplimiento de esta normativa y por el establecimiento de criterios culturales y de equilibrio geográfico para la ejecución de este gasto desde el Fondo de las Artes y las Culturas.

Redefinición del sistema de regulación de subvenciones, convenios y licitaciones, así como el desarrollo de programas propios del Gobierno Vasco​; buscando en todos los casos, tratar de adecuar los marcos normativos y procedimientos administrativos a las necesidades del ecosistema cultural en la actualidad y a la realidad de las prácticas culturales contemporáneas.

En primer lugar acometeremos un ​proceso de análisis de las subvenciones y programas existentes actualmente para evaluar su pertinencia y acometer mejoras​,atendiendo a cuestiones como: objetivo de las subvenciones, destinatarios, presupuesto, criterios de valoración y procedimientos de adjudicación y justificación. El sistema de regulación de subvenciones pondrá atención en:

Establecer un marco de valoración claro y objetivo, basado criterios de calidad, diversidad (ámbitos y tipologías) y transparencia (adjudicación, desarrollo y rendición de cuentas).

Revisar las subvenciones de adjudicación directa y tratar de minimizarlas, estableciendo otros marcos de relación a través de convenios, subvenciones plurianuales, etc.

Promover de forma equilibrada los distintos estadios culturales, de formación, investigación, creación, producción, distribución y difusión.

Promover la creación, la experimentación, la innovación, la diversidad cultural.

Velar por el cumplimiento de las leyes de Igualdad y Accesibilidad Universal, así como del Código de Buenas Prácticas en las actividades subvencionadas.

Mantener el decidido apoyo a la ​creación cultural en euskera como medida de política lingüística para su normalización y fomento; sin marginar por ello en el marco de subvenciones la ​creación cultural en la otra lengua oficial que es el castellano; y dando cabida a ​creaciones​ en otras lenguas presentes en la CAE.

Cuidar la presencia tanto de programaciones especializadas y/o experimentales, como las actividades relacionadas con la cultura ciudadana de base y de proximidad.

Apoyar el desarrollo de la cultura y el conocimiento libre, introduciendo entre los criterios de valoración la utilización de tecnologías y licencias libres.

Fomentar la creación cultural con perspectiva de género y por parte de mujeres artistas, así como el reconocimiento y la visibilidad del arte hecho por mujeres y su adquisición en museos y otros centros similares.

Se analizará de manera específica el caso de ​las subvenciones para la ​Organización de Festivales Culturales, que este mismo año el Gobierno Vasco ha suprimido sin previo aviso, poniendo en peligro la supervivencia de numerosos festivales con un importante recorrido y relevancia​.Una medida que denota la despreocupación y desinterés de quienes nos han gobernado hasta ahora, hacia la labor cultural y sostenibilidad del tejido profesional y ciudadano al que deberían atender, anteponiendo a ello el desarrollo de sus propios intereses y compromisos políticos y partidistas.

También se pondrá atención en líneas de subvención y programas del Gobierno Vasco que están teniendo especial relevancia y que deben ser reforzados (atendiendo a la posibilidad de generar transferencia en cuanto a formato y buenas prácticas hacia otros ámbitos culturales), como por ejemplo son los casos de:

Fábricas de Creación, un conjunto de subvenciones que está promoviendo la innovación cultural, la diversificación de infraestructuras de creación, lo interdisciplinar y la mediación entre la cultura y otros ámbitos de la sociedad. Eremuak, un programa abierto y continuado para el desarrollo del contexto de la práctica artística contemporánea en el ámbito vasco, mediante el apoyo a propuestas de creación, interpretación y mediación, así como otras acciones de difusión y generación de debate.

Kimuak, un programa para promocionar y distribuir los cortometrajes vascos, a través de la elaboración anual de un catálogo con una selección hecha por un jurado independiente que se promociona en festivales internacionales.

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Regulación y mejora de las condiciones profesionales

La cultura, pese a ser uno de los nuevos ámbitos de generación de riqueza (o quizá precisamente por eso), es un ámbito de actividad extremadamente precarizado y desregularizado a nivel profesional y laboral. Para transformar esta situación y dignificarla, estableciendo unas condiciones justas y favorables, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas

Desarrollo de un Estatuto Profesional de la Cultura​, desde los límites de las competencias del Gobierno Vasco, para todas las trabajadoras relacionadas con el ámbito productivo cultural, para los eslabones más fuertes y débiles, más visibles e invisibles de la cadena de valor (artistas, ​auxiliares de sala, ​orientadoras​, ​educadoras culturales, ​mediadoras, intérpretes, iluminadoras, sonidistas, traductoras, managers…). Un estatuto que regule situaciones relacionadas con trabajos intermitentes, externalidades, subcontrataciones, no reconocimiento profesional.... Un estatuto adecuado a las particularidades del ámbito cultural y sus distintos sectores, atendiendo a: remuneraciones y honorarios, porcentajes sobre venta y reproducción, compatibilidad legal entre la jubilación y la actividad creadora, la creación de nuevos epígrafes de actividad económica acordes a la realidad actual, o la promoción de figuras sindicales que aseguren una representación colectiva articulada de las trabajadoras de la cultura en cuanto a derechos laborales.

Introducir entre los criterios de valoración de contratos públicos y de entidades con presencia estatutaria mayoritariamente pública, así como en convocatorias de subvenciones, tanto ​cláusulas sociales que incentiven una economía social de la cultura, como que aseguren el cumplimiento de códigos de buenas prácticas​,Y estudiar el establecimiento de medidas que garanticen cuotas de programación local y/o territorialización del gasto, que reviertan directamente sobre el tejido productivo cultural vasco. Convenio con Lanbide para contemplar de manera específica el ámbito cultural dentro de sus competencias en materia de empleo, formación para el empleo e inserción laboral; así como en los ​Planes de Empleo​,contemplando tanto planes de mejora y especialización de las capacidades profesionales, como de contratación para el fortalecimiento en la gestión de las entidades culturales.

Redacción de un Código de Buenas Prácticas elaborado conjuntamente entre instituciones y agentes sectoriales​, que refleje las particularidades de los diferentes ámbitos sectoriales de la actividad cultural. Este Código será de obligado cumplimiento para las entidades dependientes de la Consejería o participadas de forma mayoritaria por el Gobierno Vasco. Apoyo y promoción de organizaciones e iniciativas de carácter democrático y transparente para la gestión de derechos, que otorgue a las creadoras libertad para elegir el tipo modelo de gestión y licencias, priorizando el derecho al disfrute de la cultura por parte de la ciudadanía, sin que ello vaya en menoscabo de la sostenibilidad de las creadoras y del conjunto del sector. En este sentido se estudiará la creación de una ​Oficina en defensa de la Creación que además de velar por el cumplimiento de esto, desarrolle labores de formación, asesoría e intermediación.

Promover la presencia de las mujeres tanto en la cara visible como en la no visible de la gestión y prácticas culturales. Exigiremos una representación igualitaria y no sexista de hombres y mujeres en los medios de comunicación públicos, así como a una mayor y más diversa presencia de mujeres, más allá de los estereotipos mediáticos femeninos. Impulsar actividades culturales centradas en la participación e iniciativa de mujeres migrantes, gitanas y con diversidad funcional, para facilitar su acceso a la participación en la vida pública.

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Recuperar el peso de la cultura en la educación

La cultura, las artes y las humanidades son uno de los pilares de la educación, de cara al desarrollo equilibrado de capacidades para el pensamiento abstracto, la creatividad, la expresión, la comunicación y las relaciones. Pero es un pilar cada vez más abandonado en un currículum educativo excesivamente orientado a la capacitación práctico­técnica y a una supuesta empleabilidad. Para transformar esta situación, volviendo a dar importancia a la formación artística, tanto en la educación primaria y secundaria, como en la educación superior, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas:

Asegurar el acceso desde la educación a la cultura, las artes, las humanidades, como parte fundamental del currículum educativo​; y acercar los lenguajes artísticos y las prácticas culturales contemporáneas a las aulas de la red pública vasca, mediante un plan operativo coordinado con la Consejería de Educación, para educación primaria y secundaria, dotado de personal (contando con profesionales locales) y recursos materiales para promover el interés afectivo, el conocimiento y la producción cultural entre los más jóvenes y favorecer el desarrollo de la creatividad.

Creación de vínculos entre la escuela y otros espacios de formación artística de carácter formal e informal en todo el territorio (conservatorios, escuelas de música, de teatro, de danza, de escritura, de arte, actividades de áreas pedagógicas y de mediación de casas de cultura, museos e instituciones culturales, etc.), que sirvan para dar continuidad y profundizar en el aprendizaje y disfrute de la expresión artística y la cultura como parte consustancial de la vida desde la infancia. Introducir en los currículums de los estudios superiores de Magisterio, Pedagogía, materias relacionadas con la cultura y la creación y con la Historia del Arte​, de carácter práctico y teórico.

Atender desde el sistema público de educación ­tanto desde la Formación Profesional, como desde la educación superior universitaria­ a la formación de profesionales del ámbito de la cultura​, prestando especial atención tanto a disciplinas habitualmente no tenidas suficientemente en cuenta (como puede ser el circo), como a disciplinas emergentes y entendidas como nuevos ámbitos de oportunidad (como pueden ser lo videojuegos).

Realizar una ​cartografía de agentes e iniciativas que trabajan en Euskadi alrededor de educación creadora, medición cultural, prácticas artísticas en el ámbito de la educación; e incorporación de su seguimiento al Observatorio Vasco de la Cultura.

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La cultura como factor clave de innovación

La cultura y la creación son factor fundamental de innovación de cualquier sociedad que se pretenda avanzada: tanto como medio de cohesión social y generación de comunidad; como de renovación de los sistemas tecno­científico y productivo; así como sobre todo, como medio de generar nuevas subjetividades y espacios simbólicos desde los que imaginar colectivamente el futuro. Por eso, para que la cultura sea reconocida y tratada integralmente como el relevante factor de innovación que es, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas:

Situar la cultura, las denominadas Industrias Creativas y Culturales y a sus agentes (de manera directa y no subalterna), dentro del marco y del sistema de generación de conocimiento e innovación tecno­científico vasco (el ​Plan Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación y la ​Red en que se sustenta), reconociendo la I+D+i de base cultural​.Y hacerlo de manera alineada con la ​Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 para las regiones de la Comisión Europea (en la que la cultura ha sido identificado como uno de los 'territorios de oportunidad'); pero atendiendo a las singularidades y verdaderas potencialidades del tejido cultural y el funcionamiento de su cadena de valor; y atenuando actuales sesgos economicistas, industrializantes, de concentración del tejido, de instrumentalización hacia otros sectores o de supeditación a lo tecnológico.

Apoyo dentro de la política de clusters del Gobierno Vasco 2015­2020, ​el proceso de redefinición del Cluster Audiovisual Eiken hacia un Cluster de las Industrias Culturales y Creativas de Euskadi​, uniéndose con otras asociaciones como Langune, Karraskan, La Asociación o EPE/APV, y aglutinando a otros agentes sectoriales e intersectoriales (diseño, videojuegos, moda, gastronomía, música, artes escénicas, arquitectura...), con el objetivo de lograr una mayor cohesión e integración del tejido productivo cultural en toda su diversidad.

Establecimiento de medidas para promover la innovación abierta dentro del propio ámbito cultural y sus disciplinas y con otros ámbitos de actividad​, favoreciendo colaboraciones y procesos experimentales basados en el diálogo y la hibridación transdisciplinares e intersectoriales.

Establecimiento de medidas de apoyo a los procesos de innovación, modernización y consolidación en la organización, gestión, producción, comercialización e internacionalización de las organizaciones culturales y del entramado empresarial.

Activación de un programa en el marco de Ikerbasque, para ​crear, atraer, recuperar talento, así como promover la movilidad y la especialización, en el ámbito de la investigación cultural​,tanto a nivel práctico como teórico.

Diseño e implementación de sistemas de indicadores y de evaluación acordes a la realidad y tipología de las iniciativas de innovación desde la cultura, desarrollando la idea de valor y retorno más allá de lo meramente económico, desde un enfoque de triple balance.

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Nuevo públicos y creadores

Toda persona es una creadora en potencia si se la incentiva a cultivar el interés por la cultura y se ponen las condiciones para que desarrolle sus deseos y capacidades, tanto a nivel individual como colectivo, entendiendo la cultura como una co­producción en comunidad, como una de las principales expresiones de la vida pública. Para convertir a la ciudadanía en protagonista activa de la cultura (más allá de como audiencias y consumidoras) y reconectar la cultura local con el público, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas:

Elaboración de un Plan Integral de sensibilización y formación de nuevos públicos y creadores para el conjunto de la CAE en coordinación con el Observatorio Vasco de la Cultura. Atender especialmente a: la creación de públicos en sectores culturales concretos, la potenciación de grupos de aficionados, y la puesta en marcha de programas de mediación cultural. Y procurar llevar a la realidad la reclamación del Foro de Vida Independiente ​“Nada sobre nosotras sin nosotras”, haciéndola extensiva a todos los colectivos a los que habitualmente se sitúa en posiciones subalternas, asegurando no sólo el acceso a la cultura, sino la posibilidad de una participación implicada y protagonista.

Elaboración de un plan de descentralización cultural y de cultura viva comunitaria​, junto a diputaciones, ayuntamientos y agentes culturales; asegurando que la acción cultural es accesible a la ciudadanía en todo el territorio de la CAE de manera equilibrada y contextualizada; asegurando que la acción cultural supera los límites de los grandes equipamientos para llegar a las casas de cultura, las bibliotecas, los centros autogestionados, y que sobre todo, sale a la calle, a las plazas, reconquistando el espacio público para la vida ciudadana.

Estudio, junto con los ayuntamientos, de un ​plan de flexibilización de la normativa de uso e intervención en el espacio público​, así como en espacios urbanos y solares en desuso, para el desarrollo de actividades culturales.

Recuperación del club de cultura ​kulturTIK y potenciación de la plataforma digital de difusión interactiva ​kulturklik, trabajando su dimensión interinstitucional para asegurar su sostenibilidad y continuidad. Estos instrumentos deberán atender de forma equilibrada a la producción cultural generada desde las instituciones y a la promovida desde agentes privados y de la sociedad civil, sirviendo además como portal de acceso a otras webs y plataformas de información.

Plan de difusión de las artes y la cultura en los medios de comunicación en Euskadi​, desde criterios de diversidad tanto en lo disciplinar como en la tipología de agentes; potenciando la presencia en EITB, que además del establecimiento de cuotas en los informativos, abrirá una línea de programación cultural en horarios de máxima audiencia.

Establecimiento medidas de apoyo que permitan diversificar el espacio mediático vasco​, potenciando propuestas relacionadas con la comunicación social y los medios independientes.

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La cultura en la esfera pública digital

La cultura cada vez tiene una dimensión más transmedia y se desarrolla más en entornos y mediante medios digitales, pero aún no tenemos desarrollada una conciencia de ello ni a nivel institucional ni desde la ciudadanía en general, lo que nos está dejando en manos de grandes corporaciones transnacionales. Para avanzar en esta conciencia de lo digital como una extensión de la esfera pública, velando por el acceso universal de la ciudadanía a internet e infraestructuras digitales, además de a contenidos y a medios para su producción y distribución, desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas:

Estudio para implantar el software libre y habilitar zonas de wifi público en las instituciones culturales dependientes o participadas por el Gobierno Vasco.

Impulso de programas de apoyo a espacios y programas de ​fomento de la cultura digital y la filosofía maker​.

Potenciación del desarrollo de la cultura y el conocimiento libre, desde la utilización de tecnologías y licencias libres​, con el fin de permitir el acceso y reutilización de la producción cultural amparada por las instituciones públicas (contenidos, publicaciones, documentación audiovisual…).

Fortalecimiento de las actuaciones para la ​digitalización de contenidos en archivos, bilbiotecas y mediatecas, siguiendo los estándares de conocimiento abierto​,utilizados por instituciones culturales a nivel internacional.

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Medidas sectorales

Desde Elkarrekin Podemos proponemos un programa de política cultural que pone el acento en la mirada de conjunto y en potenciar la coordinación y la transversalidad entre agentes y acciones, buscando el desarrollo equilibrado del ecosistema cultural. En ese sentido, muchas de las medidas que planteamos en este programa no tienen un carácter disciplinar, sino general (formas de participación, modelo de financiación, condiciones laborales, relación con educación, innovación, movilidad, internacionalización...), atendiendo, eso sí, a su adecuación a la realidad de cada uno de los sectores. Pero además somos muy conscientes de la necesidad de cuidar algunas necesidades sectoriales específicas. Por eso, a continuación desplegamos algunas medidas sectoriales, que se completarán y desarrollarán mediante un diálogo continuado y activo a lo largo de toda la legislatura con los agentes de cada sector, para atender tanto cuestiones estructurales como coyunturales.

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El audiovisual y la transmedia

Un sector condicionado en exceso por la figura de EITB y unas ayudas públicas gestionadas y administradas de manera que no han favorecido la mínima autonomía de los agentes. Además, se ha trabajado poniendo el foco en la producción, limitando los incentivos al resto de los procesos (creación, distribución, exhibición, formación, consolidación de públicos y preservación del patrimonio), configurando una cadena de valor débil y vulnerable.

Algunas medidas concretas:

Solicitud de la transferencia en materia cinematográfica que permita el desarrollo y sostenimiento del cine vasco. Elaboración de un plan de cooperación territorial, interinstitucional e intersectorial​, para el desarrollo equilibrado del tejido productivo relacionado con el audiovisual y el transmedia, entendidos como ámbitos con unos de los mayores potenciales a nivel industrial y de dimensión que pueden resultar tractores para el resto de sectores.

Aumento de la dotación del presupuesto de EITB a la inversión en audiovisual y transmedia​, para que sea mayor del 6% que obliga la Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010.

Creación de un fondo para la inversión en proyectos audiovisuales y transmedia​, diferenciando entre el apoyo específico a la producción en euskera, y el apoyo a la producción de las empresas vascas, independientemente del idioma (la titularidad del producto deberá ser al menos de un 20% de empresas de producción vasca).

Establecimiento de medidas de financiación específicas relacionadas con posibilidades como: establecer un porcentaje o tasas sobre las entradas, los productos audiovisuales doblados o el número de copias en distribución; o ​un incentivo fiscal para las actividades de producción “service” de producciones extranjeras, para la atracción de rodajes a Euskadi.

Ampliación del marco de actuación del programa ​Kimuak del cortometraje al largometraje y otros productos audiovisuales y transmedia.

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Las Artes Escénicas

Un sector que aglutina a un conjunto muy rico y diverso de prácticas (teatro, musical y lírico, danza, circo, títeres o ilusionismo, entre otras) y tipologías profesionales (de la dramaturgia a la iluminación, de la actuación a la producción, de la escenografía a la venta de entradas) y que cuenta con un notable número de infraestructuras de variada naturaleza en todo el territorio, tanto públicas como privadas y salas alternativas. Un sector bastante articulado, que en los últimos años está teniendo que acometer un importante proceso de reconversión.

Algunas medidas concretas:

Desarrollo de un Plan integral de las artes escénicas atendiendo desde la cooperación entre agentes la diversidad de necesidades e intereses de toda la cadena de valor.

Constitución de SAREAN como entidad que agrupe todos los equipamientos escénicos que actúen con vocación pública​, de manera colaborativa y positivamente dentro de estrategias con objetivos, derechos y obligaciones orientadas desde políticas públicas transparentes.

Dinamización de SAREAN para la mejora de la ​distribución de las artes escénicas de forma descentralizada​en todo el territorio de la CAE.

Fortalecimiento Dantzerti y ampliación de su programa formativo para asegurar el acceso a la educación superior pública en el ámbito de las artes escénicas en sus distintas subdisciplinas.

Puesta en marcha de un ​programa de espacios, compañías y creadores en residencia​.

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El libro y la lectura

Un sector que supone el acceso a la lectura y por tanto, abre una de las primeras puertas al lenguaje y al disfrute de la cultura; que en Euskadi además cuenta con la riqueza de una lengua propia como es el euskera. Un sector que de manera similar al de la música o el audiovisual, debido a los cambios tecnológicos, en los últimos años ha visto modificar completamente sus canales de distribución y acceso; posibilitando a la vez quizá la mayor diversidad y la mayor concentración de su historia; y obligando a resituarse tanto a autores, como a editores y distribuidores.

Algunas medidas concretas:

Creación de una Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas​,que aglutine al Sistema Nacional de Archivos de Euskadi (SNAE), con las bibliotecas de la Red de Lectura Pública­Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea, las bibliotecas de los centros educativos de los tres herrialdes y las bibliotecas y archivos privados de toda Euskadi, para favorecer el acceso de toda ciudadanía a la cultura.

Activación de un plan de modernización y dinamización de la Red de Bibliotecas, de manera coordinada con su tejido social de proximidad​,incluyendo: la actualización de fondos y ampliación de contenidos digitales, la renovación tecnológica, la formación y puesta en valor del personal bibliotecario o la diversificación de los programas de actividades culturales y de mediación. Además se impulsarán medidas que propicien la coordinación en red y favorezcan el acceso como: la creación de una plataforma pública de código abierto para la gestión del préstamo de libros electrónicos; y la creación de un carnet único para toda la red de bibliotecas públicas de la CAE.

Racionalización y ajuste de las editoriales institucionales​, creando mecanismos de control presupuestario, pertinencia de títulos, idoneidad de tirada y adecuada distribución. El papel de una editorial institucional debería ser atender necesidades no cubiertas por el mercado y favorecer la edición de autores noveles.

Incremento de las medidas de apoyo a la traducción a distintas lenguas, obras de autores vascos, tanto en euskera como en castellano, así como para la traducción de obras en otras lenguas a euskera.

Activación de un plan de apoyo a librerías y creación del sello de ​'Librería de Referencia Cultural', para contribuir a la supervivencia de este eslabón fundamental de la cadena de valor del libro, crucial en el trato con el lector y en la conservación de la diversidad editorial frente a la tendencia monopolística de las grandes plataformas digitales. Un plan que incluya: el apoyo a la apertura y realojo de librerías, incentivos para la inversión en la modernización del sector, la prioridad en las ventas a instituciones públicas, la implementación del cheque escolar para la compra de libros de texto en librerías o un programa de formación reglada del oficio de librero a través de Lanbide.

Incluir espacios de Lectura Fácil en todas las bibliotecas públicas para facilitar el acceso a la lectura de todos y todas.

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Las Artes Visuales

Un sector que pese a representar uno de los principales instrumentos sobre los que se ha construido la transformación simbólica y económica de Euskadi, no recibe un verdadero apoyo institucional. Esto puede deberse al carácter exploratorio y difícilmente clasificable que caracteriza las prácticas artísticas; o a la complejidad de interlocución con un tejido muy diverso y poco articulado colectivamente, pero con importantes dinámicas relacionales informales. Estas dificultades, bien enfocadas y con voluntad política, pueden transformarse en su verdadero potencial.

Algunas medidas concretas:

Refuerzo del programa ​Eremuak, mediante la ampliación de su presupuesto para la creación ​y la consolidación de línea de descentralización territorial abierta en el último año.

Creación de una política de compra pública de arte contemporáneo​,dotada de recursos suficientes y adecuada a las características de las prácticas artísticas actuales, asegurando la creación de un patrimonio artístico. Recuperación y potenciación de programas de espacios y creadores en residencia, orientados a la formación postuniversitaria y a la producción y promoción del arte emergente.

Desarrollo de un plan de difusión e internacionalización del arte contemporáneo vasco​, combinando la acción institucional y la puesta en valor y potenciación de las redes de los propios agentes locales. Este plan podrá contemplar medidas como: visitas de comisarios al contexto, movilidad de artistas, apoyo a la presencia en exposiciones y programaciones de referencia internacional, apoyo a la distribución internacional de publicaciones y la inclusión en catálogos de referencia.

Fomento de las figuras del comisariado, ​educadora artística y la crítica de arte​,como complemento necesario a la figura del artista.

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La Música

Un sector que tiene como principal objetivo fomentar un conocimiento, un disfrute y una práctica musical generalizada. Promover la “música de base” en la que participe activamente la mayor parte de la sociedad, desde las etapas educativas tempranas hasta la música en vivo como parte de la vida cotidiana, tanto en lo relativo a la denominada música culta como a la popular. Algo que además debe venir acompañado de la promoción y fortalecimiento de un tejido profesional local (escuelas, orquestas, coros, grupos, sellos, salas, promotoras, medios especializados...), rico y sostenible.

Algunas medidas concretas:

Más allá de las limitaciones impuestas por la legislación estatal, ​contemplar la música en todas las etapas educativas del curriculum educativo autonómico, con especial atención en educación primaria​,como una herramienta formativa fundamental, capaz de dotar a todo el alumnado de un instrumento de expresión y comunicación que permite desarrollar diversas capacidades cognitivas (abstracción, cálculo, relación, deducción) y afectivas, de un modo creativo y equilibrado. Además, se debe abrir la escuela a la experiencia viva de la música, creando y reforzando los vínculos existentes entre la escuela común y las escuelas de música y conservatorios. Y trabajar esto de forma bidireccional, sacando el talento de las aulas a la calle, acercando al alumnado a los locales de ensayo, a los circuitos de las casas de cultura, a las fiestas locales.

Creación de un organismo específico que desarrolle y evalúe el desarrollo de la formación y difusión de la música académica. ​Este organismo impulsaría el desarrollo de Musikene​, consensuando en primer lugar su ubicación con la comunidad educativa y el sector, y estudiando la creación de un grado de musicología. Además, se propone la creación de la ​Fonoteca Nacional Vasca​, como centro dedicado a la investigación y la difusión de la música vasca, unificando las diversas iniciativas locales existentes; promoviendo también la digitalización de fondos y su difusión a través del portal fonoteka.eus.

Garantizar desde el Gobierno Vasco los recursos para la sostenibilidad de las distintas orquestas, coros e instituciones musicales​, evitando que los recortes por parte del Ministerio de Cultura, pongan en duda la continuidad de instituciones que representan un importante patrimonio inmaterial de la cultura vasca. Además, se propone priorizar la contratación de músicos formados en Euskadi, sin que esto vaya en contra de la movilidad, a través de convenios con instituciones internacionales.

Reconocimiento de la música en directo como un patrimonio cultural vivo a proteger y promocionar​,creando un catálogo de salas que por su actividad continuada merezcan un especial cuidado; revitalizando el circuito de salas pequeñas y medianas, aquellas en las que la cantera local crece musicalmente, del que los grandes eventos en última instancia se nutren. Para ello se proponen medidas como: ayudas a la insonorización y programación o mediación desde la administración en conflictos. Y además se propone la incorporación de la oferta musical al circuito ​SAREAN​

Revisión de la reciente Ley de Espectáculos acabando con cualquier ambigüedad sobre el acceso de los mayores de 16 años. Y junto a esto, desarrollar medidas de promoción de la música en directo entre la juventud como modo de ocio alternativo (como público y como músicos)

Facilitar y mediar en el encuentro y cooperación entre los distintos agentes ​(músicos, managers, promotores), ampliando el marco de actuación de ​Musika Bulegoa​

Establecimiento de cuotas para la protección, promoción y difusión de la música local en su diversidad de estilos (poniendo especial atención en la música en euskera, en el caso de la música cantada); y refuerzo de canales y programas musicales en formato atractivo y horario de máxima audiencia que muestren el dinamismo de la escena local

Creación de un sello (label) ​que identifique y promocione la producción musical vasca.

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Otros sectores y una perspectiva de diálogo interdisciplinar

Más allá de las medidas relacionadas con los sectores tradicionalmente ligados a la cultura, desde ​Elkarrekin Podemos​, queremos potenciar un enfoque dialógico y transdisciplinar. Entendemos que la cultura debe ser un campo abonado, un laboratorio de pruebas, un catalizador de colaboraciones e hibridaciones, para el desarrollo de relaciones e innovaciones entre los propios sectores culturales y con otros ámbitos de conocimiento y actuación educativos, científicos, sociales, económicos o políticos.

Algunas medidas concretas:

Fortalecimiento del programa ​Fábricas de Creación, centrado en la promoción de la innovación cultural desde el diálogo y la mezcla de disciplinas y la mediación y colaboración entre la cultura y otros ámbitos de la sociedad. En primer lugar se plantea la recuperación de la visión de conjunto y el sentido general que tenía el programa en sus inicios (fragmentado ahora en líneas de subvención separadas); y dotándolo de recursos complementarios provenientes de otras áreas de gobierno con las que tiene relación directa, como Educación y Promoción Económica.

Mapeado para identificar agentes culturalmente activos en sectores como: urbanismo y arquitectura, diseño, gastronomía, mediación cultural, pedagogías críticas, participación ciudadana, ciencia y tecnología…

Generación de espacios de encuentro y reconocimiento entre estos agentes e incentivo de la puesta en marcha de proyectos concretos de colaboración, trabajando además en la medida de lo posible, la dimensión transfronteriza.

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Patrimonio

El patrimonio comprende una multitud de expresiones artísticas materiales e inmateriales, formas de arte, arquitectura, paisaje cultural, costumbres, tradiciones populares, y un sinfín de elementos que han ido constituyendo una identidad diversa que hoy compone la idiosincrasia de la Cultura Vasca. Su conservación ha de ser una obligación y un derecho y se ha de reconocer su importancia dentro de la industria del turismo cultural con todo el valor económico que esto conlleva. La adecuada gestión y realización de políticas de patrimonio sirve como motor del desarrollo social, fomenta el turismo responsable y sostenible, posibilita la rehabilitación de entornos urbanos y rurales, y genera un potente valor identitario por sí mismo. La riqueza y diversidad patrimonial de Euskadi no ha contado con políticas de altura por parte de la administración, se ha visto drásticamente recortada su inversión y se invisibiliza su potencial económico. Citamos como ejemplo la desprotección de la cueva de Praileaitz o la destrucción del patrimonio industrial al amparo de los planes de regeneración urbana. La gestión del patrimonio tiene un gran potencial en la creación de empleo y ayuda en la consolidación de la habitabilidad de los territorios mediante la puesta en valor de elementos que forman parte de su propia identidad; por esto desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes medidas: Coordinar desde el Gobierno Vasco un plan de acción con las Diputaciones Forales para garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar el acceso de toda la ciudadanía. Proteger el patrimonio rural como asunto de interés general por su autenticidad, su fragilidad y por ser el más claro reflejo de la interacción del ser humano en el territorio a lo largo de los siglos.

Aplicación real y responsable del 1% cultural que deberá ser aplicado a todos los bienes culturales, no sólo a los inmuebles. Irá destinado al ​Fondo Social de la Cultura y desde allí será regulado con total transparencia en la adjudicación, haciendo campañas de divulgación para que las entidades que pueden solicitarlo estén informadas, tal y como contemplará la nueva ​Ley de Mecenazgo y Patrocinio​. Se asignarán los proyectos mediante un código de equilibrio geográfico y equilibrio entre los distintos aspectos del patrimonio (investigación, difusión, intervenciones, etcétera) y los diferentes tipos de patrimonio, realizándose así la ampliación efectiva del principio de solidaridad establecido en la Constitución.

Desarrollaremos ​medidas en materia de financiación de las actividades arqueológicas previas de carácter obligatorio en las obras de construcción y en los casos reflejados en la Ley de Patrimonio Cultural, a fin de facilitar el que los promotores inmobiliarios realicen dichas actividades. Esta medida contribuirán a fomentar el deseo de la sociedad civil de habitar en los cascos históricos municipales y evitará que se aprueben presupuestos cada vez más bajos en la investigación e intervención arqueológica, hecho que ha provocado una pérdida de la calidad de la investigación del patrimonio intervenido, su degradación y la percepción de irresponsabilidad de la Administración por parte de la ciudadanía.

Promover la ​conservación de los aspectos del Patrimonio Vasco en riesgo de desaparición. Dar el reconocimiento y protección que se merece al ​Patrimonio Industrial Vasco y al patrimonio del siglo XX​,sin descuidar otros patrimonios sensibles.

Fomentar el conocimiento del patrimonio a todos los niveles educativos y potenciar en especial la formación de los profesionales que intervienen directamente en su conservación.

Cambiar la Ley de Patrimonio Vasco para ser pioneros en la defensa de los profesionales de la conservación y restauración del patrimonio.

Sensibilizar a la población sobre el aprecio y el valor de todo su patrimonio cultural como motor del turismo cultural y referente de su memoria histórica colectiva.

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Comunicación y nuevo modelo de EITB

Queremos construir un espacio mediático homologable a los estándares europeos. Planteamos desgubernamentalizar los medios públicos (EITB), y así garantizar su independencia, pluralismo y la calidad de sus contenidos. Proponemos un sistema de gobernanza en consonancia con esos objetivos marcados.

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Órganos de control externo

Creación del Consejo Vasco de Comunicación​:

En 2008, el Consejo de Europa ya hizo una recomendación para la creación de organismos reguladores, con el objetivo de asegurar la independencia de los medios de comunicación públicos. Es por ello necesaria la creación de este Consejo, independiente e integrado en la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA), similar a los que existen en algunos países de nuestro entorno.

Este organismo se encargará, entre otras funciones, de ​vigilar la independencia de los medios de comunicación públicos, con autoridad y con capacidad sancionadora, y también supervisará la concesión de las ayudas públicas a los medios y el reparto de la publicidad institucional (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) como manera de garantizar la pluralidad y la equidad distributiva. También será el encargado de elegir quién dirigirá EITB y quién formará parte del Consejo de Administración.

Los miembros del Consejo Vasco de Comunicación estarán remunerados económicamente para garantizar su dedicación plena y exclusiva​, ​y su neutralidad.

Estarán además sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica. Asimismo, sus miembros no tendrán vinculación, directa o indirecta, con los partidos políticos o los sindicatos y no tendrán vinculación con actividades profesionales del sector audiovisual, en el ejercicio de su mandato.

Sus miembros deberán ser propuestos por, al menos, dos grupos parlamentarios y se elegirán por mayoría de dos tercios del Parlamento Vasco entre profesionales de reconocido prestigio y experiencia, preferentemente en el sector audiovisual. Esta condición se tendrá que acreditar mediante sus currículos y ante una Comisión parlamentaria, que los entrevistará y evaluará. La cámara autonómica propondrá, como mínimo, el doble de candidatos que el número de miembros a elegir.

Se promoverá la paridad de hombres y mujeres en su composición.

La Comisión Parlamentaria de Control: ​El Parlamento Vasco será el encargado de sancionar, con sus votos, la designación del director o directora general a propuesta del Consejo Vasco de Comunicación, escoger la lista de candidaturas al Consejo de Administración, escuchar, preguntar y debatir el Plan de Actuación presentado por el director o directora general y hacer un seguimiento de la gestión en la comisión de control parlamentaria.

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Órganos de gobierno de EITB

Director/a General de EITB: ​será la parte ejecutora y será elegido/a por el Consejo Vasco de Comunicación, teniendo que ser ratificado posteriormente por 2/3 del Parlamento. Será incompatible que el director o directora general forme parte del Consejo de Administración. Su misión es ocuparse de la gestión diaria y de hacer cumplir las líneas trazadas y debatidas en las reuniones del Consejo de Administración, cuyas competencias son diferentes (analizar, debatir y controlar la empresa). Consejo de Administración de EITB: ​se encargará de la supervisión, análisis, propuesta y aprobación de las líneas programáticas a seguir, así como de la ejecución del contrato­programa definido por el Consejo Vasco de la Comunicación. Sus miembros serán elegidos por el Consejo Vasco de la Comunicación a propuesta del Parlamento y siguiendo unos criterios avalados por la trayectoria profesional, méritos y capacidad de las personas elegidas.

Se promoverá igualmente la paridad de hombres y mujeres en su composición.

Consejo de Informativos: ​proponemos que esté compuesto por periodistas, cámaras y otras categorías profesionales que también intervienen en la elaboración de la información.

Consejo Social: ​a través del cual la sociedad civil podrá participar en la fijación de los principios generales de gestión de la radiotelevisión pública y vigilar su cumplimiento. Sus miembros serán propuestos y votados por asociaciones sin ánimo de lucro de sectores y colectivos significativos de la sociedad vasca.

Defensor de la Audiencia: ​su misión es atender las quejas de los usuarios, oyentes y espectadores para trasladarlas a los profesionales e intentar solucionar las dudas y problemas que surjan.

Derecho de acceso y el derecho a la comunicación: ​deben ir más allá de la firme defensa de la libertad de expresión, facilitando además a los colectivos sociales la posibilidad real de acceder a audiencias significativas a través de la radiotelevisión pública. Con este fin, se reservarán espacios en horarios que garanticen contacto con la audiencia, y se pondrá a disposición de los colectivos interesados los recursos humanos y técnicos el ente público, para que puedan también involucrarse en la producción de contenidos que tendrán su espacio en el segundo canal de Euskal Telebista.

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Hacia un nuevo modelo de EITB

Televisión

Proponemos dos canales de ETB, ambos bilingües y donde, al igual que en la propia sociedad vasca, euskera y castellano convivan con naturalidad. Se potenciará la producción de programas y ficción en euskera, garantizando un mínimo del 60% en ambos canales. Se utilizarán subtítulos en castellano para ficción y programas en euskera. Se promoverá la emisión de programación en VOS, utilizando subtítulos en euskara.

La programación estará supeditada al cumplimiento de la función de servicio público identificada en el contrato-programa.

Habrá informativos en euskera y en castellano.

El primer canal será de contenido general y el segundo canal de contenido cultural, enfocado a la promoción de las diferentes disciplinas: escénicas, plásticas, visuales, literatura, cine, música… Es fundamental que la cultura tenga un espacio prioritario en la programación televisiva, por ello proponemos un canal bilingüe, cuyo contenido principal sea precisamente la cultura en toda su amplitud y diversidad.

Habrá también un canal digital a la carta.

Ficción en ETB

La ficción audiovisual debe ser una cuestión estratégica, por lo que supone de valor para el imaginario colectivo de la sociedad. Las referencias de proximidad hacia la cultura, la política, la historia, la geografía, la economía, la lengua o las costumbres y tradiciones, pueden ser elementos vertebradores de la identidad y la diversidad cultural.

Es necesario impulsar la producción de series para el desarrollo de nuestro tejido industrial audiovisual y explorar todas sus potencialidades, apoyando decididamente la co-producción e internacionalización.

Apoyo a la investigación, desarrollo e innovación de nuevos formatos, con las consiguientes desgravaciones fiscales como I+D+i.

Euskadi Irratia y Radio Euskadi

Reducción de directivos y de los cargos intermedios (los llamados gestores) y fortalecimiento de las plantillas de redacción que permita ofrecer un servicio público basado en criterios de calidad y profesionalidad.

Transparencia en los criterios de contratación​,listas de trabajo y promoción de los y las trabajadoras del ente, así como en el nivel de euskera requerido, lo cual será garantizado por el Consejo Vasco de Comunicación.

Es fundamental establecer unas condiciones que permitan tener una radio pública de calidad tanto en euskera como en castellano. Por ello proponemos ​dos equipos de redacción diferenciados, uno para la radio en euskera y otro en castellano​, lo cual potenciará la idiosincrasia de cada una de las emisoras y posibilitará el cumplimiento de los objetivos de calidad necesarios.

Transparencia: ​debe ser la seña de identidad de EITB. Incluirá en su portal de transparencia, supervisado por el Consejo Social, la información detallada y actualizada de sus cuentas, incluyendo sus presupuestos y resultados económicos, sueldos, contrataciones de personal externo, externalización de servicios y compras efectuadas.

Marco colaborativo: ​Proponemos establecer un marco colaborativo con la Comunidad Foral de Navarra así como con el País Vasco­ francés (Iparralde) en la gestión, desarrollo y financiación de EITB, como radio­televisión de Euskal Herria, y aprovechar las potencialidades para la colaboración transnacional dentro de la Unión Europea.

POLÍTICAS SECTORIALES DE EDAD

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Juventud

El sistema económico actual define procesos de formación social que colocan a los jóvenes en una posición más que débil en el conjunto de la sociedad. El sistema actual se caracteriza por el triunfo del neoliberalismo, que ha propiciado la desregulación de los intercambios económicos y la pérdida de poder de intervención del Estado, y el desmoronamiento del Estado de Bienestar. Si consideramos que las políticas de juventud son un pilar esencial para un Estado de Bienestar fuerte, también estamos afirmando que la labor de las políticas de juventud ha de ser la de paliar las dificultades de las jóvenes para desarrollar sus vidas en un contexto de fuerte desigualdad, que penaliza a los miembros de la sociedad que comienzan la vida adulta.

El debate sobre la finalidad de las políticas públicas de juventud se divide entre los defensores de que han de ser políticas de transición, cuyo objetivo es hacer más llevadero el paso de los y las jóvenes a la vida adulta, y los que abogan porque sean políticas emancipadoras, de reafirmación de la condición juvenil no como una etapa transitoria, sino como un término de clase social. Las políticas con sesgo de transición son las que se han aplicado de forma mayoritaria en nuestro país. Éstas se asocian al concepto de “espera pasiva”, mediante el cual las personas jóvenes han de aguardar a que les llegue el momento de ser adultas y poder participar de la vida pública, excluyéndoles, por tanto, de los procesos de decisión pública.

Una política pública inclusiva debería promover la igualación de las posiciones sociales que caracterizan los desiguales modos de ser jóvenes en un sistema económico tendente a provocar desigualdades. La inclusión estaría, por lo tanto, en un proceso en el que las Administraciones provoquen cambios en las dinámicas de un sistema social en el que se dan desiguales relaciones de poder y de dominación, y en el que las jóvenes son el eslabón más débil de la cadena.

Visto en perspectiva y a lo largo de tres décadas, en casi toda Europa y de una forma muy concreta en Euskadi, el modelo de estrategia de juventud que se ha implantado es el de políticas con un marcado carácter de transitoriedad, es decir, de promover el paso de la juventud a la vida adulta, sin una consideración de clase social de la juventud. Sin embargo, se hace necesario destacar que sin una visión de las políticas de juventud que incluya e integre ambos enfoques, uniendo políticas afirmativas y políticas de transición, la política de juventud nunca será una política de juventud para sí, sino una política cuyo objetivo será únicamente que la juventud deje de serlo y pase a ser personas enteras, es decir, adultas.

Para que otro futuro sea posible es necesario apostar por la potenciación de la juventud como clase para sí, autoconsciente de sí misma y activa en el diseño de las políticas que les afectará como colectivo. En el ámbito del empleo juvenil, por ejemplo, este cambio se plasma en la necesaria construcción de un modelo económico en el que los jóvenes no sean empleados como mano de obra barata, sino en el que se garantice la distribución equitativa de la renta en todas las fases de la vida.

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Ley de Juventud

La importancia de la ley de juventud viene dada por el hecho de que es el marco legal en el que se recoge la estrategia del sector público para atajar la precariedad laboral, los problemas de vivienda, la educación formal y no formal, la articulación de la posición de las personas jóvenes en torno a la paz y la convivencia, su participación en los procesos de decisión, etcétera. ¿Qué ley de juventud queremos? La aprobación de una ley no produce cambios sociales per se. Para lograr que la ley de juventud cree los instrumentos capaces de hacer frente a los problemas de los jóvenes vascos ha de ser redactada a través de un proceso de participación que implique a todos los actores sociales posibles, desde Ararteko, Diputaciones, Ayuntamientos, a todo tipo de asociaciones juveniles. Queremos una ley de juventud de consenso que rescate a los jóvenes vascos de la actual situación de precariedad.

Apostar por el futuro de Euskadi, apostar por el empleo para la juventud:

Plan de garantía de empleo juvenil: Revisar la implementación del Plan de garantía de empleo juvenil en Euskadi, pues implica una inversión muy cuantiosa con escasos efectos reales en la juventud vasca. Debemos repensar la estrategia de empleo en Euskadi que erradique las dinámicas de constante precariedad de la juventud vasca. Apostamos por crear un plan interdepartamental del Gobierno Vasco y en conexión con las distintas instituciones vascas (ayuntamientos y diputaciones), para la promoción y la creación de empleo joven en Euskadi.

Protocolo de calidad de empleo joven: Apostar por Euskadi es apostar por su juventud. Necesitamos que la juventud tenga las condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos de vidas dignas. Las instituciones han de mostrar su compromiso para eliminar la alta temporalidad de los contratos vascos. Para ello, proponemos un protocolo de calidad de empleo joven, por el cual las empresas se comprometan a establecer medidas específicas para mejorar el empleo joven. Este protocolo ha de ser participativo, con la intervención de la juventud y las distintas entidades que intervengan en el modelo de empleo. Esta medida ha de ir acompañada con unos plazos de cumplimiento y unas sanciones positivas para aquellas empresas que lo cumplan.

Crear un observatorio autonómico de prácticas: La creación de este observatorio autonómico de prácticas curriculares y no curriculares para verificar que las becas que se crean desde las universidades no sustituyen puestos de trabajos. Esta medida pretende eliminar el proceso de becarización del mercado laboral.

Cláusulas sociales de contratación. Apostando por la juventud: Cláusulas sociales de contratación promueven que en los centros de trabajo se integren trabajadores y trabajadoras jóvenes. Las cuotas jóvenes además potencian que haya un relevo generacional de tal forma que reduzcamos las tasas de desempleo entre la juventud y podamos generar un sistema de empleo que mantenga las pensiones de los más mayores.

Lanbide: un servicio de empleo a la altura de Euskadi: Transformar el servicio de empleo de Euskadi como un verdadero centro de información, orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo, en especial el empleo joven. Lanbide ha de ser responsable de realizar un seguimiento de los puestos de trabajo, ver la calidad de los mismos.

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Juventud y participación ciudadana

Creación de una red de asociaciones juveniles para la coordinación de la institución

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Salud

Garantizar que Osakidetza dé la tarjeta sanitaria a los jóvenes mayores de 26 años que se marchan al extranjero: Garantizar que todo ciudadano y ciudadana vasca que se encuentre en el extranjero tenga cobertura sanitaria al margen de su situación laboral previa y que sea cubierto desde el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, en orden a las competencias de que dispone. La sanidad es y debe ser, un derecho universidad gratuito y de calidad.

Potenciar programas de educación emocional, sexual y salud reproductiva: Aumentar los programas de formación entre la juventud vasca sobre salud sexual y reproductiva. Crear espacios dentro de los centros educativos que prevengan las agresiones machistas, el acoso escolar y potencien el autoconocimiento. Potenciar el uso de todas las formas posibles para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

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Vivienda

Entendemos que las medidas planteadas en torno a la transformación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, así como las planteadas en el programa de Vivienda, suponen la mejora necesaria para la garantía de acceso al derecho a la vivienda de las personas jóvenes.

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Educación

Plan contra el bullying: Que el profesorado o en última instancia el/la niño/a o adolescente tenga medios para denunciar la situación y se sienta protegido y apoyado desde el primer instante. Para ello

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Transporte

Creación de un abono transporte joven para todo Euskadi: Abono transporte único en todo Euskadi con sistema tarifario integrado para evitar desigualdades entre áreas aisladas y grandes urbes dentro de una misma zona. Tarjeta Joven de transporte público autonómico. Este abono tendrá reducciones para la juventud hasta los 30 años.

Revisar la frecuencia de los autobuses que van a los centros universitarios: Aumentar la frecuencia de los autobuses en las horas punta para acudir a las universidades.

Crear líneas de autobuses nocturnos en verano para acudir a las fiestas de los pueblos: Revisar el transporte público nocturno en épocas de fiestas de los pueblos para evitar que la juventud coja el coche y pueda mezclarlo con el consumo de alcohol.

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Migraciones

Plan de retorno investigadoras/es vascas/os: Debemos recuperar a nuestros jóvenes más formados para que creen riqueza en nuestro país.

Plan de apoyo a la juventud emigrada: Se implementarán programas de información y orientación para las personas interesadas en emigrar, así como de seguimiento y apoyo en el extranjero. Establecimiento de contactos y convenios con las autoridades competentes en materia de empleo con otros países de la UE y de fuera, para conseguir ofertas de empleo que permitan satisfacer las demandas de los emigrantes.

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Ocio

Alternativas al modelo de las lonjas: Generar espacios a todos los niveles territoriales para fomentar el trabajo conjunto de la juventud en todos los aspectos existentes. Para dicho proyecto debe incluir espacios para aulas de estudio previa reserva, zona de cafetería-taberna, un espacio para el coworking y el emprendimiento juvenil, zona para pequeños conciertos o cualquier otra actividad cultural. Se tendría que abrir un proceso de debate con los colectivos juveniles locales para decidir entre instituciones municipales/comarcales y estos, el modelo de gestión.

Udalekus para fomento del euskera: Espacios como los udalekus, con el fin de fortalecer dinámicas que incentiven el uso del euskera. Estos espacios han de ser públicos y con actividades que fomenten los derechos humanos, la igualdad, el deporte y la cultura.

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Mayores

La tercera edad se es uno de los principales grupos de población en Euskadi, debido en buena parte a la todavía reducida tasa de natalidad y el paralelo aumento de la esperanza de vida sana.

Actualmente casi un 20 % de las personas que viven en Euskadi tienen más de 65 años. Es una realidad que este porcentaje subirá previsiblemente los próximos años, se prevé que en el año 2040 la población mayor de 65 años puede rozar el tercio del censo total.

Hasta ahora, el sistema de protección social se sustentaba en parte en la solidaridad familiar y comunitaria, en las mujeres que han asumido como propios y no remunerados los trabajos del cuidado.

En Elkarrekin Podemos apostamos por configurar un sistema garantista de derechos, también para la población mayor. Es necesario configurar los sistemas de servicios sociales como un elemento que no solo vaya a atender las situaciones extremas sino que se adelante a ellas con elementos de prevención y, sobre todas las cosas, con recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para que sean las personas las que estén en el centro.

Entendemos que no tiene sentido implementar medidas que no tengan en cuenta la especificidad de una parte tan importante de la población de Euskadi. Con esto, apostamos por la autonomía, porque las personas sean libres de elegir si quieren o no abandonar su entorno y, sobre todo, porque tengan un espacio de participación en la sociedad vasca, entendiendo que son una parte fundamental de ella.

De este modo, proponemos las siguientes medidas:

Adaptaremos las políticas públicas para garantizar que éstas, sean accesibles para todas las personas, incluyendo como factor transversal a tener en cuenta, las particularidades que puede suponer el acceso a los recursos y servicios, así como a la información, de las personas mayores.

Realizaremos campañas institucionales en favor de las personas mayores de cara a favorecer la presencia y participación de las mismas en todos los ámbitos de la sociedad.

Realizaremos campañas informativas dirigidas a hacer accesibles los recursos y servicios a las personas mayores en los mismos términos del resto de la población.

Realizaremos campañas de prevención y fomento de la vida saludable orientadas a las personas de la tercera edad.

Enfocaremos el envejecimiento de la población como un reto para la sociedad y crearemos medidas orientadas a la reformulación y articulación social de las tareas de cuidados o la atención a la dependencia apostando por la autonomía de las personas y la dignidad de la atención hacia ellas.

Mediante las medidas establecidas en el apartado de Garantía de Ingresos, se facilitará un mínimo de ingresos a las personas que posibiliten una adecuada gestión de sus necesidades.

Crear dispositivos y herramientas que faciliten que las personas, al finalizar su vida laboral, continúen siendo miembros activos de la sociedad en la que viven y fomentando su participación. Proponemos impulsar una estrategia de envejecimiento activo y saludable que preste atención especialmente a la participación real de las personas mayores en todos los ámbitos: social, cultural, económico y político; garantizando la igualdad entre personas en todos sus ciclos vitales.

Desarrollaremos un modelo de cuidados de cercanía, que prime la permanencia en el entorno frente a la institucionalización mediante:

Impulso de redes de comunitarias y un transporte público accesible y asequible.

Creación de una red de vivienda para personas mayores como el Cohousing Senior, la vivienda intergeneracional compartida, viviendas tuteladas, etc.

Revisión y adecuación de los ratios de atención de los centros de salud para favorecer un modelo sanitario de cercanía potenciando las visitas domiciliarias en los casos en que se valore

Incorporación de podólogos en los centros de salud para mayores de 65 años.

Se garantizarán las herramientas necesarias para que se respeten los derechos laborales de las personas cuidadoras y los derechos de las personas que precisan de cuidado y acompañamiento favoreciendo un modelo de reparto de los trabajos y de desprecarización de los mismos.

Derecho de morir acompañado. Los centros hospitalarios de cuidados paliativos o unidades de personas en peligro de muerte, dispondrán de medios para alojar con la persona afectada un acompañante el tiempo que sea necesario.

Reactivaremos la Ley de Dependencia y nos comprometemos a poner los medios necesarios para agilizar los trámites y hacerla efectiva para las personas que lo precisen.

Aumento de camas disponibles de cuidados intermedios. Es preciso un apoyo asistencial a ciudadanos con problemas crónicos, con altos requerimientos de cuidados, que nos son especializados, que no es posible, por diferentes tipos de circunstancias, darlo en su domicilio.

Tratamientos gratuitos. Restauraremos el copago sanitario a la situación anterior a la crisis. Es decir los pensionistas tendrán los tratamientos financiados por Osakidetza gratuitos.

Apoyaremos la reclamación de una Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores, promovida por numerosas organizaciones sociales.

SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA

El actual sistema económico neoliberal nos ha sumido en una profunda crisis sistémica y civilizatoria en el que es necesario poner en cuestión el modelo hegemónico de sociedad global, marcado por la violencia, la desigualdad y no sostenibilidad, frente a las que es preciso posicionar otros valores, dinámicas y agentes que nos permitan avanzar hacia otro modelo y formas de vida más igualitarias y sostenibles.

Entendemos la política pública de cooperación como una herramienta de transformación, desde un análisis crítico sobre su capacidad para ampliar espacios para las agendas que prefiguren e impulsen nuevos modos de vida.

Reconocemos el papel de las propias organizaciones sociales como agentes que participan en este ámbito, en una tensión permanente entre la inclusión de la cooperación internacional como estrategia de cambio, por un lado, y el riesgo de neutralización de sus capacidades políticas debido al imperio de la lógica tecno administrativa por el otro.

El contexto internacional través de la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en el año 2015 introduce tímidamente avances hacia un nuevo enfoque, introduciendo aspectos como la sostenibilidad y la coherencia de políticas para el desarrollo, aunque siguen siendo insuficientes.

Nuestra propuesta plantea una apuesta por la dimensión política de la cooperación internacional, que vaya más allá de las cuestiones técnicas, que genere conciencia crítica, propuesta de alternativas, movilización social y coherencia de políticas como sus prioridades, superando el tradicional enfoque Norte-Sur y abogando por un internacionalismo que se construya desde el encuentro internacional de sujetos y agentes para superar las desigualdades a nivel global. Sin olvidar el papel de la mujer como promotora de desarrollo y el respeto del derecho de los pueblos a su cultura, soberanía, libre determinación y control de sus recursos.

Todas las acciones de desarrollo han de buscar la equidad de género y han de tener en cuenta su impacto diferenciado para mujeres y hombres. Somos conscientes de que las relaciones entre hombres y mujeres están teñidas de desigualdad, y en ellas, las mujeres han sido siempre relegadas de los ámbitos de poder, con la consecuencia que ello acarrea para la sociedad.

Además de esto, debemos hacer un enfoque específico en el impacto sobre el patrimonio natural mundial de las actuales políticas y modelos de desarrollo. En este sentido, la internacionalización o globalización de la economía hace que países desarrollados deban asumir su responsabilidad en la conservación de la biodiversidad también a escala global. Nuestras actividades económicas en el exterior tienen un creciente impacto sobre la biodiversidad mundial.

El estilo de vida y el modelo de crecimiento económico de los países desarrollados se sostienen gracias al uso de recursos pertenecientes a terceros países.

Existe un intercambio desigual entre las poblaciones enriquecidas del Norte y las empobrecidas del Sur, en términos económicos, medioambientales y de sostenibilidad planetaria: una deuda ecológica. Es tiempo de asociar al actual modelo de producción industrial, el consumismo, la producción exhaustiva de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero por parte del Norte global, a la necesidad moral y económica que éste repare las consecuencias nefastas que dicho modelo tiene sobre las poblaciones empobrecidas del Sur. En interacción con muchas propuestas precedentes, es nuestro deber actuar por la justicia y solidaridad entre el Norte y Sur globales. En otras palabras: Euskadi sin Fronteras.

A pesar de que la capacidad de intervención desde el Parlamento Vasco es limitada en cuanto a solucionar de forma directa problemas de desigualdad e injusticia en el mundo, es capaz desde la cooperación descentralizada y la coherencia de sus políticas aportar su granito de arena a retos globales y marcar líneas de trabajo en torno a dos líneas estratégicas:

Necesidad de un decrecimiento selectivo y justo (o ajuste estructural) de los países del Norte global como condición necesaria –pero no suficiente– para ayudar de forma solidaria y sostenible al Sur global, y reorientar sobre bases sostenibles el modelo de producción/consumo en el Norte.

Necesidad de una evolución socio-ecológicamente eficiente para las poblaciones empobrecidas del Sur global, trabajando para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

Euskadi no es ajena a este modelo, de manera que nuestra huella ecológica indica que necesitaríamos un territorio 7,7 veces mayor para mantener nuestro nivel de vida con recursos propios, lo que provoca elevado un déficit ecológico que proyectamos hacia terceros países.

Así, el desarrollo económico en la CAPV ha propiciado en esos países transformaciones, pérdida y fragmentación de hábitats, sobreexplotación de especies, contaminación, diseminación de especies exóticas y ha contribuido al cambio climático. (Por ejemplo: El Banco Mundial estima que cada año se pierden más de 15 mil millones de dólares en países en vías de desarrollo debido a la explotación ilegal de madera.). Para ello, es fundamental reducir nuestro impacto sobre la biodiversidad global y reforzar las medidas para incluir criterios de protección y fomento de la biodiversidad en las inversiones exteriores y en los programas de cooperación al el desarrollo.

Por último, establecemos aspectos relacionados con la visión internacional y los derechos humanos que tienen directamente que ver con una propuesta que situe a Euskadi en el plano internacional y, especialmente en el de la Defensa de los Derechos Humanos.

Con todo, además de asumir claramente la política de cooperación como una política pública consolidada y estable, nos comprometemos a adoptar las siguientes medidas:

Cumplimiento de la legalidad vigente en materia de solidaridad internacional (Ley Vasca de Cooperación y Carta de Solidaridad y Justicia con los Países Empobrecidos).

Fortalecimiento de los agentes de cooperación. Sin olvidar que la propia Ley reconoce a las ONGD como principales agentes de la cooperación vasca, proponemos el fortalecimiento de sujetos estratégicos y la alianza estructurada con territorios con los que existe un vínculo especial, recuperando el apoyo a iniciativas y procesos de calado e impacto político.

Destacamos como parte de dichos sujetos estratégicos a los como los movimientos sociales cuyo reconocimiento como agentes de desarrollo facilitará que se incorpore a las políticas vascas de cooperación el enfoque de sujetos y territorios, frente a la actual priorización basada en líneas y zonas geográficas y que permita un avance desde la búsqueda de eficacia y eficiencia en el desarrollo, a la articulación de agentes estratégicos para ampliar espacios para las agendas alternativas.

Apuesta firme por la Educación para la Transformación Social, como ámbito estratégico de generación de conciencia crítica destacando su carácter político. Esta apuesta se traduce en incremento del peso en la política de cooperación y presupuestario, con dotación específica de recursos humanos para su implementación y su incorporación al currículum educativo vasco.

Abordar la reforma de los instrumentos de financiación de la cooperación vasca para adecuarlos mejor a la realidad de la implementación de los procesos de transformación y facilitando el trabajo de los agentes que intervienen. Para ello planeamos una revisión de los instrumentos de cooperación, modelos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Participación, transparencia y rendición de cuentas. Fortalecimiento del Consejo Vasco de Cooperación, con un reglamento de funcionamiento que permita desarrollar todas las funciones que la Ley reconoce a este órgano, de manera que la sociedad civil vasca participe activamente en el proceso de construcción de la política de cooperación. Para ello es imprescindible que los datos de la ejecución de la política de cooperación sean de fácil acceso e interpretación para toda la ciudadanía.

A través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional u otros espacios se avanzará hacia la articulación de esfuerzos entre municipios, diputaciones forales y Gobierno vasco, para planificar la identidad o identidades específicas de la cooperación descentralizada vasca, así como para armonizar cronogramas, criterios administrativos y creación de un Fondo Vasco de Emergencias que permita hacer frente a las emergencias humanitarias de forma conjunta. Todo ello desde el respeto a la autonomía y al enfoque político de cada administración.

El enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo constituye la principal herramienta para contribuir desde la cooperación al logro de un mundo más justo y sostenible. Aporta criterios y un marco de referencia que permite evitar los impactos negativos de políticas como la comercial, la energética o la fiscal en otros países, de forma que no resten o impidan generar las condiciones para el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Además, ofrece criterios para una toma de decisiones y un diseño de las políticas públicas que responda al tipo de desarrollo que queremos en Euskadi. Para el desarrollo de este enfoque, será indispensable: el compromiso real con la erradicación de los paraísos fiscales y contra la erosión de las bases imponibles de multinacionales, la promoción de relaciones y políticas comerciales basadas en la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la eliminación de la corrupción, la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general. Asimismo, proponemos la elaboración de un plan institucional para promover la contratación y la compra pública responsable que incluya criterios de igualdad de género, criterios sociales, éticos y ecológicos.

Dotar a la Agencia Vasca de Cooperación de la competencia de controlar que el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo en relación a la biodiversidad, los recursos naturales y las comunidades locales. Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad e igualdad de género en todo el marco de cooperación en el que Euskadi esté presente.

Realizar una evaluación del impacto de los programas de cooperación desde la perspectiva de género. Impulsar iniciativas de cooperación al desarrollo que pongan a las mujeres en el centro y que logren que éstas, sean protagonistas e impulsoras del cambio.

Adoptar medidas concretas para tratar de que los productos importados se obtienen de fuentes administradas de forma sostenible o son producidas de manera que no se ponga en riesgo la conservación del patrimonio natural mundial y los servicios de los ecosistemas, especialmente en países en vías de desarrollo.

Realizar una evaluación de impacto de nuestro comercio exterior sobre la diversidad natural global, que incluya además, recomendaciones para suprimir o al menos reducir significativamente los efectos negativos y para aumentar los positivo, así como los indicadores de seguimiento que permitan evaluar la evolución de dichos efectos.

Elaborar cada tres años, y difundir, un informe de resultados destinado a la ciudadanía que incluirá información sobre el impacto en el patrimonio natural de los países de origen de las materias primas y de los productos elaborados importados.

Establecer procedimientos con las autoridades de los países donde se desarrollen proyectos de cooperación financiados con fondos públicos, para el intercambio de información y la consulta sobre los efectos negativos sobre el patrimonio natural, y especialmente sobre la diversidad biológica.

Promover un acuerdo de autorregulación con importadores y transformadores de la madera para cancelar las compras de madera y derivados procedentes de empresas envueltas en talas ilegales, así como de almacenistas que ofrecen madera que no proceda de explotaciones certificadas de forma independiente, sin garantías de sostenibilidad social y ambiental en los países de origen.

Incrementar el número de proyectos de cooperación internacional e inversiones exteriores con repercusiones positivas sobre el patrimonio natural global y suprimir todos aquellos que tienen efectos negativos.

Evaluar el impacto sobre la biodiversidad global y las comunidades locales de los proyectos de inversión exterior que soliciten ayudas públicas y emitir informes vinculantes para que sean tenidos en cuenta en la concesión final de las ayudas, valorando especialmente aquellos que demuestren efectos favorables para el medio ambiente concretos y cuantificables. Para facilitar esta evaluación, todos los proyectos para los que se soliciten ayudas públicas deberán incluir una evaluación de repercusiones sobre el patrimonio natural.

Definir una hoja de ruta que permita a la política de cooperación hacer avanzar esta agenda en el conjunto de la acción del gobierno con presupuesto asignado y una definición de indicadores, metas e hitos concretos y tangibles que puedan ser monitoreados por el conjunto de actores implicados. Los temas a incluir en esta hoja de ruta serían, al menos:

Compromiso real con la erradicación de los paraísos fiscales y contra la erosión de las bases imponibles de multinacionales.

Reforzar los proyectos y programas en el Sur que integren de forma transversal y sectorial, el feminismo, la defensa de los derechos humanos, la crisis ambiental, la deuda ecológica del Norte enriquecido hacia el Sur empobrecido y la soberanía alimentaria.

Elaboración de un Plan de Empresas Vascas, Internacionalización y Derechos Humanos con mecanismos sancionadores en caso de incumplimiento.

Análisis de los vínculos del Gobierno vasco con empresas de fabricación y/o comercialización de armamento para planificar el fin de esas vinculaciones.

Aprobación de un plan institucional para implementar la contratación y la compra pública responsable que introduzca criterios sociales, éticos y ecológicos.

Para ello implementaremos un Plan de Coherencia de Políticas para el Desarrollo que permita integrar este enfoque en todos los departamentos del Gobierno vasco, incluyendo indicadores para su medición y elaborando un informe anual sobre su cumplimiento. Así como la promoción por parte de las administraciones públicas de aquellos productos con etiqueta de comercio justo.

Compromiso real de lucha contra la evasión fiscal y la erosión de la base imponible de las empresas transnacionales que tengan relación con las administraciones públicas vascas.

Todo ello no será posible implementar sin una apuesta firme por la financiación de esta política. Nos comprometemos a cumplir con el compromiso histórico asumido en Naciones Unidas y en la Ley Vasca de Cooperación de destinar en 2017 el 0,7% del presupuesto total a cooperación, como primer paso para avanzar en el cumplimiento del 0,7% sobre el producto nacional bruto en coordinación con el resto de administraciones públicas.

Compromiso con la libre determinación del Sáhara Occidental: Defendemos el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Por ello, abogaremos para que la presencia internacional de Euskadi contribuya a la supervisión, respeto y defensa de los derechos humanos del Sahara Occidental y de la población saharaui. Se aumentará aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis, apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui. Al tiempo que establecemos un compromiso de acceso a los recursos y servicios en igualdad de condiciones al resto de la población.

Compromiso con el pueblo palestino. Realizaremos una declaración institucional de reconocimiento de Palestina como Estado como una acción de respeto y coherencia con la defensa de los derechos humanos.

Declaración institucional para considerar a Euskadi zona libre de tratados de libre comercio: TTIP, CETA, TISA…etc. Se rechazará de forma explícita cualquier propuesta que ponga al comercio por encima de los derechos de las personas.

Para la lucha contra el cambio climático, apoyar la participación de las instituciones vascas en redes de lucha contra el cambio climático que incorpore la dimensión Norte-Sur globales tipo “Alianza por el Clima”.

Trabajar en la puesta en marcha de mecanismos de compensación de la deuda ecológica diferenciados del 0,7 tradicional.

DERECHO A LA JUSTICIA

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Justicia gratuita

Además de Ley de tasas judiciales, recientemente declarada inconstitucional, se ha venido poniendo en marcha medidas contrarias al derecho constitucional a la “justicia gratuita”, que en nuestro país se suministra a través de los abogados y abogadas adscritas al denominado Turno de Oficio, en aquellos casos en que los ciudadanos y ciudadanas no disponen de recursos suficientes para garantizar su defensa legal.

El Gobierno vasco desde hace años viene satisfaciendo honorarios claramente insuficientes a los profesionales de la abogacía que desempeñan el turno de oficio, y como si ello fuera poco, demora el pago de esos honorarios de miseria durante muchos meses, lo que constituye una insalvable limitación para la prestación de un servicio en las debidas condiciones de calidad y eficacia. Esta insuficiencia presupuestaria se ha desvelado como una estrategia política tendente al deterioro del sistema de asistencia jurídica gratuita, facilitando el abandono del sistema por los profesionales independientes.

La justicia gratuita es un derecho fundamental que debemos defender. El Turno de Oficio debe garantizarse como un servicio público prestado por la Administración Pública.

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Mediación y justicia restaurativa

Las más avanzadas políticas en materia de Justicia contemplan en general modelos de mediación voluntaria entre las partes litigantes, como alternativa para la resolución de conflictos. Y en el caso del ámbito penal experiencias de “justicia restaurativa”, complementarias o sustitutivas de los modelos habituales de “justicia retributiva”. La retribución es la sanción del delito cometido mediante castigos al delincuente sin obtener nada a cambio la sociedad y en la mayoría de los casos sin obtener reparación efectiva la víctima. El modelo habitual es la sanción de cárcel.

Por el contrario, la justicia Restaurativa es aquella que procura restaurar el daño causado mediante una imposición de sanción al infractor que repercute directa y positivamente bien en la víctima o bien en la sociedad en su conjunto a través de colectivos de víctimas. Sanciones que sustituyen la prisión o la multa económica -incobrable en la mayoría de los casos debido a la insolvencia del penado- por la obligación de desarrollar trabajos comunitarios de índole social o por la obligación de atender a las víctimas de delitos similares, que han resultado seriamente dañadas y afectadas a consecuencia de los mismos.

Ejemplo de ello sería la obligación de trabajar en centros de recuperación de drogodependientes impuesta al pequeño traficante de drogas o la obligación de atender a personas discapacitadas a consecuencia de accidentes de tráfico impuesta al responsable de delitos contra la seguridad vial. Estos mecanismos de justicia restaurativa fijan su objetivo en la reparación o restauración del daño causado a la víctima y a la sociedad, así como en la reeducación social del infractor, alejándose de un modelo de castigo abstracto que no produce resultados positivos para la sociedad ni resocializa la conducta infractora del castigado.

El Gobierno vasco debe jugar un papel esencial en el impulso de mecanismos de mediación entre las partes mediante diálogo y negociación, y de justicia restaurativa al servicio de la reparación.

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Deportes

Propuestas:

Fomentaremos la práctica de actividad física y deporte en toda la población y en igualdad de condiciones, para que no existan desigualdades de género, de edad, de origen o de situación económica. Garantizaremos los recursos necesarios a la ciudadanía para que pueda decidir y practicar de forma responsable y adecuada cualquier actividad física y deporte, con la finalidad de crear hábitos autónomos, perdurables y saludables en estas prácticas.

Crearemos nuevos programas de promoción de la actividad física, deporte y calidad de vida poblacional para la ciudadanía, y revisaremos los programas existentes con el fin de que se adapten a las recomendaciones de los organismos internacionales para cada grupo de edad y tipología poblacional. Los programas estarán orientados a conseguir la práctica mínima de actividad física y deporte necesaria para tener un buen estado de salud, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010, que recomienda prestar especial atención a las edades tempranas y al envejecimiento activo.

Mejoraremos la legislación autonómica vigente y la ampliaremos con el fin de regular las profesiones del deporte y la actividad física, para ordenar y regular el ejercicio profesional y, al mismo tiempo, poder garantizar el cumplimento de la normativa y las condiciones laborales adecuadas de este sector, así como avanzar en la erradicación del empleo oculto. Es necesario fomentar la seguridad en la práctica del deporte y la actividad física, así como la calidad y transparencia de los servicios ligados a ella.

Impulsaremos la colaboración entre el sector sanitario y el deportivo para que el ejercicio pueda utilizarse como una herramienta preventiva y de tratamiento de problemas de salud. En este sentido, habilitaremos los medios necesarios para que los profesionales sanitarios puedan derivar a sus pacientes a programas de actividad física saludable dirigidos por profesionales de la actividad física y el deporte.

Propondremos la instalación de desfibriladores en los centros deportivos para garantizar una atención temprana en casos de paradas cardiacas e incrementen las posibilidades de recuperación del afectado.

Crearemos un sistema de sanciones positivas para aquellas federaciones y/o clubes deportivos que creen e implementen planes de igualdad de género en sus ámbitos de actuación.

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Participación ciudadana

Creación de la Oficina Vasca de Apoyo al Emigrado. Atención prioritaria para garantizar el voto y el apoyo legal.

Creación de una Comisión de Peticiones Ciudadanas. Escaño 76.

Para ello se habilitará de forma simbólica un escaño extra desde el que se puedan materializar las peticiones ciudadanas. Se trata de canalizar, por vía parlamentaria, las peticiones que solicite la ciudadanía, de forma individual o colectiva, directamente al Parlamento Vasco. Este proceso vincula al Parlamento a hacer la petición a la institución o entidad que corresponda o para comenzar un nuevo proceso legislativo. Tanto en la comisión de peticiones como en el caso de las iniciativas legislativas populares, la ciudadanía debe poder defender sus demandas personalmente ante la cámara, en el escaño extra. Son formas de participación que facilitan y garantizan a la ciudadanía la defensa de sus propias propuestas.

Ley de instrumentos normativos populares.

Se pretende articular legislativamente instrumentos de democracia directa, como las iniciativas legislativas populares (garantizándose su tramitación parlamentaria), las acciones legislativas populares, las iniciativas de oposición popular y las peticiones legislativas populares.

Programa vasco de desarrollo comunitario intercultural.

Estará planificado, implementado y evaluado en estrecha colaboración con la sociedad civil organizada y con la ciudadanía. Se orientará más al proceso que a los resultados, para lo cual pondrá en valor el trabajo comunitario y vecinal de base que ha permitido el ejercicio de derechos a la ciudadanía durante los últimos años. Será un trabajo conjunto y colaborativo con las instituciones para poner en marcha medidas encaminadas a tejer redes ciudadanas y vecinales fuertes.

Herramientas digitales de participación ciudadana e innovación democrática.

Tendrán especial relevancia la implementación de herramientas de democracia digital. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un instrumento útil, aunque no hay que perder nunca de vista la inclusión de los colectivos que no pueden acceder a estos instrumentos.

Creación de Consejos Ciudadanos en diferentes ámbitos sectoriales y trasversales.

Estos Consejos Ciudadanos deberán tener las siguientes características:

La búsqueda de espacios y ocasiones para la formación de espacios que faciliten el diálogo con el gobierno autónomo. Sus decisiones deberán tomarse en cuenta.

La presidencia estará ocupada por la parte no gubernamental. Es igualmente importante que existan reuniones donde la persona responsable de las áreas de las comunidades autónomas (que ocupará la vicepresidencia) solo puede acudir si es invitada.

El Consejo Ciudadano debe tener visibilidad pública y el reconocimiento como interlocutor clave por parte de la comunidad autónoma.

Le corresponderá al Consejo articular un diálogo fluido y eficaz entre el Parlamento Vasco y los movimientos y asociaciones con el objetivo de facilitar las condiciones para una participación que empodere a sus integrantes.

Será potestad del Consejo Ciudadano convocar, de manera autónoma, ruedas de prensa, encuentros, talleres, etcétera. El Parlamento Vasco deberá respetar esa independencia.

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Principios de nuestra posición

Desde Elkarrekin Podemos consideramos que la paz positiva –que va más allá de la mera ausencia de violencia– y la convivencia inclusiva son ya dos elementos caracterizadores y diferenciadores a los que aspira la actual sociedad vasca; son pues un valor a cuidar, reivindicar y sobre todo fomentar por las instituciones públicas para que de este modo se pueda lograr construir en Euskadi una paz social duradera fundamentada en una convivencia democrática.

Así, partimos del reconocimiento sincero hacia las experiencias desarrolladas a lo largo de los últimos años tanto por la sociedad civil vasca organizada como por algunas instituciones públicas en materia de construcción de paz y defensa de los derechos humanos y de las enseñanzas que de las mismas hemos podidos obtener. Desde Elkarrekin Podemos reconocemos públicamente el trabajo realizado y sobre todo rescatamos para nuestra práctica política las lecciones aprendidas en todos estos años de trabajo organizado a favor de la paz y la convivencia en Euskadi.

Desde Elkarrekin Podemos consideramos que la única forma posible de lograr un futuro mejor y más democrático pasa por la asunción transversal de un nuevo modelo de cultura ciudadana basado en la defensa integral de los derechos humanos. Así, esta nueva cultura de paz se fundamenta en la comprensión de una condición de ciudadanía expansiva que conlleva fomentar el sentido de pertenencia a la comunidad cívica, sintiendo como propios los conflictos que se dan en ella y facilitando la capacidad de intervenir e implicarse en ella.

En este sentido, entendemos que es necesario reivindicar en el ámbito de las políticas públicas de paz y convivencia la idea de construcción de ciudadanía por medio de la acción, lo que teóricamente y conceptualmente se denomina participación ciudadana. De esta forma, la participación social y política de la ciudadanía es uno de los ejes fundamentales que debería sustentar la acción institucional en este ámbito. Más allá de conformar un derecho y un deber cívico, es una condición ineludible para lograr una paz positiva y una convivencia democrática, para que en definitiva la cultura de paz permee toda nuestra sociedad y represente una verdadera garantía de no repetición.

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Gestión de conflictos

Nuestra sociedad ha vivido durante décadas con demasiada naturalidad el hecho de recurrir a la violencia como medio para alcanzar supuestos objetivos políticos. La violencia de ETA y de otros grupos terroristas (GAL, BVA...) no ha tenido ninguna justificación y cuenta con nuestro rechazo y condena radical. Su origen sólo está en decisiones éticamente inaceptables y estrategias erróneas. Sus únicos y trágicos logros han sido el terrible sufrimiento y dolor de las víctimas -que merece toda nuestra solidaridad- así como una convivencia social rota y la limitación de la libertad de amplios sectores sociales. Desde 1978, algunas actuaciones del Estado en su legítima labor frente al terrorismo han sobrepasado en no pocas ocasiones los límites de los derechos humanos. Han existido casos de torturas y actuaciones ilícitas de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones que son totalmente condenables, con el agravante de provenir de las propias estructuras del estado que deben velar por su erradicación. Las víctimas de estos delitos merecen, así mismo, no solo toda nuestra solidaridad, sino el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Con carácter previo a 1978 también se dieron graves violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura franquista que precisan de un tratamiento propio.

La sociedad vasca es una sociedad muy dinámica, plural y diversa. Desde esta perspectiva, debemos considerar la existencia de conflictos como algo natural y consustancial. Representan visiones o estrategias ante cuestiones de diferente naturaleza. Estos conflictos no se deben negar ni ocultar, al contrario, deben ser abordados desde estrategias participativas y creativas con el objetivo de llegar, en todo momento, a los mayores consensos posibles. A veces se resuelven y a veces solo se gestionan, pero, en ambos casos, siempre única y exclusivamente, a través de medios pacíficos y democráticos.

Uno de estos conflictos es el identitario y territorial. La sociedad vasca es rica en posiciones al respecto y esta pluralidad forma parte de nuestra propia idiosincrasia. Nadie debe renunciar a sus ideas siempre que sean respetuosas con los derechos humanos y sean defendidas por medios pacíficos y democráticos. En Elkarrekin Podemos defendemos que cualquier proyecto político pueda ser planteado y desarrollado dentro del contexto democrático. Su única limitación y viabilidad debe ser la adhesión social que logren en cada momento.

Desgraciadamente también sigue persistiendo un conflicto ético que proviene de la justificación y, en algunos casos, apoyo explícito que se ha dado al ejercicio de la violencia. El cese definitivo de la violencia de ETA fue una muy buena y deseada noticia que abrió un nuevo horizonte esperanzador. A ETA sólo le queda desaparecer de forma definitiva. Quienes le apoyaron o justificaron deben finalizar el tránsito hacia la asunción plena de los derechos humanos y los principios democráticos desde una lectura crítica del pasado.

En estos momentos, el desarme necesario de ETA, por cuestiones de seguridad ciudadana, no puede convertirse en una muestra pública de aquello que queremos desechar: las armas y lo que significan de imposición violenta y generadoras de víctimas. Incluso es más importante afrontar un desarme global de estrategias y actitudes pasadas que han condicionado la forma de hacer política y de abordar reivindicaciones sociales.

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Justicia restaurativa y estado democrático de derecho

En Elkarrekin Podemos defendemos el modelo de justicia restaurativa que atiende las necesidades de las víctimas y los procesos de evolución individual de los victimarios que asumen una revisión crítica del pasado y un reconocimiento de lo injusto del daño causado. La política penitenciaria ha sido durante décadas y hasta este mismo momento, un instrumento de la política antiterrorista. Esta inapropiada supeditación es insostenible cinco años después del fin de la actividad criminal de ETA. Más aún, no podemos olvidar que ésta ha amparado prácticas incompatibles con los derechos humanos o que han incrementado injustificadamente el sufrimiento de los familiares de las personas condenadas por delitos de terrorismo. Sin duda alguna, es el momento de que la política penitenciaria abandone su actual orientación vengativa y se convierta en una herramienta más de una política de convivencia, y el paradigma de la justicia restaurativa es el adecuado para lograr este fin. Defendemos una reorientación profunda de la política penitenciaria que siendo respetuosa con el derecho a la Justicia que corresponde a las víctimas, permita un cumplimiento de las penas acorde con el contexto y el momento que vive la sociedad vasca. Una reorientación que contribuya a consolidar una paz social en Euskadi, entendida como proceso de reconstrucción del tejido social.

Para ello, reivindicamos el traspaso de la competencia en materia de ejecución penal de adultos, no solo por cumplimiento de lo dispuesto en el propio Estatuto de Autonomía, sino por la convicción de que es posible crear un modelo de ejecución penal propio que responda a otros principios más progresistas y humanos para el conjunto de la población penitenciaria, sin distinción de delitos. Estamos en contra de las medidas excepcionales y abogamos por un por un trato humanitario de los detenidos y los reclusos. Defendemos que cualquier persona presa pueda cumplir su pena lo más cerca posible de su lugar de origen y apoyamos la reinserción como finalidad prioritaria de las penas privativas de libertad.

La impunidad que ampara la tortura y los malos tratos en los centros de detención y en los centros penitenciarios debe ser erradicada completamente. Es necesario adoptar medidas preventivas y protocolos eficaces contra su práctica que ante cualquier denuncia garanticen una investigación rápida, independiente y rigurosa.

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Convivencia democrática

Algunas de las iniciativas en favor de la convivencia más relevantes que se han desarrollado en los últimos años en Euskadi han tenido a algunas víctimas como protagonistas, convirtiéndose en agentes activos en el proceso de reconstrucción del tejido social. Víctimas de diferente signo han sido capaces de transcender su rol preasignado, de reconocerse mutuamente, de plantear reivindicaciones que deben ser atendidas y de lanzar mensajes por un futuro compartido. Unas víctimas que no tenían obligación de realizarlo y a las que no podemos exigir nada. La sociedad debe hacer suyo esta labor y agradecer su ejemplo transformador.

Por su parte, algunos victimarios han realizado una autocrítica del pasado representando otra aportación significativa a la convivencia. Es también relevante que algunos de ellos hayan dado el paso de expresar directamente a sus víctimas el reconocimiento de lo injusto del daño causado asumiendo su responsabilidad por su sufrimiento.

Desde la sociedad civil también han existido movimientos sociales que en los peores años de violencia mantuvieron una actitud de firmeza en la defensa de los derechos humanos de todas las personas y en favor de una convivencia desde la pluralidad. Hoy sigue existiendo un entramado de asociaciones y movimientos sociales, que aunque invisibilizado, representa una base necesaria para avanzar en la reconstrucción del tejido social y en el proceso de construcción de paz y convivencia.

Medidas concretas propuestas:

Impulsaremos una Ley de Paz y Convivencia, una ley inclusiva e integradora de los diferentes elementos que inciden en las políticas de memoria, reconocimiento, convivencia y promoción de una cultura de paz.

Diseñar e implementar un nuevo “Plan en favor de la convivencia, la pluralidad y los DDHH en Euskadi 2017-2020”, transversal en la acción de todo el Gobierno Vasco, con vocación de colaboración interinstitucional y elaborado por el Instituto Gogora. En su elaboración, ejecución y evaluación se contará con la participación activa de la sociedad civil organizada. Asimismo este nuevo Plan tomará como referencia: la evaluación del actual Plan de Paz Convivencia 2013-2016, anteriores Planes y aquellas iniciativas y buenas prácticas llevadas a cabo en el pasado y en el presente por colectivos y entidades sociales en este ámbito.

Continuar transitoriamente con la ejecución de iniciativas del anterior Plan de Paz y Convivencia que previsiblemente no van a poder ejecutarse en plazo por el actual Gobierno. Particularmente con aquellas que tienen que ver con las investigaciones puestas en marcha sobre diferentes violaciones de derechos humanos.

Promover un marco de colaboración recíproca con el gobierno central para asegurar acciones que faciliten el desarme y la disolución de ETA, en caso de que la aportación del Gobierno Vasco pueda contribuir precisamente a ese resultado positivo. Esta colaboración se basará en principios de facilitación y de diálogo.

Memoria inclusiva, responsable y crítica:

Continuar y profundizar el proceso de reconocimiento social e institucional de todas las víctimas, sin discriminaciones, así como en los programas de atención, apoyo y reparación a las personas víctimas del terrorismo y de violaciones de derechos humanos, tanto a través de la colaboración con otras instituciones públicas como con entidades sociales.

Modificar la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación de Gogora Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos y de los Estatutos del propio Instituto, para dotarlo de un auténtico consejo social más amplio y paritario en el que participen de forma activa representantes de las instituciones públicas vascas, de las universidades, agentes sociales y, muy particularmente, de la sociedad civil organizada.

Buscar el mayor entendimiento y cooperación entre el Instituto Gogora y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Profundizar en las líneas de investigación de derechos humanos acaecidas en el período 1960-actualidad incidiendo en aspectos cuantitativos y cualitativos.

Impulsar un marco de investigación que desde la perspectiva de género identifique la violencia específica que las mujeres han generado y recibido en el marco de las múltiples violaciones de derechos humanos habidas en el período 1960-actualidad. Asimismo se visibilizarán también las estrategias, redes y situaciones que se han dado en torno al rol que las mujeres han desempeñado en el proceso de construcción de la paz. Este marco de investigación propondrá una serie de cuestiones generales de tipo metodológico y científico que deberán ser tomadas en cuenta en los futuros estudios de clarificación del pasado. Asimismo, facilitará la elaboración de informes específicos sobre todas y cada una de las formas de vulneración de derechos.

Seguir impulsando la tarea de construcción de un potente banco de la memoria que recopile en diversos formatos testimonios de víctimas y familiares que padecieron violaciones de derechos humanos.

Extender y potenciar el proyecto de víctimas educadoras con el fin de llegar al mayor número y diversidad de centros educativos posibles. Valorar la posibilidad de extender este programa o iniciativas similares a otros ámbitos como el de la educación no formal. Valorar asimismo la posibilidad de contar con otras tipologías de agentes educadores (víctimas de amenazas, de extorsión económica, victimarios arrepentidos, etc.).

Promover y potenciar la celebración en todos los municipios de la CAE del Día de la Memoria, así como homenajes a víctimas de violaciones graves de derechos humanos, que prioricen la participación ciudadana en los mismos y fomenten la deslegitimación de la violencia.

Justicia restaurativa y estado democrático de derecho:

Solicitar la transferencia urgente de la competencia en materia de organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos penitenciarios y de reinserción social conforme al artículo 10 del actual Estatuto de Gernika.

Promover en el seno de la Ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco una iniciativa consensuada entre los diferentes partidos políticos que inste al Gobierno Central a modificar la actual política penitenciaria promoviendo el acercamiento de las personas privadas de libertad a su lugar de origen, un trato humanitario a estos y una apuesta clara por la reinserción social a través de la revisión crítica del pasado y el reconocimiento de lo injusto del daño causado.

Promover y difundir iniciativas como las llevadas a cabo en materia de justicia restaurativa como la Vía Nanclares y los encuentros restaurativos entre victimarios y víctimas dando especial difusión a los testimonios y experiencias habidas en ámbitos como el de la educación formal y no formal.

Apoyar a los familiares de las personas privadas de libertad para minimizar el sufrimiento del alejamiento de estas respecto a su lugar de origen en tanto en cuanto no se modifique la política penitenciaria. Siempre desde un principio humanitario y con un enfoque de los derechos humanos incompatible con cualquier tipo de enaltecimiento de la persona privada de libertad.

Establecer mecanismos de reinserción social para las personas que participen en los procesos legalmente previstos. Medidas que comprenderán los ámbitos de vivienda, formación e inserción laboral, apoyo psicológico y ayuda a las familias.

Profundizar los mecanismos de prevención de la tortura y los malos tratos a las personas detenidas y privadas de libertad en colaboración con otras instituciones como el Ararteko y colectivos sociales. Promover en el seno del Parlamento Vasco una resolución consensuada entre los diferentes partidos políticos, instando al gobierno central a adecuar la legislación a los estándares internacionales en esta materia tal y como solicitan organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y de Naciones Unidas.

Promover en el seno de la Ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco una iniciativa consensuada entre los diferentes partidos políticos, instando al gobierno central a modificar toda legislación de excepcionalidad que contravenga los más exigentes y garantistas estándares internacionales en ámbitos como el de la libertad y seguridad ciudadanas, los derechos civiles y políticos o la transparencia e independencia de la impartición de justicia.

Promover mecanismos que posibiliten el esclarecimiento de la autoría y circunstancias de todos los atentados de ETA, GAL, BVE y otros, atendiendo siempre a la voluntad y a la dignidad de las víctimas, independientemente del derecho a la Justicia que les corresponde y aun cuando éste no se pudiera materializar por la aplicación de la institución de la prescripción.

Convivencia democrática:

Promover y difundir a nivel municipal las experiencias llevadas a cabo entre las propias víctimas como fue el caso de Glencree u otras similares, y las propuestas de colectivos como Eraikiz, dando especial difusión en ámbitos como el de la educación formal y no formal a herramientas pedagógicas que incorporen los testimonios y experiencias habidas.

Apoyar, difundir y potenciar las iniciativas llevadas a cabo por colectivos y entidades sociales en materia de educación para la paz y por la convivencia. Extender programas a todos los municipios de la CAE como el de “ciudades educadoras” y en ese marco iniciativas populares como la “semana por la paz”.

Promoveremos una iniciativa de colaboración entre instituciones y tejido social que impulse una campaña social y educativa para la revisión crítica del pasado reciente, apoyada en los valores de pluralidad, diversidad, convivencia y pluralismo.

Desarrollar como línea fundamental la participación social y ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de paz y convivencia, transversalizando esta cuestión en el futuro “Plan en favor de la convivencia, la pluralidad y los DDHH en Euskadi 2017-2020” y dándole legalmente carácter preceptivo en las iniciativas que desarrollen otras instituciones vascas.

Fortalecer programas de trabajo y colaboración con medios de comunicación (públicos, privados y de carácter social) para promover tratamientos adecuados de estas temáticas desde el respeto a la libertad de expresión y de prensa, así como para extender la cultura de paz.

Compromiso internacionalista con la paz:

Continuar y potenciar la iniciativa que insta a la comunidad internacional a reconocer y desarrollar el derecho humano a la paz.

Promover y difundir en el ámbito internacional y de otros contextos de violencia, experiencias y buenas prácticas habidas en Euskadi como pueden ser Glencree, Eraikiz u otras de justicia restaurativa y movilización ciudadana a modo de ejemplos de aportaciones novedosas y transformadoras de conflictos.

Promover, en el marco de una cultura de paz y una política integral de derechos humanos, una especial sensibilidad y empatía de la sociedad vasca con vulneraciones de derechos humanos en otros contextos, fomentando la solidaridad con las víctimas.

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La Memoria Histórica en Euskadi; Derecho de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista y de la sociedad vasca. Deber de las instituciones

Elkarrekin Podemos defendemos y entendemos que la recuperación de la memoria histórica es un derecho de quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil, la represión y la conculcación de derechos humanos no solo en tiempos de guerra, sino también durante el tiempo de silencio, terror, represión, falta de libertades y muerte que impuso el régimen franquista.

El reconocimiento y la recuperación de la memoria de la Guerra Civil y de la dictadura están vinculados directamente con ese modelo de construcción de la convivencia que Elkarrekin Podemos defiende, de esa convivencia con memoria, asentada sobre principios radicalmente democráticos, sobre la cultura de los derechos humanos, y sobre la reparación y el reconocimiento a las víctimas.

Es un derecho de las víctimas y sus familias compartido con la sociedad vasca, desde la comprensión de que el conocimiento de nuestra historia, el reconocimiento y la reparación integral a las víctimas del franquismo, el derecho a la justicia y a la verdad, forman parte de un compromiso social con nuestro pasado, con nuestro presente, que se proyecta en nuestro futuro.

Así mismo, la memoria histórica y las políticas públicas e iniciativas sociales en esta materia se corresponden con un deber de las instituciones vascas y de nuestra sociedad. Un deber que las instituciones públicas tienen la obligación de atender. Se han implementado planes, medidas e iniciativas que se insertan en el marco legal internacional en materia de reconocimiento y reparación a las víctimas de conflictos y de vulneraciones de los derechos humanos; en el del Estado español con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura; y en el autonómico a través de diversos Decretos (Decretos:280/2002, 22/2006

Han sido muchos los pasos dados en Euskadi, para la recuperación de la memoria histórica. Nuestro reconocimiento a los colectivos, las personas profesionales y las asociaciones que han ayudado a recuperar, re-conocer y reparar a las víctimas, a las personas desaparecidas y sus experiencias de vida. Son numerosas las iniciativas que desde el ámbito de las instituciones públicas han apoyado esta lucha de tantas personas y colectivos por esa recuperación imprescindible. Se ha avanzado en el marco legal y administrativo, desde la aprobación de la Ley ahora es tiempo de evaluar con rigor qué aspectos son mejorables y sobre todo de afrontar el reto de la implicación y participación de la sociedad vasca.

Elkarrekin Podemos se compromete a trabajar por una memoria histórica viva, que se transforme en un lugar de encuentro en torno al pasado de Euskadi, que sirva de guía para esa construcción social de nuestra convivencia en paz, con memoria y con derechos. Consideramos que la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo y de sus devastadoras consecuencias no debe construirse sobre el uso y el abuso del pasado como arma arrojadiza, ni sobre la manipulación interesada del relato histórico. Creemos que no puede estar al servicio de intereses partidistas, ni de justificaciones de actitudes y comportamientos que ayer y hoy atentaron –atentan- contra los derechos humanos y la convivencia.

Apostamos decididamente porque esta memoria viva se construya como parte de un proceso colectivo, en el que diferentes agentes y la propia sociedad vasca dispongan de espacios de participación activa, precisamente con el objetivo de hacer que la memoria sea inclusiva.

Los últimos años han proliferados las iniciativas públicas y de las asociaciones y colectivos de recuperación de la memoria histórica, con proyectos fundamentales como los que han llevado a la exhumación, recuperación y devolución a sus familiares de restos de personas desaparecidas, asesinadas. En este sentido, creemos que las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo merecen un espacio propio, diferenciado pero conectado con ese trabajo trasversal por la convivencia, la paz y los derechos humanos.

Es momento de que los trabajos de la memoria, el re-conocimiento intensifique su vertiente participativa. El reto de las políticas públicas está en la socialización de esa memoria histórica, en la conversión de esa memoria en un espacio de participación y encuentro, de su uso cívico como poderosa herramienta de educación para la paz y los derechos humanos en Euskadi.

Los trabajos de la memoria, de la memoria histórica, también tienen una vertiente social, común, cívica que no corresponde solo a las instituciones públicas, a las organizaciones y colectivos que trabajan incansablemente en su recuperación, en las disciplinas del conocimiento, sino que deben implicar activamente a la sociedad vasca.

Medidas:

Con el objetivo de mejorar, revisar, intensificar y hacer más participativas las líneas de trabajo

Agilización en los trámites administrativos y garantía de recursos económicos para la exhumación de fosas y lugares de enterramiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, reforzando el Plan Vasco de Fosas.

Equidad en la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo y de otras víctimas de conculcaciones de los derechos humanos, contextualizando y permitiendo que tengan su espacio propio en ese marco general de construcción de la memoria y la convivencia en Euskadi.

Inclusión de la perspectiva de género en todas las iniciativas, análisis y espacios de participación y difusión, así como mayor visibilización del papel y las experiencias de las mujeres que vivieron y sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura, como elementos trasversales para esa memoria inclusiva.

Evaluación rigurosa de las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y del franquismo en Euskadi y revisión del marco legal vigente en materia de recuperación de la memoria histórica en Euskadi, incorporando a los agentes sociales en ese proceso y socializando sus conclusiones, abriendo el debate a la ciudadanía.

Constitución de nuevos espacios de participación en el ámbito local, dedicados a la implicación social en los trabajos de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, en el que estén representadas las asociaciones y profesionales implicados en los trabajos de la memoria, también los agentes sociales y las y la reparación, pero sobre todo donde se establezcan mecanismos de participación ciudadana, de difusión y socialización del conocimiento.

Intensificación de la participación de las víctimas del franquismo y de las personas que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica en el ámbito educativo, en coordinación con el Departamento de Educación, en espacios pedagógicos donde su experiencia sea recogida y compartida de forma singularizada, contextualizada en el marco de la Guerra Civil y el franquismo, y a la vez formando parte de las experiencias educadoras en favor de los derechos humanos en Euskadi.

Revisión y creación de nuevos lugares de memoria y reconocimiento, revisión de la información histórica y de los elementos expositivos y resignificación de lugares y de elementos de homenaje o recuerdo a personas, colectivos que representen a personas victimarias o a actos en contra de los derechos humanos.

Promoción y difusión de proyectos interdisciplinares, que desde diferentes disciplinas del conocimiento vinculadas a la memoria histórica (Historia, Arqueología, Antropología Forense, Sociología…), vayan acercándonos con rigor y metodologías científicas a una contextualización, explicación, análisis y re-descubriendo de nuestro pasado; teniendo en cuenta las preocupaciones del presente, pero sin someterse a las urgencias y a las demandas de la política, sino al reto social de la construcción de la convivencia en Euskadi.

Avances en la cooperación interinstitucional, favoreciendo la coordinación, la coherencia y la maximización del impacto de las políticas públicas, siguiendo las recomendación del Ararteko (“Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Dictadura Franquista: significado y políticas públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, enero de 2012)

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Un nuevo pacto social

Las sociedades democráticas modernas basan su funcionamiento colectivo en una serie de acuerdos fundamentales que regulan los términos básicos de la convivencia. En términos políticos muchos de estos acuerdos acaban materializándose en textos legales como pueden ser las constituciones, pero también hay opciones alternativas que pueden ser otro tipo de normas o incluso algunas que ni tan siquiera pasan por convertirse en textos legales.

En nuestro caso, en 1979, en el marco de la constitución aprobada un año antes, llegamos a un acuerdo que se materializó, entre otros, en el Estatuto de Gernika. Un acuerdo que ha posibilitado desarrollar un notable nivel de autogobierno y que supuso también un pacto –no en total libertad, dado el contexto histórico– entre diferentes sensibilidades políticas –no entre todas, dado que alguna se autoexcluyó– que a su vez eran representativas de algunas de las principales identidades nacionales en aquel momento. Este pacto era más que un simple estatuto de autonomía y fue el máximo exponente de una época dominada por pactos de gobierno y de pacificación (Ajuria-Enea) protagonizados por las principales fuerzas que gestaron el acuerdo en torno a aquel Estatuto.

No obstante, y reconociendo todo lo positivo que ha traído ese acuerdo, no es posible soslayar que el desarrollo posterior del mismo ha dejado todo un reguero de incumplimientos, interpretaciones y reinterpretaciones protagonizados por todas las fuerzas que lo sustentaban, desnaturalizando en muchos casos el mismo espíritu del acuerdo. Es imposible no volver la mirada, por un lado, a la LOAPA o a leyes de bases abusivas, pero también, por el otro, a un estatuto dado por muerto de forma prematura, a excesos competenciales. Y, por ambos, al aceptar mutuamente su uso como moneda de cambio para alcanzar acuerdos en otros ámbitos. Tampoco es posible no citar el impacto que la violencia de motivación política tuvo en este acuerdo. Así y excusado en todo esto, en la actualidad, y 37 años después de la aprobación de un acuerdo que tomó rango de norma fundamental, su desarrollo sigue estando incompleto.

Estos pactos sociales nacen con voluntad para perdurar pero también con una vida útil limitada. Su pervivencia depende de multitud de factores pero el principal debería ser la voluntad manifestada por la ciudadanía de renovarlo o dotarse de uno nuevo. Esta característica lejos de ser algo excepcional o dramático, debe ser vivida como algo natural. En nuestro caso, 37 años después de aquellos acuerdos, una nueva generación de vascos y vascas quiere alcanzar un nuevo pacto que sea más inclusivo que el anterior, más transversal entre las diferentes identidades nacionales y que ponga en valor los aciertos pero también los errores del tiempo pasado.

Los próximos cuatro años debemos atender esa necesidad ciudadana y política de renovar nuestros acuerdos de convivencia que viene auspiciada no sólo por un relevo generacional, sino que lo hace acuciada por las transformaciones sociales, económicas e institucionales de los últimos años. Se ha abierto un tiempo político muy diferente al de 1979 y necesitamos un acuerdo que dé respuesta a nuevos retos. Un nuevo tiempo que está caracterizado por: la demanda de incorporarse a los acuerdos de una sensibilidad política que se quedó al margen en 1979; el cierre del ciclo de violencia de motivación política; un contexto de necesidad de regeneración institucional; y una crisis económica que ha precarizadolas bases materiales de la mayoría de la ciudadanía.

Por lo tanto, abrir este debate, pasa necesariamente por no circunscribirlo a una cuestión meramente de estatus territorial, implica alcanzar una serie de acuerdos mucho más amplios en materia social e institucional. Sobre todo porque negar estas otras dimensiones como pretenden algunos partidos gobernantes, no significa no abordarlos, simplemente significa reservarse para sí mismos la resolución implícita de ellos imponiendo una determinada arquitectura institucional y modelo de construcción social.

Volviendo a los términos más clásicos en los que se ha venido dando el debate sobre modelo territorial y gestión de la pluralidad, creemos necesario aclarar algunos de los términos en los que se da el mismo. Una de las consecuencias de la violencia de motivación política fue la imposición de un contexto de falta de libertad y frentismo que configuró alineaciones estrechas –cuando no interesadas– entre identidad o sentimiento nacional, preferencia de estatus territorial y opción política votada. Durante no poco tiempo se identificó que algunas fuerzas representaban en exclusiva determinadas preferencias de estatus o que manifestarpreferencia por un estatus concreto implicaba necesariamente una determinada identidad nacional o incluso que identificarse en lo nacional en un cierto sentido llevaba a votar necesariamente algunas opciones políticas. Recientemente, la irrupción de Podemos Euskadi –una fuerza plural y diversa en su composición– en un escenario político como el vasco que permanecía sin cambios relevantes durante mucho tiempo, es el más claro ejemplo de que el ciclo final de la violencia ha dejado caducos estos planteamientos.

Este solapamiento de elementos ha devenido en una confusión de lo que son diferentes cuestiones a las que debemos dar respuesta de forma separada aunque sin perder de vista su interrelación: la convivencia entre personas que pensamos y sentimos de formas diversas, mecanismos democráticos para que todos los proyectos tengan cauces legales para ser llevados a cabo y propuestas concretas de estatus territorial que sean capaces de generar la adhesión de una amplia mayoría.

A continuación pasamos a describir algunos de los principales ejes que desde Elkarrekin Podemos proponemos para pensar y acordar ese nuevo pacto social y de convivencia entre vascos y vascas.

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Eje I: Voluntad inequívoca de convivir y respeto a los derechos humanos

En todos los estudios sociológicos que se vienen realizando sobre la sociedad vasca desde hace años, hay una constante: la sobresaliente pluralidad de identidades nacionales y de opciones políticas presentes en ella. Desde quienes se sienten únicamente con una identidad española o vasca a quienes se identifican en ambas en diferentes grados. Más aún, en un contexto histórico en el que las identidades adquieren características líquidas, esta pluralidad es dinámica y móvil, existe un trasvase natural, espontáneo y probablemente creciente entre esas diferentes identidades. Y esto, lejos de ser un problema añadido a una realidad compleja de gestionar, es probablemente una característica con gran potencial y transformadora en sí misma. Es especialmente en este contexto de cambio cultural y de fin del ciclo de la violencia, en el que las identidades o sentimientos nacionales no tienen por qué prejuzgar soluciones políticas territoriales.

En el marco de la violencia de motivación política que ha sacudido nuestra sociedad durante décadas, subyacía un conflicto ético respecto a la legitimidad del empleo de la violencia, pero también un enconado conflicto identitario. O mejor dicho un conflicto por el no reconocimiento de esta pluralidad social y de la cuidadosa gestión que exige. En este momento, en el que estamos cerrando el ciclo de la violencia, es imprescindible que los nuevos pactos sociales incorporen un elemento de fondo como es una voluntad inequívoca de convivir entre diferentes e iguales, por parte de todos los proyectos políticos.

En este sentido, la afirmación sincera de que aquí no sobra nadie, parece que lleva inexorablemente a aceptar que las soluciones que se adopten en relación al estatus territorial de Euskadi no serán en principio las más extremas. No obstante, esos proyectos políticos, particularmente el independentista, son igualmente legítimos siempre que se asienten en el respeto total a los derechos humanos. De este modo, alcanzamos otra de las máximas, la necesidad de que nuestros pactos de convivencia sean acordes a los más altos y exigentes estándares de respeto a los derechos humanos.

Este eje, al igual que el resto, pero este lo hace muy en particular, responde a la necesidad de abordar este proceso de pacto y acuerdo desde la evaluación de los aciertos y errores de nuestro pasado. Máxime ahora que el fracaso del uso de la violencia con fines políticos juega un papel fundamental para abordar en condiciones de normalidad democrática estas cuestiones. En todo caso, es necesario señalar que la referencia a los derechos humanos es en relación con los derechos civiles y políticos, como puede ser el respeto a la integridad física o moral de todas las personas, pero también se hace en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, o con los de tercera generación vinculados a la solidaridad. Estos otros se desarrollan, de hecho, en ejes específicos como son los referentes al blindaje de los derechos sociales o al compromiso con nuestro patrimonio cultural propio en referencia al euskera.

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Eje II: Capacidad para decidir. Un acuerdo de claridad

En agosto de 1998 la Corte Suprema de Canadá en respuesta a las preguntas elevadas por el Gobierno, concluye, entre otras cuestiones, que un Estado democrático no puede permanecer indiferente ante la voluntad de un territorio de modificar su estatus territorial si esta voluntad ha sido manifestada democráticamente y por una amplia mayoría. Así admitía la posibilidad de una consulta a la ciudadanía al respecto, pero señalaba también una serie de garantías para la celebración de esta y que un resultado favorable a la modificación de dicho estatus debiera ser el inicio de un proceso negociado con el Gobierno de Canadá. Esta respuesta de la Corte Suprema fue la base para la elaboración de una Ley de Claridad que vino a señalar las condiciones y garantías que debe reunir la consulta. También fue un acuerdo, en este caso entre los Gobiernos de Reino Unido y Escocia, el que posibilitó la celebración de un referéndum en esta última. No obstante, si bien son procesos inspiradores para pensar soluciones necesariamente a la vasca, no son –como es obvio– trasladables sin más a nuestra realidad social y jurídica.

En cualquier caso, señalan una máxima irrebatible: en un Estado democrático deben existir cauces legales para que todos los proyectos políticos puedan llevarse a cabo. Por decirlo de otro modo, no hay un techo legal a la voluntad democráticamente expresada de la ciudadanía. En Elkarrekin Podemos, consideramos que esta máxima podría inspirar uno de los ejes del nuevo pacto social. Se trata de abrir la senda de un avance democrático sustancial para las aspiraciones de una mayoría social que quiere disponer de capacidad para decidir, independientemente de la opción por la que optase en una hipotética consulta.

Pero más aún, este enfoque sitúa esa capacidad de decidir en un marco bilateral que, a través nuevamente del acuerdo, es capaz de responder a la voluntad ciudadana dando garantías a todas las partes. Si bien, desde una perspectiva estrictamente competencial, el Parlamento Vasco no puede promulgar una Ley de estas características, los partidos vascos sí podemos avanzar en esta línea y alcanzar un acuerdo de claridad que ofrezca un sostén político a todos los proyectos políticos democráticos presentes en nuestra sociedad respondiendo a las premisas contempladas al comienzo. En todo caso, la concreción legal de este acuerdo de claridad podría tener múltiples alternativas constitucionales en las que no creemos que sea necesario entrar de inicio. Siempre partiendo de la base de que la voluntad ciudadana y política debe encontrar un soporte jurídico y no al revés. De hecho, ya se han planteado por parte de expertos constitucionalistas como Javier Pérez-Royo alternativas para hacer viable una consulta modificando o no la constitución. Pero también por otros tan diversos como Alberto López Basaguren o juristas como José María Ruiz Soroa.

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Eje III: Un nuevo estatus territorial

Partiendo de las máximas ya argumentadas en los ejes previos, esto es, partiendo del reconocimiento de la sobresalientepluralidad identitaria y política propiade la sociedad vasca, y partiendo asimismo de la voluntad inequívoca de convivir entre diferentes e iguales, el siguiente paso natural es entender que el nuevo estatus territorial que alcancemos deberá contar con la adhesión de una amplia mayoría social y además de una mayoría transversal en lo identitario. Esta es otra máxima que entendemos que es aceptable para todas las opciones políticas una vez que, como también hemos puesto de manifiesto previamente, camina de la mano de un avance sustantivo en la capacidad de decidir de la ciudadanía vasca. Todos estos son factores que posibilitan que una propuesta de nuevo estatus compartida entre diferentes no sea una renuncia o un techo infranqueable para quienes tienen legítimamente anhelos territoriales más ambiciosos sino un espacio cómodo de encuentro y convivencia entre todos. En este sentido, desde Elkarrekin Podemos entendemos que en estas claves y en este momento concreto es posible e incluso recomendable que abordemos el debate del estatus territorial desde la desestatonacionalización, esto es, prescindiendo de plantearlo en los términos clásicos que unen las condiciones de estado y nación.

Un espacio, un estatus territorial, que dada la propia naturaleza de los pactos sociales no está llamado a ser inmutable ni a permanecer indefinidamente sino que es el acuerdo al que aquí y ahora hemos llegado una generación de vascos y vascas habiendo tomado en cuenta los aciertos y errores de nuestro pasado más inmediato. Partiendo de lo existente, de nuestra pluralidad actualmente existente, sin traumas y en una clave netamente convivencial.

En este sentido, y como propuesta de Elkarrekin Podemos, queremos señalar claramente algunas de las claves que permiten dibujar el estatus territorial en el que creemos que podríamos ponernos de acuerdo. Se trata de una serie de elementos que consideramos que clarifican, si aún fuera necesario, la posición que desde Elkarrekin Podemos defendemos y que, como decíamos, pueden facilitar la consecución de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas:

  • El Estatuto de Gernika debe completarse definitivamente en un período corto de tiempo. El esfuerzo para completar el actual Estatuto no debe servir como excusa para postergar el debate en torno a un nuevo estatus. Por lo tanto, el Estatuto de Gernika es un punto de partida, no de llegada.

  • Sin asumir como propioslos contenidos de lo acordado en la malograda mesa de negociaciones de Loiola entre PSE, PNV y la izquierda abertzale consideramos que algunos de esos contenidos pueden ser, entre otros, un punto de partida para el debate.

  • Apoyamos la consideración de Euskadi como una nación, lo que no entra en ninguna contradicción con nuestra apuesta por la configuración de España como un estado plurinacional y plurilingüe.

  • Asimismo, consideramos que existen vínculos de carácter social y cultural en un territorio que al margen de jurisdicciones administrativas o estatales se conoce como EuskalHerria. Esta cuestión se desarrolla en los ejes VIII y IX.

  • Abogamos por la celebración de una consulta en la que la ciudadanía pueda refrendar el nuevo pacto social que se acuerde, e incluso si existiese una mayoría social clara que así lo reclamara en la que se pueda elegir entre diversas alternativas, entre ellas, la separación del resto del estado.

  • Esta consulta no es el final de un proceso, es el comienzo del mismo en un marco de diálogo, negociación y acuerdo multilateral.

  • Nuestro modelo de referencia para el conjunto del Estado sería un modelo territorial federal y/o confederal en el que no son descartables asimetrías.

Por último y en relación con las propuestas de otros partidos que pivotan en torno a la foralidad y los derechos históricos, en Elkarrekin Podemos no tenemos ningún inconveniente en que el anclaje jurídico se realice en ellos, si bien también estamos abiertos a valorar otras alternativas. No obstante, consideramos que hay otros elementos más idóneos para construir sentido de comunidad en claves más actuales y cercanas como pueden ser: el concepto de ciudadanía, los derechos humanos (individuales y colectivos) o un patrimonio cultural compartido como el euskera. Estos elementos los desarrollaremos en los ejes siguientes

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Eje IV: El blindaje de los derechos sociales

En los últimos tiempos han sido múltiples movimientos sociales e intelectuales los que han señalado la incompatibilidad entre desigualdad social y democracia. La formulación en positivo de esta idea que está ya fuertemente arraigada en la conciencia de la ciudadanía, es buscar el blindaje de los derechos sociales en los acuerdos de convivencia, ya sean estos la constitución o un nuevo estatus en el caso vasco. Una igualdad entendida en un sentido amplio, abarcando tanto el ámbito de la desigualdad socioeconómica y la que se da entre mujeres y hombres o de todas las opciones y condiciones personales.

En la última legislatura se han producido avances en la consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. Anteriormente se produjeron otros muy significativos como fue la Iniciativa Legislativa Popular promovida en 1996 por decenas de miles de vascos y vascas exigiendo un ingreso mínimo en casos de necesidad. Hoy, como ayer, necesitamos abrir un debate sobre la pertinencia y viabilidad de la implantación de una renta básica en Euskadi partiendo de la Renta de Garantía de Ingresos ya existente y el fruto de ese debate deberá incluirse en estos acuerdos. Así como otras cuestiones vinculadas a garantizar una educación pública de calidad, laica e inclusiva o a una sanidad pública universal, integral y gratuita.

Se citaba antes pero es precisa una mención específica a la igualdad social entre mujeres y hombres, aún hoy pendiente. Este principio político debe ser consagrado en el pacto social comoun objetivo prioritario de la acción de nuestras instituciones.

En los noventa conseguimos ser referentes en políticas sociales innovadoras. Y hoy toca volver a serlo, y eso pasa, entre otras cuestiones, por blindar muchas de estas conquistas en nuestros textos de rango legal más alto. Máxime cuando hemos visto que aprovechando contextos de crisis algunos gobiernos –y no sólo en Madrid- han tratado de arrebatarnos estos mínimos de dignidad.

Hablábamos anteriormente de avance democrático, y en este ejelo hacemos de avance social.Fruto de la injusta gestión de la crisis que se ha hecho, estamos aprendiendo no con poco sufrimiento que una democracia es de alta calidad cuando asegura una serie de servicios públicos y derechos sociales a su ciudadanía. Consideramos que esta máximaocupa la centralidad en el nuevo pacto social del que nos dotemos. Nunca más una Euskadi sin su gente. Porque frente a las propuestas indefinidas de nuevo estatus que se han lanzado por parte de otras fuerzas políticas y que esconden meros traspasos de competencias –a los que, en principio, no nos oponemos– queremos confrontar una propuesta alternativa pensada en dar respuesta a los intereses y necesidades de la mayoría social.

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Eje V: Una nueva arquitectura institucional

Cuando pensamos en una nueva arquitectura institucional para Euskadi, estamos abordando una cuestión con múltiples dimensiones y condicionantes cualitativamente diversos. En un momento de privación material notable y de rápido deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales, que inciden en el presente y que se proyectan en forma de fuerte incertidumbre en el futuro; sería insensible, irresponsable, ineficaz y frustrante que estas circunstancias no permeasen completamente el debate sobre la arquitectura institucional de la que debemos dotarnos como sociedad. Máxime teniendo en cuenta que la decisión que tomemos al respecto condicionará radicalmente si será posible recuperar el bienestar social pasado o las condiciones, ritmos y modos en que esta recuperación se produzca. Ya que en las sociedades de nuestro entorno y, particularmente en la nuestra, es una convicción fuertemente arraigada que las instituciones públicas son las garantes del ejercicio de estos derechos fundamentales que tienen una dimensión tanto individual como colectiva.

Pero más aún, es difícil no vincular esta recuperación del bienestar social a una recuperación de la prosperidad económica, siempre dentro de los límites biofísicos que el planeta y en concreto nuestro territorio permitan y aconsejen desde un punto de vista de la solidaridad intergeneracional.

Además es necesario ser conscientes de que este debate sobre arquitectura institucional supera las propuestas clásicas del debate de la economía pública sobre las dimensiones y características del tamaño u organización del sector público. Por lo que a estas propuestas habrá que incorporar otras de otros ámbitos del conocimiento y, muy especialmente, deberán ser aterrizadas y situadas en un contexto particular, el vasco, que responde a unas realidades históricas (pasadas y presentes), sociales, culturales y territoriales muy particulares.

Al hilo de estas cuestiones, una de las primeras consideraciones que queremos hacer al respecto de la arquitectura institucional es que Euskadi necesita de un sector público propio y potente como garantía de prosperidad, igualdad, cohesión social y territorial y garante del ejercicio de los derechos de ciudadanía. Teniendo muy claro que la desigualdad social y la democracia son incompatibles, y que la decisión de dotarnos de este sector público no puede desconectarse de un contexto de globalización y de integración en instituciones supranacionales en el que encontramos cuestiones críticas irresolubles que conllevan un riesgo y, por lo tanto, la necesidad de explicar de forma pedagógica a la sociedad los términos de la decisión que enfrenta. Porque no sólo en último término, también en el primero, deberá ser ella la que debata, guíe y tome las decisiones en esta y en todas las materias.

Dentro de la reflexión que suscita la cuestión de la globalización estaría la que propuso Rodrik con su trilema: la imposibilidad de armonizar una decisión que compatibilice la propia globalización, la democracia política y social, y la soberanía estatonacional. Probablemente la respuesta a esta encrucijada no sea inmutable, pues deberá reaccionar a retos que necesitarán de alianzas federales o supraterritoriales, ni plenamente satisfactoria, pues según como se resuelva en cada momento puede conllevar ciertas dosis de insatisfacción social. En todo caso, desde Elkarrekin Podemos apostamos claramente por tratar de explorar todas las potencialidades de nuestro tejido social, productivo y marco competencial para alcanzar las máximas cotas de avance social, material y democrático posibles en este momento, sin que eso suponga renuncia futura alguna de mayor avance social y democrático.

En otro orden de cuestiones más convencionales en torno a la articulación de esa institucionalidad propia, es preciso dar respuesta a debates clásicos como los de eficacia y eficiencia. Entendiendo estos no como una mera circunstancia administrativa de excelencia o calidad, sino entendiendo que el diseño de un estructura de funcionamiento para nuestras instituciones públicas es crucial y condiciona la eficacia de sus actuaciones y, por lo tanto, su capacidad efectiva para cumplir con los fines identificados previamente de prosperidad, igualdad, cohesión social y territorial, y garantía del ejercicio de los derechos de ciudadanía.

Pero en la actual coyuntura socioeconómica, ya no vale alcanzar cierto grado de eficacia sin preocuparse por la eficiencia, esto es, la capacidad de hacerlo con la cantidad justa de recursos humanos, materiales y financieros. En este sentido, las duplicidades y descoordinaciones son ya absolutamente impensables, pero también lo es la falta de transparencia en la rendición de cuentas y de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Por todo esto, la peculiaridad del hecho o aterrizaje en lo vasco del diseño institucional que adoptemos tiene que medir perfectamente si el coste añadido de esta peculiaridad está en relación a las posibilidades materiales y sentido político de una nueva mayoría social. Nuestra diversidad social y territorial debe encontrar acomodo en un punto deseable y posible en el eje descentralizacion-cercanía-particularidad/coordinación-coherencia-igualdad.

De hecho, esa peculiaridad que toma cuerpo, en parte, en el pertinente respeto a los derechos históricos, es compartido por la mayor parte de la sociedad vasca y está recogida en las disposiciones adicionales de la Constitución y del Estatuto actual. Unos derechos históricos, una foralidad, que puede ser un recurso para dar viabilidad jurídica a un nuevo estatus, arquitectura institucional o pacto de convivencia, pero en ningún caso un límite o un condicionante de estos, porque, no creemos que deba ser la base para articularlos políticamente. Consideramos que estas deberían ser conceptos como ciudadanía, los derechos humanos y elementos culturales como el euskera.

Y es en este marco sucintamente esbozado en el que creemos que debe abordarse el replanteamiento de la arquitectura institucional vasca, desde la evaluación crítica del estado actual de las cosas, desde la constatación de que en paralelo a cualquier decisión de nuevo estatus (en el estado y en Europa si así lo decidimos) planteemos la necesidad de una nueva Ley de Territorios Históricos, de una nueva Ley Municipal y de una nueva Ley de Aportaciones que regulen las relaciones entre las diferentes administraciones territoriales. Algunas de estas leyes fueron aprobadas en los primeros años del autogobierno (comienzos de los años ochenta), otras aunque más recientes (Ley Municipal) consideramos que deben ser reformuladas como consecuencia de un planteamiento integral. Probablemente uno de los conceptos que en coherencia con todo lo expuesto, deberá presidir este debate es el de la gobernanza. Cuestión que se desarrolla en otro eje posteriormente.

Por último y no menos importante, hay que entender que no se trata sólo de ajustar el entramado institucional, se trata de compartir y consensuar una nueva forma de entender la organización de lo público, lo que es de todos y todas, de entender que han surgido nuevos agentes sociales y económicos que no son necesariamente los convencionales y con los que las instituciones públicas deben cooperar, que la ciudadanía demanda un papel protagonista... Se trata en definitiva de alumbrar una nueva institucionalidad capaz de enfrentar los exigentes retos que demanda la sociedad vasca en un contexto complejo, líquido e impredecible y para los que a continuación señalamos algunas líneas orientadoras:

Apuesta por el municipalismo. Nuestra voluntad es fortalecer el nivel más cercano a la ciudadanía con más competencias y recursos para llevarlas a cabo. Se trata de las instituciones en las que la participación ciudadana es más factible y, por lo tanto, más influenciables por las demandas sociales. En definitiva, un ámbito preferente para los procesos de cambio social y prioritario para una fuerza política como la nuestra.

Igualdad intraterritorial y respeto a los derechos históricos. Es el destacado papel que deben jugar las Diputaciones Forales y las Juntas Generales manteniendo parte de la capacidad normativa. Asegurar que los procesos de avance social, material y democrático se dan de forma homogénea en lo interno de cada territorio. En este sentido es imprescindible atender a las dinámicas territoriales de equilibrio entre distintas comarcas y entre los núcleos urbanos y los rurales o no-urbanos. En este sentido, su papel es el de asistir y apoyar al nivel administrativo municipal. Se contempla, desde el respeto a los derechos históricos, mantener el valor simbólico de las instituciones forales y si bien se conservarían las haciendas forales, lo harían con la única función de la exacción fiscal.

Igualdad interterritorial, gobernanza y relaciones supraterritoriales. Es el papel que correspondería al Gobierno y Parlamento Vasco. Asegurar el equilibrio entre los diferentes territorios históricos, coordinar y armonizar políticas asegurando la igualdad efectiva de la ciudadanía independientemente de donde viva. Elabora en exclusiva las normas básicas en relación con cuestiones como derechos sociales, convivencia, derechos ciudadanos, política económica, infraestructuras estratégicas o fiscalidad. Su papel está íntimamente relacionado con el de la eficiencia del modelo institucional. Por último también ejercería el papel de interlocución con ámbitos supraterritoriales, lo que incluye todo lo referente al concierto económico y el cupo.

Solidaridad interterritorial. Es necesario que existan instrumentos colegiados entre los diferentes territorios históricos que vehiculicen elementos significativos de solidaridad entre ellos.

Suficiencia y autonomía financiera. En este nuevo modelo de arquitectura institucional debe asegurarse tanto la suficiencia como la autonomía financiera (y política) de cada nivel administrativo, otorgando el margen necesario de capacidad normativa sobre los tributos propios de cada administración que, en diálogo con otras fuerzas políticas, habría que replantear respecto a la situación actual.

Rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Son ejes que deben inspirar el funcionamiento cotidiano de las instituciones tal y como demanda este nuevo tiempo político y social que se abre paso en Europa, el estado y Euskadi. La permanencia casi ininterrumpida en el poder de alguna fuerza política ha generado vicios y redes clientelares en algunas instituciones vascas que deben ser abordados.

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Eje VI: Un nuevo concepto de ciudadanía para la gobernanza

Han sido más de 35 años en los que, en gran medida, las principales instituciones vascas, y sobre todo su diseño, han estado en manos de un sólo partido. Porque a pesar de los gobiernos de coalición o de algún momento de alternancia -que no de alternativa política- ha sido la voluntad del PNV la que se ha impuesto.

Esa patrimonialización de las instituciones por un partido, a pesar de algunos logros que también hay que reconocer, ha supuesto la confusión entre partido y gobierno, entre intereses de parte y generales, el sostenimiento de redes clientelares y de malas prácticas de gestión. Frente a esta situación queremos contraponer una visión de tipo institucionalista que pone en valor el importante papel que pueden jugar las instituciones en la generación de riqueza, en la mejora de la convivencia y en el fortalecimiento de la democracia a través de la confianza en ellas, en tanto que dan respuesta a las necesidades de la mayoría social y su funcionamiento es ejemplar, transparente, eficaz, participativo, etc. Este aspecto es aún más importante si tenemos en cuenta la falta de crédito que, en general y en mayor o menor medida, padecen.

Una nueva arquitectura de la institucionalidad vasca debe partir de una nueva concepción de la ciudadanía para pensar una nueva forma de relacionarse con esta, que supere visiones clásicas de gobierno-gobernados. Las instituciones vascas del siglo XXI deben adaptarse a las demandas ciudadanas que exigen relocalizar los ámbitos de decisión, así como una mayor transparencia en la gobernanza, bien sea en los procesos de toma de decisiones, en la actuación de sus representantes electos o en la gestión de los recursos públicos.

Desde Elkarrekin Podemos consideramos que una buena gobernanza debe promover la equidad, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y el respeto al estado de derecho.Teniendo en cuenta esas premisas, tanto las instituciones como las y los representantes públicos se deben a un método de trabajo basado en la consulta, el diálogo, la negociación y el acuerdo, la eficiencia en la gestión y el sometimiento a la ley.

Y es que la ciudadanía de ningún modo puede quedar relegada de una buena gobernanza, limitada a la elección de sus representantes. Al contrario, debe tener la posibilidad y la responsabilidad de participar de forma directa en la toma de decisiones políticas. Para ello precisa de un sistema que facilite el intercambio de información veraz entre administración y administradas, que se vea complementado por medidas dirigidas a la reactivación y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Porque los principios de una buena gobernanza deben irradiar a todos los ámbitos de la práctica política, desde la participación de la ciudadanía, el papel de los partidos políticos, el régimen electoral o la práctica de gobierno de las instituciones. No podemos ni debemos en el actual contexto social y político, seguir entendiendo la democracia como un mero sistema formal de representación política. Debemos tomar conciencia en que se trata de un equilibrio de poderes en el que la ciudadanía organizada y no organizada es la protagonista de su propio devenir mediante la deliberación, la búsqueda del consenso y la toma de decisiones.

La concreción de esta nueva forma de entender la ciudadanía y, por extensión, la relación entre instituciones y ciudadanía, debe concretarse en varios ámbitos:

Incluir estos principios en las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

Diseñar una arquitectura institucional vasca que sea acorde a estos principios superando inercias, duplicidades y modelos pasados.

Impulsar una Ley de Transparencia y Buen Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas vascas, que permita poner en práctica una nueva cultura de gobierno que sitúe a la ciudadanía en el centro de la gestión pública.Hacer una apuesta firme por la utilización de los estándares Open Data (Datos Abiertos) para la gestión de toda la información institucional, a fin de que esta pueda ser usada libremente por la ciudadanía.

Impulsar una Ley Integral de Participación Ciudadana y de Consultas de ámbito vasco con la finalidad de:

Extender e impulsar la creación de órganos y consejos abiertos a la participación ciudadana, tanto de tipo sectorial como territorial. Así como reconocer y desarrollar instituciones locales tradicionales en el ámbito rural como los concejos o las juntas vecinales.

La regulación de mecanismos e instrumentos de participación directa potenciando el uso de las actualmente infrautilizadas consultas ciudadanas en aquellas cuestiones de interés general. Estas consultas podrán convocarse tanto por iniciativa municipal como ciudadana, previa consecución de un número mínimo de apoyos. Asimismo se promoverá que sean fruto de procesos de alta calidad democrática de tipo deliberativo

La aprobación de regulaciones que faciliten la elaboración de presupuestos participativos en los que se reflejen las prioridades ciudadanas.

Promover la regulación de la actividad de lobbies, sus relaciones con los altos cargos de la administración y su capacidad de influencia.

Facilitar la iniciativa legislativa popular, en especial en los casos de acciones no contempladas previamente en el programa de gobierno.

Arbitrar mecanismos legales y presupuestarios suficientes para que los dictámenes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se realicen dentro del año natural siguiente, sean jurídicamente vinculantes para las administraciones y los partidos políticos auditados.

En definitiva, es preciso asentar una cultura de Gobierno Abierto para que cada institución entable una comunicación fluida con la ciudadanía, para facilitar el debate, y para que la gestión de lo colectivo sea compartida entre toda la ciudadanía, haciendo posible la colaboración entre la sociedad civil, instituciones y cargos electos, en lo relativo al desarrollo de los servicios que prestan y en lo referente a los cambios legislativos y la acción de gobierno.

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Eje VII: Un nuevo modelo económico que cree oportunidades y sea sostenible

Euskadi tiene una especificidad dada por el esfuerzo de sus gentes, las que levantaron las cooperativas, las que vinieron de otras partes del Estado a trabajar en duras condiciones en la industria, la de las luchas obreras que arrancaron con sudor conquistas sociales, la de todas aquellas personas que levantan cada día la persiana de su pequeño comercio o empresa. La de los autónomos y el emprendimiento. Es este rico tejido social y productivo el que ha posibilitado que la sociedad vasca haya capeado la crisis mejor que otros territorios. No obstante, han sido y siguen siéndolo, años en los que hemos visto cómo cierran proyectos que eran parte del imaginario de nuestro pueblo. También surgen otros nuevos sobre la base de nuevos enfoques como el de la economía social y solidaria, en nichos como el del empleo verde o los cuidados. Estos sí son verdaderos brotes verdes que nos interpelan sobre la necesidad de un nuevo modelo productivo que sea sostenible social y medioambientalmente, que ponga en el centro las necesidades de las personas y el bien común. Un nuevo modelo productivo capaz de hacer frente a tasas de pobreza y desigualdad social crecientes, de desempleo, precariedad, temporalidad y parcialidad laboral involuntaria que de ningún modo pueden ser asumidas como naturales.

En todo caso, se trata de elementos negativos que ante la ausencia de una actuación pública en sentido contrario tienen la intención de permanecer y profundizarse. Por eso en el pacto social al que aspiramos a llegar entendemos que es necesario que se incluya un acuerdo en relación con el modelo económico y productivo que permita la prosperidad de nuestra sociedad. En este sentido las diferentes consecuencias que a nivel social y medioambiental están teniendo las transformaciones de nuestra economía, nos obligan a pensar en el futuro en clave de la sostenibilidad. De cómo hacer que el desarrollo económico sea compatible con el bienestar social, unas condiciones laborales dignas, con la preservación del medio ambiente y mitigando el cambio climático.

Un nuevo modelo productivo que apueste por generar un mix de actividades económicas que permitan crear oportunidades, apostando para ello por sectores de alto valor añadido, por el conocimiento, la inversión y la innovación, la industria, las energías renovables o el apoyo al tejido económico de personas autónomas, emprendedoras y pequeño comercio clave para dar vida y mantener la funcionalidad social y urbana de nuestros barrios, pueblos y ciudades.

Asimismo, en los últimos años, no sólo en el ámbito social o académico, también en otras institucionalidades diferentes a la propia, la conocida como Economía Social y Solidaria ha cobrado gran relevancia. Hace referencia a aquellas entidades que producen bienes y servicios dentro o fuera del mercado en los que la toma de decisión o reparto de beneficios no se realizan bajo una separación estricta de los factores capital y trabajo. Dentro de esta definición caben, por citar algunas, las entidades del tercer sector o las cooperativas.Además, en muchos casos han demostrado ser verdaderos referentes en la innovación y el desarrollo tecnológico. En muchos casos, también apuestan por la sostenibilidad medioambiental y al mismo tiempo por mejorar la cohesión de nuestra sociedad cubriendo necesidades básicas y generando empleo local, con derechos y de calidad.

Otro de los elementos claves del modelo económico es el relativo al sistema financiero que en los últimos años ha vivido procesos de concentración como el de las Cajas de Ahorro a través de la imposición de un modelo jurídico y comercial más que discutible. Frente a este, en el que ha habido lamentables intereses partidistas y privatizadores, debemos tratar de impulsar otro modelo de banca, concretamente la pública y la ética. Se trata de un sector estratégico para la economía y la sociedad en su conjunto. Un sector cuya mala gestión, esto es, la que se centra exclusivamente en los beneficios y no en el interés general o el bien común, puede acarrear graves consecuencias. Así es necesario explorar todas las posibilidades al alcance de las instituciones vascas para impulsar un sector financiero vasco en estas claves señaladas.

De forma reiterada a lo largo de este documento hemos hablado de aspectos generacionales para explicar la necesidad de un nuevo pacto social. En esta misma línea, pero desde una perspectiva intergeneracional, de solidaridad con las siguientes generaciones de vascos y vascas que están por compartir nuestro territorio, es preciso que hagamos frente a la realidad del cambio climático, constatada en la Conferencia sobre el clima de París, y que exige que el modelo productivo vasco enfrente esta cuestión a través de una transición energética que implica: la apuesta por fuentes de energía limpias y renovables y la inversión en innovación, eficiencia y ahorro energético. Este proceso lejos de ser un obstáculo en la salida de la actual crisis económica puede ser una gran oportunidad para, por un lado, resolver problemas estructurales como la dependencia energética exterior o la mejora de la competitividad y, por otro lado, la creación de empleo de calidad.

Esta transición energética, que pasa por la descarbonización de la economía, es uno de los elementos más importantes en la lucha contra el cambio climático pero no la única. Es fundamental destacar la necesidad de diseñar políticas públicas que incidan realmente en fomentar la movilidad sostenible tanto de personas como de mercancías.

Por último, y en esta misma clave de solidaridad intergeneracional hay que señalar que la actividad económica se enfrenta a dar respuesta a la limitación de recursos naturales y, por lo tanto, a poner en el centro de la misma las necesidades de la población y el bien común. Esta consideración está íntimamente relacionada con el respeto a la biodiversidad. No es sostenible un modelo productivo que destruye nuestro patrimonio natural, esquilma los recursos y compromete a las futuras generaciones.

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Eje VIII: El euskera como patrimonio cultural compartido por todos los vascos

Decíamos anteriormente que en las décadas precedentes, la sociedad vasca ha vivido un enfrentamiento identitario en el que se daba una cierta alineación de distintas dimensiones culturales y políticas que devino en interpretaciones excluyentes de los diferentes sentimientos y hechos nacionales presentes en la sociedad vasca. Una de las víctimas de esto fueron diversos elementos culturales y, particularmente, el euskera que fue utilizado como arma arrojadiza. No obstante, también hay que reconocer que en ese contexto la sociedad vasca y sus fuerzas políticas fueron capaces de llegar a acuerdos como los modelos educativos o la Ley básica de normalización del uso del euskera.

Ese conflicto identitario se manifestaba en una forma excluyente de entender lo que es “lo vasco” o la cultura vasca. En no pocas ocasiones se ha excluido de esa categoría a la cultura producida en Euskadi en castellano. Y por el contrario, no han sido tampoco pocas las ocasiones en las que el euskera ha sido desprestigiado, excluido o directamente maltratado. Dinámicas ambas que se retroalimentaban y sentaban las bases para una vinculación emocional negativa de muchos vascos y vascas con la que es una de sus lenguas. Sin embargo, esta dinámica más asentada en las dinámicas políticas e institucionales que llegó a calar en una parte de la sociedad, no lo hizo de forma total y es necesario poner en valor las no pocas experiencias positivas de convivencia normalizada protagonizadas por sectores de la sociedad civil.

Cerrándose el ciclo de violencia política que alimentaba en gran medida estas visiones excluyentes de lo vasco. Abierto un tiempo nuevo en el que vamos recuperando la libertad de sentirnos y vivirnos de modos diferentes a como lo hacíamos hasta ahora,es pertinente y necesario plantear la cuestión del euskera como uno de los elementos que vertebre los acuerdos de convivencia y la propia convivencia en sí misma como un factor que construye sentido de comunidad. No podemos permitirnos como sociedad que uno de nuestros principales patrimonios culturales quede fuera del nuevo pacto social.

Desde Elkarrekin Podemos entendemos que es imprescindible que deje de ser un elemento de disputa para ser considerado un patrimonio valioso compartido. Así, apostamos no sólo por introducir garantías en los derechos lingüísticos para las personas euskaldunes sino también por promover que estos derechos lingüísticos respecto al euskera se entiendan como propios de las personas no-euskaldunes y que, por lo tanto, una de las políticas para potenciar el uso social del euskera desde un enfoque amable e inclusivo sea precisamente asegurar la gratuidad de su aprendizaje entre adultos. Porque toda la ciudadanía vasca tiene derecho a conocer sus dos lenguas propias.

Yendo un paso más allá y tal y como se recoge en el eje siguiente relativo a la cuestión de Navarra, es pertinente también señalar que existen elementos culturales y sociales compartidos con la ciudadanía de otros territorios contiguos al nuestro. Concretamente nos referimos a Navarra y a Iparralde, en un todo denominado habitualmente Euskal Herria. Es absurdo cuestionar la existencia de esta realidad, al menos en el plano cultural. Por eso desde Elkarrekin Podemos y entendiendo que a pesar de existir jurisdicciones administrativas y nacionales diferentes, consideramos que es posible plantear espacios de colaboración entre las instituciones locales de estos territorios en aras a gestionar, cuidar y preservar esos elementos culturales y sociales compartidos. De hecho, ya existen algunos como Euskaltzaindia o Eusko Ikaskuntza. En este sentido y a modo de ejemplo, los canales de radio y televisión en euskera de EITB podrían constituir un ámbito de gestión compartida entre Euskadi, Navarra e Iparralde. Consideramos que desde un punto de vista legal, y más en un espacio de integración como es Europa, no existe ningún tipo de obstáculo para poder naturalizar en clave institucional lo que ya es natural entre una parte de la ciudadanía de estos territorios.

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Eje IX: La cuestión de Navarra

Ha sido una cuestión recurrente en algunos sectores del nacionalismo vasco la reivindicación de una territorialidad que en no pocas ocasiones dejaba al margen la identidad y la propia voluntad de la ciudadanía navarra. Si antes afirmábamos la pluralidad de identidades nacionales y opciones políticas propias de la sociedad vasca, no lo es menos en el caso de la sociedad navarra.

Al mismo tiempo, esa pluralidad y la existencia de lazos sociales, culturales y económicos entre Navarra y Euskadi han sido realidades negadas por otras opciones políticas de Navarra, llegando incluso a crear por ejemplo marcos normativos en relación al euskera que lo minorizaban más aún.

Nuestro Estatuto de Gernika, en su artículo 2; la disposición adicional 2ª de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; y la Disposición transitoria 4ª de la propia Constitución española, establecen mecanismos que permitirían a iniciativa del Parlamento navarro explorar su incorporación a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si esta no se ha producido no es por falta de mecanismos legales para llevarlo a cabo, sino por falta de voluntad de la ciudadanía navarra. Es evidente que les corresponde a ellos marcar los ritmos y que por parte de Elkarrekin Podemos existe una receptividad total a explorar esta vía cuando ellos lo estimen oportuno si es que llegan a hacerlo en algún momento.

Dicho esto, es innegable que a pesar de que hasta este momento ha existido por parte de la ciudadanía navarra una voluntad de no incorporarse a Euskadi, también lo es que existen profundos lazos sociales, económicos y culturales que justifican por si mismos la existencia de órganos y espacios de colaboración interinstitucional entre ambas comunidades. En este sentido tanto desde Elkarrekin Podemos como desde nuestros referentes en Nafarroa hemos manifestado y mostrado públicamente nuestra voluntad de crear y potenciar estos órganos y espacios de colaboración. De hecho, consideramos que sería positivo darles carácter permanente.

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Eje X: La solidaridad intraterritorial e interterritorial

Todo proceso de definición de nuevos marcos territoriales lleva indefectiblemente aparejado otros procesos de definición de políticas de solidaridad territorial. En el caso que nos ocupa entre los territorios históricos que conforman Euskadi, pero también con el resto de sociedad, pueblos y comunidades del resto del estado. En este sentido, planteamos que instrumentos que defendemos como son el concierto económico y el cupo, mantengan y promuevan mecanismos de solidaridad.

Al mismo tiempo, hacia el interior de Euskadi es necesario asegurar que las oportunidades de desarrollo humano de nuestros pueblos, comarcas y territorios goce de igualdad de oportunidades, e incluso que se arbitren mecanismos colegiados que promuevan elementos significativos de compensación y equilibrio territorial.